El Ejecutivo manchego «peleará» por una solución alternativa al cierre de Elcogas

EFE.- El Gobierno regional de Castilla-La Mancha asegura que «peleará» hasta el final por encontrar una solución alternativa al cierre de la central de gasificación de carbón en ciclo combinado de Elcogas, en Puertollano (Ciudad Real). Así lo comprometió la consejera de Empleo, Empresa y Economía, Patricia Franco, en la reunión que mantuvo con los miembros del comité de empresa de Elcogas y que estuvo presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page.

En la cita se abordaron las «estrategias» que se seguirán en la reunión del próximo septiembre con el ministro de Industria, José Manuel Soria, como también de las citas previas con los diferentes agentes que mantienen contactos con el Ministerio en la Mesa del Carbón y los de las empresas que forman parte de la sociedad. «Puertollano está perdiendo población activa. El cierre de Elcogas conllevaría a una situación dramática que desde el Gobierno vamos a intentar evitar», prometió Franco.

Sobre el retraso de la reunión con el ministro, programada para este mes y aplazada a última hora a septiembre, Franco ha confiado en que «no suponga un cambio de actitud del Gobierno central» y que «no se tome ninguna decisión contraria a los intereses de Elcogas». Además, calificó de «salida de tono que no viene al caso» las declaraciones de Soria, quien afirmó que «si el Gobierno regional estuviera dispuesto a correr con los gastos de la crisis de Elcogas, el problema estaría resuelto«.

«El ministro quiere echar balones fuera cuando la competencia de la financiación de la industria energética en España no depende de las comunidades autónomas», precisó la consejera, aunque mantuvo que «ello no quita para que estemos avanzando en una mayor colaboración institucional para fomentar el empleo en la ciudad». Por su parte, el presidente del comité de Empresa, José Antonio Alcaide, sobre el cierre de la central, prevista para el 1 de agosto, confía en que, al aplazarse la reunión con el ministro hasta septiembre, «no se produzca antes ninguna decisión irreversible que suponga una puñalada trapera a los trabajadores».