Catorce partidos políticos firman el compromiso para derogar la ley eléctrica cuando el PP no gobierne

Así, PSOE, Izquierda Unida, ICV, Chunta Aragonesista (CHA), UPyD, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias (NC), Compromís, Equo, Ciutatans (C’s), Geroa Bai y Amaiur firmaron el documento en el que se comprometieron a derogar o reformar «profundamente» las normas sobre regulación del sector eléctrico.

Pero, además, también garantizaron que en caso de un cambio de fuerzas políticas en el Congreso restaurarán la seguridad jurídica, promoverán una auditoría de los costes del sector eléctrico desde 1997 hasta nuestros días, aprobarán un nuevo Plan Estratégico de Energía, derogarán todas las «trabas» para el ahorro y la eficiencia energética (particularmente al autoconsumo) y procurarán un nuevo modelo «competitivo, eficiente, sostenible, rentable, responsable, justo y solidario».

Uno de los coordinadores de la Plataforma, José Vicente Barcia, señaló que éste es un «día aciago» por la aprobación de una Ley que da «otro varapalo» a la ciudadanía, e instó a la sociedad civil a demostrar su «claro y rotundo rechazo» a que el sector energético siga en manos de «un oligopolio».

Su compañera Cote Romero defendió que existe una alternativa al actual modelo «sucio, peligroso y caro», que pasa por una política de ahorro y eficiencia, el uso de fuentes de energía renovables y la posibilidad de que los ciudadanos sean «titulares» de la energía.

Además, afirmó que la «demoledora» ley aprobada este jueves es resultado de las «presiones» de las grandes eléctricas al Gobierno para «mantener su status quo» y, por tanto, «prueba evidente de la connivencia entre el poder político y el económico».

Junto a los responsables de la Plataforma comparecieron también miembros de los diferentes colectivos en ella integrada. En nombre de los consumidores, Ana Ceballos instó a los españoles a «usar la única arma» de la que disponen, como es el cambio de comercializadora eléctrica. «No pagaremos menos, pero haremos que Unesa nos escuche», dijo.

En la misma línea, José Luis Ortega, de la Campaña «Bájate la potencia«, recomendó a los ciudadanos bajar su potencia contratada como medio de protesta contra una ley que «sólo sirve a los intereses de las grandes eléctricas y va contra la hoja de ruta de descarbonización que marca la Unión Europea».

Paco Segura, del movimiento ecologista, reclamó una reforma «importante pero en el sentido contrario» a la de esta ley, que apueste por energías limpias y que se produzca «cerca de donde se consume» de modo que «no haya grandes centrales controladas por pocas empresas» y se combata el cambio climático.

Carlos Martínez, de CC.OO., expresó su preocupación por las consecuencias que la subida de precios tendrá para el empleo, ya que consideró que conllevará un «mayor empobrecimiento» para familias y una merma de competitividad empresarial.

De hecho, también las asociaciones empresariales del sector rechazaron «completamente» la reforma por boca de Pedro Valencia, quien avisó de que los cambios sobre las renovables «destruirán un tejido productivo y unos empleos cualificados que se escaparán a otros países».

Finalmente, Rafael Barrera, en representación de las 55.000 familias que invirtieron en pequeñas instalaciones de producción fotovoltaica, avisó de que a partir de ahora se producirá una «sucesión interminable de quiebras» entre quienes «invirtieron sus ahorros atendiendo a un llamamiento del Estado» y que ahora tendrán una rentabilidad «ridícula».

Desde el ámbito político, el socialista, Hugo Morán, criticó que mientras en Europa se está haciendo una «transición energética hacia un nuevo modelo del siglo XXI», en España se «arroja a la papelera» la capacidad tecnológica desarrollada en los últimos años y se «impone desde una mayoría parlamentaria mal entendida una ley que está fracasando incluso antes de publicarse en el BOE».

Ricardo Sixto aseguró que IU está «con los consumidores, los pequeños productores y las energías alternativas» y «frente al gran capital, los especuladores y las grandes empresas» que «impondrán otro incremento del recibo de la luz». En la misma línea, Laia Ortiz (ICV) estimó que este proyecto es una «estafa eléctrica» que ha sido «escrita por los lobbies eléctricos» que durante los últimos años han «generado un aumento de las tarifas que ponen barreras al acceso a un derecho fundamental» como es la luz.

Chesús Yuste (CHA) se preguntó qué han hecho los ciudadanos para «ser castigados» por este Gobierno «mentiroso, ineficaz, incapaz y que trabaja al servicio de las grandes corporaciones» y que «cada decisión que toma va en contra de las personas». Para Teresa Jordà (ERC), esta ley es «demoledora» por lo que la sociedad y la clase política deben «luchar para que se derogue cuanto antes», mientras que para Rosana Pérez (BNG), supone «culpabilizar» a las renovables del déficit de tarifa y «castigar» de forma «insoportable» a familias, empresas y territorios que, como Galicia, sufren la existencia de instalaciones eléctricas sin gozar de ningún beneficio.

El nacionalista canario Pedro Quevedo puso el acento sobre la situación particular de los territorios insulares que, pese a ser un «paraíso de sol y viento», sufren la amenaza de las energías contaminantes a favor de las cuales trabaja el Gobierno. «¿Cuál será la razón de arruinar a las renovables? Es la respuesta que queda en el aire», señaló.

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) afirmó que la ley es «un atraco escrito en las oficinas de Unesa» y reafirmó su compromiso con su derogación en cuanto sea posible. «Esperamos que todos los que han firmado aquí lo cumplan en el futuro», añadió. Juan López de Uralde, de Equo, también asistió a este acto, e ironizó dando la «enhorabuena» al ministro Soria por haber sido capaz de unir a tantos partidos entorno a este compromiso de derogación.

Finalmente, Antonio Espinosa (C’s) consideró que esta reforma y sus predecesoras son las culpables de que España tenga uno de los costes eléctricos más altos de Europa y un déficit tarifario «sin parangón» y ha reclamado una auditoría de costes y un cambio en la «opacidad» del sistema de precios. Por último, Xabier Mikel Errekondo (Amaiur) acusó a estas leyes de «electrocutar» a los ciudadanos y las empresas y «perpetuar» la dependencia energética de España para favorecer a «los magnates y gángsters» de las eléctricas.