Industria renuncia a más de la mitad de los derechos de emisión que tendrán que ser pagados por los consumidores en la tarifa

El Plan Nacional de Asignación (PNA) 2005-2007 asignó al sector eléctrico un promedio anual de 86,4 millones de toneladas (mT) de CO2 para afrontar el primer periodo de asignación y, de paso, ir preparando al sector para el segundo periodo de asignación, más restrictivo, que comprende el PNA 2008-2012.

En principio, el volumen asignado al sector estaba destinado a «paliar» el sobrecoste, que de otra forma soportarían, sin ayuda del Estado, las centrales que emiten más gases efecto invernadero (GEI).

Desde comienzos de 2006, Industria estaba preocupada por el alto nivel de déficit que, ya en aquel entonces, se preveía alcanzar para finales de año. Por ello, a finales de febrero de 2006, el Ministerio impulsó la publicación del Real Decreto 3/2006, en virtud del cual se obligaba a las empresas a descontar el volumen de emisiones, asignados en el PNA 2005-2007, del déficit tarifario generado durante el periodo. La medida tenía, inicialmente, la intención de reducir el déficit en una cuantía que, en base a los derechos asignados gratuitamente por el PNA 2005-2007, se podría cifrar en unos 1.350 millones de euros.

La propuesta, como es lógico, pronto levantó el rechazo de las perjudicadas; principalmente las empresas que tienen dentro de su mix de generación las tecnologías que más emisiones realizan y que, por tanto, habían recibido más derechos. En una primera interpretación del real decreto las más perjudicadas eran Endesa y Unión Fenosa, junto a Hidrocantábrico y Viesgo, mientras que Iberdrola era «a priori» la menos afectada.

La magnitud del impacto para Endesa suponía, bajo estas premisas, renunciar a 500 millones de euros y en el caso de algunas empresas como Hidrocantábrico,con 160 millones de euros, comerse todo el beneficio anual.

La propuesta de aplicación

El real decreto dejaba el desarrollo reglamentario de la norma en manos del Ministerio de Industria, que recientemente ha preparado su propuesta de aplicación.

La principal novedad de la propuesta, frente al escenario comentado «a priori», es que el Ministerio renuncia a recuperar los 1.350 millones de euros, en los que se cifraba inicialmente la medida, dejándolos en 650 millones de euros y, por tanto, renunciando a más de la mitad de la cantidad que en principio pretendía emplear en reducir el déficit tarifario.

En segundo lugar, lo más destacado es que, con la propuesta actual del Ministerio, ha cambiado el escenario de «damnificadas» y, ahora, la más perjudicada es Iberdrola, que será la que más derechos deberá descontar, con unos 150 millones de euros. Paradójicamente, Iberdrola cuenta con menos derechos de emisión, dado su perfil de generación, lo que se interpreta como un castigo indirecto por su ‘salida’ de las operaciones bilateralizadas del año pasado.

Esto es así, puesto que en la propuesta de Orden Ministerial se ha excluido, de devolución de derechos emisión, a la energía vendida o asimilada a contratos bilaterales, lo que para algunos grupos como Endesa e Hidrocantabrico supone excluir más del 50% de su energía del ámbito de aplicación del real decreto.

Por su parte la Comisión Nacional de Energía añadió una alternativa adicional a la propuesta, consistente en distribuir la devolución de los derechos de emisión, entre todas las instaciones generadoras, con independencia de que, previamente hubiesen tenido derechos asignados por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta solución conlleva a que ‘instalaciones limpias’ financien a instalaciones contaminantes.

Un consejero de la Comisión, Luis Albentosa, se manifestó en contra de las dos propuestas, formuló voto particular contra estas dos propuestas, en la medida que reconoce que los derechos de emisión son ingresos para las instalaciones que pueden ser ejecutados en el mercado (y percibidos por las mismas) y que, por otra parte, pueden considerarse costes, lo que puede afectar a las ofertas que realizan las mismas al propio mercado eléctrico. El consejero reconoce la pérdida de ingresos de la tarifa que tendría el Ministerio de Industria y la necesidad de que fuese pagado directamente por los consumidores en la tarifa eléctrica.