El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Economía Sostenible (un mes más tarde casi de su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados), que, como anunciábamos, revisa y actualiza el funcionamiento de los órganos reguladores. Y, entre otras cuestiones, incorpora el cese automático del presidente y de los consejeros. Algo que afecta a los órganos sectoriales encargados de la regulación energética en España, Comisión Nacional de Energía y Comisión Nacional de la Competencia. En particular, tiene mucha más incidencia inmediata en el primero, dado que en la actualidad la mitad de su Consejo tiene su mandato vencido y el resto expira en torno a la primera semana de junio.

Así, el artículo16 establece que el Presidente y los Consejeros cesarán en su cargo por renuncia, por expiración del término de su mandato, por incompatibilidad sobrevenida, por haber sido condenado por delito doloso, por incapacidad permanente o mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés y del deber de reserva.

Hay que recordar que, en su momento, la Ley de Hidrocarburos, por la que se crea la Comisión Nacional de Energía (y se transformaba la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico), establecía la prolongación del mandato de los integrantes de estos órganos reguladores o en La Ley del Sector Eléctrico, desde que se producía el cese hasta que el Gobierno nombrase nuevos consejeros. Dicha situación, por tanto, cambia con esta Ley, haciendo imposible que vuelva a producirse esa interinidad.

Con esta formulación sin solución de continuidad, el Gobierno se autoimpone, de ahora en adelante, la disciplina de tener preparado el proceso de renovación de las vocalías vencidas de una forma más diligente, para evitar la situación en la que habían quedado los distintos órganos reguladores deslegitimados y en estado de interinidad permanente, ya desde hace dos años.

Por otra parte, estos órganos «rompen amarras» con el Ejecutivo. Sus decisiones ahora serán recurribles directamente ante la Administración de Justicia y desaparece cualquier atisbo de que en su Consejo se hubiera creado una reserva de puesto (con voz o con voz y voto) para el responsable correspondiente de la Administración, una vieja aspiración desde los tiempos del ministro Piqué. De hecho, ni siquiera podrán estar presentes en las deliberaciones de su Consejo.

Por tanto, parece que nos disponemos, como en «El Largo Día Acaba« (excelente película de Terence Davies sobre el fin de la niñez), a varios finales: la publicación de la Ley, inexplicablemente demorada; la sustitución de los miembros del Consejo de Administración de la CNE con mandato vencido, la imposibilidad de que una situación tan kafkiana se vuelva a producir y, por tanto, la terminación del mandato del actual Consejo en su debido momento.

Hoy pasa por el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para el sector eléctrico, que incluía la elevación del techo del déficit tarifario, además de otra serie de medidas: creación de una tasa a las instalaciones de generación por el uso de la red de distribución, ampliación del bono social a cargo de las empresas eléctricas y la modificación de determinados parámetros para las liquidaciones de las instalaciones fotovoltaicas (límite de horas con liquidación de prima y ampliación de los años de vida útil de las instalaciones).

El Partido Popular ha anunciado ya su intención de no apoyar el Real Decreto Ley, aunque no ha desvelado si se pronunciará finalmente por la abstención o por el voto negativo. Por su parte, el PNV parece que apoyará la norma y CiU estaba también valorando su posición a favor de la misma. El hecho es que parece más razonable que finalmente el Partido Popular se incline por la abstención, dado que la cuestión del déficit, si se posterga, tendría que ser abordada con estilete, una vez se produzca la entrada en el Gobierno del actual principal partido de la oposición. Ésa seguramente debe ser su visión de conjunto a la hora de fijar su posición.

Como ya hemos recogido en Energía Diario, se trata de un Real Decreto Ley elaborado en la buena dirección, aunque es insuficiente si no contempla la política tarifaria, y ahí es donde la cuadratura del círculo es un ejercicio imposible: no subida de tarifas, crecimiento de costes regulados y evolución del precio de la energía conforme a la oferta y la demanda. La clave, como siempre, es el futuro, y ahí es donde hay que trabajar en un mix sostenible económica y medioambientalmente, garantizando el funcionamiento del mercado eléctrico y los procesos económicos y de inversión con una visión global de economía española: la visión de conjunto.

Por su parte, y sobre la última cuestión que entra en el debate de hoy, las asociaciones fotovoltaicas han redoblado en los últimos días una campaña en defensa de las rentas de estas explotaciones, en las que se ha producido un notable incremento de la rentabilidad derivado de las repotenciaciones autorizadas en el seno de las Comunidades Autónomas, por un lado, y con la superación de los límites de horas retribuidas con prima contemplados en los estudios iniciales. Se trata de un modelo de capitalismo popular distribuido. Desde la campaña de publicidad contra el Ministro acusándole de esperar un puesto tras su salida del cargo, pasando por el enfrentamiento con las eléctricas clásicas, al engrosamiento de los ‘damnificados’ derivados de la norma o la amenaza de torpedear judicialmente todas las liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía, inundando las instancias judiciales de recursos, configuran un modelo virulento de revuelta de rentas y de agitación sin precedentes, salvo los del Forum y Affinsa. El hecho es que dadas las dudas sobre la retroactividad y sus efectos, el proceso judicial contra el Real Decreto Ley (una ley de facto) se torna difícil y de ahí una ofensiva tan desbordada.

Hay que recordar que el concepto de prima es un sinónimo de subvención y en este estado se había convertido en un modelo creciente, una hipoteca dentro de la factura eléctrica. Esta característica se obvía en todos los debates y se yuxtapone a otras cuestiones. De hecho, sólo un dato: si a los ciudadanos, con una subida insuficiente de los precios de la electricidad, se les factura su suministro en el entorno de los 60 euros / MWh, a las instalaciones fotovoltaicas se les retribuye hoy en el entorno de los 270 euros / MWh. ¿Dónde está el principal problema de limitar esta subvención, llevada al límite en los estudios de financiación en las operaciones de venta de las mismas? Una pérdida en un grado maximalista de seguridad jurídica afectaría, fundamentalmente, por el fuerte apalancamiento de las explotaciones fotovoltaicas, la financiación exterior y por la distribución de la ‘plusvalía’ de los proyectos en un modelo que casi ha sido semejante al de la promoción inmobiliaria, incluyendo sus hipotecas, lo que señala en segunda derivada como mayores damnificadas a las entidades financiadoras más que a los titulares de las mismas, que tendrán que contemplar procesos de refinanciación y ajustes en sus balances por las diferencias que se produzcan de esa minoración retributiva derivada del cambio de parámetros en este modelo rentista.

En todo caso, hay un sudoku difícil de resolver y en el que hay implicados muchos intereses y administraciones públicas con sus redes asociadas. Por una parte, aparece la pretensión imposible de mantener rentabilidades garantizadas por el Estado durante 25 años, acrecentadas y fijas, contra viento y marea, en estado de crisis o de auge, con caída de la demanda o con crecimiento de la misma y con oferta de potencia excedentaria o no, en un mercado de generación con precios de la electricidad bajos. Y, todo ello, con una factura eléctrica insuficiente para cubrir los costes de suministro incluyendo estas generosas subvenciones que las administraciones gestionaron con alegría. Por tanto, el problema de fondo en el caso de la energía solar fotovoltaica es el mismo que en todo lo que se convalida hoy: el conjunto. Su inclusión en el sistema eléctrico y en el modelo tarifario, con plena consciencia de los costes ya que por su volumen, no es un apéndice del suministro eléctrico del país, y de sus pagadores, los consumidores.

El problema, por tanto, sigue siendo la visión de conjunto, del mercado, el suministro eléctrico y su factura global. Eso es lo que, sólo en parte, también se convalida hoy.

Probablemente a todo el mundo le ha asaltado la duda de qué tiene que ver el proceso de negociación del Gobierno con los agentes sociales y la reapertura de la decisión del cierre de Garoña. Cándido Méndez, particularmente ocurrente, ha dicho en los medios de comunicación que «el Gobierno ha querido cambiar pensiones por neutrones». El Gobierno, por su parte, ahora niega que alguna vez haya habido esa pretensión de intercambio.

Por otra parte, los medios de comunicación han desvelado que en la propuesta de pacto social del Gobierno enviada a los agentes sociales no figuraba ni la propuesta de ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, ni tampoco el caso concreto de Garoña se había incluido en lo que se llama el negro sobre blanco.

Parece, por un lado, razonable, al menos lógico, que en los documentos iniciales (filtrados ayer por «El País«) una cuestión así no estuviera incluida, como también parece lógico que en la dinámica de este proceso de búsqueda de acuerdo se haya ido ampliando progresivamente el ámbito de los temas que se incluyen en el proceso negociador, sobre todo en la medida que las renuncias de las partes parecen ser de más amplio espectro. Y, sobre todo, porque cada vez más, los pactos en negociación aspiran a una reedición de los Pactos de la Moncloa. El hecho es que nadie ha dicho si, con posterioridad al documento inicial, en las conversaciones del proceso de negociación se ha tratado la cuestión nuclear, aunque no hubiera papeles por medio o por dónde había surgido o filtrado esta información (es decir, si tenía intereses dinamitadores).

También tiene todo el sentido el replanteamiento de la cuestión nuclear desde el punto de vista del mix energético, de la industria y el empleo. Un país como el nuestro, que quiere contar con energía limpia, barata y segura, se tiene que replantear el papel de la energía nuclear con menos prejuicios antinucleares, como también se está replanteando en el resto del mundo. En términos de competitividad, lo que se juega es la deslocalización industrial y en términos de tarifas para los ciudadanos.

De hecho, y ya en el caso del eventual cierre de Garoña (y aquellos lugares que han tenido cierres de centrales nucleares lo saben), el empleo directo finalmente no se recupera y los planes de reindustrialización son retórica para tiempos de control de déficit público. Por tanto es una «boutade». Algo que tampoco es soportable sindicalmente. Los adalides del cierre de Garoña, señalan en sus crónicas la cuestión nuclear como «único aspecto en que no ha habido hasta ahora rectificación en la política del Gobierno hasta la fecha» y se uncen al argumentario utilizado en su momento: se trata de un «pequeño impacto» en el mix energético español. Garoña, una de las centrales de Europa más eficientes, vuelve a pender de un hilo.

No obstante, en toda la ceremonia, el Gobierno se ha comportado colocando una vela a Dios y otra al diablo, como si la coordinación y Rubalcaba no existieran. Ateniéndonos a la cronología de las declaraciones oficiales, por un lado, ha dicho que habría que replantearse el período de vida de las centrales nucleares. Luego, por otro, que eso sí, pero que no estaría incluida la reconsideración de la decisión de cierre de Garoña (tan estrambótica y atrabiliaria en su momento, por cierto) y finalmente, con visibles rictus de nerviosismo, ha efectuado el acto de esconder la mano, de forma que se desdice de la filtración-boomerán y afirma que nunca ha estado presente tal cuestión. En medio de todo esto, entra en el proceso de negociación del pacto social, Jesús Caldera, presidente de la Fundación Ideas, uno de los «think tank» con una postura más notoria en el ámbito de la energía (en el sentido de ser contrarios a la prolongación de la vida de las centrales nucleares). Lo que parece evidente es que toda esa descoordinación y la sucesión de filtraciones han servido para aumentar la caja de resonancia antinuclear nuevamente desatando sus demonios familiares y sus contradicciones.

Consecuentemente, varias cosas han quedado claras: la energía nuclear es necesaria para nuestro país, para garantizar un mix energético diversificado, tener respaldo para las energías renovables y para conseguir un suministro limpio, fiable, económicamente eficiente y seguro. La cuestión sobre el cierre de Garoña se ha reabierto se quiera o no. No es entendible que una central que cumple con todos los requisitos técnicos y garantías de seguridad según todos los informes oficiales se cierre por motivos ideológicos. No nos lo podemos permitir social y económicamente, más que nada por la señal que se envía a la sociedad y los mercados. Y todo ello se debe abordar ya sea en la negociación con los agentes sociales, en un pacto político entre partidos, en la Ley de Economía Sostenible o en su ámbito natural, que es la política energética incorporada en la Planificación.

La fórmula del intercambio tal y como se ha expuesto de forma simplificada ha sido burda, torpe y desafortunada, pero el tema, se quiera o no, se ha reabierto.