¿Hacia un «canon renovable»?

La existencia de un déficit tarifario acumulado tan voluminoso empieza a abrir un debate (peligroso) sobre la posibilidad de sacar las primas a las energías renovables de la tarifa y llevarlas a los Presupuestos Generales del Estado. Un debate que se puede saber por donde se empieza pero no dónde acaba con el consiguiente efecto “aprendiz de brujo” sobre un mecanismo que hoy está alabado por la propia Unión Europea como uno de los más eficientes del continente. Ello se ve avivado por la situación de elaboración de la Ley de Energías Renovables y de Eficiencia Energética, (¿tanto monta, monta tanto?) que no se sabe si podría dar el canal para que se lleven a los presupuestos estas cuantías.

A este debate es al que se corresponde también todas las insinuaciones más o menos directas o más o menos explicitas sobre lo que significan las primas a estas energías en la tarifa eléctrica. Verdadero lugar común, cuestionamiento poco meditado en tiempos de urgencia tarifaria, puede tener sentido la propuesta desde el punto de vista de efectuar una “rebaja de la factura”, pero en todo caso no desde la teoría de la hacienda pública. En todo caso, el paso siguiente que es hacer la pregunta “¿quién y como paga todo esto? es lo menos meditado de la propuesta, y por tanto el que puede acabar por los cerros de Úbeda.

Una cifra, el montante de las primas, que si se eliminase de la tarifa eléctrica y la pagasen otros, dejaría un desahogo importante a los que tienen que ajustar los precios eléctricos a la realidad con motivo de la liberalización inminente. Eso es obvio, pero no es menos cierto que es un argumento con un contenido falaz. Este argumento se une a otras cuestiones que no tienen el mismo cariz, por ejemplo, la financiación de los sistemas extrapeninsulares, cuyo alcance probablemente excede más allá del consumo de la energía o del desarrollo de tal o cual sector energético como parte de una política, para ir a la esencia de otra cuestión: la cohesión del Estado. Tampoco es comparable con la moratoria nuclear, cantidad adeudada a las empresas eléctricas por inversiones iniciadas y no ejecutadas en su momento de construcción de nuevas centrales nucleares, en virtud de las decisiones políticas (aunque en su momento justificadas económicamente).

El hecho es que una de las fórmulas para reducir este abultado déficit tarifario (y la diferencia entre la tarifa que se cobra a los consumidores y la que se debería cobrar) es consignar la cantidad que se aporta para este tipo de energías y que sea sufragada por los españoles a través de los impuestos (primera pregunta, a través de los impuestos o a través del déficit público, en plan general, o acabaríamos fijando un impuesto finalista “ad hoc”, un nuevo cánon, esta vez “renovable”? ¿a qué se le aplicaría este cánon? ¿qué diferencia tiene “de facto” con que estuviera en la tarifa? ¿traerá tanto polémica como el «canon digital»? ¿acabará siendo Industria el Ministerio de los cánones?). Es preciso, en este sentido, señalar que el objetivo de estas “primas” es vario, el primero y principal, es fomentar el desarrollo de este sector hasta que su aportación sea innecesaria porque su retribución sea suficiente en términos de participación en el mercado eléctrico como el resto de tecnologías. Las primas también tienen que ver también con el cumplimiento de objetivos en materia del mix de generación en materia de energía y reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctrico.

Por tanto, parece que la propuesta pertenece al ignoto territorio de la “contabilidad creativa” y sus cambalaches, más o menos premiosos, sin cuestionar las mismas, ni sus montantes. En el fondo hay que reconocer que puede tratarse de un atajo o una evasiva para dulcificar el problema del déficit tarifario, una solución fácil pero arriesgada, pero es una propuesta que no se sabe donde puede llegar en su configuración final. En todo caso, no se sabe como acabará la cosa, pero difícilmente se puede dar encaje en los presupuestos generales a cuantía de estas características, una vez cerrados y aprobados por el Parlamento.