La Comisión Nacional de Energía publica en su web su polémica propuesta de tarifas para 2009

La Comisión Nacional de Energía publicó ayer el Informe que aprobó el Consejo de Administración del organismo el pasado viernes en el que pedía una subida de tarifas del 31%. El informe se ve acompañado de cuatro votos particulares, tres favorables (“concurrentes”) a la postura oficial del organismo uno de la propia presidenta del organismo, otro suscrito por los consejeros Jorge Fabra Utray, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda y, un tercer voto denominado concurrente del “popular” José Sierra. El voto particular contrario es del consejero Luis Albentosa, que votó en contra del Informe que finalmente aprobó el Consejo y que ha remitido a Industria.

El informe aprobado se reafirma en que la propuesta que elabora el organismo es el resultado unívoco del ejercicio de cálculo matemático de los ingresos en función de las previsiones de demanda de electricidad, formulando unas tarifas aditivas completas a 1 de enero de 2009. Al mismo tiempo el informe aprobado postula que se ha perdido el equilibrio retributivo del sector eléctrico, por la desparición de los CTC’s y la evolución del precio del crudo. El informe habla en términos de justicia distributiva sectorial de forma que el marco retributivo de la LSE “tenía por objeto una retribución suficiente y no excesiva de la generación de electricidad”, “manteniendo una adecuada distribución del excedente de actividad entre las diferentes tecnologías”.

Por otra parte, para desmarcarse del literal de la legislación vigente y de las propias instrucciones directas de Industira, el preámbulo del documento recoge que la “CNE carece de grados de libertad suficientes para formular otras alternativas de contenido más moderado. En este sentido, particularmente, llama la atención que para la estimación de tarifas aditivas la CNE recoge el crecimiento del Producto Interior Bruto que prevé el Operador de Sistema, entre el 1 y el 2% según el escenario manejado por Red Eléctrica de España, algo que contrasta con las estimaciones de crecimiento que se están conociendo para la economía española.

– Adhesión al Informe de Costes y Precios de Maite Costa

Por su parte, la presidenta del organismo, en solitario, ha formulado su propio voto particular concurrente a la decisión del Consejo de aprobar dicho informe. En su voto, la presidenta señala que lo primero es “adherirse con su voto concurrente al voto concurrente” que elaboran los consejeros Jorge Fabra Utray, Jaime González y Sebastiá Ruscalleda y que reproduce integramente el ‘Informe de Costes y Precios’ que fue promovido por el propio Fabra con la revisión de tarifas del tercer trimestre (e incuido en el propio Informe oficial del organismo, por decisión del Consejo), allá por el mes de mayo. Es decir, Costa, se une a las tesis que aboga por cuestionar la participación de determinadas tecnologías en el mercado eléctrico español a partir de las estimaciones y supuestos teóricos que contenía ese informe, pese a que no contaba con información económica y contable de las empresas. Posteriormente, Maite Costa con su “voto concurrente”, trata de justificar la posición del organismo, abundando en los propios argumentos que presenta el Informe y que fue aprobado por el Consejo de Administración del viernes pasado, desatando una fuerte tormenta política. Buscando quiza un perfil más social recuerda que la CNE ha pedido que la tarifa social se condicione al IPREM y que el organismo está examinando experiencias del Reino Unido para evitar el impacto social de la elevación de precios energéticos.

En el voto, la presidenta replica a la Secretaría General de Energía, que le requiera a la CNE una propuesta de tarifas concreta, aduciendo que la propuesta que realiza la CNE no deja de ser un ejercicio de previsión de la diferencia de ingresos y costes, aplicando la normativa vigente, como potestad única que tiene la CNE en este caso. La presidenta del organismo marca una distancia patente con el Ministerio de Industria en lo que se refiere que afirma que “detenta la propiedad regulatoria”.

En cambio, paradójicamente, da un giro copernicano para justificar que, la CNE no haga realmente una propuesta de tarifas y que se incline por proponer una estimación matemática de la diferencia de ingresos y costes, para alcanzar la aditividad plena y, en paraleo, el organismo se involucre en proponer un cambio del modelo retributivo del sector, coincidente con las propuestas del Informe de Costes y Precios. Algo que supondría cambiar la legislación actual de cabo a rabo (recientemente modificada para adecuarse a las nuevas directivas europeas). Es decir, el organismo decide no hacer exactamente lo que la legislación e Industria le piden, pero va más allá en cuestionar el sistema actual (acorde básicamente con la legislación comunitaria), se abandone el mercado eléctrico y se discrimine por tecnologías.

Según Costa, esto es así, porque la CNE debe velar por el buen funcionamiento de los mercados energéticos, por lo que tiene la “obligación” de evidenciar la diferencia ingresos-regulados en el corto-medio plazo. En definitiva, Maite Costa señala que “la Comisión Nacional de Energía lo que está haciendo no es otra cosa que plantear al regulador que detenta la capacidad normativa – el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – la situación actual de la regulación retributiva de las actividades que configuran el suministro de electricidad”.

– Albentosa, muy crítico con la «propuesta» de la CNE: no tiene utilidad alguna

La contestación más dura a esta postura ha llegado desde la propia Comisión Nacional de Energía, en el voto particular del consejero Luis Albentosa. Albentosa que asegura que ha votado no contra la propuesta de la CNE, porque no es una “propuesta de revisión de tarifas”, sino una estimación matemática de diferencia de ingresos y costes. Albentosa señala que el R.D. 871/2007 establece que la CNE “enviará a la Secretaría General de Energía una propuesta de revisión de las tarifas eléctricas, junto con la memoria explicativa de los cálculos resultantes en la que figuren los supuestos y previsiones”, algo que contrasta con la postura oficial de la CNE y su presidenta.

Albentosa, que señala que cuando la diferencia de tarifas es tan grande no tiene sentido plantearse en enero de 2009 la implantación de las tarifas aditivas, en vez de establecer un período de convergencia tres o cuatro años. El consejero recuerda que desde las autoridades energéticas (Industria) se ha solicitado que las propuestas de revisión de tarifas se realicen concretando los cálculos para el escenario más adecuado o probable determinando para cada tramo tarifario una cuantía única y concreta de las revisiones que plantea. En ese apartado recoge textualmente el contenido de una comunicación que ha recibido desde la Secretaría General de Energía.

Un informe de «corta y pega»

Albentosa asegura que la CNE como órgano regulador-supervisor tiene que ser socialmente útil y que tiene que aportar propuestas regulatorias que tengan un grado de concreción suficiente para conseguir de los agentes, comportamientos que impliquen la resolución de los problemas de los sectores energéticos. Asegura que nada impide (sino todo lo contrario, a su juicio) a la CNE elaborar una propuesta de tarifas orientada a conseguir que transcurrido un tiempo, las tarifas que se fijen coincidan con las reales y señala que la propuesta que emite la CNE “no tiene para el Gobierno utilidad alguna”.

En un párrafo durísimo, el consejero señala “¿Por qué no se puede esperar de un órgano con estas características algo más que un ejercicio de previsión (¿?) automática que es resultado, de modo casi univoco, de unos cálculos aritméticos? ¿Es mucho pedir un ejercicio de responsabilidad social consistente en elaborar una propuesta razonable y razonada de subida de tarifas que permita en un período de tiempo, también razonable, eliminar el desequilibrio tarifario existente actualmente? Resultados casi unívocos de cálculos matemáticos (?), que se asemejan poco menos que a prácticas de corta y pega, ¿acaso no resultan socialmente demasiado caros estos ejercicios?”

Albentosa se muestra también contrario a la propuesta de cambio normativo que vuelve a aparecer en los informes de revisión de tarifas del organismo, recogiendo la postura del Informe de Costes y Precios tendente a cuestionar el funcionamiento del mercado eléctrico. Según la CNE, el equilibrio en “los ingresos del sistema que preveía la Ley del Sector Eléctrico ha desaparecido”, aumentando los precios de la electricidad, derivados de la desaparición de los CTC’s y de la evolución de los combustibles fósiles. Albentosa ironiza, sobre el efecto de la evolución del precio del crudo y que de las mismas, se justifique un cuestionamiento del modelo de mercado, afirmando que “también se encuentra contrariado por la evolución de los precios de los combustibles fósiles”.

El consejero, crítico con la propuesta del organismo aprobada el viernes, señala, además, al propio ordenamiento europeo a la hora de que la CNE proponga cambios en el modelo retributivo, respaldando las tesis del Informe de Costes y Precios. Al mismo tiempo, considera que el organismo regulador se debe centrar en su papel como responsable de la elaboración de las propuestas de tarifas, recordando que los cambios legales y las actuaciones normativas corresponden al ámbito del Ministerio de Industria.

Lo que está claro es que la CNE no solo no sofoca la polémica, sino que la aviva descaradamente.