El déficit tarifario sigue ahí

Por partidas, se destaca que los peajes sufragados por los usuarios han bajado un 5% y las primas del régimen especial han crecido en un 30% con respecto a los cálculos previstos. Como buen regulador «independiente», la CNMC tacha el desfase de escasamente relevante y anticipa los cálculos una vez aplicados los ingresos fiscales de las nuevas figuras fiscales energéticas, para sofocar de forma balsámica el dato de la fría aritmética de la sexta liquidación.

En todo caso, esta evolución causa extrañeza y llena de perplejidad en la medida en que el Gobierno se había irrogado, con la batería de medidas normativas introducidas (la mal llamada «reforma eléctrica»), la evacuación del déficit tarifario. Más o menos, estos números vienen a refrendar el problema de ocultamiento en el armario del déficit tarifario y echar el pestillo.

Cuatro son los problemas clave de este renacimiento. El primero, que nunca se corrigió la mayor razón del mal (aunque sí se haya escamoteado bajo apariencia de complejidad), el problema de partida: el control de los precios eléctricos (la tarifa) por encima del total del coste del suministro. En ningún momento se ha tenido claro el objetivo de efectuar una separación de las partidas incluidas en los costes del suministro eléctrico no relacionados con él; al mismo tiempo, tampoco se ha perseguido el objetivo de efectuar una liberalización completa de los precios de la electricidad, tomando en serio el problema del endeudamiento en un suministro por decisiones políticas erróneas de costes y topes de precios.

El segundo, que el conjunto de las medidas introducidas sólo intentaban taponar en parte graves errores pasados de asignación retributiva de determinados costes regulados, sin tener como respaldo una mínima definición de política energética, sin atajar sus principales fuentes, sin previsiones de la futura entrada de nuevos costes regulados que estaban en marcha y sin centrarse en los focos más onerosos, sino buscando trasladar el mensaje político del daño indiscriminado.

El tercero es el retraso en las compensaciones por la recaudación fiscal de los nuevos impuestos energéticos y su aplicación al coste del suministro. La CNMC explica que, con su aplicación, este agujero se reducirá en 600 millones de euros.

Y, el cuarto obedece a la evolución de la demanda eléctrica (con todas sus expectativas y optimismos) que afecta especialmente a la capacidad de sufragar los costes regulados fijos incluidos en las tarifas de acceso.

Para rematar, ¡atención!, el déficit gasista también va por la misma senda de superación de previsiones del ejercicio (siempre adjetivadas con condescendencia). Además, hoy acabamos de conocer que el coste del almacenamiento gasista subterráneo del Castor será atendido por Enagás, lo que lo llevará a que se traslade íntegramente su fórmula de financiación a los costes regulados del sistema gasista.

Mientras tanto, el Gobierno, en paralelo, mantiene el discurso político, orientado a las demoscopias, de disminución de los precios energéticos bajo su égida, fruto de los mecanismos atrabiliarios que acabaron con las subastas e implantaron el nuevo sistema de facturación eléctrica. Es decir, sigue alimentando su politización. Con ese marco distorsionado, con ese «frame» político se define el mantra de la legislatura y del ministro de Industria. Crucemos los dedos.