El proyecto de ley, aprobado en septiembre por el Gobierno, recoge una batería de impuestos para la generación de electricidad y recibió el rechazo tanto de la industria como de los consumidores, que asumen que las nuevas tasas se trasladarán al recibo de la luz.

Izquierda Plural acompañó la enmienda con un texto alternativo elaborado junto a WWF España, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra y CCOO, en el que se propuso una serie de impuestos no solo para el sector energético, sino para todas las áreas que afectan al medio ambiente.

La diputada Laia Ortiz criticó que la reforma propuesta por el Gobierno no aborda los retos de la sostenibilidad energética que, en su opinión, pasan por una reducción de las emisiones y de la dependencia de los combustibles fósiles.

Además, consideró que la reforma no incluye «ninguna medida» para resolver el déficit tarifario, que es «producto de la perversión del sistema» de fijación de precios, y que, además, «se perpetúa en la demonización de las renovables».

Con esta iniciativa, Izquierda Plural quiere presentar «alternativas» al actual sistema energético y al conjunto de la política ambiental del Gobierno, mediante el avance hacia una «fiscalidad más justa» que apueste por un «cambio de modelo productivo» hacia otro más «eficiente y sostenible».

El Grupo no cuantificó la recaudación que se obtendría con esta nueva fiscalidad, ya que está basada en la sostenibilidad a largo plazo y en unos beneficios más sociales y medioambientales que estrictamente económicos.

Así, por ejemplo, se propuso sustituir el impuesto al almacenamiento de residuos nucleares por una tasa que se pague durante todo el tiempo que estos continúen contaminando, lo que supondría una mayor recaudación a largo plazo aunque menor a corto.

Además, la recaudación tendría una tendencia «descendente» con los años, ya que recoge incentivos suficientes como para cambiar los comportamientos de los ciudadanos y empresas.

Con respecto al déficit de tarifa -la deuda acumulada con las eléctricas porque los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir todos los costes-, Ortiz insistió en que no se va a resolver con impuestos, porque su origen está en el sistema de conformación de precios y en unas «subastas especulativas» de energía.

Tampoco se mostraron de acuerdo con que haya una tasa única para la generación hidráulica ni con el establecimiento de «céntimos verdes» a la producción eléctrica con combustibles fósiles porque, en su opinión, pretende «engañar» a la población con un falso ecologismo.