La CNE y la CNC reducirán el número de miembros de sus Consejos al presidente y 4 consejeros durante 6 años

La Ley de Economía sostenible, cuyo anteproyecto ha aprobado el Consejo de Ministros, es un cajón de sastre en el que el Ejecutivo ha agrupado propuestas muy diversas y de muy diferente calado.

El objetivo es cambiar el patrón del modelo de crecimiento de la economía española, hasta ahora basado en el ladrillo y el turismo, a un plazo vista de 10 años, según han explicado la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Fernández de la Vega ha explicado que en el proyecto han participado «prácticamente todos los ministerios» mientras que Salgado ha remarcado que es «extremadamente ambicioso». El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dará más detalles en una comparecencia en el Congreso el día 2 de diciembre.

En cuanto a nivel energético, uno de los puntos clave y «sorprendentes» de este anteproyecto de ley es la inclusión en la misma de «una profunda reforma horizontal de la estructura y normas de funcionamiento de los organismos reguladores con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas».

Por tanto, habrá reformas en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre las novedades de esta reforma figura la reducción del número de miembros de los Consejos al presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación.

El titular del Ministerio vinculado al sector que regule un organismo deberá ser quien presente a sus candidatos al Consejo y los defienda ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. En el caso del candidato a la Presidencia del organismo, el propio aspirante deberá comparecer en la Cámara Baja. Además, los presidentes de cada organismo estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones una vez al año ante el Parlamento.

Todos ellos deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia (CNC), aunque esto no supondrá que la relación con la CNC sea de carácter jerárquico. En cualquier caso, la CNC puede actuar sobre cualquier actividad económica y los demás sólo en su sector.

Asimismo, la posibilidad de presentar recursos de alzada ante el Ministerio de Industria contra las decisiones que tome la Comisión Nacional de Energía (CNE) quedará suprimida.

Esta modificación, de la que informaron fuentes conocedoras de la Ley, es una antigua petición de la propia CNE, que la planteaba para reforzar su independencia y porque consideraba que no estaba integrada en la estructura jerárquica del Ministerio, ni subordinada jerárquicamente al ministro.

El recurso de alzada sólo existía ya en la CNE dentro de los organismos reguladores, y fue utilizado, entre otros, por Endesa cuando Gas Natural lanzó una opa para hacerse con la eléctrica.

Respecto a la eficiencia energética, el anteproyecto de ley recoge que se aplicará el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para este tipo de obras.

Otro de los puntos candentes es el relacionado con la vida útil de las centrales nucleares en España, que este anteproyecto fija en 40 años, con el objetivo de «aportar certidumbre» al sector, dijo Elena Salgado.

No obstante, reconoció que «podrá haber excepcionalmente otros casos» en los que podría ampliarse este plazo pero ‘con condiciones muy estrictas y muy regladas».