Iberdrola denuncia a Francia ante la Comisión Europea por considerar que el blindaje de EDF contraviene la normativa comunitaria

Iberdrola ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) contra Francia por considerar que la legislación de este país permite blindar de forma ilegal a EDF, controlada en un 85 por ciento por el Estado francés, y contraviene la normativa comunitaria, confirmaron fuentes de la eléctrica.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que las leyes 2004/83 y 1983/675 permiten establecer una especie de «acción de oro» sobre EDF que la blinda de forma ilegal ante el interés de otras compañías.

Esta normativa contraviene, a su juicio, los dos pilares básicos del mercado único europeo: la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, recogidos en los artículos 56 y 43 del Tratado de la Unión Europea.

Según Iberdrola, el Estado francés ostenta, además de su participación mayoritaria, una posición privilegiada en la gestión y administración de la sociedad, ya que nombra directamente, mediante decreto, a seis de los 18 miembros del consejo, así como al presidente y al consejero delegado. Además, señala que un 70 por ciento del capital de EDF no se negocia en Bolsa y que para que el Estado francés pueda vender parte o el total de ese porcentaje debe modificarse la Ley 2004/83. Estas medidas, según Iberdrola, disuaden a potenciales inversores de otros países ya que no pueden adquirir participaciones significativas.

La eléctrica explica que su denuncia se fundamenta en que cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de acreditar ningún interés directo o especifico, puede poner en conocimiento de la Comisión Europea la existencia de normas o medidas estatales contrarias al derecho comunitario.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la denuncia y que la están estudiando. La Comisión Europea deberá decidir ahora si admite la denuncia a trámite y, en ese caso, si abre expediente a Francia por incumplimiento del derecho comunitario.

La normativa comunitaria consagra la libertad de movimientos dentro de la UE, pero es neutra sobre la propiedad de las compañías y no hace distinciones entre capital público y privado.

Tras semanas de rumores, el pasado 8 de febrero, EDF reconoció que había mantenido conversaciones con el grupo constructor ACS -que cuenta con el 12,4 por ciento del capital de Iberdrola– para analizar sus intereses comunes en la eléctrica.