La CNC calcula un sobrecoste de 1.200 millones de euros si se incentiva el carbón

Así consta en el informe elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia en relación al Real Decreto que el Gobierno ha diseñado para incentivar la utilización de carbón nacional por parte de las compañías eléctricas.

La CNC considera que la futura norma creará una «distorsión significativa de los procesos de funcionamiento de los mercados energéticos en España y de los mecanismos de formación de precios», e implicará un «sobrecoste directo importante para la electricidad producida», así como un «previsible» encarecimiento de los precios en el mercado mayorista.

Además, calcula un sobrecoste de más de 45 euros por megavatio/hora (MWh) debido al precio fijo que se pagará a las centrales que utilicen carbón y a las compensaciones que recibirán las instalaciones que tengan que ceder al carbón parte de su espacio en el mercado mayorista de la electricidad.

Así, el sobrecoste total en caso de que se generase el máximo de energía previsto por el proyecto de real decreto superaría los 1.200 millones de euros, advierte Competencia.

El informe recuerda que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha advertido de la existencia de dos errores en la fórmula utilizada para calcular el «lucro cesante» de las centrales afectadas por los incentivos al carbón nacional. En caso de ser subsanados dichos errores en el texto final, el sobrecoste total se situaría entre 700 y 800 millones de euros, precisa la CNC.

Con la fórmula modificada, los incentivos al carbón nacional supondrían un encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista superior al 9 por ciento, de acuerdo a los precios y cantidades vendidas en los nueve primeros meses del año.

En caso de mantenerse la actual fórmula, que reconoce un mayor lucro cesante y, por tanto, mayores compensaciones para las centrales desplazadas, el encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista alcanzaría el 16 por ciento en los nueve primeros meses de 2009.

El organismo presidido por Luis Berenguer concluye que la normativa diseñada por el Gobierno «genera determinadas ineficiencias y distorsiones a la competencia efectiva» que resultan «injustificadas y extraordinariamente lesivas del bienestar general», y por ello considera que la medida «debería ser reconsiderada».