El transportista único o la selección genética modificada, adversa y arbitraria de la legislación europea

El sábado pasado se recogía en Cinco Días dentro de la noticia de la que damos cuenta en la que HC Energía vende a Red Eléctrica de España instalaciones de transporte por 17 millones de euros, un párrafo resaltado en el que se indicaba “Red Eléctrica de España, la compañía que preside Luis Atienza, continúa poco a poco acumulando activos con el objetivo único de ser el único gestor de red y transportista, tal y como marca la legislación que emana de la Unión Europea”. Se trata de una afirmación que, seguramente, persigue la gestión del convencimiento en pos de esa verdad inmutable y panteísta que es el transportista único en la redes eléctricas.

Resulta curioso el valor variable y pendular que tiene la Unión Europea en el ámbito de la energía, en nuestro país y para esta Administración (inciso número uno, es difícil conocer si una afirmación como la anterior en la que se atribuye a la Unión Europea la autoría del concepto de transportista único pertenece a la Administración o a Red Eléctrica de España). Y resulta curioso, porque la Directiva Europea que ha traspuesto de forma selectivamente arbitraria el Ministerio de Industria, lo único que reforma es la introducción del concepto de transportista único, cuestión que no se recoge en la propia Directiva, como reconocen los expertos y los propios grupos parlamentarios. Una reforma que se hace a la medida de este nuevo papel que Red Eléctrica se atribuye en el transporte y que condiciona el acceso a la red por parte de terceros, cuestionando incluso los principios de seguridad y calidad del suministro en función de los intereses del transportista, apelando a la ‘capacidad’.

Parece en este caso, que es Red Eléctrica (dado que la noticia que se recoge en el rotativo del grupo PRISA), quien interpreta estas emanaciones desde la Unión Europea. Emanaciones que fielmente se recogen desde la Secretaría General de Energía y el Ministerio de Industria, dónde las inteconexiones son cada vez más frecuentes (veáse el informe contra Iberdrola) y confirman el grado de condiciomiento en la regulación que se puede alcanzar. Y, por el mismo motivo, no se recogen con esa fidelidad (es decir no se recogen), las críticas que desde la Comisión Europea realizan a nuestro país por reforzar la independencia de la CNE o atribuir las competencias de las tarifas eléctricas.

Tampoco, conocemos en qué medida la Orden Ministerial que prepara Industria sobre gestión de la demanda (la nueva regulación de los grandes consumidores) resuelve nuestros problemas jurídicos en materia del pleito por las ayudas de estado con la Unión Europea, o como hemos llegado al enfrentamiento con la Comisión Europea por las condiciones a la OPA de E.ON. En fin, habrá que saludar que volvamos a la ortodoxia europea en nuestros planteamientos y organización regulatoria en el sector energético. Sólo que sin necesidad de tener que manipular el sentido de las directivas a los intereses de una compañía privada con sueldos de gran empresa, que pretende ser monopolio. Es decir, el mejor de los mundos posibles.

Mientras, y si seguimos con los eufemismos, lo de transportista único es un eufemismo de ‘monopolista’ de la red de transporte. ¿Por qué no se crea una Comisión Nacional de Eufemismos (CNE), como esa triste referencia en la nota de prensa del consejo del jueves sobre su preocupación por los cambios normativos que van en detrimento del libre acceso de terceros a la red?.

En esta semana analizaremos en Energía Diario tantos puntos oscuros relativos a esta reforma y que ya ponía de manifiesto en su entrevista Xabier Albistur, el presidente de la Comisión de Industria en el Senado y representante del PNV. ¿Cómo esta reforma es un retroceso legislativo y sirve para desandar parte del camino andado en el proceso de liberalización (Europa lo que pide es lo contrario)? ¿Por qué se acuerda esta reforma por debajo de la mesa? ¿Por qué el Partido Popular ha accedido a ello? ¿Por qué el Ministerio de Economía ejerce de Don Tancredo? ¿Es necesario este nivel de anestesia general para que se favorezcan intereses no explícitos o subterráneos, que van contra el desarrollo del mercado eléctrico? ¿Alguien estaría en disposición de hablar con claridad sobre estas cuestiones?.

Antes de que el próximo jueves el Congreso de los Diputados apruebe esta cuestión es necesario que se ventile el contenido de esta Ley, con la mayor claridad y la mayor transparencia, evitando que la complejidad del problema impida conocer la realidad y el alcance de esta ‘reforma a la inversa’ o lo que es peor, que permita aprobar con el acuerdo de los grandes partidos de un engendro para condicionar aún más el acceso a la red y la libertad de mercado.