La CNE decidirá hoy si permite que Enel ejerza derechos políticos en Endesa por encima del 3%

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) debate hoy el informe solicitado por el Gobierno sobre la petición de Enel de que se le autorice a ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en Endesa a pesar de que cuenta con participación pública.

El Consejo no tiene previsto decidir los criterios que empleará para elaborar la lista de operadores principales de los distintos sectores energéticos, ya que el ponente, Luis Albentosa, no llevará su propuesta a la reunión.

El organismo regulador tampoco abordará la petición de Enel de que se le permita superar el 10 por ciento de Endesa, ya que se ha abierto un periodo de alegaciones.

La CNE tiene abiertos tres expedientes relacionados con la entrada de Enel en capital de Endesa.

Por un lado, el regulador energético debe elaborar un informe, solicitado por el Ministerio de Industria, sobre la petición de Enel de que se le permita ejercer derechos políticos en Endesa por encima del 3 por ciento.

La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como «Ley Rato«, limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.

No obstante, el Gobierno puede levantar esa restricción teniendo en cuenta aspectos como el grado de liberalización del mercado italiano o la reciprocidad entre los dos países.

El informe que hoy analizará el Consejo de la CNE, que no es vinculante, servirá de base al Consejo de Ministros para tomar su decisión.

En segundo término, el regulador energético debe pronunciarse sobre la petición de Enel de que se le autorice a alcanzar el 24,9 por ciento del capital de Endesa.

La eléctrica italiana controla directamente el 9,9 por ciento y tiene aparcado otro 14,9 por ciento mediante derivados financieros.

El pasado jueves, la CNE dio un plazo de diez días hábiles a las partes para que presenten sus alegaciones. La decisión se tomará a finales de abril.

Por último, el regulador debe decidir si los derechos políticos de Enel en Endesa tienen que limitarse por ser propietaria de Viesgo.

El Real Decreto 6/2000 impide a cualquier sociedad ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en más de una empresa considerada operador principal.

Este obstáculo se da prácticamente por superado, puesto que los acuerdos suscritos entre Enel, Acciona y E.ON prevén la venta de Viesgo al grupo alemán.

Además, lo más probable es que Viesgo salga de la lista de operadores principales del sector eléctrico.

En cualquier caso, la CNE aún no ha determinado los criterios en los que se basará para elaborar esa lista.

En 2006 el regulador energético utilizó magnitudes físicas (volumen de producción) para determinar cuáles eran las empresas principales de cada sector, el mismo criterio que en ejercicios anteriores.

Este año se ha suscitado la duda de si sería más adecuado tomar como base la cuenta de resultados de las empresas, aunque lo más probable es que la CNE opte por mantener el mismo criterio que en 2006.

La CNE también decidirá sobre las sanciones a Iberdrola

El otro asunto que tiene pendiente el Consejo de Administración de la CNE es la decisión de si sanciona a Iberdrola por no pedir autorización para elevar del 12 al 20 por ciento su participación en el consorcio Medgaz, que construirá un gasoducto submarino entre Argelia y España.

El Consejo decidirá también si autoriza a la compañía estatal argelina Sonatrach, que sí ha pedido permiso, a aumentar del 20 al 36 por ciento su participación en Medgaz.

El organismo presidido por María Teresa Costa abrió un expediente a Iberdrola por no pedir permiso para ganar peso en el accionariado del consorcio, del que forman parte también Cepsa, Endesa y Gaz de France.

Según las nuevas facultades concedidas a la CNE, que fueron aprobadas por el Congreso en marzo de 2006, el regulador debe autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10 por ciento del capital de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda «influencia significativa».

Además, debe velar especialmente por los activos considerados estratégicos, los que afectan a la seguridad del suministro.

Lo cierto es que en el momento de aprobarse estas nuevas facultades Iberdrola superaba ya el 10 por ciento en Medgaz, puesto que tenía un 12 por ciento.

En cuanto a la participación de Sonatrach, la CNE abrió dos expedientes: uno por el aumento de su participación en Medgaz, que se verá mañana, y otro por contar con capital público.

El pasado 29 de marzo, el organismo que preside Maite Costa remitió al Ministerio de Industria su informe sobre esta segunda cuestión.

La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como «Ley Rato», limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.

No obstante, el Gobierno puede levantar esa restricción teniendo en cuenta aspectos como el grado de liberalización del mercado italiano o la reciprocidad entre los dos países.

El informe de la CNE no es vinculante, pero será tenido en cuenta por el Consejo de Ministros para tomar su decisión final.

Tras la salida de BP y Total del capital de Medgaz, sus porcentajes se repartieron entre el resto de los socios, con lo que el accionariado está compuesto ahora por Sonatrach (36 por ciento), Cepsa, Iberdrola (con el 20 por ciento cada una), Endesa y Gaz de France (12 por ciento cada una).