La expropiación de YPF mueve el mapa energético de Argentina

PAE, participada por la británica British Petroleum (60%) y Bridas (40%), es la segunda mayor productora de petróleo del país, detrás de YPF, con cerca del 20% de la extracción de crudo de Argentina.

La compañía es además la tercera productora de gas natural del país, con cerca del 15% del total, por detrás de Total Austral, de capitales franceses, y de YPF.

Bridas, accionista minoritario en PAE, está participada por la china CNOOC y la familia argentina Bulgheroni, y mantiene una disputa con BP tras el fracaso de una operación para comprarle al grupo británico su participación en PAE.

Por su parte, Bridas compró el año pasado a la estadounidense Exxon una refinería y dos centros de distribución en Argentina y unas 720 estaciones de servicio en Argentina, Paraguay y Uruguay.

PAE tiene a su cargo la operación de Cerro Dragón, el mayor yacimiento de petróleo de Argentina, situado en la sureña provincia de Chubut, que extendió la licencia de explotación a la petrolera hasta el 2043.

El tercer gran jugador en el negocio petrolero argentino es la filial local de la brasileña Petrobras, con cerca del 7% de la producción de crudo de Argentina. Petrobras Argentina es además la cuarta mayor productora de gas natural del país, con un 9% de la producción total.

Pluspetrol, de capitales locales, le pisa los talones a Petrobras en la producción de petróleo, secundada por la china Sinopec, la estadounidense Chevron y Tecpetrol, del grupo argentino Techint.

Hay otra treintena de petroleras que operan en el país, con participaciones en el sector mucho más pequeñas, entre ellas la chilena Enap Sipetrol y la estadounidense Apache.

El conflicto por YPF detonó en un duro momento para el panorama energético de Argentina, con producción y reservas en bajada, demanda en alza y crecientes costes de importación de combustibles.

Según datos oficiales, el año pasado, la producción de petróleo en Argentina registró una caída del 6%, mientras que la de gas natural bajó un 3,36%.

Sin embargo, Argentina tiene la llave para cambiar su suerte en Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de hidrocarburos no convencionales descubierto por YPF y que sitúa al país como el tercer poseedor de recursos no convencionales, después de Estados Unidos y China.

El yacimiento demandará millonarias inversiones para su desarrollo y se convirtió en un imán para empresas del sector que, poco después del anuncio del Gobierno argentino de su intención de expropiar el 51% de YPF, comenzaron a tomar contacto con las autoridades argentinas.

En rigor, estas petroleras, una quincena de las mayores compañías del sector a nivel mundial, mantenían sigilosas conversaciones con YPF con vistas a acuerdos de asociación para explotar Vaca Muerta, confirmaron fuentes del sector.

Pero la expropiación de YPF parece haber blanqueado el interés de jugadores de la talla de Exxon, Chevron y Total por el negocio de Vaca Muerta, que puede salvar definitivamente a Argentina de sus problemas energéticos.

#MartiAtienzaFolgadoPérezFabra (y Aguilar)

Sin duda, el «trending topic» triunfante y más general es, con diferencia, el del secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, cuya intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo todavía resuena en el Congreso de los Diputados y en las instancias regulatorias energéticas. Su tarjeta de presentación no dejó indiferente a propios y extraños y ha corrido como la pólvora en el universo mundo. Está claro que ha nacido una estrella y que los diputados ya están esperando la siguiente intervención, evidentemente, con el objetivo de retuitearla.

Parece que el operador de transporte y sistema eléctrico tiene todos los boletos para ser un candidato importante a colocar caras en los «trending topics». Así, por Red Eléctrica de España, empezamos con Luis Atienza, con su salida millonaria de la empresa y su indemnización, que es seguramente la envidia del propio José Folgado, dado que cuando abandone el cargo no tendrá un trato tan excelso como él mismo se puede imaginar.

Lo curioso es la combinación que se da en REE: gran empresa, técnicamente impecable, muy eficiente. Por otro lado: comportamientos monopolísticos, idealización de pseudoempresa pública, inductora de la planificación energética, acceso a directo al despacho del Ministro, garganta profunda de los informes que determinan actuaciones regulatorias, condicionante del acceso a la red, del resto de operadores y de sus inversiones, madre de todas las retribuciones y de todos los activos de transporte, combinada con su titularidad privada, sus inversiones exteriores, su accionariado de fondos de inversión privados y sus indemnizaciones millonarias.

José Folgado, presidente de Red Eléctrica, también ha sido «trending topic» ya que, en los pocos días que lleva al frente de Red Eléctrica, ha recibido malas noticias de su filial boliviana, estropeándole la sonrisa de sus fotos de despacho, y la presentación de resultados con crecimientos y rentabilidades inéditas en el Ibex 35 y en el sector energético. Los costes regulados y los activos es lo que tienen.

Otro «trending topic» de los digitales es Florentino Pérez, que se bate en retirada y dobla el brazo en el pulso por Iberdrola. Pero, no solamente eso: parece que ha empeorado fuertemente su cartel en las filas del Partido Popular, y el ejemplo de donde hasta hace poco todo el mundo le quería cerca. Por si fuera poco, parece que las relaciones entre el empresario y la familia March, tal y como se ha aireado estos días, empiezan a debilitarse, en la medida en que le piden cuentas sobre las inversiones en Iberdrola y Hotchief. Pérez empieza a ser percibido y descrito como un «alter ego» de Luis del Rivero, lo cual no es bueno para ninguno de los dos. Y, para colmo, esto le ocurre ahora que gana la liga.

Otra cuestión que también es objeto de «trending topic» en estos últimos días, es cómo se ha hecho de explícito el mecanismo de alimentación ideológico-energético-retroprogresiva entre el periodista Miguel Ángel Aguilar y Jorge Fabra. Fabra acaba de presidencializar y representar la plataforma «Economistas frente a la crisis» tras su fracaso en el asalto a la presidencia del Colegio de Economistas de Madrid. Dicha presentación tuvo como maestro de ceremonias al gran periodista Miguel Ángel Aguilar, cuya mácula en lo económico y en lo eléctrico no empaña su fino análisis político. También estuvo acompañado de un nada rencoroso Alfredo Pérez Rubalcaba, necesitado de ideología redistributiva agitadora de amplío espectro. En lo que parece que Fabra no ha fallado es en el trasvase «Chacón-Rubalcaba» tras el fracaso de la candidatura de la ex ministra de Defensa a secretaria general del PSOE y que ya anticipábamos en Energía Diario. Hay que pensarse lo del banquillo económico del PSOE. Vivir para ver.

Fernando Marti Scharfhausen, en el Congreso de los Diputados

El pasado 18 de abril de 2012, con motivo del trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, el actual secretario de Estado de Energía compareció en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Por su interés y relevancia, recogemos en Energía Diario el contenido íntegro de su intervención, así como de las preguntas y contestaciones de Marti Scharfhausen a los diputados. Del mismo modo, en este mismo artículo tienen disponible el Acta de la Comisión publicado en el Diario del Congreso. La intervención comienza en la página 10 y concluye en la página 20. Especialmente suculenta, tras la intervención inicial y las preguntas parlamentarias, es la contestación de Fernando Marti Scharfhausen que pueden leer desde la páginas 17 a la 20 de este documento.

El video oficial de la intervención pueden visualizarlo en la página oficial del Congreso en el siguiente enlace. La intervención del secretario de Estado de Energía empieza en el minuto 1h. 06 minutos y finaliza a las 2h. 11 minutos. La respuesta del secretario de Estado de Energía a los parlamentarios comienza a los 1h. 53 minutos. Disfrútenla, no se la pierdan.

El señor PRESIDENTE: La segunda comparecencia corresponde al señor secretario de Estado de Energía, don Fernando MartI, al que también damos la bienvenida a esta Comisión en estos días de especial trabajo. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Mixto, por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Marti, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Martí Scharfhausen): Es para mí un honor estar en esta Cámara y, si les parece bien, voy a proceder a la exposición de las orientaciones de política energética que pretenden llevarse a cabo, sin perjuicio de aludir finalmente a algunas de las cuestiones más importantes que se derivan del proyecto de presupuestos de 2012. Los sistemas energéticos en España se encuentran en una situación muy complicada y de difícil solución. La ausencia de un adecuado control de los costes de estos sistemas en el pasado, orientados a un crecimiento continuo junto a un decrecimiento proporcional de los ingresos, ha propiciado un desequilibrio entre los ingresos y los costes, originando un déficit en estos sistemas, que en el caso del sistema eléctrico en concreto, uno de los restos de sistemas energéticos, viene siendo continuado en el tiempo y cuantitativamente creciente. La actual situación no afecta solo a la cotización y competitividad de las empresas del sector eléctrico, sino que afecta también a la situación económica del tejido empresarial e industrial y en general a todos los consumidores de energía eléctrica de este país. Además, la actual crisis económica ha supuesto un decrecimiento de la demanda energética, con lo que estos problemas no han hecho más que agravarse al reducírselos ingresos del sistema. Por todo ello, el objetivo principal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con los sistemas energéticos es el control y solución de su déficit, incipiente en gas y consolidado y grave en el sector eléctrico. A este objetivo prioritario hay que añadir otro tipo de objetivos que colaborarán en la consecución de la solución del déficit de los sistemas energéticos, como son la introducción de condiciones competitivas en los mercados para contribuir a la minimización de los costes de energía; la obtención de un mix energético sostenible, equilibrado y diversificado; la garantía de la seguridad del suministro y de la calidad del mismo; el fomento del ahorro y la eficiencia energética; y, finalmente, la protección del medio ambiente. Por todo ello, es necesario afrontar una profunda reforma energética que deberá sostenerse en los principios siguientes: seguridad de suministro e interés general; competitividad económica y rentabilidad razonable de las actividades; protección al consumidor, sin olvidar que el precio de la energía deberá reflejar los costes reales de la misma; sostenibilidad ambiental y eficiencia energética; objetividad, transparencia y libre competencia; estabilidad regulatoria y equilibrio del sistema; corresponsabilidad de todas las fuentes de energía; fomento de fuentes de energías autóctonas y corresponsabilidad de los sectores consumidores y de las distintas administraciones públicas para el cumplimiento de los objetivos de política energética y para la sostenibilidad económica de los sistemas energéticos.

La consecución de estos objetivos en el sector eléctrico se traduce en la necesidad de una reforma, a fin de ajustar los costes del sistema sobre la base de un criterio de rentabilidad razonable y de disponer de unos peajes de acceso suficientes para cubrir los costes del sistema. La primera actuación ya ha sido tomada a través del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. En dicho real decreto-ley se han suspendido temporalmente los incentivos para la construcción de este tipo de instalaciones hasta la solución del principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, el déficit tarifario del sistema eléctrico. En este nuevo escenario cobrará gran importancia la sostenibilidad ambiental, ya que el impacto ambiental del ciclo energético es el responsable de la mayor parte de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero. Aunque en los últimos años España se ha convertido en un referente mundial en el desarrollo de algunas fuentes de energía renovable, resulta necesario corregir las distorsiones introducidas por el modelo anterior, introduciendo mecanismos más eficientes en la asignación del régimen económico y eliminando los riesgos especulativos, así como la financiación de las actividades ajenas a la actividad eléctrica con cargo a los consumidores eléctricos. Además, dada la elevada tasa de dependencia energética exterior, por la reducida disponibilidad de los recursos autóctonos y por el insuficiente grado de interconexión con los países colindantes, resulta obligado favorecer el aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas tanto renovables como no renovables como medio para avanzar en la independencia energética y en la seguridad del suministro. Durante el año 2012 de forma gradual y controlada, para evitar todo tipo de especulación y una vez controlado el déficit del sector eléctrico, se estará en disposición de establecer una nueva normativa que permita a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda. Este sistema es especialmente interesante para las instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables como son la eólica o la solar, ya que les permite adecuar su producción al consumo sin necesidades de acumulación. Asimismo, se estará en disposición de empezar con los estudios necesarios para establecer nuevos sistemas de incentivación para las actividades reguladas transporte y distribución de energía eléctrica y para las distintas tecnologías del régimen especial.

Resulta necesario diseñar un nuevo modelo retributivo para este tipo de tecnologías que tenga en cuenta el nuevo escenario económico promoviendo la asignación eficiente de los recursos a través de un mecanismo de mercado. De este modo se trata de articular a futuro un sistema que favorezca la competitividad del mercado a través de mecanismos similares a los utilizados en otros países de la Unión Europea y que garantice la viabilidad futura del sistema. Asimismo, los nuevos marcos deberán incentivar la reducción de costes aprovechando la pendiente de la curva de aprendizaje y propiciando la captura de la maduración de las tecnologías, de manera que reviertan en beneficio para los consumidores. En el sector de hidrocarburos, gas y petróleo, la política se centrará especialmente en el control del incipiente déficit de gas para evitar que se consolide y pueda poner en peligro el sistema, el desarrollo de la Ley de hidrocarburos, en actuaciones de mejora de la sostenibilidad del sistema gasista, y en promover mayor competencia en el mercado de carburantes a través de una transparencia total de los precios.

Estas tareas, tanto en relación con el sector eléctrico como con el de gas, se han abordado mediante el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, por el que se adoptan las medidas para la corrección de desviaciones y desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. En lo concerniente a la planificación energética y hasta que no se ponga freno al creciente déficit en el sector eléctrico y gasista, la planificación de infraestructuras (planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020) deberá paralizarse para estudiar con profundidad las infraestructuras estrictamente necesarias teniendo en cuenta las últimas previsiones macroeconómicas, la sobrecapacidad de algunas instalaciones y la reducción de la demanda. Se deberá garantizar la calidad y seguridad del suministro, pero sin comprometer la sostenibilidad económica y medioambiental del modelo propuesto. Se deberá impulsar el desarrollo de infraestructuras energéticas para la interconexión con la Europa continental y las actuaciones tendentes a propiciar la protección del medioambiente en los sectores energéticos, tanto en relación con las emisiones contaminantes como en la contribución, mitigación y adaptación al cambio climático.

En materia de energía nuclear es el objetivo del departamento desarrollar aquellas actuaciones que se consideren necesarias para la seguridad del suministro; seguir contando con la participación de las centrales nucleares en el mix energético mientras estas cumplan con los requisitos de seguridad que les sean exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear; y revisar las estrategias en relación con la gestión de los residuos radioactivos, una vez designado el emplazamiento para un almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado, el ATC que ustedes conocen.

En lo que se refiere a política minera no energética, la actuación del ministerio se centra en promover la investigación y puesta en explotación de yacimientos minerales necesarios para la industria nacional en un marco de respeto al medio ambiente; en la elaboración de la normativa que permita promover la sostenibilidad de las explotaciones mineras; en la realización de actuaciones encaminadas a lograr la disminución de la siniestralidad laboral en las actividades en las que se aplica la técnica minera; y en el desarrollo de una normativa que permita conseguir un funcionamiento ordenado y seguro del sector de explosivos, cartuchería y pirotecnia. Consideración particular merece la política relacionada con la minería y el carbón dirigida al mantenimiento de una determinada producción de carbón dentro del marco regulatorio de la Unión Europea, por la incidencia que su explotación tiene en la economía de las áreas donde se localizan los centros de producción y por su relación con la seguridad del abastecimiento energético de España. La gestión de los cuantiosos recursos presupuestarios destinados al sector del carbón se lleva a cabo a través de un organismo autónomo especializado y en el marco de la política de la Unión Europea de ayudas a este sector. Se han elaborado planes específicos para el mismo. Actualmente está vigente para el periodo 2006-2012 el denominado Plan nacional de reserva estratégica de carbón y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, cuyos objetivos generales son: primero, encauzar el proceso de ordenación de la minería del carbón teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados de la misma, así como la necesidad de mantener una determinada producción de carbón autóctono; y, segundo, atenuar el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo en el sector, fomentando el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón. Para conseguir estos objetivos se establece un sistema de ayudas entre las que se encuentran ayudas a la compensación total o parcial de pérdidas de empresas mineras y a los costes de cierre de unidades de producción; ayudas sociales, como las prejubilaciones; ayudas al desarrollo de comarcas mineras, entre las que destacan la financiación de infraestructuras en colaboración con las comunidades autónomas, ayuntamientos e instituciones sin fines de lucro; ayudas a la formación por un conducto de una fundación especializada; subvenciones a proyectos empresariales creadores de empleo alternativo, etcétera. Todo ello, claro está, en el actual escenario presupuestario que exige sacrificios a todos los sectores y ámbitos sociales y empresariales.Tras muchos años de vigencia de planes para este sector procede un estudio pormenorizado de la eficiencia del plan y la adecuación de las medidas a los objetivos propuestos, a fin de determinar para el futuro las necesidades prioritarias y los recursos aplicables. La necesidad de este análisis viene agudizada por la evolución negativa de los recursos presupuestarios, que están sometidos a un proceso de ajuste drástico en aras de reducción del déficit público.

Por lo que se refiere al apoyo al sector del carbón, es sabido que el proyecto presupuestario que estamos analizando contempla una reducción importante del presupuesto del Instituto del Carbón, lo que afecta al nivel de ayuda realizable, incluso partiendo del supuesto habitual del bajo nivel de ejecución presupuestaria de algunas áreas de subvenciones a proyectos empresariales y de financiación de infraestructuras. Por ello será preciso instrumentar en el marco de las posibilidades contempladas en la Ley General Presupuestaria un incremento de dotaciones que permita afrontar las necesidades previstas, especialmente en las áreas de ayuda al funcionamiento de las empresas mineras.

Por último, en el ámbito internacional se mantendrá una actividad de apoyo y colaboración con las empresas españolas que desarrollan sus actividades en países extranjeros y que disponen de un reconocimiento técnico, fruto en buena parte del intenso apoyo prestado al sector de las energías renovables.

El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Tengo que partir de una cuestión genérica, que es la preocupación que afecta a mi grupo en relación con algo que ya viene siendo una triste noticia año tras año, no se respeta el principio de que en inversiones Canarias debe estar como mínimo en la media del Estado español. Esto es algo que está dispuesto en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Ley de 1991. Si esto ha sido un incumplimiento sistemático del conjunto de las administraciones españolas, por lo tanto no tenemos por qué adjudicárselo exclusivamente a este Gobierno, también es verdad que se ha producido en momentos de bonanza económica en los que, a pesar de la protesta, se podía afrontar la situación, pero ahora esto se convierte en un auténtico drama. Debe estar claro que no es aceptable y que influye en todas las políticas, y en las energéticas también, que continuemos estando por debajo de la media del Estado de una forma absolutamente significativa. Esta es una cuestión genérica que afecta al conjunto del presupuesto y también este año.

En relación con el área a la que usted representa hoy aquí yo querría plantarle una primera consideración. Hay un entendimiento de que las energías renovables son efectivamente la apuesta de futuro y se nos alega que hay una situación transitoria por la cual la necesidad de reducir el déficit tarifario eléctrico español aconseja una especie de moratoria, vamos a llamarla así. Esto depende de dónde se haga; en nuestro caso en el archipiélago canario la penetración de las energías renovales es el 6,8% del mix energético, de forma que esta es una cifra absolutamente ridícula dadas nuestras potencialidades naturales y las evidentes ventajas de desarrollar estas energías, no solo desde el punto de vista de que sean limpias o no —que lo son— sino desde el punto de vista de la necesidad de estimular sectores industriales novedosos y competitivos como sería este. Es contradictorio, en nuestra opinión, y así se lo tengo que manifestar, que mientras en el real decreto-ley se suspenden transitoriamente las primas a las renovables lo que se está haciendo en el caso canario es estimular dos tipos de energía, que teóricamente son de las que no debería depender nuestro futuro, el gas, sobre la que se ha hecho una manifestación inicial por parte del ministro de que se iba a desbloquear esto en tres meses; en concreto en la isla de Gran Canaria parece ser que este periodo ahora va a ser más largo. La otra es la insistencia en apostar por unas prospecciones petrolíferas que, al margen de las dudas, de si hay o no hay, de si Marruecos hace o no hace, de si sirve o no sirve, lo que está claro es que no solo no es una solución inmediata, sino que es apostar de nuevo por las energías fósiles, por la dependencia exterior frente a la posibilidad de estimular una cierta autosuficiencia energética. No puedo obviar la preocupación que nos produce la desaparición de 265 millones de euros para cubrir los extracostes de los sistemas insulares. Me pareció entender al anterior interviniente que ese tema estaba asumido en el presupuesto, pero me gustaría conocer de usted si esto realmente es así.

Nosotros presentaremos un conjunto de enmiendas en las que seremos más precisos, pero ahora nuestra preocupación general es que no vemos ningún elemento para mantener una cierta tranquilidad con los problemas de futuro que tenemos planteados. En producción hidráulica pasamos de 60 millones a 16 millones de euros. Entiendo que el presupuesto tiene que ser un presupuesto restrictivo, pero también creo que debería ser selectivo. No creo que esta sea una buena noticia, en la medida en que tenemos planteados, como sabe, unos cuantos proyectos; me ha parecido entender antes que parece que el de El Hierro estaba garantizado, pero hay algunos proyectos hidroeléctricos vitales para la suficiencia energética de Canarias, como el caso de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, que recibe un golpe —espero que usted me confirme que no es así en este caso— claro para su futuro.

Por último, una cuestión —sé que no tengo mucho tiempo— relacionada con la desalación de agua. Realmente no sé si soy capaz de explicar con claridad a sus señorías y a la audiencia que tenemos hoy aquí la importancia que tiene esto en Canarias. Hemos pasado de 12 millones de euros de subvención a esta actividad —finalizo ya, señor presidente— en el año 2010 a 9,8 millones de euros en 2011 y a 4,6 millones de euros en 2012. Esto creo que implica un nuevo disgusto para los consumidores canarios porque va a incrementarse la factura delagua si esto no se corrige. Lo mismo puede ocurrir con la factura energética, y le pregunto directamente si tienen previsto incrementar el coste de la factura energética en Canarias.

El señor PRESIDENTE: En el Grupo Parlamentario Mixto se van a distribuir el tiempo. Tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Estos presupuestos, señor secretario, nos preocupan precisamente porque usted hablaba de unos objetivos; hablaba de que este era un tema estratégico. Estamos en una situación de gran vulnerabilidad en España por lo que se refiere a la política energética, una gran dependencia, pero tenemos que abordar también retos ambientales y retos de competitividad, de la falta de medidas de ahorro y eficiencia energética. Por más que usted lo marque en su política energética, estos presupuestos no reflejan esas prioridades, a nuestro entender. Sobre el programa de normativa y desarrollo energético, esta partida disminuye un 90% respecto a 2011. Es verdad que hay la parte que viene afectada por el decreto, hay la parte de la Comisión Nacional de la Energía, pero además de esa partida el resto de las de desarrollo y eficiencia también han tenido recortes sustanciales, cuando precisamente España tiene mucho recorrido por hacer por lo que se refiere a ahorro y eficiencia energética. Además, son sectores que están creando puestos de trabajo en el resto de Europa y son sectores que aquí contribuirían mucho a la mejora y al cambio de modelo productivo también en nuestro país. En cambio, el desarrollo energético pasa a ser la última política, quedando por primera vez detrás de las inversiones de apoyo al sector del carbón y a las políticas dirigidas a la energía nuclear. Esa es una cuestión de prioridades. Estos no son los únicos presupuestos posibles, habría otros. Ustedes han priorizado claramente los sectores, ya han apostado también en su legislación por la energía nuclear y continúan apostando por el carbón. Nos preocupa mucho el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía porque para nosotros es un pilar. Lo han dejado en 2 millones, porque 3 millones van a la inversión de El Hierro. Por lo tanto, de facto, el IDEA se queda con 2 millones, que para nosotros es un auténtico esperpento. El IDAE pasó de tener 75 millones en 2009, recibió un hachazo en 2011, que ya lo dejó a 21 millones, y ustedes lo dejan en 2 millones. A nosotros nos gustaría saber qué papel puede llevar a cabo el IDEA cuando tiene unos objetivos fundamentales sobre el tema de ahorro energético, sobre disminuir el impacto en el medio ambiente, sobre el fomento de energías renovables. Todas esas políticas para ustedes no son una prioridad. Nos gustaría saber si lo que plantean es la eliminación del IDAE de facto, y es lo que están proponiendo. Por otro lado, nos gustaría también hablarle del Plan de desarrollo de energías renovables. Este plan sigue vigente aunque ustedes no le consignen una partida en 2012.Ustedes dicen claramente en la redacción de los presupuestos que no se contempla dotación presupuestaria al mismo por la necesidad de revisar algunos contenidos económicos. A las renovables después del decreto, de esa moratoria que usted dice transitoria, pero que no se sabe cuando va a terminar, que ha dejado en un callejón sin salida a muchas empresas que eran punteras y líderes en nuestro país en renovables y que contribuyen fundamentalmente a reducir la dependencia energética, usted las ha dejado ahora sin los recursos de los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre seguridad nuclear este programa prácticamente no supone un descenso, se mantiene igual; pero, a la vista de los resultados de los stress test y los recientes incidentes en Ascó y Vandellós y la voluntad de alargar lavida útil a las nucleares, nos gustaría saber si ustedes tienen en cuenta los costes de las decisiones que están adoptando de mantener la energía nuclear; si los costes de seguridad no se reflejan aquí pero si están calculando esos costes en el futuro. Finalmente, usted hablaba sobre el tema del carbón. Estos presupuestos reflejan que nohay ningún liderazgo público en inversiones para ofrecer alternativas económicas a las comarcas mineras, en cambio mantienen un decreto del carbón que es altamente contaminante y perjudicial al medio ambiente, pero que además nos sale carísimo en el modelo energético. Lo que no entendemos es que mantengan partidas destinadas a fomentar la quema de carbón y, en cambio, para las alternativas que se les podrían ofrecer a esas comarcas de inversiones alternativas ustedes reflejan que no es ninguna prioridad. Sinceramente, son unos presupuestos que reflejan claramente las prioridades: continuar quemando energías fósiles y mantener la dependencia energética del exterior.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, le consta que tiene que agilizar muchísimo su intervención.

El señor YUSTE CABELLO: Intervendré muy brevemente, señor presidente.

Señor secretario de Estado, el primer aviso lo recibimos el 30 de diciembre y hoy constatamos el golpe mortal que sufren las comarcas mineras, prácticamente asistimos al desmantelamiento del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y para el Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras. Un instituto que pierde 411 millones, el 40% de su presupuesto, y que prácticamente eso de: Y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, lo podría quitar. Esperábamos el recorte en el programa de infraestructuras que es el más importante. Se desploma un 65% con la excusa de que se ejecutaba poco, pero el ministro lo que anunció fueron recortes del orden de un 35% que era más o menos lo que no se estaba ejecutando, no del orden del 65%. Ha sido casi el doble. Pero el golpe ha ido más lejos. El programa de reactivación económica se recorta en un 70%; el programa de formación casi desaparece, cae un 92%. Desde luego así no puede haber un desarrollo alternativo. Estos presupuestos empujan a las comarcas mineras a la desesperación, a comarcas enteras de Asturias, de León, de Aragón, a Puertollano y otras comunidades autónomas que viven ahora bajo la amenaza real del cierre de las minas sin red; ustedes lo que les ofrecen es saltar sin red.

Quiero concluir con cuatro preguntas concretas, señor secretario de Estado. ¿Cuál es su alternativa para las comarcas mineras en estos momentos, visto cómo está sufriendo estos recortes desmesurados el plan para el desarrollo alternativo? ¿Han presentado ustedes este presupuesto ante la mesa de la minería? ¿Han informado previamente a los agentes sociales afectados? En tercer lugar, ¿está usted en condiciones de desglosar el reparto de estos fondos del Plan Miner a cada una de las comarcas mineras? ¿Cuánto le tocaría a Asturias, cuánto al Bierzo, cuánto a Teruel, cuánto a Puertollano? En cuarto lugar, ¿tienen ustedes previsto implementar un nuevo Plan Miner horizonte 2018 que es la fecha, digamos, de amenaza de cierre que se ha fijado en Europa para las minas del carbón? ¿O han decidido ya dar carpetazo a este asunto y aplicar una política de tierra quemada? Espero sus respuestas.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Como primera medida, señor secretario de Estado, mi consideración personal y la de mi grupo por el estilo que ha puesto de manifiesto en su intervención. Comenzó con unas palabras en las que ponía de manifiesto el honor que significaba para usted comparecer ante esta Comisión. Lo entiendo porque a una persona como usted, que ha formado parte del organismo regulador en el mundo de la energía y ahora forma parte del Ejecutivo, le da una solidez intelectual que ya hubiese querido yo que la hubiese tenido el anterior compareciente imposibilitando el diálogo en sus ámbitos competenciales con el principal grupo de la oposición. Yo le aseguro que si usted continúa en ese estilo tendrá diálogo, comprensión y cooperación por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

A mí personalmente me han gustado varias de sus consideraciones. Ha hecho un análisis nada sectario de una evolución del sector energético nacional. Improvisar por parte de este parlamentario, en el breve espacio de tiempo que se nos proporciona preceptivamente en este trámite de presupuestos, no es posible, pero los que tenemos interés y entendemos la vida parlamentaria con el rigor intelectual que requiere, alejado del sectarismo en el que se sitúan algunos con una innegable pobreza intelectual, nos lleva primero a felicitarles por el hecho de que a petición de la secretaría de Estado que usted tiene bajo su responsabilidad se dirigieran a la Comisión Nacional de la Energía y le pidieran aceleradamente unos informes. Ese informe se produjo, fruto también de las consultas a todos los sectores interesados, a las asociaciones de renovables, a los productores, a los consumidores. El volumen informativo que la Comisión Nacional de la Energía ha acumulado en los últimos meses es espectacular, imposible de leer en cuatro o cinco meses por parte de una sola persona, pero ha traído consigo un informe. Ese informe —que son unos tochos que sí que nos hemos leído—, incluido el voto particular del presidente de la comisión, constituye todo un conjunto de reflexiones y consideraciones que en efecto han dado origen al Real Decreto-ley 13/2011 que el jueves de la semana próxima en sesión plenaria en este Congreso de los Diputados va a ser objeto de convalidación.

Nosotros tenemos discrepancias con determinados contenidos Como primera medida, yo discrepo. Como canario que ha seguido este tema durante muchos años, discrepo de la decisión a la que ustedes se han visto inexorablemente obligados por el Ministerio de Hacienda y que es lo que el anterior Gobierno hizo —e hizo bien—, incorporar a los Presupuestos Generales del Estado la compensación, la subvención a los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares porque solidariamente todos los ciudadanos españoles, tal y como reconoce la Constitución, deben coadyuvar a ese mantenimiento. Sin embargo ahora se han visto ustedes obligados a incrementar en casi 1.400 millones de euros los contenidos del déficit tarifario. Es decir, lo han sacado del llamado déficit público y lo han metido en el déficit tarifario y por eso lamentablemente en el proyecto de ley, en el articulado, tenemos la disposición adicional trigésimo octava, extracoste de generación de energía eléctrica insular y extrapeninsular —que votaremos en contra—; tenemos una disposición derogatoria —página 113 del articulado del proyecto de ley—, derogación de la compensación de extracoste de generación de energía eléctrica insular —que votaremos en contra— y también lamentablemente el contenido del artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2012, con el que no podemos identificarnos. Porque ese sí que es un cambio de modelo y creo que es un grave error al que al Ministerio de Industria le ha llevado el Ministerio de Hacienda.

Nosotros estimamos que el Gobierno se ha equivocado con el Real Decreto-ley 1/2012. Así se expuso cuando se produjo la convalidación del mismo en el Pleno y se le expuso personalmente al ministro Soria en su comparecencia. El modelo energético que actualmente existe en España, es evidente, ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años y se han ido tomando determinadas medidas; unas, pasado el tiempo, dando origen a un mayor o un menor acierto, pero desde luego ha sido un sistema evolutivo. Hoy tenemos un déficit tarifario de unos 24.000 millones. Coincido con usted porque en el sector eléctrico se está generando otro, no equivalente en su cuantía, y en el sector gasístico. Hay que frenar y hay que poner en marcha interconexiones energéticas con el resto de la Unión Europea a efectos de coadyuvar a ese nuevo mercado único de la electricidad. Ahí sí que notamos que en el proyecto de ley de presupuestos no figura ninguna aportación relevante. Nos preocupan determinados sectores que me veo obligado, de manera acelerada y con mucho interés, a poner de manifiesto. El sector del carbón, que afecta a varias comunidades autónomas, el sector de la reestructuración del carbón se compone de tres programas: el 43.M, el 423.N y el 457.M. Se reducen en su conjunto en un 38,5% pasando de unos —redondeo— 1.078 millones de euros en el presupuesto anterior a unos 665. En el programa 423.M se reduce la inversión en un 71%, quedando reducido a 41.000 euros. En 2011 estaba en 145 millones. En el 423.N, en materia de explotación minera, se reduce la inversión un 20% pasando de 644 a 523 millones. Se reduce la inversión un 65% en el programa 457.M. Bien sabe que en el Principado de Asturias, en la Comunidad de Castilla y León y en otros lugares del Estado español hay un problema grave. Entendemos que en el mix energético hay que ir modulando la coparticipación, por ejemplo, de las centrales alimentadas por ese mecanismo comburente que es el carbón de distinta cualificación del procedente de otros países. Desde luego hay unos problemas de índole social, pero esas centrales juegan un papel fundamental como centrales soporte de la energía eléctrica que se genera sin regularidad porque depende de las condiciones climatológicas, de las condiciones de viento, de sol o de iluminación en las diversas zonas y con distintos horarios. Pero esas centrales son básicas para el soporte precisamente del avance en la producción de energía eléctrica. Usted ha dicho —y a mi me satisface como español, que lo soy hasta la médula— qué satisfacción es que España exporte tecnología a la República Sudafricana, a China, a India, por poner países geográficamente alejados. Tenemos las más importantes empresas españolas que lamentablemente al no poder invertir ahora aquí, en España, están invirtiendo fuera. Empresas potentísimas están creando nuevas industrias en otros países. Por tanto, tenemos que sentirnos satisfechos por los avances que en materia de energías renovables hemos experimentado. ¿Que ha de ser modulada? Sin duda alguna. Y en esa aspiración de un mix energético variable, aquí en las Cortes —y yo lo reivindico permanentemente y no fui miembro de esa subcomisión— se trabajó muy seriamente en la pasada legislatura, en que se elaboró un documento que se publicitó, que fue objeto de mucho trabajo y que marcó unas líneas directrices. Es cuestión de consultarlo permanentemente y desde luego enriquecerse de los planteamientos intelectuales recogidos en ese documento.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Termino. Un minuto más, si tiene la amabilidad el señor presidente. Me voy a referir medio minuto de nuevo al sector del carbón y posteriormente a un tema básico, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. En el sector del carbón desde luego hay que hacer un esfuerzo de diálogo, un esfuerzo de comprensión, un incremento de la participación en cada una de las partidas presupuestarias y desde luego pensar que se puede venir abajo sociológicamente todo un conjunto de pueblos en el entorno de los lugares de producción minera cosa que hay que procurar evitar.

Señor secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista había solicitado la comparecencia de la señora presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y también del presidente de la Comisión Nacional de la Energía y no ha sido aceptado por los órganos que tienen competencia en las Cortes Generales en esa materia. Por tanto, no tenemos otro compareciente al que formular una serie de preguntas que voy a enunciar en estos instantes, planteándole otras por escrito.

El señor PRESIDENTE: Tiene que hacerlo y concluir, señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: El tema de la seguridad nuclear en España es extraordinariamente relevante. Llevamos ya cinco meses de legislatura y no hemos podido tener una sesión de trabajo para debatir sobre este asunto. Si no hacemos ahora, al menos en medio minuto, una serie de preguntas sobre esta materia, desde luego flaco servicio hacemos a la ciudadanía. Este recorte obsesivo en el tiempo no enriquece la vida parlamentaria. Y desde luego, en Garoña están pasando cosas. No soy un alarmista, en modo alguno, pero se ha producido una parada reciente; parada que hay que explicar. El 23 de marzo pasado…

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, le ruego que haga las preguntas y concluya.

El señor SEGURA CLAVELL: Formularé las preguntas en materia de energía nuclear a través de los medios de comunicación, señor presidente, y por escrito.

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, quiero aclararle que ha consumido el doble del tiempo que han utilizado el resto de los grupos. He intentado ser generoso con usted y no creo que se corresponda con ese final. Le invité a que formulara las preguntas y siento que no lo haya hecho.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.

El señor ERIAS REY: Señor secretario de Estado de Energía, queremos, desde el Grupo Parlamentario Popular, en nombre que quien intervengo, darle la bienvenida a esta Comisión y desearle los mejores éxitos en su responsabilidades, éxitos que España necesita.

La comparecencia que estamos desarrollando persigue conocer cuáles son las actuaciones en materia de energía que contempla el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se enfrentan prioritariamente a la necesidad de que España cumpla principalmente con el objetivo de alcanzar el déficit público del 5,3% del PIB, objetivo al que estamos obligados por nuestra pertenencia a la Unión Europea y que sirve además para sentar las bases de la recuperación económica y para mejorar la creación de empleo, y que además va a resultar extremadamente complejo de alcanzar por tener que lograr el mismo desde un 8,51% y no desde el 6%, al que se había comprometido el anterior Gobierno socialista. Para cumplir este objetivo es necesario reordenar y ajustar nuestro gasto público y reconsiderar determinados programas presupuestarios, que más adelante comentaré, en el ámbito de la energía. En términos generales, el sector energético español se enfrenta a la falta de interconexiones, a una elevada dependencia e intensidad energética, a un alejamiento de nuestros compromisos relativos a la reducción de gases de efecto invernadero, así como a un déficit de tarifa insostenible. Los reiterados errores por falta de prospectiva y planificación estratégica del Gobierno socialista en materia energética han provocado que España y su Gobierno actual tengan que enfrentarse a un problema energético serio y complejo, al que se está haciendo frente con medidas presupuestarias y de otro tipo por la situación que en materia de energía hemos heredado; situación que se agrava adicionalmente por la caída de la demanda energética consecuencia de la crisis económica que reiteradamente se negó por el Gobierno socialista, que continuamos padeciendo y a la que es necesario hacer frente con diferentes reformas estructurales entre otras acciones de política económica.

El Partido Socialista en los últimos siete años y medio de Gobierno ha llevado a cabo una gestión ineficaz en el ámbito energético, con no pocas dosis de incompetencia, más cercana a actitudes mitineras que a la realidad social y económica por la que atravesaba España y que se evidencia de manera palmaria en lo siguiente: una sobrerregulación, sobre todo en el sector eléctrico, promulgando más de veinte reales decretos para implementar su política energética que han creado cierta inestabilidad jurídica y, lo que es aún peor, han destruido la posición y el prestigio de que España disfrutaba como país pionero y líder mundial en tecnologías renovables; un mercado energético excesivamente intervenido y que, en consecuencia, no es capaz de trasladar la realidad del sector a los precios y, por tanto, no ha logrado alcanzar su máximo nivel de liberalización; un sistema eléctrico que acumula un déficit tarifario superior a los 24.000 millones de euros y que ha pasado por la inoperancia del Gobierno, a pesar de todas las iniciativas regulatorias aprobadas, de coyuntural a endémico y que este Gobierno está resolviendo con gran empeño; una elevada dependencia energética del exterior, en torno al 85%, muy superior a la media de los países de la Unión Europea, que se sitúa en un 50% y que además se ve agravada por la falta de certidumbre de suministro; una dejadez manifiesta en materia de ahorro y eficiencia energética, sin estrategia alguna para afrontar uno de los mayores desafíos de la política energética en el corto y en el medio plazo; un evidente déficit de interconexiones, tanto eléctricas como gasísticas, que hace que nuestro país siga siendo, a pesar de las continuas denuncias de todos los grupos de interés, una isla energética y a pesar de haber presidido el Gobierno socialista en 2011 la Comisión Europea, asunto que podía haberse resuelto en ese tiempo.

Los principales desafíos, cuya solución hasta ahora no se ha sabido encarar, como ya he apuntado, por eseexceso de cortoplacismo exhibido con la política energética durante esos siete años y medio, y que en vez de certidumbre promovieron, a su pesar probablemente, la desconfianza en un sector que es motor de la economía y vector de competitividad, han generado adicionalmente incertidumbre entre los consumidores, tanto por las continuas promesas rotas respecto de la estabilidad de los precios de la electricidad como de los combustibles, las gasolinas y el gas. Estas cuestiones son a las que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que dar solución, tanto presupuestariamente como con reformas de naturaleza estructural, habida cuenta además de que el Gobierno del Partido Socialista no presentó en plazo —tenía que hacerlo antes del 31 de diciembre de 2011 a la Comisión Europea, en particular a Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y comisario europeo de Competencia— el requerido Plan de explotaciones mineras 2018, sino que lo que hizo más bien fue enviar un documento poco realista en el que no se desarrollaba plan alguno, y al considerar insuficiente la respuesta enviada por España a la Comisión a finales de 2011, la Comisión Europea ha requerido con fecha 2 de abril de 2012 al nuevo Gobierno para que presente un verdadero plan. Aunque del escrito de la Comisión no parece que pueda inferirse una fecha final para enviar el citado plan, quizá siendo conscientes en Bruselas de la enorme complejidad que encierra la negociación del mismo en España y con los diferentes grupos de interés, todo apunta a que el mismo deberá entregarse dentro del año en curso. Con ello, la Comisión Europea pretende evitar que en 2018 suceda lo que ocurrió en 2010, fecha en que las ayudas de Estado quedaban definitivamente prohibidas para no distorsionar el libre comercio. En este marco, justo un día después de que Bruselas reclamase a Madrid un plan, el Gobierno actual presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, y ya anteriormente el ministro Soria explicitaba el apoyo de su ministerio y del Gobierno actual al carbón y a la minería en España en una comparecencia celebrada en esta Cámara. En el proyecto de presupuestos para 2012 el Gobierno lleva a cabo una reordenación de lo que, en términos sencillos, podríamos definir como ayudas al carbón nacional. De hecho, la inversión real de los programas 423.N, explotación minera, y 423.M, desarrollo alternativo de las comarcas mineras, se reduce respecto del año anterior, y especialmente el 475.M, infraestructuras en comarcas mineras de carbón, que se propone que, dada la inejecución y la tardanza en la finalización de las infraestructuras comprometidas en el mismo, se reduzca en este año 2012. Más en detalle, podemos observar también cómo las ayudas a los costes de explotación, que son a priori las más indicativas de la posible política a seguir por el Gobierno en esta materia, solo se han reducido por término medio un 20%, muy alejado, y cifra muy inferior, de la reducción media que padecen estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor ERIAS REY: Ahora bien, para comprender mejor esta situación presupuestaria a la que se enfrenta el Gobierno de España, es necesario tener en cuenta la crisis económica sin precedentes ocurrida en 2010 y que ha alterado todos los parámetros del Plan del Carbón 2006-2012 que hasta este año regulaban el sector. Quizá por ello, y habida cuenta de lo insostenible de la situación, el Gobierno haya decidido reordenar las ayudas a la explotación del carbón, programa 423.N, como he dicho, que recibían las empresas mineras para cubrir total o parcialmente la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta del carbón libremente acordado entre las partes, teniendo en cuenta el mercado internacional y lo dispuesto en el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y que modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organizaba y regulaba el mercado de producción de energía eléctrica. En este escenario de consolidación presupuestaria que ha de reducir el gasto público para cumplir con el objetivo de déficit público comprometido y para que podamos continuar con las ayudas al carbón, a las cuencas mineras, es necesario que se mejore la gestión de las explotaciones. En cualquier caso, he de reiterar ahora de nuevo la conveniencia de que el carbón nacional sea considerado como un producto de valor estratégico y al que el Gobierno de España apoya decididamente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas que se le han formulado, tiene la palabra el señor Martí.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Martí Scharfhausen): Muchas gracias a todos por sus palabras. Voy a intentar contestar por orden. Tema renovables en Canarias, tema importantísimo. Discúlpenme ustedes, pues voy a ir contestando a algunas cosas que también han dicho otros grupos. Por indicación mía, porque soy yo el responsable —quiero que esto quede claro—, estamos revisando un nuevo plan específico para todas las extrapeninsulares, con objeto de encontrar —se ha pedido un estudio a Red Eléctrica— una buena fórmula. Voy a razonarlo como un ingeniero —me van a perdonar, pero yo soy ingeniero y no parlamentario, y estas cosas me quedan un poco lejos—. España está pagando en extrapeninsulares un coste que pagamos todos los españoles, porque lo dice la Constitución, un extracoste que pagamos para que todos los españoles tengamos el mismo precio del coste de la energía; o sea, que por encima de lo que cuesta la generación, la distribución, el transporte y comercialización de la energía eléctrica pagamos a las extrapeninsulares, a las islas y a Ceuta y Melilla, un dinero que está dentro del sistema y que se recoge. Este dinero en el año 2005 eran unos 300 millones de euros y para el año 2012 estamos en el orden de 1.800 millones de euros. Ustedes entenderán que yo esto tengo que revisarlo. El procedimiento que se sigue está centrado en la Comisión Nacional de la Energía, donde he estado muchos años, y este es un tema que hay que revisar. Yo examino el coste de una solar, principalmente fotovoltaica, entre Península e islas o extrapeninsulares, y, como en las extrapeninsulares hay un coste añadido dado que están aisladas, se podría justificar hacer una nueva ordenación. Estamos estudiando este tema, pero no por un tema del ministro, que es canario. Puedo decirles que, como el subsecretario, que es una persona que admiro y que aprecio muchísimo, el ministro, que es el mejor jefe que he tenido nunca —que conste en acta—, es una persona profesional, educada y respeta mi trabajo. No es un tema de Canarias, es un tema técnico, de ingenieros. Si yo sumo el extracoste peninsular en las islas y me compensa, me va a ser mucho más barato, a lo mejor, una térmica, una eólica.

Para eso necesito el bombeo, como ingeniero. No se preocupe usted por Canarias, déjelo de mi cuenta, que en estos cuatro años espero hacer una buena normativa. Pero no le puedo prometer nada, porque también es verdad que hoy estamos hablando de presupuestos, y los presupuestos no los hago yo —ustedes lo saben, señorías—, los hace el Ministerio de Hacienda, y tengo que hacer lo que me dice mi Gobierno y trabajar con estos dineros; no soy responsable de estos recortes. El tema Chira-Soria, al que usted hace referencia, no está afectado por todo esto, lo único que se mantiene es el tema de Gorona del Viento —me puedo equivocar, y ustedes me perdonarán—.

Señora Ortiz, España es vulnerable en el tema de renovables. Acabo de venir de hacer una intervención —me habían invitado hace ya dos o tres meses— en el Ritz y he dicho que el futuro del mundo son las renovables. Llevo toda mi vida en el sector de la energía y lo tengo clarísimo. ¿Por qué son las renovables el futuro? Porque son las únicas energías ilimitadas y, más que limpias, porque el sol se acopla perfectamente a nuestra actividad humana. En el año 2050 en el mundo vamos a tener que poner todas las renovables que podamos, las que podamos pagar, las que decidan los gobiernos que podamos pagar, y habrá una base de carbón, emitiendo CO2, que se secuestrará, y tendremos un gas atendiendo a las puntas —esto lo dicen los expertos, no lo digo yo— y siendo el backup, el soporte de estas renovables, porque si no las renovables no pueden dar garantía de seguridad al sistema. Estoy de acuerdo con esto. Usted me dice que vamos a reducirlo por los presupuestos del IDAE. Efectivamente, se reducen muchísimo los presupuestos del IDAE, pero usted sabe que por responsabilidad, en el Real Decreto-ley 13/2012 el Gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas, porque el Supremo nos ha obligado, como saben ustedes. En ese momento, el IDEA tenía tantos fondos remanentes que hemos cogido 600 millones y todavía quedan muchos más. Es decir, no se preocupe por estos recortes presupuestarios que el IDEA va a seguir haciendo su actividad, y más. Tanto en el IDAE como en otras partidas presupuestarias hay remanentes, porque no se han ejecutado los programas. Hay más dinero del que se puede ejecutar. No tiene que preocuparse su señoría, porque vamos a ser coherentes. Es más, soy el presidente del IDAE y va a tener muchas más funciones, mucha más gente y va a ser mi mano derecha en el tema de renovables; los cortes que ha habido en los Presupuestos Generales del Estado hay que aplicarlos, pero no van a afectar a la actividad del IDAE.

Me ha preguntado por el tema nuclear. Tengo que decirle que la seguridad está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, y no tenemos nada que decir ahí, ni debemos decir nada; tenemos que respetar esa independencia. Es un órgano tutelado por el Congreso y en la vida útil y en la seguridad de los sistemas nucleares estamos a lo que nos diga el Consejo de Seguridad Nuclear.

En cuanto al carbón, dice que estamos quemando carbón. Estamos quemando carbón porque hay un real decreto-ley. Si nosotros ahora, pienso yo que irresponsablemente, cortásemos con ese real decreto, le produciríamos el peor daño a la cuenca minera española del carbón. Hemos recortado un poco, un 10%. Pero si recortásemos el cien por cien, efectivamente dejaríamos de emitir. Pero es que España en los últimos años ha hecho un esfuerzo bestial para reducir emisiones de CO2. ¿Se puede permitir el lujo para una cuenca minera en concreto? Yo creo que cuando se hacen cambios en el tema energético hay que ser gradualista, no podemos ir a un cambio completo, hay que ir cambiando gradualmente.

Golpe a la minería, decía usted; golpe a la minería tremendo. La minería ahora mismo tiene una situación difícil; siempre la ha tenido. Yo soy ingeniero de minas y me gustaría que cuando acaben estos cuatro años la gente me reconozca como un buen ingeniero de minas para la minería, esa es mi ilusión. Otra cosa es que presupuestariamente, como he dicho al principio, no depende de mí. En cuanto a las alternativas a las cuencas mineras —como ha preguntado usted—, puntos sobre la mesa —que usted ha comentado— desglosados por comarcas y nuevo plan, mañana a las cinco de la tarde tengo una reunión. Estas reuniones con la comisión de seguimiento son muy importantes y le puedo garantizar que para mí no es nada fácil asistir a esa comisión y si yo pudiera decir que pase de mí este cáliz, lo diría y mañana especialmente. Pero hay que ser responsables y hay que sentarse con ellos. Hay un tema que yo trataré mañana con ellos, diciéndoles: esto es lo que tenemos que gestionar entre todos; vamos a hacer un repaso a lo que se ha hecho hasta ahora; vamos a hacer un repaso general y vamos a tratar entre los dos —los sindicatos, que sabe usted que están representados, y la patronal de los empresarios— de avanzar y de hacer cosas que a los dos nos vayan bien. Pero los recortes son los recortes y yo no puedo… Soy responsable porque soy el que representa al Gobierno.

Muchísimas gracias por sus palabras de diálogo, de comprensión, de cooperación. Yo creo que la energía deberíamos sacarla un poco porque, ¿es tan importante la energía? Le voy a decir una cosa: mis hijos nunca se han interesado por mi trabajo, solamente me han preguntado cuando han sabido que yo tenía algo que ver con el tema del CO2, con el tema de las renovables. Estamos ante una nueva generación, distinta, y entre todos tenemos que dar respuestas universales; es decir no hacer de la energía un mundo. Yo estoy de acuerdo con usted en que no tenemos que ser sectarios en este ámbito. Me gustaría verle pronto en estos planteamientos intelectuales, con los que estoy encantado, pues dan muchos frutos. A la Comisión Nacional de la Energía le he pedido un informe. Yo soy miembro de la Comisión Nacional de la Energía, he estado en ella doce años y tengo un entrañable recuerdo, y doy muchas gracias a Dios porque ha sido para mí una oportunidad impresionante, he dado con unas personas excepcionales que me han enseñado mucho. Esta mañana decía en el Ritz que no soy experto en energía, llevo toda mi vida ahí pero soy uno más. Lo que sí sé es que hay tantos expertos por ahí en cosas concretas que acudo a ellos. Yo he pedido ese informe, ese volumen de consultas, primero porque creo que es una obligación de los administradores facilitar a los administrados el derecho a manifestarse. Y todas esas consultas están siendo analizadas por mi equipo; no solo las del informe, sino todo lo que han mandado, porque a mí me interesa mucho. Cada día que estoy con una empresa del sector, con una asociación, aprendo y corrijo cosas que yo creo que tengo que proponer. Yo no voy a ejecutar, yo soy un secretario de Estado que propone y es un Gobierno al final el que decide; un sistema colegiado que es muy bueno y que nos interesa. Yo doy gracias por eso. (Rumores.)

El Real Decreto 1 es un parón, esto lo dijo muy bien el ministro. El Real Decreto 1 es un parón necesario porque cuando llegamos el Gobierno nos dimos cuenta de que lo más importante es que sea sostenible económicamente. Señoría, para poder pagar tenemos que empezar a poner orden y para poner orden teníamos que mandar el mensaje de que esto, temporalmente, lo pagamos. ¿Temporalmente es hasta cuándo? Pues hasta que podamos volver a encauzar una senda. Usted entenderá que este tema es importante. Ahora mismo no tenemos plazos porque no es fácil poner los plazos de esta reforma energética, pero sabemos que si lo hacemos entre todos y con la ayuda de todos… El ministro en mi toma de posesión dijo que teníamos un reto importante en el tema de la energía. Pero con humildad y con la ayuda de todos —y yo creo que esto es importante, señoría—, estamos abiertos a propuestas porque creemos que es un tema que se tiene que solucionar para siempre. Hay ciertas partes de la energía que sí son muy políticas —el tema de las renovables, el de la nuclear—, se apartan porque son temas lícitos, pero la mayoría de los temas técnicos y económicos deberían fluir en un área, y en eso estoy de acuerdo con usted.

En cuanto al sector del carbón, creo que ya he contestado antes y es un tema que necesariamente vamos a ver mañana en la comisión de seguimiento. Los recortes son importantes, pero también le digo que hay remanentes en el carbón que hacen que este año y el año próximo sean más llevaderos estos recortes. Respecto al carbón también hay que decir que hay muchos proyectos que no se han podido llevar a cabo porque no había proyectos ni en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos.

Eso hay que decirlo. (Rumores.) Hay que decirlo porque es un tema… Yo no soy experto. (Un señor diputado: No, se ve; se nota). Bueno, yo tengo que decírselo. (Rumores) En el tema de las energías renovables, yo estoy de acuerdo con usted, estoy orgulloso cuando voy por España y me preguntan. España es un escaparate de energías renovables, es una responsabilidad añadida a la reforma que hagamos, y yo estoy de acuerdo con usted y estoy orgulloso de ese esfuerzo que se ha hecho, que no es un esfuerzo baldío. Yo decía esta mañana en el Ritz que España tiene muchas fortalezas. (Rumores). Estoy orgulloso de las renovables, pero España tiene fortalezas, le sobra energía ahora mismo, tiene un buen parque de energía, tiene las mejores tecnologías renovables. Pero tenemos que ajustar. Todo el mundo sabe, tanto dentro de España como fuera, que el sistema retributivo español de las energías renovables es mejorable, garantizando la seguridad jurídica, pero es mejorable, y en eso tenemos que hacer un esfuerzo entre todos.

La subcomisión. El mix futuro de energía. El modelo actual que tenemos no permite decidir cuál es el mix. El modelo actual es un modelo de mercado promovido por la Unión Europea donde se dice que serán libres de establecerse en ciclo combinado. ¿Por qué? Porque no se puede poner una nueva nuclear, hay una restricción.

No se puede poner una nueva hidráulica, no hay emplazamientos. El carbón ya no se pondría, por otras razones, pero también se podría poner el carbón. El fuel-gas ya está fuera o casi fuera. Es decir, estamos en una situación difícil. Decía esta mañana: el mix del futuro, o se determina políticamente, directa o indirectamente, por la Unión Europea y por los Estados y se coloca un mix como se quería en esta subcomisión a la que usted se refiere, o se promueve ese mix o bien se deja libre. En la Unión Europea –intelectualmente, como usted me pedía— tenemos un problema y es que estamos apostando por el mercado a la vez que decidiendo nueva generación de renovables que desplaza del régimen ordinario. En esta dicotomía, en este doble modelo, Europa y España tienen la ocasión para atacarlo. Cuando usted quiera yo me siento a verlo porque es un tema muy interesante y muy difícil, no es fácil ir por mercado e ir por decisiones que están alterando ese mercado. Es un tema en el que hay que decidir.

Consejo de Seguridad Nuclear. Yo no puedo hablar de seguridad nuclear porque no sería… Lo que sí exijo al Consejo de Seguridad Nuclear, en la medida en que yo tengo responsabilidades, es que sean libres, independientes y que no se dejen coaccionar ni por el Gobierno, ni por empresas ni por nadie. Que sus decisiones sean como dice la ley que tienen que ser.

Por fin, Antonio Erias, muchas gracias por sus deseos de éxito, estoy encantado. Yo preferiría no comentar todo lo que usted ha dicho, pero sí decirle que agradezco su análisis, sus deferencias y su apoyo.

Del buenismo a la firmeza

La intervención de Soria, defendiendo los intereses de una empresa española, en este caso Repsol, es más que sorprendente y nos remite a episodios más propios de una Administración exterior y económica mucho más fuerte y correosa y de corte sajón, que la que hemos venido conociendo en el pasado. Hay que saludar y dar la bienvenida a la iniciativa.

Soria ha comentado: «El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera». Y reforzaba sus afirmaciones: «Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España. El Gobierno lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad, estos traerán consecuencias”.

De hecho cobra más importancia y valor, acostumbrados tal y como estábamos con el Gobierno Zapatero en estos asuntos internacionales a los paños calientes, a la alianza de civilizaciones y a contemporizar con la deriva peronista de Argentina y el delirio chavista en Venezuela. Una política que de buenista pasaba a ser blandengue. Así, las palabras de Soria centrando la situación y las consecuencias en términos de política exterior a la arrogante señora Kirchner deben ser valoradas y resaltadas.

En Argentina en cada elección se elige qué peronismo gobierna, y el desgobierno económico y el populismo financiero del kirchernato ha sido capaz de malgastar los mejores momentos y recursos del país a favor de crear una estructura de poder corrupto y manirroto que no acepta el funcionamiento empresarial y económico y que modifica las reglas de juego para saquear lo que se ponga por delante, convirtiéndose en un monstruo que todo lo devora, poniendo por delante la «política politizada» frente a la economía, las reglas y la estabilidad jurídica.

Pero el cóctel «energía barata» en el plano interno y distorsión en los mercados, mala política energética y económica abstrayéndose de las leyes económicas, de la regulación y seguridad jurídica, encerramiento, silencio, demonización de las empresas y presentación como una afrenta pseudoimperialista, sólo puede acabar en demagogia y populismo. Lean el artículo de Mariano Marzo en El País, que lo explica de manera minuciosa en términos económicos.

Ya era hora de que los comportamientos económicos exteriores de nuestro ejecutivo se pusieran en su sitio. Y que apreciaran adónde llevan estos comportamientos políticos distorsionados sobre precios y regulación en el ámbito energético.

La Refinería Balboa, una fuerte disputa y una larga espera

El 23 de junio de 2003, el secretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció en su discurso de investidura la implantación de una refinería «igual o superior» a la de Puertollano (Ciudad Real).

Tres días después, desveló que el proyecto correría a cargo de promotores extremeños -luego se supo que sería el Grupo Alfonso Gallardo- , y que permitiría la creación de 2.500 empleos.

La asociación conservacionista ADENEX fue uno de los primeros colectivos en alzar la voz contra el proyecto, al denunciar que la Junta de Extremadura iba en la «dirección contraria» a una política energética basada en las renovables.

Al año siguiente, el 14 de febrero, el proyecto se presentó públicamente en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en la primera rueda de prensa que ofrecía en su vida Alfonso Gallardo.

El empresario extremeño y Rodríguez Ibarra aseguraron que la refinería de Tierra de Barros sería la más moderna y menos contaminante del mundo y supondría una inversión de 1.200 millones de euros.

El capital inicial de 360 millones sería aportado por el Grupo Alfonso Gallardo (40%), la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX) (20%), BBVA y Caja Madrid (27%), Iberdrola (10%) y Caja Extremadura (3%).

El inicio de la construcción se anunció para un año después y la finalización en un plazo de tres año y medio, unas previsiones que nunca se cumplieron.

Una de las condiciones que puso el Gobierno regional para la participación de SOFIEX, que aportaría 72 millones, era que Extremadura tuviera el control de la planta, algo que se conseguía con la suma del capital del promotor, la sociedad pública y Caja Extremadura.

Al año siguiente, la empresa entregó al Estado la primera memoria-resumen del proyecto, que se convirtió en el tema más debatido en la sociedad extremeña.

A pesar de contar con el respaldo de la Junta, del PSOE y de las principales fuerzas económicas y sindicales, la zona de influencia se dividió y se crearon plataformas a favor y en contra.

La más activa, «Refinería No», organizó concentraciones, cortes de carreteras y tractoradas, llevó su oposición hasta la Unión Europea y dio lugar a una formación política independiente (Ciudadanos de Villafranca).

Bajo la presidencia de Carlos Floriano, el PP se posicionó en contra del proyecto, al igual que IU y el sector agrario de la zona, pero los populares cambiaron de opinión en 2008 cuando José Antonio Monago se puso al frente del partido.

La necesidad de construir un oleoducto hasta Huelva extendió la oposición a la refinería a Andalucía, que temía por el Parque Nacional de Doñana y la Sierra de Aracena, y posteriormente a Portugal, por el río Guadiana.

El proyecto, que ese año incorporó a Shell como socio tecnológico, se enquistó ante el Ministerio de Medio Ambiente, independientemente de quien fuera su titular -Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar-, con continuos requerimientos a la empresa que aplazaban el fallo.

Con la llegada del PP a la Moncloa, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció una inmediata decisión, lo que no impidió que el empresario, reacio a la prensa, saltara a la luz pública con unas llamativas declaraciones.

En ellas, alababa a Rodríguez Ibarra, criticaba la tibia defensa que del proyecto había hecho su sucesor, Guillermo Fernández Vara, y aseguraba que la refinería estaba «en manos de Monago», quién contestó que la declaración de impacto ambiental era una decisión técnica.

Hace unos meses, poco antes de dejar el cargo de consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero subrayaba que el proyecto era «viable» técnica, económica y medioambientalmente, y que se había retrasado por «falta de voluntad política».

Su argumento: la nueva refinería de Cartagena y la ampliación de la de Huelva, cuyos proyectos comenzaron más tarde que el extremeño, estaban mucho más avanzados.

La iniciativa industrial no es la misma que arrancó en 2003, el acuerdo PP-IU que permitió la investidura de Monago ha dejado sin dinero público a la refinería e Iberdrola ha salido del accionariado.

El presupuesto se ha ido incrementado hasta superar los 2.000 millones, pero a pesar de la falta de ayuda pública y de los problemas en varias empresas del grupo, la financiación estaría asegurada, según Sillero, por el interés de varias firmas petrolíferas extranjeras.

El desdén con el desdén

La primera es que está claro que el Gobierno no está para líos y que, en sí, es peligroso mezclar problemas durante las situaciones explosivas. Es obvio que Soria es mucho menos propenso a las operaciones corporativas que Miguel Sebastián, lo cual también proporciona algo de tranquilidad.

Pérez llevaba un cuaderno de la operación elaborado por un banco de negocios para persuadir al Ministro de su propuesta. Una primera derivada del propio encuentro es que el Ministro aguantó el abrazo del oso con gran desdén. De hecho, según se ha podido saber, se trató de una comida que fue enormemente rápida, al parecer por las propias prisas del propio Florentino Pérez.

Y, segundo, y particularmente más interesante, si hacemos un «dramatis personae» de la comida, nos daremos cuenta, cómo el hecho de la difusión de la misma y de la propuesta que conoció Soria en el encuentro, que su pinchazo debió corresponder al propio Ministro o a su entorno. Lo que deja en un lugar particularmente incómodo al constructor, con un ministro canario, de ademanes untuosos, pero con una enorme capacidad para hacerle de rabiar.

Esto con Zapatero no pasaba.

¿Qué es el déficit tarifario?

Definir y explicar el concepto de déficit tarifario tiene al menos componentes paradójicos. El déficit tarifario eléctrico es la diferencia existente entre el coste del suministro eléctrico y la tarifa eléctrica, esto es, el precio de la electricidad. Como un rudimento básico, el coste del suministro está formado por lo que es el precio de la energía y por los costes regulados. El precio de la energía se determina en el mercado de generación, mientras que los costes regulados dependen de decisiones administrativas o ‘políticas’, y en estos se incluye lo que es la retribución del transporte, la distribución, las primas a las renovables, la retribución de los sistemas extrapenínsulares, el sobrecoste del decreto del carbón, el pago del déficit tarifario vencido y su devolución, entre otros.

La razón de que la tarifa sea, por tanto, insuficiente para su cobertura proviene de que, desde el punto de vista político, se asume que el precio de la electricidad es un precio regulado, de forma que puede ser insuficiente el precio final de lo que son los costes que lo forman. El precio de la electricidad es uno de los últimos precios intervenidos por la Administración y de ahí que se forme una considerable polémica cada vez que se produce su revisión trimestral. Otras fuentes energéticas, como los hidrocarburos o incluso el gas, no se encuentran perseguidos por la carga emocional y política de los precios de la electricidad.

El déficit tarifario tiene una doble naturaleza. Por un lado, se trata de un stock de deuda que se va engrosando en la medida en que esta diferencia tarifaria no se nivela. Y luego, por otra parte, está el déficit corriente, el nuevo déficit, que se va generando en cada una de las revisiones tarifarias. En estos términos, las cifras son de escándalo, de forma que estaríamos al borde de los 24.000 millones de euros acumulados, con independencia de su financiación, de sus componentes, propios o impropios, o de la evolución de esos mismos componentes, todas ellas cuestiones que veremos en artículos sucesivos en forma de piezas sencillas y didácticas.

Para el año 2011, este déficit se cifra en casi 3.500 millones de euros (todavía pendientes de la liquidación de la CNE) y las medidas de principio de ejercicio en materia tarifaria tomadas por este ejecutivo (congelar la tarifa sin compensar el crecimiento de la parte regulada mirando hacia otro lado respecto de la sentencia del Tribunal Supremo), nos llevará a superar con creces los 1.500 millones previstos de deuda para 2012. Algo que ha incendiado este proceso es la incapacidad continuada para cumplir los programas de extinción de déficit que aprueba en sucesivos decretos el Ejecutivo (y no olvidemos que requeridos por la Unión Europea para facilitar su calificación financiera) y las dificultades de financiación existentes en la economía.

Dada la naturaleza “política” de este déficit, hay quienes reivindican soluciones “políticas” poco sofisticadas al mismo. Así se escuchan alternativas simplificadas, como la denominada “quita” para el déficit acumulado o imposición tributaria por tecnologías para el futuro, sobre todo para dulcificar las subidas tarifarias o para evitar el impacto presupuestario en la contabilidad pública de sacar los costes impropios de la tarifa eléctrica.

El déficit tiene varias características que lo hacen muy peculiar. La primera y principal es el hecho de que esta deuda proviene del consumo realizado por los clientes/usuarios ‘a tarifa’. Quiere decirse que esta deuda se forma por un consumo corriente. Imagínese que usted se endeuda no para comprar el coche, sino para pagar la gasolina. Evidentemente, es algo poco sensato, y gestionar los precios de la energía así, durante mucho tiempo, era fácil y liberador por el hecho de mirar hacia otro lado. Hoy es vivir montados en el tigre.

La bien pagá (infraestructura Castor)

«Pelotazo». Esta palabra le dedicaba el diario «elEconomista» al escándalo de la retribución de la infraestructura de almacenamiento subterráneo gasista, promovida por ACS y la canadiense Escal, que ha sido aprobada recientemente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que, a su vez, desbarata el equilibrio tarifario del sistema gasista. Algo que ha hecho que las empresas energéticas y las patronales Sedigas y Unesa hayan pedido una auditoría de los costes de su construcción y su efecto en la incorporación en la tarifa del gas (los consumidores industriales de este hidrocarburo también han puesto su mirada en esta decisión). Dicha instalación, una vez puesta en funcionamiento, también será propiedad de Enagás, el operador de transporte y gestor técnico del sistema gasista.

Puede resultar extraordinariamente instructivo entender cómo se determina la retribución de un activo como este, el cual se integra dentro de los costes regulados (esto es, en la tarifa de acceso) del sistema gasista y, por tanto, en la factura que pagan los consumidores gasistas. Este artículo explicará este mecanismo retributivo, sus pasos, cómo se aplica la matemática financiera y las peculiaridades que han dado lugar a que esta infraestructura repercuta de forma tan importante en los costes regulados. Al mismo tiempo, se irán efectuando apostillas explicativas para comprender las dimensiones del problema.

En primer lugar, el inicio de los tiempos de una infraestructura es conseguir que se decida hacerla. Esto es, conseguir que la infraestructura sea considerada necesaria (¿qué es lo que determina que algo es necesario, algo que debería responder a una cuestión relativa a la existencia previa de una demanda a cubrir?) o deseable y, por tanto, se integre en lo que se denomina Planificación Energética. Este tipo de iniciativas de inclusión en la Planificación Energética ha sido una especialidad de los operadores de transporte y sistema, tanto en el sistema eléctrico como en el sistema gasista. Hay que comprender que los ingresos de estas empresas dependen de las infraestructuras que logran «colocar» en dicha planificación, de forma que se pueda iniciar el proceso de autorización de su construcción para su posterior explotación.

Inciso número uno, referido al almacenamiento Castor: a la hora de decidir la inversión, una cuestión a plantearse debería haber sido la idoneidad de la misma, es decir, la demanda o necesidad a cubrir, en la medida que nuestro sistema gasista cuenta con una diversificación de aprovisionamiento (gracias a las regasificadoras y gaseoductos y a la situación del mercado de aprovisionamiento de gas actualmente con un importante exceso de oferta) que le otorga enorme flexibilidad. ¿Cómo puede ser que con un sistema tan flexible, España acabe pagando el triple por almacenamiento de gas que la media europea?

A partir de este paso inicial, lo segundo consiste en la construcción de la infraestructura, cuyo proceso de licitación y seguimiento de sus costes se inscribe realmente dentro de la elaboración y formulación de la anteriormente mencionada Planificación Energética anual como soporte del modelo de costes reconocidos de estas infraestructuras. Dicho proceso, en sus distintas fases, es extraordinariamente inoperante y burocrático, como un catálogo de instalaciones en construcción, de forma que sólo se sale del carril cuando se requiere una rectificación al alza de los costes iniciales. Es un proceso que requiere mucha mayor responsabilidad por parte de las autoridades energéticas (Ministerio de Industria y Comisión Nacional de Energía) desde el principio hasta el final. En algún caso, el Ministerio de Industria requiere informes para su cobertura a la CNE ante estas desviaciones. En este caso, una vez autorizado este almacenamiento ubicado en Vinarós, la empresa solicitó una revisión de la inversión inicial para lo cual Industria solicitó a la CNE un informe al respecto.

Así, la construcción del Castor ha experimentado importantes alzas en los costes. De hecho se ha más que triplicado, pasando de 500 a 1.600 millones euros, cuestión que ha derivado en el requerimiento de una auditoría real al respecto por parte de empresas y patronales en estos momentos que será realizada por una empresa especializada. Si, además, se compara con el coste de la construcción de otros almacenamientos, como el de Yela, que costó apenas 200 millones de euros, las cifras son ya con este primer antecedente de llevarse las manos a la cabeza. La convicción, la persuasión y la justificación permiten que el montante total del coste de la infraestructura sea autorizado por la autoridad correspondiente. En todo caso, resulta un mecanismo clásico en la construcción de infraestructuras la adjudicación de la misma con un presupuesto de partida reducido y su incremento final, fuera de las cifras y dimensiones. Eso sí, con toda la justificación administrativa que sea menester.

El siguiente paso es fijar la retribución que cada año se incluye en la factura y que percibirán los explotadores de la instalación (ACS, Escal y en el futuro Enagás). Así, una vez conocido el «coste total» o «valor de la inversión» se fija un período de amortización en número de años y un tipo de interés (rentabilidad) que se referencia al bono alemán más un diferencial o spread. Cuanto menor es el tiempo o período en que se amortiza el coste inicial, mayor es la retribución que percibe este activo cada año. En sentido inverso, cuanto más alto es el tipo de interés o el spread o diferencial con el bono alemán de referencia, mayor es la retribución asociada. Dichas magnitudes o referencias están en la actualidad sobredimensionadas y precisan de una revisión.

En conjunto, se puede decir que en el caso del almacenamiento subterráneo Castor se ha producido una alineación astral muy especial que ha conseguido que se ‘maximice la retribución’ de esta infraestructura desde el principio hasta el final, desde sus promotores a sus explotadores, ejemplificando adónde nos llevan los mecanismos de costes reconocidos (de ahí la demanda de que estas infraestructuras se adjudiquen mediante subastas) y la desidia de la elaboración, formulación y seguimiento de la Planificación Energética.

Es especialmente importante advertir que estos problemas con sus efectos van a reproducirse mientras que no se le dé la relevancia, seguimiento, control y supervisión que merece el proceso de planificación y, por tanto, se actúe con responsabilidad sin que las autoridades energéticas vayan dejando pasar etapas y dejando correr las aguas en su descomposición. Un proceso muy defectuoso que, en la actualidad, dista enormemente en su ejecución de la trascendencia, calidad y finura económica que se requiere.

Y es que podemos decir que la infraestructura de almacenamiento gasista Castor, gracias a toda esta indolencia, es la «bien pagá» del sector gasista.

Castor y los costes regulados del gas

El crecimiento del coste de esta infraestructura se trasladará finalmente a la tarifa del gas, como vienen señalando «El Economista» y la Comisión Nacional de Energía (CNE). En todo caso, el Castor, almacenamiento subterráneo ubicado en el municipio castellonense de Vinarós, no ha estado exento de polémica.

Según informa el diario «El Economista«, el Ministerio de Industria aceptó la puesta en funcionamiento de esta instalación reconociendo una retribución de 1.272,9 millones, es decir, 772 millones más de lo previsto. Dicha retribución impactará en más de un 8% en los costes regulados del gas. El nuevo Ministro de Industria llega muy tarde para poder reconducir estos costes que impactarán sobre el sistema.

A veces es difícil diferenciar el grano de la paja. Si recopilamos los hechos, podemos identificar prácticas más o menos habituales en los agentes económicos y empresas que participan en la promoción, construcción y explotación de este almacenamiento. En primer lugar, por reseñar la parte “brick and mortar” del asunto, encontramos el interés de las compañías constructoras en la promoción y desarrollo de estas infraestructuras muy costosas, algo que ha sido muy frecuente en los tiempos pasados de expansión de la economía española y que ha inducido un proceso de sobreinversión, con trascendencia futura sobre la deuda y sobre la recuperación de la economía.

En segundo lugar, es práctica habitual el abordar los proyectos sobre la base de una rebaja inicial (de un presupuesto irreal) para luego ir incrementando el coste con la obra en marcha, es decir, se trata de conseguir que se inicie la construcción de una infraestructura, a sabiendas de que el coste de la misma será mayor, consiguiendo paulatinamente la elevación de su presupuesto por la vía de reconocer objetivamente que sus costes son mayores. No quiere decir que sea un ‘pelotazo’, pero sí que es negocio.

Lo importante es poner el pie en la puerta. De hecho, en el caso del almacenamiento subterráneo Castor, el incremento de esta instalación de 500 a 1.600 millones de euros estuvo avalado por un informe pericial que el propio regulador energético solicitó en su momento. Además, ahora es preciso adquirir el gas a almacenar (para su rellenado) lo que supone 200 millones de euros más. En todo caso, para comprender todo este escenario se requiere una necesaria visión retrospectiva del papel de las constructoras españolas en su huida de la crisis inmobiliaria y su consiguiente acercamiento al sector energético.

La segunda práctica ya es la propia de los operadores de transporte y sistema cuya retribución está basada en los activos que tienen en operación y en los costes reconocidos de los mismos. Recordemos que Enagás será copropietaria de la sociedad que explota este almacenamiento y, paradójicamente, nunca aparece en las noticias al respecto. ¿Se trata de ese respeto reverencial que se tiene a las empresas que tienen un carácter privado disfrazado de semipúblico por su misión? Todavía no se ha puesto encima de la mesa la responsabilidad del gestor técnico del sistema gasista y transportista en fomentar la necesidad de almacenamientos subterráneos, inclusive de cebar la planificación energética.

Y finalmente, y con un enfoque de mayor globalidad, hay que replantearse la política general de inversiones en almacenamientos subterráneos en el sector gasista. España tiene uno de los sistemas gasistas más flexibles y diversificados del mundo, que permite un abastecimiento ‘just in time’, dado el número importante de puntos de acceso del gas a nuestro país y la red de regasificadoras, con tanques de almacenamientos propios que permiten una flexibilidad enorme al sistema, y cuyo reforzamiento sería más asequible que los almacenamientos subterráneos, y así garantizar las reservas estratégicas necesarias de este hidrocarburo gaseoso. ¿Es razonable continuar invirtiendo en este tipo de instalaciones? ¿Es razonable ponerlas en funcionamiento afectando tan notablemente a la tarifa en un momento de intensa caída de la demanda? Adicionalmente, este sistema, este modelo está operando en un contexto en que en este mercado se ha producido un incremento notable de la oferta y una caída de la demanda mundial por el denominado shale gas y de puesta en marcha de nuevos gaseoductos.

La lógica consistente en precio del abastecimiento gas natural, más costes regulados de transporte, distribución y almacenamiento en términos de formación del precio total del suministro y su efecto sobre la tarifa del gas, no se puede, ni se debe perder de vista a la hora de tomar todas estas decisiones económicas.

En medio de todo esto, empieza a sentirse la presión de las industrias, grandes consumidoras de gas que recibirán el impacto de estos costes regulados y que utilizan como razonamiento el efecto sobre el empleo de la pérdida de competitividad de la elevación de los costes de la energía (sin perjuicio de que sus ambiciones sean mucho mayores que la eliminación de los costes regulados derivados del almacenamiento Castor).

Y una pregunta más, por cierto: ¿por qué en todas estas polémicas Enagás siempre sale de rositas?

La consulta de la CNE: ¿desvarío, gamberrada o plebiscito?

En días pasados, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió a través de la Secretaría de Estado de Energía una petición al órgano regulador independiente, esto es, a la Comisión Nacional de Energía para que se elaborase un diagnóstico, así como propuestas de medidas, con el objeto de efectuar un ajuste regulatorio para resolver los problemas de los sectores eléctrico, gasista y de hidrocarburos.

Para llevar a cabo esta encomienda, la semana pasada el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía puso en marcha un proceso público de consulta abierta, generalizada e indiscriminada. A tal efecto, la CNE ha optado por colocar unos formularios abiertos y disponibles en la web del organismo de forma que todo aquel que se considere concernido pueda dirigirse al organismo que preside Alberto Lafuente para opinar al respecto. Así, mañana expira el plazo de este proceso en el que cualquiera puede emitir su parecer con una extensión inferior a veinte páginas o diez, según el sector. El eléctrico y el gasista tienen veinticinco o veinte páginas de límite, mientras que el de hidrocarburos (un sector más liberalizado) tiene diez.

En todo caso, se trata de un proceso plebiscitario casi chavista, inaudito, con una formulación indefinida, abierta e imprecisa en la que las propuestas resultantes pueden contar con un tinte muy demagógico. A saber: que la energía sea las cuatro bes, “buena, bonita, barata y bundante”. A ver quién se opone a eso. Luego, también hay una suerte de tendido siete que critica lo que en buena lógica van a proponer y considerar cada uno de los agentes intervinientes en medio de una situación de caída de demanda, exceso de capacidad, tarifas congeladas administrativamente, primas crecientes y conflicto entre tecnologías. Los mediáticos de cada ramo se escandalizan de que tal asociación sectorial de otro ramo vaya a opinar esto o lo otro, y al revés, y que con ello pretendan ‘condicionar al Ministerio’ como cualquiera de los subsectores de la energía.

Por otra parte, desde el punto de vista institucional, se trata también de un proceso deslegitimador de los propios Consejos Consultivos del organismo, en el que, por cierto, están presentes los agentes de los distintos sectores energéticos. De hecho, la escenificación de los Consejos nunca ha pasado de ser más o menos una función de trámite obligatorio para el Consejo de Administración de la CNE, que ni siquiera se recogía en los informes. Este proceso confirma el valor que el organismo otorga a esa participación.

Del mismo modo, se trata de un proceso precipitado, en la medida que en un plazo tan breve, resulta muy difícil contar con una visión omnicomprensiva de estos sectores, con un análisis económico y de mercado que no esté sesgado por los propios intereses concretos o por modelos ideológicos de partida (¿qué se imaginan que podrán escribir los representantes de los colectivos retroprogresivos?). Es decir, resulta muy complejo no contar con aportaciones que no sean reafirmaciones sobre las posiciones dogmáticas de partida.

Y, finalmente, se trata de un modelo que no fija un marco de referencia previo, es decir, la garantía del respeto al modelo actual vigente que gira en torno a las leyes de 1997 y 1998. De hecho, parece que podrían ser cuestionables incluso la ley de la gravedad o la polaridad de los electrones que circulan por la red.

La CNE, desde la presidencia de Maite Costa, ha tenido tendencia a la voluntad de interpretación holística de la regulación energética, para buscar efectuar cuestionamientos a la totalidad sectorial del modelo legal vigente, incluso de las Directivas europeas, en el que el organismo regulador tiene un papel definido, sin convertirse en un canal para el revisionismo permanente. En esa tradición es en la que podemos inscribir propuestas como el famoso ‘testamento regulatorio’, revisiones más o menos completas del modelo de liberalización y de mercado, por la vía de la reflexión seccionada o las medidas parciales.

De dichos procesos no hemos sacado nada bueno hasta el momento, salvo comportamientos catárquicos y revisionistas de los que nunca se sabe cuál es su desembocadura. Hay una tendencia maximalista en efectuar reflexiones sesudas sobre el ‘modelo’ sin reparar en las dinámicas económicas básicas y de mercado y sin centrarse en los problemas. Por ejemplo, en el caso eléctrico, la evolución de los costes regulados y la incapacidad de las tarifas para atenderlos. En el caso gasista, tratar las inversiones y los costes regulados que apuntan a la insuficiencia tarifaria.

Si la cosa fuera en serio, quedaría la excusa a Alberto Lafuente y su Consejo de unirse al carro de las tendencias internacionales en materia de ‘open government’ o ‘wikigovernment’ que, de forma más rigurosa y seria, se están emprendiendo en otros países para articular el ‘empowerment’ de los agentes concernidos. Teniendo en cuenta que en muchos casos el consejo de Administración de la CNE ni siquiera ha considerado los informes particulares de los agentes en sus dictámenes, no parece que la cosa vaya por aquí e incluso que sepan qué es esto.

Lejos de visiones beatíficas o ingenuas relativas a la capacidad de los servicios del organismo para elaborar esta encomienda y desarrollar un cauce inteligente y previsible institucionalmente, la instrumentación política o demagógica de este proceso abierto en canal nos hace preguntarnos cuál ha sido el detonante para un comportamiento que introduce mucho ruido y que pretende afectar a los grados de libertad del Ministerio de Industria por la agitación que comporta.

Simplemente, esta Fuenteovejuna asamblearia, esta gamberrada, puede ser una coartada para dar salida a un informe que diga una cosa o la contraria, para avalar las propuestas del testamento regulatorio de infausto recuerdo en las postrimerías del mandato de Maite Costa, afianzarse en posiciones retroprogresivas como las del informe de costes y precios, atacar el modelo de liberalización (cuyo vicio son las intervenciones que lo erosionan) o un paso más en el desvarío del organismo que debe ser reconfigurado con urgencia antes de que haga más desastres como éste.