Parar la sangría

/0 Comentarios/en /por

El gobierno aplica esta medida con el fin de empezar a atajar el galopante déficit de tarifa en la medida que las primas forman parte de los denominados costes regulados que se incluyen en el montante global del coste del suministro eléctrico. En todo caso, parece muy razonable que el déficit de tarifa se estudie desde una perspectiva de integración de todos los componentes que participan del suministro eléctrico. De facto, la medida supone dejar sin efecto el Plan de Energías Renovables aprobado por el anterior Ejecutivo y revisar el calendario de cumplimiento que estaba construido de forma lineal. Queda también por revisar la composición del mismo según tecnologías y primas aplicables, de forma que se consiga la máxima potencia renovable con los menores recursos, dado que la composición por tecnologías era muy onerosa para la tarifa, es decir, para el recibo que pagan finalmente los ciudadanos.

Por otra parte, la caída de la demanda, junto con el exceso de capacidad del parque de generación español dan margen al Ejecutivo para cumplir los objetivos de producción renovable comprometidos con la Unión Europea (superados en el PER), algo que parece que se agudiza si cabe con las nuevas previsiones de recaída y recesión de la economía española. Como inconveniente, la medida empezará a tener efectos a medio plazo frenándose el ritmo de entrada de nueva producción subvencionada y no se produce una rebaja de los costes regulados actuales. De hecho, los costes que están «esperando entrar en el recibo» son enormes dado el volumen de proyectos preasignados pendientes de entrar en operación. La medida, por tanto, puede ser insuficiente.

Esta decisión tiene una controversia entre quienes defienden un sistema de subvenciones e incentivos a ritmo galopante, aunque se incida en aumentar el exceso de capacidad instalada y la realización de inversiones ineficientes desde el punto de vista global de la consideración del sistema eléctrico y del coste del suministro. Para ello, ideológicamente, los sectores más radicales planteaban más costes regulados sobre la base de la expropiación de tecnologías y la ruptura del mercado de generación. Por su parte, más cautas, las asociaciones sectoriales renovables han centrado sus críticas en los efectos sobre el empleo. Las empresas eléctricas la han valorado bien, en la medida que el déficit de tarifa es financiado por las propias empresas hasta su titulización y por las dificultades que se aprecian para la adecuación de los precios de kilowatio a la realidad de los costes.

Semanas atrás ya había insistentes rumores que incorporaban el término «moratoria» en el lenguaje del sector renovable dentro de los planes del Ejecutivo. Faltaba por reconocer cuál iba a ser el formato final de la misma, sobre todo porque el término se acuñó en su momento con la moratoria nuclear que consistió en achatarrar las instalaciones que el gobierno ordenó construir en los años 80 por errores de cálculo en la demanda y hubo que abordar la compensación a las empresas titulares de las inversiones realizadas y abortadas en su momento. Una versión así hubiera sido mucho más invasiva, además de tener connotaciones negativas desde el punto de vista de la seguridad jurídica o haber sido necesario incurrir en indemnizaciones.

Con esta medida, el Gobierno tapona una herida que producía una sangría en los costes regulados que no tenía fin y, lo que es peor, que tampoco tenía mucho sentido. Era urgente y requería un Real Decreto Ley. Ahora, a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos.

Rusia estrecha el cerco sobre los gasoductos ucranianos

/0 Comentarios/en , /por

En la actualidad, el 80 % del gas que compra la Unión Europea (UE) a Rusia (el 25 % de todo lo que consume) llega a través de territorio ucraniano.

Con la puesta en marcha del segundo ramal del gasoducto Nord Stream (el primer funciona desde noviembre), Rusia abastecerá el norte de Europa con 55.000 millones de metros cúbicos de gas sin pasar por Ucrania.

A su vez, el South Stream, ideado para unir Rusia con el sur de Europa obviando también Ucrania, podrá bombear hasta 63.000 millones de metros cúbicos.

Con ambas infraestructuras, Rusia podrá transportar a Europa un volumen de gas equivalente al que exporta a través de los gasoductos ucranianos.

Por otro lado, la puesta en marcha de las dos «corrientes», la Norte y la Sur, reducirá considerablemente el valor estratégico pero también monetario de los gasoductos ucranianos, indispensables en la actualidad para el tránsito del gas ruso.

Aunque el Kremlin insiste en que el sistema de transporte ucraniano es insuficiente para la creciente demanda europea, no es menos cierto que otro de sus fines es privar a Ucrania del papel estratégico que desempeña como país de tránsito.

De hecho, si Ucrania deja de ser una pieza clave en las transacciones de gas entre Moscú y los Veintisiete, el precio que ahora paga Kiev por el gas ruso, considerado aún así desorbitado por las autoridades ucranianas, podría elevarse aún más.

Con el South Stream lanzado tras la decisión de Turquía, Moscú cuenta con aún más elementos a su favor para obligar a Ucrania a vender sus gasoductos a Rusia, una viejo anhelo del monopolio estatal de gas ruso Gazprom.

Así se lo han hecho saber una y otra vez a los ucranianos tanto las autoridades rusas como los directivos de Gazprom, a la hora de responder a la exigencia de Kiev para renegociar los precios que paga Ucrania por el gas ruso.

Aunque Rusia señala que uno de sus objetivos es evitar Ucrania como territorio de tránsito para curarse en salud en caso de que estalle una nueva guerra del gas entre Moscú y Kiev como en 2006 y 2009, con el consiguiente corte de los suministros a Europa, otro es estrechar el cerco sobre los gasoductos ucranianos.

Minutos después de conocerse la autorización de Turquía, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, reiteró que la capacidad del nuevo gasoducto dependerá de la disponibilidad de Ucrania para negociar con Rusia: dicho de otra forma, según los analistas, la disposición de Kiev a renunciar a sus propios activos.

Tras la decisión de Turquía, «South Stream está aún más atado a Ucrania», dijo Miller, en unas declaraciones que sólo pueden tener una interpretación si se tiene en cuenta que el gasoducto no pasará por territorio ucraniano: Rusia ajusta la soga sobre el cuello de Kiev para obligarle a vender.

Ucrania, mientras tanto, se ve a sí misma como una pobre e inofensiva doncella atrapada entre dos gigantes, porque mientras Rusia la calienta con su gas a precios astronómicos, Bruselas, su novia más deseada, la presiona para que modernice sus gasoductos pero sin que se le ocurra siquiera su venta a Gazprom.

Europa tiene sus propios intereses, en los que no encaja que el tránsito por Ucrania acabe en manos de los rusos, porque lo que quieren los Veintisiete es reducir su dependencia energética de Rusia.

Ucrania tiene cada vez con menos margen para maniobrar, un poco más alejada de Europa, que aunque engatusa a Kiev con un acuerdo de libre comercio le niega la perspectiva de la plena integración, y un poco más cerca de Rusia, que tiene en sus manos la llave para aliviar la maltrecha economía ucraniana si baja el precio del gas.

La energía se habitúa al déficit tarifario

/0 Comentarios/en , /por

En los últimos días se está recrudeciendo el debate alrededor del problema del déficit tarifario. El déficit tarifario es un problema consistente en que la tarifa, los precios de la energía son insuficientes para pagar el coste de su suministro. La cantidad que va engrosando ese déficit de tarifa es una deuda que tienen los consumidores con las empresas, con el auspicio legal de una decisión política. La idea que subyace es, en esencia, la naturaleza política de los precios de la energía y, por tanto, la justificación de la intervención pública para decidir costes, inversiones y precios, con escaso respeto por la economía, el funcionamiento de los mercados y las consecuencias económicas de las mismas.

Ese déficit puede tener muchas formas. La primera es ir constituyendo una deuda acumulativa cuya financiación es preciso abordar por la vía de titulización o por otras alternativas. La segunda es elevar las tarifas o los precios para adecuarlos a la realidad. A partir de ahí, las soluciones son más “creativas” y forman parte del esoterismo político, aunque tengan consecuencias innegables sobre la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la inversión o los mercados financieros: proponer “quitas”, “canjes”, etc…

El origen de dicho problema es diferente según de lo que hablemos. En el caso de la energía eléctrica, este déficit se ha ido formando en cada momento por cuestiones diferentes. Teniendo en cuenta que hay dos componentes en el coste del suministro (precio de la energía más costes regulados), hace años la evolución del precio de la electricidad en los mercados de generación era la que provocaba la insuficiencia tarifaria. Actualmente, la escalada de los costes regulados (transporte, distribución, primas a renovables y financiación del déficit), son las partidas que hacen insuficiente la tarifa. En el caso de la electricidad, se ha desatado una guerra importante que está transparentando las partidas más incontroladas de la tarifa eléctrica, como se puede seguir en Energía Diario.

En el caso del butano, también existe un déficit tarifario, en la medida que los precios que se cobran por la bombona no son suficientes para cubrir el aumento de los costes de producción y los costes de distribución. Es decir, los precios son insuficientes para cubrir los costes del suministro lo que, unido a la caída de la demanda y la dispersión en el consumo, aboca a una grave crisis en los distribuidores y el sector en general, que puede cuestionar su viabilidad. El precio del butano es un precio político, de enorme sensibilidad para las autoridades políticas que ven, en el corto plazo, el coste político del enfado de los consumidores.

El último sector en entrar en déficit tarifario es el gas. Y lo ha hecho al final del presente año, coincidiendo con la recaída en recesión de la economía española. Las noticias que conocemos respecto de la evolución de los precios del gas y de sus tarifas nos llevan a que con la caída de demanda y el crecimiento de las inversiones en red de transporte y almacenamiento nos encontremos que cada vez menos consumo debe financiar más infraestructuras (con un programa de infraestructuras de transporte y almacenamiento incoherente con la caída de demanda y las necesidades asociadas).

Esencialmente, el gas es muy semejante al sector eléctrico (coste de la materia prima/energía más costes regulados), pero al mismo tiempo, existen elementos simplificadores que permiten una estilización en el análisis de este déficit tarifario. ¿Cómo es posible entonces que se produzca este déficit? El gas no tiene renovables, no tiene primas. No tiene tecnologías de generación con costes diferentes y, por tanto, no tiene retroprogresivos que pidan la expropiación de las rentas por tecnología en lugar de precios medios, como solución ‘oportunista’ a este déficit. Además, los precios del gas como materia prima tienen una tendencia bajista en los mercados internacionales. Y, al mismo tiempo, tiene un programa de inversiones en infraestructuras que también va haciendo crecientes los costes regulados, es decir, los derivados de decisiones político-administrativas. El resultado es la existencia de déficit de tarifa en el sector gasista, ocasionado por los costes regulados. Este año 2011, el déficit ya aparece déficit, pero la tendencia a la insuficiencia tarifaria está echada y se va a acentuar.

Y, en este caso, hay que advertir sobre la paradoja de la inversión, en una sociedad que ha sacralizado las infraestructuras en una función de generación de demanda y empleo keynesianos. Pero no de cobertura de necesidades de dichas inversiones y de los efectos de las mismas en los sectores energéticos. Ya en su momento, los responsables de los TSO gasistas y eléctricos, Luis Atienza y Antoni Llardén, iban a salvar a España de la crisis, gracias a un intenso programa de inversiones en infraestructuras energéticas. Lo dijeron en público en la escuela de negocios IESE. Ahora hay que pagarlas (pagárselas), subir las tarifas o financiar la factura energética.

Ya hay déficit en la electricidad, en el gas y en el butano. En los años 70 nuestro país no quiso afrontar el impacto de la crisis energética del 73 por motivos políticos (los estertores del régimen franquista). España no ha aprendido en 40 años a comprender de forma ortodoxa la economía de la energía, manteniendo la naturaleza política e ideológica de los precios de la electricidad, el gas y el butano. No ha sabido salir de esa trampa. Además se han ido acumulando decisiones en torno a la misma de aprendiz de brujo: renovables, alegres inversiones en infraestructuras, protección de determinadas tecnologías con fuerte impacto en la factura, intervenciones en los mercados, intervenciones en los precios, sugerencias ideológicas retroprogresivas… Todo menos una política gestora eficiente y realista.

Los pajaritos contra las escopetas

/16 Comentarios/en , /por

El pasado día 15 de diciembre, en la sección de Opinión-Análisis/El Contador, se publicó un extenso comentario titulado «La guerra termosolar» en el que, al margen de datos erróneos u otras consideraciones de fondo contrarias por principio a la energía termosolar y en las que nunca podremos coincidir habida cuenta su posición editorial (como muestra, por ejemplo, el uso de expresiones peyorativas del tipo «retroprogresistas»), se falta objetivamente a la verdad al presentar la industria termosolar como iniciadora de una guerra contra el resto del sector eléctrico, cuando ha sido justamente al revés, como demostraremos por la simple enumeración cronológica de los hechos acaecidos. Por cierto, ¿cómo habría que llamar a los que tratan de evitar el progresivo e imparable proceso de sustitución de energías fósiles y nucleares por renovables?

Dicen en «Energía Diario» textualmente: «Anunciábamos a principios de noviembre que la industria termosolar había iniciado una guerra cuyos comienzos estribaban en la aprobación del Plan de Energías Renovables…». Y añaden que las críticas que Unesa hizo al PER suscitaron una fuerte reacción desde la industria termosolar, en general, y de la empresa Abengoa en particular, «que enseguida utilizó el teléfono de aludidos» y cuyo presidente dedicó una tribuna completa, de la serie que el diario «El País» había propuesto a varios representantes empresariales sobre ideas económicas para el nuevo Gobierno, para reclamar la importancia del sector termosolar y su papel en la salida de la crisis. «Estos -continúa Energía Diario- fueron el primer y segundo escarceo de esta guerra».

Se olvida «Energía Diario» que el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 fue aprobado el día 11 de noviembre, mientras que los ataques contra el sector termosolar fueron iniciados desde mucho tiempo antes por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, hasta el punto de que Protermosolar se vio obligada a expulsar de su seno a esta empresa, que formaba parte de su Junta Directiva, el 28 de octubre en su reunión en Toledo, por 17 votos a favor, dos en blanco y ninguno en contra, cumpliendo de forma escrupulosa los Estatutos.

La segunda fase de la guerra de Iberdrola y Unesa contra el sector termosolar, que ha sido siempre el agredido y nunca el agresor y que se ha limitado a defenderse cuando ha podido romper el espeso muro de silencio y censura impuesto desde buena parte de los medios de comunicación de masas, la inició Sánchez Galán el 3 de noviembre en Cannes (Francia). Aprovechó su participación en el B-20 Business Summit para atacar, en el extranjero, al sector termosolar sin reparar en el daño a la marca-país España, al liderazgo mundial que ostentamos en esta tecnología y al enorme perjuicio a las CC.AA. de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia que su postura causaría.

Casualmente, ese mismo día el diario «El Economista» publicaba un editorial titulado «Necesitamos una nueva ley de electricidad«, haciéndose eco del argumentario del presidente de Iberdrola. Y no fue el presidente de Abengoa, sino el de Iberdrola quien aprovechó previamente la tribuna que le brindó «El País» para, el 6 de noviembre, abundar en su continuada exigencia de los últimos tiempos de paralizar el desarrollo de las termosolares, que es un sector en el que España marca la pauta al resto del mundo, como demuestran las recientes adjudicaciones en el concurso internacional de Suráfrica, y que Sánchez Galán pretendió liderar en 2009, obteniendo un rotundo fracaso cuando solicitó al Gobierno autorización para un gran número de centrales termosolares y sólo obtuvo permiso para una que ya tenía construida y que es la que peor ha funcionado de España.

El diario «Expansión» se sumó al coro mediático de Sánchez Galán el 7 de noviembre con otro editorial, titulado «La burbuja solar, otra hipoteca para Rajoy«. Siete días más tarde, «El Economista» cedió su tribuna periodística al presidente de Unesa, Eduardo Montes, para que repitiera el mensaje de aquél en un artículo denominado «Habrá una burbuja termosolar si no admitimos la fotovoltaica«.

Protermosolar se vio obligada a replicar y no fue sino hasta el 28 de noviembre cuando «El Economista» nos publicó la tribuna «El gas natural, madre de todas las burbujas«.

Esta secuencia se describe con mayor grado de detalle en el último boletín de Protermosolar, al que remitimos a los lectores interesados, los cuales podrán fehacientemente comprobar que esta guerra nunca ha sido iniciada por el sector termosolar.

Narrar los hechos omitiendo su secuencia cronológica completa, como se ha hecho en el artículo de «Energía Diario», equivale a, como reza el dicho popular, presentar a los pajaritos disparando contra las escopetas.

Los ‘negosis’ de Ignasi

/0 Comentarios/en /por

La Comisión Nacional de Energía también vive su momento previo al Apocalipsis y de espera al cambio de Ejecutivo, buscando resolver y dejar atadas y bien atadas cuestiones concretas antes de que el Partido Popular tome posesión del Gobierno y se produzca la anunciada ejecución sumarísima del organismo sito en Alcalá 47. Y es que el órgano que preside Alberto Lafuente está haciendo todo lo posible para que poner muy fácil al nuevo Ejecutivo el fusilamiento al amanecer del organismo.

Si la defensa del organismo, en tanto que es una institución del sector energético, es obligada, el comportamiento del mismo no está pasando desapercibido y da carta blanca a sus ejecutores. Desde las atrabiliarias posiciones de su máximo responsable, en referencia a la operación Sacyr-Pemex en Repsol y el seguidismo de las posiciones de Industria, hasta las decisiones internas, como la recolocación del Ex Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura, están dejando constancia de que es uno de los reductos donde están actuando las conexiones con el aparato del Partido Socialista, poniéndose a su servicio. Incluso Rajoy se refirió en el debate con Rubalcaba a estos comportamientos, que parece que no cesan.

Así, conocíamos la semana pasada cómo la Comisión Nacional de Energía ha realizado una doble encomienda de gestión a dos empresas públicas (ISDEFE e INECO) para realizar sendas consultorías para el cálculo de determinados costes dentro del sistema eléctrico. Dicha encomienda se produce tras la avocación de estos procesos, es decir, una vez cerrado el proceso de licitación pública por parte del organismo y sus representantes, en una más que azarosa tramitación.

Y dicha encomienda se produce con el telón de fondo de la presencia de Ignasi Nieto, miembro del PSC, ex Secretario General de Energía y ex Director de Regulación del organismo en la primera etapa de Maite Costa en las mencionadas dos empresas. De hecho, su controvertida salida como Secretario General de Energía se produjo inicialmente hacia la primera, ISDEFE, donde fue nombrado Vicepresidente. Del mismo modo, posteriormente pasó a INECO, donde actualmente ejerce como Presidente hasta que el nuevo gobierno revise la cúpula directiva. Hay que recordar que en la última legislatura se ha estado barajando la posibilidad de la integración de todas las consultoras estatales.

Ineco es la ingeniería de transporte dependiente del Ministerio de Fomento cuyo accionariado pertenece a los principales gestores de infraestructuras de transporte en España: Aena, Adif y Renfe. Por su parte, Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) es una sociedad mercantil de titularidad pública creada en septiembre de 1985, por acuerdo del Consejo de Ministros, que ofrece servicios de ingeniería, consultoría estratégica, asistencia técnica, gestión de programas y ejecución de proyectos para la Administración Pública española y organismos públicos internacionales. Isdefe depende de la Secretaría de Estado de Defensa y cuenta con un Consejo de Administración formado por Consejeros pertenecientes al Ministerio de Defensa (Órgano Central y Ejércitos), Ministerio de Fomento y Ministerio de Economía y Hacienda.

González y Nieto en la CNE en calidad de aparecidos en la CNE

Por tanto, parece claro que han operado los resortes necesarios para garantizar a estas empresas públicas estas encomiendas de gestión. Y en esto, además del propio Ignasi Nieto, hombre del que se dice que nunca ha abandonado el mundo energético, también ha tenido su relevancia el ex Consejero Jaime González, miembro del PSOE, desempeñando un papel relevante en el aparato. Ambos han estado muy presentes en el organismo regulador en los últimos tiempos. Por tanto, la tupida red de conexiones de partido ha funcionado para lograr estos jugosos contratos.

Pueden comprobar, por la plataforma de contratación del Estado, los dos proyectos que finalmente han sido encomendados a estas empresas. El primero (el expediente 48/11) consiste en la Consultoría para el análisis, desarrollo e implantación del sistema de información regulatoria de costes para la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. El valor estimado del contrato era de 1.200.000 euros y el importe del mismo de 708.000 euros (600.000 sin el IVA).

En el segundo caso (expediente 41/11), se trata de la Consultoría para el análisis, desarrollo e implantación del sistema de información regulatoria de costes para las actividades reguladas de transporte de electricidad, operación del sistema eléctrico nacional, transporte de gas natural, regasificación, almacenamiento subterráneo de gas natural y gestión técnica del sistema gasista. El presupuesto base de licitación era de 1.652.000 euros (1.400.000 euros sin IVA).

Dicha adjudicación por vía de la encomienda de gestión reabre el debate sobre la competencia entre consultoras privadas y consultoras públicas, y la expulsión de mercado que ejercen estas últimas, al ofertar estas operaciones por debajo de su coste. No en vano, resulta curioso que ninguna de las dos esté vinculada al sector energético y ninguna de las dos esté especializada en regulación.

En segundo lugar, y también relacionado con la naturaleza ‘pública’ de estas consultoras y con lo controvertida que es la posición de la CNE en materia de costes, cabe reseñar qué se puede derivar de las afinidades electivas entre estas empresas y, por ejemplo, los transportistas Red Eléctrica y Enagás, a efectos de calcular los costes que sirvan de base para retribuir su actividad y salvaguardar su carrera inversora. O incluso, a la hora de valorar una eventual separación entre los gestores técnicos del sistema y los transportistas.

La última reflexión tiene que ver con las propias idas y venidas, y proviene de los propios servicios internos del organismo, en relación a las distintas modalidades en que se han venido iniciando trabajos internos para elaborar herramientas semejantes al objeto de estos contratos. De hecho, la intervención de los servicios técnicos en la selección directa en estas decisiones ha sido testimonial, lo que ha provocado un fuerte malestar en los servicios técnicos respecto de las mismas y sobre su efecto futuro en las funciones regulatorias que tiene encomendadas la CNE.

Como decíamos el otro día, nos uncimos a la propuesta de que cualquier tiempo pasado fue anterior, de que no vuelvan consejeros y ex cargos políticos a su tarea de unión de puntos.

El déficit tarifario español conmociona a los analistas financieros internacionales

/38 Comentarios/en , /por

La herencia que recibe el Partido Popular con el déficit tarifario es envenenada. Eso es cierto, pero las informaciones aparecidas en días pasados que anunciaban los planes de esta formación política tras las elecciones generales para elevar la fiscalidad de las centrales hidráulicas y nucleares con una tasa de nueva creación parece que han corroborado una posible línea más intervencionista del nuevo Gobierno, y no han caído en saco roto. De hecho, los analistas financieros internacionales ya han tomado buena nota de ello. El hecho es que la noticia se ha propagado como un reguero de pólvora y ayer el mundo financiero internacional se hacía eco de estas primeras informaciones.

Coincidiendo con las nuevas calificaciones que las agencias de rating han efectuado de las instituciones financieras, ayer se podían conocer otros tres informes de analistas internacionales que han puesto el dedo en la llaga del riesgo regulatorio de nuestro país en el sector eléctrico derivado del déficit tarifario, de su volumen y de las posibles actuaciones del nuevo gobierno al respecto. Malas noticias para España y para Mariano Rajoy en su comienzo, que deberá sortear este problema sin generar problemas adicionales de financiación y de confianza en nuestra economía.

Tres informes a los que ha tenido acceso esta publicación, muy inquietantes. Estos informes, emitidos por las empresas de análisis financiero Nomura, City Bank y Goldman Sachs, referidos a las «utilities» españolas, ponen el acento en el riesgo regulatorio y en la posibilidad del riesgo de intervención pública.

En primer lugar, Nomura hacía patente, a través de una encuesta realizada entre las 40 compañías de «utilities» españolas, cómo el 75% de los consultados consideraba que en España existía riesgo regulatorio, por encima de Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Portugal.

Por su parte, el segundo informe, procedente de Citigroup, estima el déficit total en 16.244 millones de euros (13.694 millones transferido ya a FADE, titulizado en 9.000 millones y 2.550 millones adicionales como previsión para 2011), del cual faltaría por ser titulizados 7.244 millones de euros. El informe señala la necesidad de revisión de la política de renovables del país y, en particular, de la utilización de las tecnologías más caras, cuantificando el ahorro derivado de reducir en 2012 la instalación de tecnologías solar fotovoltaica y termosolar en 661 millones de euros anuales.

Finalmente, Goldman Sachs también analiza el impacto y volumen del déficit tarifario y hace hincapié en la situación del país y en los niveles de desempleo existentes en estos momentos así como de las posibilidades de acción política del nuevo Ejecutivo. Goldman Sachs recoge la propuesta conocida en días pasados de imposición de una tasa a las energías hidráulica y nuclear como medida de intervención pública y riesgo regulatorio. Además, considera que la medida revertirá en mayores precios en el mercado de generación (GS efectúa una comparativa de los mercados spot de generación españoles en estos momentos a futuros y refleja que son menores, fruto del exceso de capacidad instalada del país).

De hecho, Goldman Sachs sugiere un mix de soluciones entre las que se encuentra la reducción de los costes regulados (renovables y transporte), así como la elevación de las tarifas. En este sentido, propone que las tasas a estas tecnologías no deberían ser la única solución. Goldman Sach, fruto de estas previsiones políticas, llega a estimar el efecto sobre las valoraciones de las empresas eléctricas españolas y revisa sus precios objetivos.

Por tanto, parece que en medio de la situación financiera internacional, Rajoy y su equipo deberán ser especialmente cautelosos con el problema del déficit tarifario, tanto con el acumulado como con la tendencia a generar más déficit provocada por la incapacidad política para atajar el incremento de costes y, por otro lado, de ajustar los tarifas y precios energéticos a la realidad. Los mercados financieros nos observan.

El Nord Stream se pone en marcha

/0 Comentarios/en , /por

En el caso del gas, existen dos alternativas principales, una es el trasporte de Gas Natural Licuado (GNL) que necesita unas infraestructuras de licuefacción, de regasificación y de buques metaneros que transportan el gas. Y la otra vía es el transporte a través de tubería o gaseoductos.

Hoy se inaugura el gaseoducto Nord Stream que transporta gas ruso procedente del yacimiento de Yhuzno Russkoi, desde la ciudad rusa de Vigorb hasta Alemania en la ciudad de Greifswald, pasando por el Báltico y evitando Polonia, constituyéndose como un camino alternativo a los gaseoductos actuales que unían Rusia con Centroeuropa, fundamentalmente por Ucrania. Es un gaseoducto de 1.224 kilómetros, tiene una capacidad para transportar 55 millones de metros cúbicos anuales, lo que supone el abastecimiento directo de 24 millones de hogares.

En todo caso, el gas natural tiene hoy una relevancia clave tanto como energía final para su uso por los consumidores, como en energía primaria para la generación de electricidad en las centrales de ciclo combinado. De hecho, Europa tiene una gran dependencia del gas como fuente de energía.

Consecuenccias económicas

En términos económicos, se produce un aumento de la oferta de gas en Europa que beneficia a la economía rusa. Nord Stream aumenta la capacidad de exportación de gas procedente de Rusia, lo que debe incidir en la propia economía rusa, que podrá obtener divisas para la importación y, por tanto, crecer más, reforzándose como una nueva superpotencia y país emergente. Rusia, siendo un gran productor y titular de grandes campos de gas, tiene un consumo relativamente muy pequeño del mismo y ha decidido poner en marcha estos recursos para financiar su crecimiento.

Por su parte, a nivel empresarial, el gaseoducto es titularidad de Gazprom que posee el 51% del mismo. El 49% restante está participado por Gaz de France, E.ON gaz, Gasunie y Basf. En este sentido, su puesta en funcionamiento refuerza a Gazprom en dos niveles. El primero, como principal suministrador de gas a Europa (el 70% de sus ingresos actualmente procede de la Unión Europea). Por otra parte, diversifica sus ingresos, dado que el gas que vende en el interior de Rusia tiene unos precios menores que el que comercializa para la exportación en los mercados internacionales. Además, Gazprom tiene acuerdos con condiciones de precio preferenciales con los países de la antigua Unión Soviética, aunque ha iniciado una política de acercamiento de precios que ha generado más de una resistencia, evidenciada en las crisis que hemos conocido en los inviernos pasados. De hecho, parte de las discrepancias que han aparecido en la puesta en funcionamiento del Nord Stream proviene de los efectos sobre esa política de aproximación de precios. Dicha política se verá previsiblemente reforzada.

Por otra parte, parece que se están alimentando las suspicacias entre la Unión Europea y Rusia a cuenta del control que Gazprom tiene del suministro de gas a Europa y los efectos sobre la competencia en la UE, abriendo una investigación. Investigación que, dicho sea de paso no ha sentado bien a las autoridades rusas como ha puesto de manifiesto en sus recientes declaraciones el propio Vladimir Putin, aumentando la polémica alrededor de este gaseoducto.

En términos de precio, no es previsible que la entrada en funcionamiento de este gaseoducto afecte a los precios a corto plazo en el mercado spot (cuyo precio se fija fundamentalmente con referencia al mercado de GNL). En el mercado a largo plazo, la aparición de los procedimientos para la extracción de gas no convencional, la evolución de la economía europea (y su posible vuelta a la recesión), el aumento de la oferta de gas con más gaseoductos en funcionamiento, podrían seguir presionando a la baja los precios del gas y habrá que esperar al efecto sobre los índices que regulan estos contratos. En todo caso, los precios de este gas, se articulan mediante contratos a largo plazo con clausulas de indexación de precios.

Seguridad energética

Un apartado esencial es la mejora de la seguridad de abastecimiento y de suministro, cuestión fundamental para Alemania. Además, sorprende el poco tiempo en que se han ejecutado las obras de puesta en funcionamiento, dado que fue a finales de 2007 cuando el entonces presidente de Gazprom, Dmitri Medvedev firmase el inicio del proyecto y construcción de esta infraestructura.

Con el gaseoducto en marcha, Rusia se libera de las presiones de las repúblicas bálticas, que habían provocado los cortes de suministro durante los pasados dos inviernos para presionar a Moscú. Por su parte, Europa gana en seguridad de abastecimiento, dado que el norte de Europa refuerza sus vías de suministro existente con Noruega y Rusia, con el nuevo canal que se abre hoy.

Hay que recordar que el sur de Europa está suministrado con gas procedente del norte de África a través de dos gaseoductos que pasan por España y uno por Italia y por el transporte de GNL, procedente de Liba, Egipto y Argelia. En este sentido, el sistema gasista español y la constitución del hub del gas en el País Vasco, es un elemento complementario a tener en cuenta en esta dinámica.

Consecuencias políticas

Es previsible que Nord Stream, favorezca una mayor estabilidad política en las repúblicas bálticas, dado que existirán menos incentivos a la interrupción de suministro por parte de las mismas, que quedan debilitadas. Es una mala noticia también para las repúblicas bálticas por otro motivo, dado que van a tener menos mecanismos de presión y control para mantener las condiciones preferenciales de suministro del gas ruso. Hay que recordar que hasta la puesta en funcionamiento de este gaseoducto, el 80% del gas que se transportaba por gaseoducto pasaba por territorio ucraniano.

Seguramente que, por otra parte, va a potenciar el desarrollo de la OPEG (la OPEP del Gas), el foro de países productores de gas, que lideraría Rusia, al igual que la OPEP es liderada por Arabia Saudí. Actualmente, estos países poseen el 73% de las reservas mundiales de gas, y el 51% de las exportaciones. De hecho, casi una cuarta parte, están en manos de Rusia.

También el gaseoducto transparenta disensiones en la propia política exterior comunitaria. Alemania y Francia han tomado la cabeza tractora de la UE y no es casual que sean quienes lideran del lado de la Unión Europea este proyecto donde están apareciendo disensiones en el ámbito de la Unión Europea. No en vano, la política energética es una de las que más tiempo precisa para que se alcancen consensos en el seno de la Unión. Tampoco es casual que la inauguración de hoy la efectúen el Primer Ministro ruso, Dmitri Medvedev , la canciller alemana Angela Merkel y Francois Fillon, primer ministro francés.

Incorporación de otros países

Es difícil conocer si en el corto plazo se podrían incorporar más países a este gaseoducto, aunque existen factores que influyen en que otros países quieran unirse al mismo. En primer lugar, la velocidad en su ejecución en la medida que ya cambia las reglas del juego en el comercio internacional de gas. Es decir el tablero ha cambiado con su irrupción. En segundo lugar, el retraso del proyecto del gaseoducto Nabucco que trataba de conducir el gas a través del mar Caspio desde Asia Central también influye en que este gaseoducto gane posiciones competitivas en términos de suministro.

En el mismo sentido, es decir en la ampliación de esta infraestructura, el gobierno ruso, ya habla del segundo ramal de este gaseoducto, aunque Alemania ha mostrado su cautela, dado que en la actualidad considera que no existe demanda suficiente para precisar más capacidad de transporte. Es evidente que la política rusa de ampliación de su red de gaseoductos, con la construcción del South Stream (que une Rusia con Bulgaria) y Blue Stream, es un hecho incontestable e indisimulado, lo que va a permitir aumentar su nivel de exportación y potenciar su papel de principal suministrador europeo de gas natural por canalización.

Repsol y un señor de Murcia

/87 Comentarios/en /por

Pocos podían imaginar un final así para el polémico pacto que Del Rivero, presidente de Sacyr durante siete años, logró con la compañía mexicana Pemex, accionista de Repsol desde hace treinta, para controlar la petrolera española.

Y menos aún después de que por la mañana Del Rivero anunciara un golpe de efecto para reforzar su poder en el grupo constructor junto a sus antiguos compañeros en Ferrovial Javier Gayo Pozo y José Manuel Loureda, cofundador de Sacyr y consejero en Repsol.

Su objetivo de conseguir un asiento más en el Consejo de Administración de la constructora no pudo acabar peor. Al rechazo a su propuesta se unió la ofensiva del sector crítico para forzar su destitución y calmar los ánimos de una compañía dividida internamente y fuertemente endeudada desde que entró en Repsol.

Y aún más triste para Del Rivero: el hombre clave en el golpe de mano y que propició su salida fue su socio Manuel Manrique, que ha acabado por ocupar su lugar al frente de Sacyr.

Una escalada que Manrique no emprendió solo, ya que contó con la inestimable ayuda del presidente de Disa, Demetrio Carceller -que desde hace meses reclamaba un consejero más en Sacyr-, y de Juan Abelló, que le había apoyado en algunas decisiones estratégicas como la propia entrada en Repsol o el intento de asalto al BBVA.

La alianza tuvo su recompensa para Carceller y Abelló, que pasan a ser los nuevos vicepresidentes y hombres fuertes de la compañía.

Novacaixagalicia también desempeñó su papel y votó en contra de Del Rivero después de ver como la vacante que habían dejado en el máximo órgano de gobierno de la compañía pretendía ser ocupada por los aliados del ingeniero murciano.

La tarde del jueves tuvo tintes dramáticos para Del Rivero. Todo el empeño que había puesto en el pacto con Pemex se tambaleaba en cuestión de segundos y se ponía en riesgo aquello que había defendido con uñas y dientes, mantener el 20% de Sacyr en Repsol, participación que supera con creces el valor en bolsa de la propia constructora.

Una eventual desinversión parcial, que defienden algunos de los accionistas de la constructora, permitiría compensar las objeciones que algunos de los bancos extranjeros están poniendo a la refinanciación del crédito con el que Sacyr compró las acciones de Repsol.

Además de la pugna por lograr que Sacyr tuviera mayor peso en Repsol y de las diferencias con otros accionistas de la constructora, Del Rivero ha llevado al grupo a varias batallas judiciales, entre ellas la librada con la cúpula de la constructora francesa Eiffage, en la que controlaba un 33,32%, participación que finalmente tuvo que vender.

A esta contienda se suma la que le enfrentó a accionistas minoritarios de Itínere, su antigua filial de concesiones de infraestructuras, que dio lugar a una investigación judicial, finalmente archivada.

La destitución de Del Rivero se produce dos años y medio después de que Sacyr se hiciera con el mayor contrato de infraestructuras de los últimos años, una parte jugosa de la ampliación del Canal de Panamá que supondrá una inversión de 2.630 millones de euros.

Estas obras marcaron un hito en la compañía y propulsaron su expansión internacional, un esfuerzo que el Consejo de Administración de Sacyr quiso reconocer en su despedida. Una de cal y otra de arena.

Esperemos que a este señor de Murcia le dé más alegrías su otra gran pasión, el fútbol, que canaliza a través del equipo de sus amores, el Real Madrid.

Una noticia buena y otra mala

/19 Comentarios/en , /por

Por tanto, sin paliativos, se trata de una buena noticia que también se inscribe en la estela de los países que van consiguiendo cubrir su suministro de gas a través de fuentes no convencionales (esquistos, arenas bituminosas, etc…), como Estados Unidos.

Claramente, la lectura económica de una noticia así es un aumento de la oferta de gas. Los aumentos de oferta de gas, consecuentemente, se ven acompañados con una bajada de los precios en el abastecimiento de este hidrocarburo en lógica económica. Y, además, este aumento de la oferta de gas se ve concatenado con la reducción de la demanda por dos líneas: la propia del autoabastecimiento por fuentes no convencionales que están consiguiendo terceros países y la producida por la caída de consumo y demanda derivada de la recesión y de la crisis.

Añadamos a este hallazgo la configuración de forma muy veloz del hub del gas en Bilbao, lo que puede conseguir una mayor flexibilidad y capacidad de aprovisionamiento, si cabe, en uno de los mejores sistemas gasistas del mundo, como el español. Por tanto, resultado: una oferta de gas creciente y diversificada.

Las consecuencias de este hallazgo no son simétricas para todo el mundo, en la medida que es previsible y debería poder transmitirse dicha situación del mercado gasista (más que una coyuntura es una tendencia) a la bajada de los precios del gas en consonancia con ese aumento de la oferta y disminución de la demanda.

La mala noticia, por tanto, es que el modelo ha cambiado y requiere de mucha agilidad en la gestión y arbitraje del aprovisionamiento. Afecta este hallazgo, seguramente, a relaciones y contratos de suministro a largo plazo que actualmente tienen nuestras empresas con suministradores. Va a obligar a que los mecanismos de «trading» sean altamente activos y eficientes, más allá de la propia comercialización a los consumidores con negocio recurrente. Y, desde el punto de vista de la dinámica política interna, dibuja un escenario interesante: el gas en manos catalanas y vascas.

Todo un descubrimiento. Apasionante.

¿Nadal a energía?

/0 Comentarios/en /por

Lógicamente, la decisión sobre el equipo económico del nuevo gobierno y sus reverberaciones sobre el Ministerio de Industria son especialmente relevantes para el sector energético. En este campo, fuentes solventes han constatado el interés de Álvaro Nadal en este área, según informaciones a las que ha tenido acceso este diario. Nadal, de hecho, habría expresado de forma explícita el interés por pilotar este área y su preferencia por la misma.

En Génova, los trabajos para el perfilado del nuevo gobierno van a marchas forzadas, conscientes de que la toma de posesión del nuevo Gobierno será antes de Nochebuena y también de que el trabajo más duro comenzará de forma inmediata y sin tiempo que perder. Por tanto, es clave la toma de posiciones que se está produciendo desde las distintas facciones y familias del partido en la conformación del nuevo ejecutivo.

Nadal es un viejo conocido del sector energético y sus posiciones son muy distantes de lo que preconiza FAES, el principal think tank del Partido Popular, en lo que se refiere a energía, y que se contiene en el documento sobre estrategia y política energética publicado en la primavera de este año. De hecho, se le atribuyen posiciones muy contrarias y cercanas a modelos intervencionistas de costes y precios (sector retroprogresivo de la energía) en lo que se refiere al sector eléctrico: inclusive se le ha podido escuchar sugiriendo elípticamente fórmulas creativas para reducir el déficit tarifario. En román paladino, lo que se denomina pasar la gorra a las empresas.

Incluso, estas posiciones antimercado y modelo empresarial en el sector energético parecen enormemente contradictorias con la formación económica e internacional que Nadal presenta en su hoja de servicio (amplió sus estudios en Harvard). En la última legislatura, Nadal ha sido Secretario de Empleo y Economía, se le atribuye gran proximidad a Cristóbal Montoro y, junto con Fátima Váñez, han conformado el exiguo núcleo duro en lo económico del Partido Popular en el Parlamento durante la legislatura que ahora termina.

Otra de las cuestiones que es clave es su vinculación a uno de los principales Cuerpos de Funcionarios de la Administración. Nadal es Técnico Comercial y Economista del Estado, frente al papel que se anticipa en el nuevo Gobierno a los Abogados del Estado, cuyo máximo exponente es Soraya Sáenz de Santamaría.