El Defensor del Pueblo muestra su interés por la pobreza energética y por el peaje sobre el autoconsumo

En su informe anual de actividad correspondiente al ejercicio 2013, remitido al Congreso de los Diputados, la institución explicó que durante el año inició una actuación de oficio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ante la Secretaría de Estado de Energía para pedir información sobre el número de hogares que sufrieron cortes de luz en 2012.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reclamó además información acerca de las causas de los cortes de luz y las posibles medidas que se estudian para «frenar la situación de pobreza energética».

Un año antes, la institución ya se había dirigido al Ministerio de Industria para expresar su preocupación por los problemas de «falta de claridad» en las facturas eléctricas, tras comprobar, a través de las quejas recibidas, que las comercializadoras emiten facturas con información no homogénea.

En el informe, denunció además que «la subida de la factura de la luz y la caída del poder adquisitivo están aumentando de forma alarmante el impago de las facturas y las suspensiones del suministro eléctrico».

El Defensor del Pueblo señaló que los datos publicados cifran en 1,4 millones las viviendas que sufrieron cortes de luz por impago o demora en el pago en 2012. «Las familias que tienen graves dificultades para pagar el recibo de la luz constituyen un nuevo fenómeno conocido como ‘pobreza energética'», explicó.

Además, la institución señaló a las personas mayores de sesenta años, a las que se encuentran en situación de desempleo, a los perceptores de prestaciones sociales y a los de bajo nivel de renta como los grupos que pueden verse más afectados por esta forma de pobreza.

«Para paliar esta circunstancia, en otros países han acordado una tregua invernal para impedir que las compañías interrumpan el suministro en los meses de frío y exista durante ese tiempo un mínimo de cobertura de subsistencia a las personas en riesgo de exclusión social», recuerda.

El Defensor del Pueblo también actuó de oficio ante el peaje al autoconsumo de electricidad, por el que se grava no sólo la electricidad que el particular vierte a la red o la que recibe, sino también la que autogenera para su propio consumo.

La actuación de oficio se inició ante la Secretaría de Estado de Energía, al considerarse que «el establecimiento de este nuevo peaje sería contrario a los esfuerzos realizados para la contribución de los ciudadanos a reducir los costes eléctricos y a fomentar el uso de las energías renovables».

El nuevo peaje, afirmó, «penaliza a quienes invirtieron en un sistema de producción eléctrica para reducir gastos domésticos, además de resultar discriminatorio para las distintas tecnologías, ya que exime del pago del mismo a las instalaciones de cogeneración hasta el 31 de diciembre de 2019″.

El Defensor del Pueblo recordó que la opinión de la ya extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) «es también contraria a la aplicación del nuevo peaje de respaldo a los consumidores con autoconsumo», y destacó que las discrepancias generadas por «las fuertes multas que se contemplan por falta de inscripción de instalaciones en el nuevo registro de autoconsumo y, además, por contradecir las directivas europeas».

En su informe, la institución también describió las quejas recibidas especialmente por las empresas de renovables ante los perjuicios derivados del recorte retributivo recogido en el real decreto ley de julio del año pasado sobre la reforma energética.

Junto a esto, señaló que las medidas de los últimos años contra el déficit de tarifa provocaron un incrementos del precio de la electricidad, «con repercusión en los consumidores y en los productores de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en concreto en el sector energía fotovoltaica, que provocó la reducción de la retribución de la misma y, por tanto, la rentabilidad de las inversiones».

Junto a esto, explicó que se inició una actuación general ante la CNMC «debido a las numerosas quejas recibidas por prácticas fraudulentas de algunas empresas para conseguir que los consumidores cambien de compañía».