La Comisión Europea avanza en los procesos sancionadores a los Estados por no abrir el mercado energético

La Comisión Europea quiso hoy dejar claro a los Estados miembros la importancia de aplicar correctamente las normas sobre el mercado interior de la energía y, con ese objetivo, decidió avanzar en los procedimientos de infracción abiertos a 16 países.

Bruselas envió hoy a esos países 26 dictámenes motivados -el segundo paso del proceso sancionador- por violación de las directivas de 2003 que persiguen la liberalización de los mercados del gas y la electricidad.

Los países afectados son Austria, Bélgica, la República Checa, Alemania, Estonia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y el Reino Unido.

La Comisión recordó que la apertura de los procedimientos tuvo lugar el pasado abril y, tras examinar las respuestas de los Estados, considera que han hecho escasos progresos en el desarrollo y aplicación de las normas.

En el caso de España, Bruselas destaca que ya ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la UE por no haber comunicado las medidas para aplicar en sus países la directiva del gas y está pendiente de sentencia por la misma cuestión relativa a la directiva de la electricidad.

El proceso por el que hoy se enviaron a Madrid sendos dictámenes motivados se justifica en la existencia de precios regulados en el mercado eléctrico que bloquean la entrada de nuevos suministradores y, en el mercado del gas, en la insuficiente separación de las actividades de transmisión y distribución.

Fuentes de la Comisión Europea explicaron que estos nuevos procedimientos de infracción contra España son resultado de una denuncia, aunque la identidad del o de los denunciantes es confidencial.

En un comunicado, el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, hizo hincapié en que sólo la plena aplicación de las dos directivas permitirá garantizar a todos los consumidores europeos verdadera capacidad de elección de suministrador de gas y electricidad a partir del 1 de julio de 2007. Los principales problemas de transposición detectados por la Comisión son la existencia de precios regulados que bloquean la entrada de nuevos operadores y dificultan la libre elección de suministrador; la insuficiente separación de las actividades de producción y suministro, y el acceso discriminatorio a terceros y, sobre todo, el acceso preferencial de los operadores dominantes a los contratos históricos. También alude a las insuficientes competencias que tienen los reguladores nacionales, sobre todo en materia de acceso a redes y tarificación, y a la información insuficiente sobre el origen de la electricidad.

En opinión del Ejecutivo comunitario, la persistente violación de la normativa europea sobre el mercado interior de la energía pone de manifiesto las carencias del actual marco legislativo. Por eso, Bruselas ha decidido evaluar, para cada país, el grado de eficacia de la normativa de apertura de los mercados y presentará los resultados de ese análisis junto al informe sobre la competencia en el sector energético, a principios de 2007.