El sector energético, entre las reformas estructurales que propone el PP

El pasado lunes el Partido Popular presentó un conjunto de medidas estructurales agrupadas en doce puntos con el propósito de abordar la crisis y fomentar un acuerdo global en materia de competitividad, frente a lo que califica de “parálisis del Gobierno” y la nada. El ámbito de la energía merece en este documento un punto completo dentro de este paquete de medidas presentado por el PP tras la remodelación del Gobierno.

Así, y según se recoge literalmente en la propuesta, “España tiene una gran dependencia energética del exterior (más del 80%), por lo que se hace necesario planificar a medio y largo plazo una estrategia energética que tenga en cuenta todos los factores y variables que intervienen en la misma a fin de establecer un marco adecuado para nuestro mejor desarrollo económico y medioambiental.”

En este marco, se propone la creación de una Subcomisión de Política Energética en el Congreso, instada por el Partido Popular y CiU, para hacer un análisis amplio de la situación y sentar las bases de una política energética española para el futuro.

El Partido Popular señala como objetivos de esta subcomisión los siguientes puntos lo que, en realidad, constituye la definición completa de la política energética española como vector necesario en el marco de la economía.

Estimar la demanda energética futura.
– Evaluar el reparto de fuentes de energía con las que debe cubrirse la demanda en los próximos años.
Analizar todas las posibilidades en cuanto a las energías renovables.
– Estudiar las posibles interconexiones eléctricas internacionales.
– Propiciar un plan plurianual de inversiones en I+D+i sobre fuentes energéticas.
Definir el futuro de la energía nuclear en España.
– Contrastar las directrices de la política energética común de la Unión Europea con la política energética española.
– Intensificar la mejora de la eficiencia energética en España.
Dotar al sector energético español de la mayor flexibilidad y competencia posibles.
– Medidas para contener y reducir las emisiones de efecto invernadero.

Al mismo tiempo, dentro de estas medidas y en el marco del apartado de mejora de la competitividad, también recoge expresamente aumentar la independencia y transparencia de los órganos reguladores, entre ellos la Comisión Nacional de Energía. En estos momentos, la renovación del Consejo de Administración del organismo lleva casi un año pendiente, además de ser objeto de fuertes críticas y controversias, que han derivado en la falta de prestigio y en el cuestionamiento del organismo, incluyendo varios encontronazos con el Ministerio de Industria.

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