La cortina de humo y la sanción que corresponda

Nos desayunamos el pasado viernes con una noticia la de que la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Industria estaban descubriendo un “fraude masivo” en lo que afecta a las energías renovables y en lo que se deriva de la inscripción en los correspondientes registros, lo que conlleva a su vez diferencias de retribución si en ese tránsito hay cambios regulatorios en las mismas. Al mismo tiempo, podemos recordar como Maite Costa decía la semana pasada en el diario ABC eso de “Barremos España” en referencia al seguimiento de precios de las gasolineras. Curiosa esta forma de asirse a la labor de inspección y supervisión, cuando la CNE se ha dedicado, fundamentalmente a ideologizar los problemas y a cuestionar mercado. Una forma curiosa y peligrosa de ponerse en primera plana, además de generar nuevos elementos de inseguridad, por intentar politizar una labor que debe ser precisa, rigurosa y técnica.

De este modo, es particularmente curioso como el organismo regulador tiene pocos matices a la hora de difundir una noticia de esas características, en la que todavía prima la utilización del indefinido: alguien, algunos, muchos, podrían y a dar explicaciones de las diferencias de precios. Una estadística de los resultados de los MW instalados y otra de la energía que se vierte a la red. Poca concreción en los expedientes, en los casos, en los tipos de situaciones. La verdad es que poco. Pocas precauciones y, al mismo tiempo, en otro ejercicio de riesgo, como en una misma tacada es capaz de llevarse al Ministerio de Industria de calle (hay que intentar que sea pareja de algún viaje).

Aparejado a la difusión de la noticia, se señala como la CNE ha dispuesto de más de 30 personas para la investigación de este “fraude”. Eso es el total del personal técnico que tiene la CNE para inspección y para liquidaciones. ¿Quién barrerá España mientras para las gasolineras? ¿Quién hará las liquidaciones? ¿Ya no se harán? Otra exageración es la propìa insinuación delictiva que entraña la presunta delación, cuando en muchos casos se tratará de infracciones administrativas. Su volumen, cuantificación y calificación se conocerá con el tiempo y mucho nos tememos que el anuncio ha sido fuertemente prematuro, entre otras cosas, por la necesidad de hacer algo en la frontera del precipicio que sufre el organismo. Además, dentro de esa “política de comunicación” mediante el ‘bulo ilustrado’, no se realiza ninguno de los mecanismos institucionales que tendría que usar el propio organismo: notas de prensa, difusión pública y transparencia.

Por otra parte, hay que analizar dos fuentes, causas u orígenes de los problemas que ahora se denuncian. La primera, la inestabilidad regulatoria, cuyos cambios y transiciones son más bien abruptos y provoca que los promotores de las instalaciones intenten superar los trámites con mucha celeridad. En segundo lugar, la propia actuación de las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas, que han cobrado un papel especialmente relevante en los procesos de inscripción y puesta en servicio (incluso hay comunidades autónomas que han hecho regulaciones propias). Por tanto, es posible que desde los ejecutivos autónomos tengan algo que decir, y que veamos cómo en el medio plazo se diluye en una actuación normalizada esta actividad inspectora.

Porque, lo primero sería realizar una reflexión sobre la labor de inspección que tiene que realizar un organismo regulador de estas características en este sector. La labor de inspección tiene que ser un proceso continuado, callado y rigorista. Un proceso no sujeto a los vaivenes e intereses políticos de una organización puesta en la picota y que precisa entrar en el juego de los fuegos de artificio. Es razonable que, tras el proceso inspector, con todas sus garantías y rigores, se incoen sus respectivos expedientes, se dé audiencia al interesado, se tipifique y fije la sanción correspondiente, se proceda a sus correspondientes trámites de recurso y, finalmente, quede una sanción firme. Ese es un procedimiento razonable, aunque menos mediático, menos espectacular, menos escandaloso.

¿Se imaginan ustedes que la Dirección General de Tráfico anunciase cada fin de semana las multas que pone (o mejor dicho las que insinúa que va a poner)? ¿Se imaginan ustedes que el Banco de España en su labor de inspección y supervisión difundiese con tanta frivolidad sus actuaciones? ¿Se imaginan una Administración que genere más escándalo que resolución de problemas? Tomen nota. Desde aquella intervención gloriosa de la presidenta de la CNE, la catalana Maite Costa, en TV3 amenazando con un gran expediente en el sector de hidrocarburos, a la situación actual. La memoria es frágil y el fru-fru del vértigo de generar una noticia bomba es mucho. Y, eso tiene siempre posibilidades de volverse en contra de quien lo promueve.

A cambio qué tenemos: alarma social, trastorno para un subsector energético (el de las energías renovables), generación de sospecha para los sectores empresariales a los que se señala con el dedo como intrínsicamente promotores de fraude (además de víctimas de regulaciones del todo o nada), incorporación de dudas sobre las propias tecnologías y sobre la política de renovables, meter en el mismo saco a todas la tecnologías en diferentes situaciones y por distintos motivos. Es lo que pasa cuando las estrategias políticas troskistas se meten en un sector que lo que precisa es estabilidad y buen gobierno.

Lo mismo sucede en el caso del mercado eléctrico: abundan quienes generan inquietud sobre su funcionamiento y su transparencia (lo cual es fácil incorporar en un proceso de contínua murmuración con el tamiz de los prejuicios antimercado) y mientras, no se articula un procedimiento de inspección y supervisión, eficaz, adecuado, no político y no ideológico. Todo ello, por la falta y ausencia de medida, de mesura y razón. Por eso, en el caso de estos presuntos fraudes, de estas faltas administrativas, procedimientales, como en todos los casos, que se llegue hasta el fondo, se concreten responsabilidades, de empresas y administraciones, se fijen las sanciones que correspondan, a quién corresponda y cuando esté todo claro, que se retransmita en directo.

Mientras, por favor, no sometan al país, en concreto, a los sectores que generan empleo y riqueza a que se vean involucrados en la cortina de humo para tapar este estado de descomposición que sufre la CNE. Barremos España.