Como un relámpago

Anoche podíamos conocer la decisión del Ministro de Economía Pedro Solbes de aprobar la operación de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural en los términos que había propuesto la Comisión Nacional de Competencia, es decir, con el importante bajonazo final perpetrado en este organismo tras lo escrupuloso de los sucesivos cuestionarios seguidos a todas las empresas y entidades concernidas en la operación. Algo que podemos calificar de un examen detenido, meticuloso y… estéril, a la vista de los resultados. En el fondo, la CNC (y el Ministro de Economía) han participado en la configuración de un nuevo pseudomonopolio en el sector de aprovisionamiento gasista y en la configuración de conglomerados que obstaculizan la competencia en la comercialización de gas y electricidad.

Por tanto, el Ministro se ha apresurado a dar carpetazo y se ha pronunciado “tan pronto como fue posible” en sus propias palabras. Es decir, que parece que no le ha dado tiempo a leer el expediente con mucho detenimiento, en el que ha tenido que acarrear con lo que se le ha servido en bandeja desde un organismo, la CNC, cuya reforma reciente ha dirigido directamente Economía y cuyas consecuencias son francamente desalentadoras a la vista de la primera operación de empaque que aborda. Si el órgano garante de la competencia acaba creando nuevos monopolios es que algo va mal, muy mal.

Crónica regulatoria de un paseo

Si hacemos historia de esta operación en las respectivas instancias regulatorias de nuestro país, podemos ver, como primer paso, cómo la Comisión Nacional de Energía comenzó su “no trámite” de esta operación con el “sobreseimiento” discutible de la función 14. Un paso que al final obviaba analizar si la nueva empresa tendría capacidad (con el nivel de endeudamiento y apalancamiento resultante) para realizar las inversiones que exigen las actividades reguladas que realiza, a la vista de los precios pagados (algo que se ha pronunciado, si cabe más con el tiempo, dado el ‘crack’ bursátil de estos meses).

Posteriormente, en este camino silencioso, la Comisión Nacional de Energía realizó el análisis de la función 15 sin concretar condiciones sustanciales y con condiciones testimoniales, en algo que puede calificarse de escenario de “opereta”, que parece que es el que se ha situado como proscenio de toda la operación.

Y finalmente, el reciente, ya conocido y comentado ‘número’ de la Comisión Nacional de Competencia de interpelar, casi en tercer grado, a los concernidos, tener a su disposición informes serios y relevantes sobre las consecuencias de la operación y, finalmente, menudearlos. Todo ello, con una “negociación” (por llamarlo así, porque así se hace en la Unión Europea en operaciones de este tipo en que las autoridades de competencia negocian las condiciones de la operación, pero allí realmente negocian, no esto) consistente en multiplicar los dos puntos siguientes, que la empresa adquirente proponía: desinversión en ciclos combinados y puntos de distribución, todo centrado en el mercado eléctrico y barra libre para el monopolio en el mercado de aprovisionamiento de gas y en la concentración en las redes de distribución de gas y electricidad con poca atención a territorios geográficos. O esa, condición imposible que desafía los criterios de la lógica humana: que la filial de gas Unión Fenosa Gas se comporte como si no lo fuera (¿?), completamente aislada e independiente del grupo empresarial. Se trata de la primera condición esotérica de la regulación española y así habrá que respetarla. Los voluntarismos son así.

Resultado: la empresa adquirente está satisfecha con las condiciones y todo a la primera. Es un indicador. Ya se han anunciado recursos por parte de ENI y es posible que también dentro de las más de 20 empresas y asociaciones que han sido llamadas a consultas. Son males menores en un momento en que nos acostumbramos a que haya litigios por desgracias en el funcionamiento del sector institucional. Misión cumplida.

Todas ellas, cuestiones que algún día alguien (o todos) tendrá que explicar a esa masa ingente de señores y señoras que votan y que se denomina la “ciudadanía”. Por ejemplo, cuando suba el precio del gas, o de la electricidad en el mercado mayorista por la integración vertical de gas y electricidad. Y vendrá entonces el crujir de dientes, el arrastrar de cadenas, el pensar en nuevas medidas intervencionistas para ver cómo se “bajan los precios”, como si todos fuesen ajenos a las decisiones del pasado y mirasen para otro lado.

Por tanto, estamos ante una operación silente, callada, subrepticia, que ha pasado y va a cambiar la fisonomía del sector gasista español en una vuelta atrás, sin que las autoridades hayan hecho nada por evitarlo. Falta cultura económica y, probablemente, el entretenimiento que se sitúa entre el espionaje y las cacerías y el espectáculo político han ayudado a que todo pase completamente inadvertido y con aquiescencia de los partidos políticos.

Lo que sí es evidente, es que nuestra maquinaria administrativa obedece a buenos principios latinos: cuando se quiere obstaculizar una operación, todo esfuerzo desde los tentáculos políticos y mediáticos se alinea, con decisiones “arbitrarias” y poco meditadas (en su momento y con los mismos protagonistas se echaron por tierra intentos de integración empresarial por motivos políticos, como todo el mundo sabe). Y, cuando se quiere facilitar, también se convierte en una operación silente y opaca para los ciudadanos en virtud de los intereses (legítimos, eso sí, pero cuestionables) de los interesados. Aunque las consecuencias sean diferentes, la fuerza matriz es la misma.

En realidad, y en todo caso, lo que ha caído aquí, nuevamente, es la credibilidad institucional, la calidad de nuestra organización social y económica, en el desdoro de una operación en la que una vez más no se han guardado ni las formas.