El ministro Soria defiende como «un ahorro» gastar 100 millones de euros anuales en el almacén Castor sin que entre en funcionamiento

El PP respaldará así las tesis del ministro frente al voto en contra de toda la oposición, que ha criticado que el Gobierno no haya rebajado la cuantía a pagar a la concesionaria del almacenamiento, Escal UGS, participada al 66% por la empresa ACS, lo que produjo múltiples referencias respecto a tratos de favor hacia Florentino Pérez. Sobre lo que apenas se ha aludido es sobre lo innecesario que era construir la infraestructura del almacén de gas Castor, algo evidente en la medida en que no se prevé la construcción de una instalación que la sustituya en sus funciones y en lo que ya se ha reflexionado desde Energía Diario.

En este sentido, la única referencia la hizo el propio ministro, José Manuel Soria al señalar que en 2006, cuando Escal UGS solicitó la concesión para el almacenamiento que llegaría en 2008, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó la planificación eléctrica vigente para el período 2002-2011 para incluir Castor «en un momento en el que incrementa los incentivos a las renovables». El ministro ahondó en este argumento al insistir en que «se impulsaron al mismo tiempo las infraestructuras de gas y las renovables; pero las de gas casi no se han utilizado por la prioridad de despacho para las energías renovables».

Al respecto, Soria señaló que la labor del Gobierno del PP respecto a Castor fue hacer que se pusiera en marcha de forma provisional «y no permanente», así como disminuir su retribución reconocida y superior al 10%, en un primer momento a un 8,76% anual a 20 años, y ahora a un 4,26% a 30 años. Por ello incidió en que la solución de hibernación de la planta supone «un ahorro» de más del 50% del desembolso previsto al pasar a suponer un coste de 100 millones de euros anuales frente a los 210 previstos si hubiera entrado en funcionamiento.

Sobre la solución adoptada, José Manuel Soria justificó que la hibernación de las instalaciones posibilita seguir recabando datos y disponer de informes más completos que permitan adoptar una decisión en Consejo de Ministros respecto a su desmantelamiento o reapertura. El ministro explicó que el próximo 1 de diciembre el almacén Castor será traspasado a Enagás para su gestión a cambio de la indemnización a Escal UGS de 1.350,7 millones de euros, importe que asumirá en un primer momento la empresa Enagás y que posteriormente se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas que pagan los consumidores para atender «el derecho de cobro preferente» que ejercerá Enagás a partir de abril de 2016.

Para reafirmarse en lo positivo del decreto, el ministro de Industria aseguró que Escal UGS, a pesar de que el Gobierno haya aceptado su renuncia y quede extinguida su concesión, estará obligada a pagar cualquier responsabilidad por vicios de construcción del almacén o acciones u omisiones en la explotación de Castor y que puedan ser determinadas en el futuro. De esta forma, José Manuel Soria considera que la responsabilidad de la antigua concesionaria del almacén de gas queda «amarrada» por el decreto y señaló que las cantidades que tuviera que abonar irían al sistema gasista.

El PSOE pide una quita

El portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, José Segura, defendió que la concesión a Castor que realizó el Gobierno socialista no «difiere» de las efectuadas anteriormente a otros almacenes gasistas de las mismas características como Yela o Gaviota. Por ello, criticó que el Gobierno se escude en la sentencia del Tribunal Supremo que no anuló la cláusula que obliga a indemnizar al concesionario aún con dolo y negligencia por el valor neto contable de la instalación cuando renuncie a la concesión ya que considera que «no ata de manos al Gobierno para que module la indemnización al concesionario«.

En este sentido, Segura consideró «relevante» que la instalación no entrara en funcionamiento de forma «permanente», lo que hace que las instalación no estuviera operativa, condición que asegura que era imprescindible para recibir la indemnización. En consecuencia, el diputado socialista se preguntó por qué no se había realizado «una quita» sobre los 1.350,7 millones de euros para repartir el coste entre el concesionario y los consumidores, «más en un proyecto cuyo presupuesto empezó en 400 millones y terminó en 1.400».

Por ello, a pesar de mostrar su acuerdo con la hibernación, denunció que el Gobierno «renuncie a imputar al concesionario cualquier responsabilidad sobre lo sucedido» y reclamó un proyecto de ley para regular la hibernación ya que «resta por saber su coste«. También reclamó un mecanismo de financiación alternativo al propuesto por el Gobierno debido a que considera que generará un sobrecoste de 200 millones de euros en 30 años.

Que se tramite como proyecto de ley también lo pidió Jordi Jané (CiU), que consideró que el Gobierno socialista «no atendió de manera debida» los informes científicos que alertaban de los riesgos del proyecto Castor. Por ello, reclamó el desmantelamiento del almacén y que no se pague en la factura del gas de familias y empresas a 30 años «un proyecto fallido por la falta de previsión con un desvío absoluto en sus previsiones presupuestarias».

Joan Coscubiela (Izquierda Plural) centró más su intervención en criticar la gestión del Gobierno socialista que la actual del PP. Al respecto, aseguró que lo del PSOE no fue un error sino que el objetivo fue favorecer a los lobbies de la construcción. A juicio de Coscubiela, esto ha desembocado en «un rescate a Florentino Pérez» como consecuencia de «un proyecto que nunca debió iniciarse y que ahora costará 4.700 millones de euros a los ciudadanos». «Zapatero hizo un traje a medida para ese capitalismo parasitario durante ocho años», sentenció.

El número dos de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, denunció un «capitalismo de amiguetes» en el que el Gobierno no defiende el interés general sino a las empresas y se hacen «negocios estupendos sin riesgo con el dinero de los españoles». En este sentido, criticó al Gobierno que no trate de paliar «el perjuicio» de Zapatero sino que la solución que ofrece sea ofrecer «condiciones ventajosas» para ACS y Enagás. Por ello lamentó que el contrato de concesión sea «sagrado» para Castor y no lo regulado previamente para las energías renovables.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, consideró «un desastre» cargar los costes de Castor a la factura de los consumidores, que cree que «no deben pagar los errores de la Administración y de la empresa concesionaria». Por ello, su solución pasaría porque todos hubieran aportado una parte, «negociando una indemnización a la baja con Escal y asumiendo una cantidad vía Presupuestos«. Con el decreto presentado, Azpiazu juzga que el Gobierno «optó por lo fácil».

Joan Tardá (ERC) exigió el desmantelamiento de Castor y que no se pague «ni un euro» hasta que no culminen todas las investigaciones, auditorías e informes. También cree que el decreto responde al interés de ACS y es «un ejemplo de los negocios sucios, que enriquecen a unos pocos, realizados en el palco del Bernabéu». Desde el grupo mixto, Joan Baldoví (Compromís) denunció que Castor es «otra historia de piratería» en la que «saquean a los ciudadanos con la complicidad de los Gobiernos» y consideró «un insulto» que la indemnización se cargue a la tarifa del gas como consecuencia de «un contrato leonino con todas las ventajas para el concesionario».

Por el grupo parlamentario popular, Guillermo Mariscal dijo que había detectado «cierta mala conciencia entre los grupos de oposición porque todos, por acción o por omisión, son corresponsables de Castor» en la medida en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no tenía la mayoría absoluta. Mariscal hizo suya la indignación de la oposición por la indemnización de Castor pero señaló que el Gobierno tiene que cumplir la Ley y pagar para garantizar la seguridad jurídica.

Adicionalmente, el real decreto-ley permite la adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en la Ley de 1964 sobre energía nuclear, modificada en 2011, que exige que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica, dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, y que cuente con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios. Con esta medida, la titularidad de las centrales nucleares que no se hayan adaptado se entenderá transferida a la entidad que tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación.