El Consejo de la SEPI inicia los trámites para entrar en el capital de Enagás

El Consejo de Administración de la SEPI acordó iniciar los trámites necesarios para comprar hasta un cinco por ciento del capital de Enagás, empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas, comunicó el grupo público a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El órgano de gobierno de la SEPI ha delegado en su presidente, Enrique Martínez Robles, la fijación del calendario, el procedimiento y el método de compra más idóneos.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la entrada del grupo público en el capital de Enagás por el «interés general» de las actividades que desarrolla.

La Ley del Sector de Hidrocarburos, recientemente modificada, responsabiliza a Enagás de la gestión técnica de la red gasista y la convierte en garante de la continuidad y la seguridad del suministro.

Tanto el Gobierno como la propia Enagás han negado que la entrada de la SEPI en su capital sea la antesala de una fusión con Red Eléctrica de España (REE), el gestor técnico del sistema eléctrico, en el que el grupo público tiene una participación del 20 por ciento.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, dijo el pasado miércoles que la entrada de la SEPI en su accionariado «sólo» busca apoyar sus inversiones.

Los principales accionistas de Enagás son Gas Natural, BBK, Cajastur, Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Sagane (Caja Murcia, Caja Granada y Caja Castilla-La Mancha), cada uno con un cinco por ciento. No obstante, a diferencia de ellos, la SEPI no tendrá limitados sus derechos políticos.

Según la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, ningún accionista de Enagás puede poseer más del cinco por ciento del capital y sus derechos políticos están limitados al tres por ciento de forma genérica y al uno por ciento si operan en el sector gasista.

Sin embargo, la disposición adicional vigésima establece que «dichas limitaciones no serán aplicables a la participación directa o indirecta correspondiente al sector público empresarial».