El Congreso de los Diputados aprueba subir a 1.200 millones de euros la responsabilidad para los accidentes nucleares

Ambos puntos constituyen la columna vertebral del proyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares o Productos Materiales Radiactivos, aprobado por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio con competencia legislativa plena.

El objeto principal de este texto, que será remitido ahora al Senado, es regular la responsabilidad civil nuclear de conformidad con los Convenios Internacionales de París y Bruselas, suscritos por España.

Durante el debate, el portavoz del PP, Javier Gómez Darmendrail, defendió que se trata de una ley «muy necesaria» y explicó que la responsabilidad civil por daños nucleares se fundamenta en cuatro principios básicos: responsabilidad objetiva, exclusiva responsabilidad del explotador nuclear, limitación del importe de cobertura y limitación de la responsabilidad en el tiempo.

La futura ley establece que el periodo de reclamación será de 30 años para los daños a personas.

La portavoz IU-ICV, Nuria Buenaventura, manifestó su esperanza de que nunca se tenga que utilizar esta ley y reiteró su defensa de ir acabando con esta energía «no limpia y peligrosa» y optar por la energía renovable. Este grupo, que presentó en su día una enmienda a la totalidad, defendió que España debía pertenecer al grupo de países que como Alemania han optado por la responsabilidad civil ilimitada.

El portavoz de CIU, Jordi Jané, recordó que votó a favor de un texto que recoge lo que el Estado español ha afirmado ya a nivel internacional, con los Convenios de París y Bruselas –cuyos protocolos fueron ratificados por España en noviembre de 2005–, y destacó que la ley del año 64 regulaba los daños nucleares pero no englobaba los daños medioambientales de origen nuclear que ahora sí se recogen.

CIU mostró su «plena solidaridad» a todas las víctimas de Japón y ha añadido que su grupo nunca ha sido contrario a la energía nuclear pero que de igual forma también ha sido siempre favorable a no relajarse ni una ápice en la seguridad de las centrales españolas.

Finalmente, el portavoz del PSOE, Jesús Alique, destacó que esta ley parte del hecho básico de que en España existen centrales nucleares y el objetivo no es otro que ampliar la responsabilidad civil de los titulares de las centrales nucleares.

También subrayó que la ley no se queda solo en el cumplimiento de los citados convenios internacionales ya que extiende la responsabilidad por daños de materiales radiactivos a las sustancias que no son nucleares.

Los convenios de París y Bruselas estipulan una responsabilidad mínima de 700 millones de euros y dejan abierta la posibilidad de cada Estado a ampliarla hasta los 1.200 millones de euros, opción elegida por España al considerar que deben ser los titulares de las instalaciones quienes asuman la responsabilidad ante eventuales daños.

De este modo, el portavoz socialista enfatizó que se establece la máxima cobertura financiera que figura en los convenios suscritos y es de los más exigentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), frente a otros como Francia o Bélgica, donde la cifra exigible asciende a 700 millones de euros.

Según fuentes parlamentarias, este proyecto de ley, cuyo plazo de enmiendas se cerró a comienzos del pasado mes de diciembre, pretende fijar, según recoge el texto, «las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras críticas», entre las que se encuentran instalaciones como centrales nucleares, aeropuertos o estaciones de tren frente a ataques terroristas.

El texto, que deberá ser desarrollado en un reglamento posterior, establece cuál deberá ser la relación entre administraciones para proteger centrales nucleares y demás instalaciones estratégicas. Con este fin, la norma crea el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (Cnpic), que dependerá del Ministerio del Interior.

El futuro texto legal señala que «la seguridad de las infraestructuras críticas exige contemplar actuaciones que vayan más allá de la mera protección material contra posibles agresiones o ataques, razón por la cual resulta inevitable implicar a otros órganos de la Administración General del Estado, de las demás Administraciones Públicas, de otros organismos públicos y del sector privado».

El objetivo principal de la ley busca «regular la protección de las infraestructuras críticas contra ataques deliberados de todo tipo (tanto de carácter físico como cibernético)».

Asimismo, el proyecto legislativo se refiere a que los estados modernos se enfrentan a «nuevos riesgos, generados, en gran medida, por la globalización, y entre los que se cuentan el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o el crimen organizado», que «se suman a los ya existentes, de los cuales el terrorismo tradicional venía siendo un exponente».

Por lo que se refiere a la seguridad nuclear, aunque en el proyecto de ley no aparece una relación de las centrales nucleares, en el texto se alude a que la regulación de «infraestructuras críticas» tendrá en cuenta la normativa que afecta al Consejo de Seguridad Nuclear. Además, entre los organismos consultados para hacer esta ley estuvieron el propio Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria.