Los eólicos piden ante la CNMC que se retire el RD de renovables y la orden ministerial de parámetros

Ambas normas, que forman parte del paquete de la reforma energética y aún se encuentran en tramitación aunque tendrán vigor con efecto retroactivo desde el pasado 14 de julio, ponen «en jaque el futuro» del sector eólico en España, según señaló la AEE.

Con esta normativa, Industria decidió eliminar el sistema de primas y pasar a garantizar una «rentabilidad razonable», en el entorno del 7,5%, a las instalaciones de régimen especial basándose en una serie de parámetros ahora en tramitación.

La patronal subrayó que estos cambios normativos, de «importante calado», que se proponen no responden a la lógica económica, «sino a consideraciones políticas no justificadas», y que vulneran los principios de buena regulación establecidos en la Ley de Economía Sostenible: «necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia».

Además, consideró que el nuevo modelo retributivo supone «un grave ataque contra la seguridad jurídica, ya que tiene como resultado borrar los efectos producidos por la regulación anterior al afectar a todas las instalaciones en funcionamiento». Para la AEE, este efecto retroactivo es especialmente evidente en las instalaciones eólicas anteriores a 2005, el 37% del total, que con el nuevo sistema dejan de tener derecho a incentivos.

«La doctrina jurídica indica que las leyes retroactivas son ilegales a no ser que su aplicación beneficie al afectado, y éste no es el caso«, advirtió la AEE.

La asociación de eólicos, que calificó de «sinsentido regulatorio» abandonar un sistema de retribución en el que España fue pionera cuando la Unión Europea lo quiere adoptar, aseguró también que la nueva normativa pone en peligro el cumplimiento por parte de España del objetivo vinculante europeo establecido en la Directiva 2009/28/CE sobre el fomento de las energías renovables de cubrir un 20% de la demanda de energía final con fuentes energéticas renovables.

Así, dado que el sector no fue consultado en la elaboración de la reforma energética, que los datos utilizados no se corresponden con su realidad y que no se especifican las fuentes ni el modo en que se llegó a los estándares, la AEE solicitó que se haga pública la metodología de cálculo de los parámetros, «ya que estos no se corresponden con los datos del sector».

Las propuestas contienen elementos arbitrarios que parecen destinados a reducir la remuneración por debajo de lo considerado razonable, según señaló la patronal eólica.

A este respecto, argumentó que la utilización de las obligaciones del Estado a 10 años como referencia para el cálculo de la rentabilidad razonable «no es aceptable» y que se debería utilizar el coste medio ponderado del capital, referencia usada en todos los países miembros de la OCDE y en la anterior regulación española sobre energías renovables, y que el objetivo de rentabilidad razonable debe ser fijo y «no modificarse cada periodo regulatorio de 6 años para evitar inseguridad jurídica para los inversores».

También alegó que, a pesar de la enorme complejidad que supone desarrollar la nueva metodología, se simplifica en exceso la realidad del sector y consideró «inadmisible» el trato que se le da a la eólica.

La AEE advirtió también que la nueva normativa añade «el riesgo regulatorio» de la discrecionalidad excesiva, que permite a la Administración establecer valores como los de los precios del mercado sin definir ninguna metodología de cálculo explícita.

La asociación señaló que, antes de enviar estas alegaciones a la CNMC y dado que la propuesta de Orden Ministerial carece de Memoria Económica que cuantifique los impactos, solicitó tanto la paralización del trámite de audiencia como los documentos utilizados para la elaboración de los parámetros, sin recibir respuesta ni del Ministerio de Industria ni de Competencia.