Es necesario hacer una introducción y un epílogo al tema de la traslación fiscal de las nuevas figuras tributarias que establece el Anteproyecto de Ley en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética actualmente en trámite parlamentario. En la introducción se trata de hablar de la voluntad del regulador respecto de estos impuestos para que sean absorbidos por las empresas.

Recordemos que, en primera instancia, estos impuestos irían destinados supuestamente (hasta que se confirme su aplicación) a reducir el déficit tarifario y el desajuste entre el coste del suministro (distorsionado por las primas y los costes regulados) y los ingresos por la tarifa (distorsionados por la negativa política a fijar costes realistas, interviniendo los precios gobierno tras gobierno).

Ese desajuste ha embalsado una enorme deuda galopante con las empresas, que en la actualidad, además, es financiada por ellas mismas. Esa deuda, esa factura, se pretende paliar con estos impuestos (cuyos efectos son cuantiosos y van mucho más allá de la traslación fiscal), pero el tema de este artículo es centrarnos en esta cuestión. Por otra parte, aún no se conoce cómo se van a reajustar las tarifas de acceso y las partidas que se asumen desde los Presupuestos Generales del Estado. Bueno, sí se conocen, a la luz del proyecto de PGE 2013 presentados: permanece igual.

Este mecanismo de «resolución» es consecuencia de lo mismo que ha causado el déficit: decisiones políticas que incrementan los costes regulados y primas e intervención de precios. Del mismo modo, y para evitar el coste de opinión pública de una eventual traslación fiscal a los precios del mercado de generación, al Ejecutivo le gustaría que todo el coste fuese absorbido por el sector empresarial y cruzaría los dedos para ellos, con una mirada en el MIBEL y otra en las encuestas.

En sentido contrario, los detractores del sector, con la idea buenista de la protección del consumidor, aseguran que los nuevos impuestos serán pagados por los consumidores porque serán trasladados integramente. Un análisis (con defectos económicos, hacendísticos y de mercado notables, dado su academicismo ideológico autárquico) en esa línea era suscrito por Natalia Fabra en el blog Nada es Gratis sosteniendo esta teoría.

Pues bien, ni tanto, ni tan calvo, según se desprende del análisis de los expertos financieros. Y es lógico que cualquier experto en Hacienda Pública no ideologizado lo vería. Conocíamos el fin de semana pasado el informe del BBVA, «Iberian Utilities Spain and Portugal, Market Analysis Equity Utilities, Why passing the new taxes through to consumers might not be as easy as it looks« (Por qué el traspaso de los nuevos impuestos a los consumidores no es tan fácil como parece) sobre los efectos de este proyecto (mal llamado «reforma») cuyas conclusiones son:

– Los expertos del BBVA señalan cómo en el entorno actual no parece muy realista suponer incrementos significativos de los precios en el mercado de la electricidad, al menos a corto plazo. Y esto se debe a la oferta de electricidad, que combina el exceso de capacidad a corto plazo, el estrechamiento del hueco térmico, la caída del factor de carga (fundamentalmente en los ciclos combinados) y la existencia de contratos con cláusulas «take or pay» en el suministro. Del mismo modo, en el informe se advierte de los efectos de la caída de la demanda de electricidad, que puede deteriorarse aún más si los precios siguen aumentando, lo que a su vez podría realimentar el déficit de tarifa.

– Por otra parte, el BBVA reconoce el fuerte impacto para los grandes consumidores de electricidad de esta imposición (en los que la energía supone un 48% de repercusión en sus cuentas de resultados en términos de costes), lo que podría afectar a la deslocalización industrial de estas industrias.

– En consecuencia, desde el BBVA sugieren que, aunque la brecha fiscal que crean los impuestos podría llegar a ser de 8 euros, la posible traslación (o internalización) en el mercado mayorista será mucho menor. Así, entre 2013 y 2015, según el BBVA, la traslación de estos impuestos se situaría entre los 2 y 3 euros, como máximo.

Y ahora viene el epílogo, la coda. Todo esto se produce por la pretensión política de irresponsabilizarse de las decisiones pasadas, algo que es en sí disfuncional. No reconocer la naturaleza de la deuda, su origen, su formación, incluso su financiación y la responsabilidad política que la va engordando, con uno de los mercados de generación más baratos de Europa, pertrechándose para ello de los retroprogresivos para diseñar una propuesta fiscal ni medioambiental, ni sostenible. Y, por el enfoque de tratar de abordar este problema sin afectar a los costes regulados y el esquema de primas crecientes a un ritmo del 25% anual, como conocíamos la semana pasada.

Segunda cuestión y no menos grave: las distorsiones del anteproyecto son mucho más graves que la mera traslación de los impuestos a los precios, cuestión que atiza los temores políticos de los cortoplacistas. Como hemos podido comprobar, el Anteproyecto afectará a la inversión presente y futura, afectará a la seguridad de suministro y afectaría al mercado ibérico de la electricidad (MIBEL).

En tercer lugar, la convicción que nuestras autoridades demuestran en relación al valor de la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y el modelo empresarial y liberalizado. Su pretensión de que cuanto más se internalicen esos nuevos impuestos, más efectos tendrá sobre el sector empresarial y sobre la seguridad jurídica de nuestro país. Y cuarto: el modelo empresarial y de sector eléctrico en nuestro país están en cuestión con estas medidas, dada la afectación a las empresas.

En todo caso, cabría señalar que la mejor manera de proteger a los consumidores sería fijar precios realistas de la electricidad y, a la vez, pensarse muy bien las decisiones que se toman para no incrementar los costes regulados y unas primas descontroladas. En realidad, a los consumidores habría que protegerlos de las decisiones políticas y del esquema de distribución, captura y extracción de rentas, que nos han traído hasta aquí y que pueden generar problemas de suministro para empresas, para sectores y para consumidores, mucho más severos que lo que tratan de resolver torcidamente.

En la entrevista, Dolader, ex Consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) entre 1999 y 2005, reflexiona profundamente sobre el origen del déficit tarifario, describiendo de una forma nítida y con una visión precisa y clarividente este momento de convulsión sectorial y reconstruye el momento que vive el sector eléctrico en nuestro país, como resultante de una sucesión de decisiones políticas contradictorias con el modelo de regulación y de liberalización de 1998 y la pérdida de sus principios rectores. La sabiduría que da la experiencia, el conocimiento, la perspectiva internacional y la madurez.

La entrevista será publicada en dos partes, los próximos lunes 15 y martes 16 de octubre. Además, seguidamente, el miércoles 17, publicaremos un artículo del propio Dolader en el que sitúa un punto de partida de una propuesta de avance en el modelo de regulación sectorial eléctrico en aras de una mayor eficiencia y de una mayor competitividad en el sector eléctrico.

El pasado viernes el blog de Fedea, «Nada es gratis«, acogía en su «site» un post sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética elaborado por Natalia Fabra y Gabriel Llobet. El contexto de esta publicación es muy importante. «Nada es gratis«, el blog de Fedea, es uno de los espacios más liberales, promercado, proliberalización, prorreformas y antiintervención que existen actualmente en los medios españoles, económicos y generalistas. Además de su rigor, su influencia es enorme. Sus principales autores, Javier Andrés, Antonio Cabrales, Luis Garicano, Tano Santos, Jesús Fernández Villaverde, Samuel Bentolilla, etc…, efectúan aportaciones acertadas, sustanciales y, además, con esa perspectiva que da la visión exterior desde la perspectiva internacional.

Desde el punto de vista de gestión de la oportunidad, con «Nada es Gratis«, la saga Fabra, había encontrado un objetivo de comunicación muy relevante para la gestión de su «branding» como expertos energéticos («branding» es la forma más fina hoy de decir la palabra ego) tratando de conseguir una reputación en el ámbito de la regulación eléctrica desde posiciones anticompetitivas e intervencionistas, en un monopolio de la interpretación de los hechos que suceden en el sector eléctrico bajo una visión ideologizada. Por un lado, es cierto que la energía, más en concreto la electricidad, está bajo los focos a raíz de la puesta en circulación de este Anteproyecto y de las promesas de una reforma adicional recientemente realizadas por parte del ministro Soria, lo que incentiva, si cabe aún más, la búsqueda de ese espacio público y mediático.

Por tanto, si el Consejo Editorial del blog conocía el contenido del post, a la vez que conoce el sector eléctrico de nuestro país, su funcionamiento, liberalización, su regulación y sus problemas, así como los postulados antimercado de Natalia Fabra y su genética, podríamos afirmar que su publicación sería un ejemplo de ejercicio de libertad de expresión en el ámbito puramente económico-académico. En todo caso, hubiera sido recomendable, expresamente, haber sido indicado con anterioridad lo que íbamos a leer, con esas advertencias que se incluyen en los artículos y entrevistas, de forma y modo que «los comentarios son responsabilidad de lo que los emite». En todo caso, lo que hace esta «Nada es Gratis» con la publicación de este post es la grave carencia de una visión promercado y procompetitiva en el sector energético, accesible y pública a los ciudadanos y a los economistas. Asimismo, sería recomendable conocer de primera mano una visión complementaria de alguno de los titulares de Fedea, con conocimiento sobre el mercado de generación, los costes regulados, con conocimiento del crecimiento de las primas y la naturaleza y origen del déficit tarifario, y que expresaran su opinión sobre este Anteproyecto de Ley en particular, y sobre el problema del sector eléctrico, en general.

Yendo al contenido del post, Natalia Fabra se queja de que el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética no es una reforma. Acabáramos. Eso ya estaba claro y está dicho por activa y por pasiva. Pero, es que, en realidad, la pretensión del proyecto no era reformar, sino absorber, taponar y acometer el déficit tarifario y la generación de nuevo déficit (lo que no quiere decir que lo consiga o que lo haga de forma eficiente, o ninguna de las dos cosas).

De lo segundo de lo que se queja Fabra es de que, previsiblemente, estos tributos los pagarán los consumidores. Rebobinemos, pues. El déficit tarifario es la resultante acumulada de la parte de los costes del suministro que no se le ha pasado a los consumidores en forma de factura a través de las tarifas, desde el año 2002, porque a los responsables políticos les daban miedo sus efectos en la opinión pública. En mayor o menor medida, el traslado a los consumidores se debería haber producido antes o después. Pero el hecho es que, desde el punto de vista fiscal y de la hacienda pública, habrá una parte que se trasladará a los consumidores y una parte que será absorbida indebidamente por las empresas de las cantidades adeudadas a las mismas (eso que se sepa el destino final de estos recursos fiscales). Desde el punto de vista metodológico, sería interesante preguntar a la autora por atacar el origen de los costes regulados y de las primas, por abordar su reducción y por si su contención podría haber favorecido que el coste del suministro no creciera y, así, no se le habría trasladado a nadie.

Consciente de que en el blog de Fedea era difícil incorporar grandes dosis de demagogia intervencionista e ideológica, Natalia Fabra entra con cierto cuidado y acepta el funcionamiento del mercado eléctrico hasta que le conviene (en primer lugar, bajos precios y correlación con otros mercados hasta que se anunciaron las medidas fiscales). A partir de ahí, no comprende el descuento de expectativas que efectúa el mercado al conocer la previsible chapuza (como hacen todos los mercados cuando funcionan correctamente y provocan eficiencia).

Para todo ello utiliza una vía de análisis simplificada desde el punto de vista académico, que no pasa de la microeconomía básica. Estos supuestos académicos poco sofisticados vuelven muy peligroso el análisis. Estos defectos son: ausencia de los datos económicos financieros y contables de las actividades (en especial la nuclear), carencia de experiencia, comprensión y conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados, desprecio de la componente financiera e inobservancia de la integración de la actividad de generación en el MIBEL y del trading de importación-exportación de energía. En el punto de vista de la Hacienda Pública, con una interpretación errónea de la aplicación de los impuestos, en términos de hechos imponibles y tipos impositivos, de forma que no cuenta como el modelo de retribución de las tecnologías renovables consiste en «pool+prima» y en su retroalimentación incrementalista para estas tecnologías, que pueden acabar cobrando más.

Pero, a pesar de todo ello, con ese desarrollo argumental, es decir, con este punto de partida de modelo académico en condiciones teóricas, Natalia Fabra no obtiene mucho juego para sustentar las posiciones clásicas como esforzada académica que valida las tesis paternas con respecto a determinadas tecnologías y su obsesión por el control de rentas, sin mercado. Y, por ello, la solución y resolución del artículo se produce, sorprendentemente, en el último párrafo, para pasar de lo descriptivo bajo su modelo hasta lo normativo. Salta de un análisis positivo para llegar a las recomendaciones. Efectúa una pirueta que consiste en pasar de describir (con matices y filtros de distorsión) a decir lo que debe ser, lo que se debe hacer y quién debe financiar los nuevos tributos. Es decir, Fabra pontifica sobre lo que en su opinión deben ser los beneficiados y perjudicados del sector eléctrico y, según ella, deben asumir la cuenta pendiente, en plena coherencia con su pensamiento anterior.

Dos datos más. Al parecer, su padre, Jorge Fabra, ha elaborado un informe que ha entregado a Cristina Narbona con parecidos supuestos, con el fin de fijar la posición contraria del Partido Socialista Obrero Español, de cara a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Segundo dato: Natalia Fabra, en este artículo, ha conseguido incluir un link directo entre su post en «Nada es Gratis» a «Economistas Frente a la Crisis«, blog que alimenta y protagoniza su padre, como cabeza pública de esta plataforma. ¿Es posible una carambola con más bandas? ¿Qué les parece este capicúa efectuado con tanto desparpajo? ¿Se habrán dado cuenta los responsables de «Nada es Gratis«?

En verdad que nada es gratis. Menos los Fabra.

La noticia de que la CNE, en su informe de supervisión, confirma la transparencia en el funcionamiento del sistema de subastas CESUR, quitando las suspicacias y las sombras de sospecha que, interesadamente, se habían propagado desde ciertas y diferentes instancias es, ciertamente, una muy buena noticia, que requiere su valoración. No hay indicios de alteraciones, ni siquiera en los días previos a la subastas, como ha confirmado el órgano regulador y supervisor independiente, frente a lo enfatizado hace unos meses de forma frívola por los detractores del mercado.

En estos momentos, habría que recuperar la memoria histórica y habría que recurrir a la hemeroteca para ver cómo ciertos medios de comunicación, sus cabeceras y sus escribidores, se concentraban en aplicar la pena capital a las subastas de electricidad para la tarifa de último recurso, toda vez que, fruto de las tensiones de oferta y demanda de electricidad estacionales de cada revisión, los precios resultantes crecieron o se mantuvieron en las dos últimas revisiones trimestrales. Curiosamente, estas sospechas no se pronunciaban cuando los precios de la electricidad caían en estas subastas y permitían compensar las subidas de costes regulados. Burdo y oportunista, sí, pero consta en las hemerotecas.

Por cierto, esta evolución era algo que, con un cierto y básico análisis económico (liberal, de mercado, únicamente basado en la oferta y la demanda, eso sí), era evidente. Además, es conocida la creciente competitividad existente en el mercado de generación eléctrico español por la participación de cada vez más operadores entrantes así como de diferentes tecnologías concurrentes, de forma que su funcionamiento recoge las condiciones de oferta, demanda y capacidad.

Pero, en su lugar, su tratamiento ha estado sujeto a posiciones, intereses y controversias extraeconómicos, políticos, ideológicos o demagógicos que se aprovechan de la facilidad con la que prenden las sospechas sobre todo lo empresarial en nuestro país, en una concepción de la economía ultramontana y peronista, insólita incluso para los partidos políticos socialdemócratas europeos y americanos. Habría que recordar, además, cómo desde todas estas instancias azuzaban al Gobierno, necesitado de buenas noticias, o al menos de no dar malas, para incendiar una polémica por la vía de la generación de la sospecha y la deslegitimación irresponsable.

Claro, como con los últimos resultados de estas subastas no se podían absorber los crecimientos continuos y acelerados de los costes regulados (cuya decisión es estrictamente administrativa/política/discrecional), por descensos o mantenimientos en el factor energía del coste del suministro, sin subir la tarifa (incurriendo en costes políticos), la solución era sembrar cizaña sobre el funcionamiento de mercado eléctrico y las subastas. Y, todo ello, con la mera enunciación concatenada e intencional de las noticias, presentadas maliciosamente y en el momento oportuno, para cuestionar el mercado eléctrico.

Es más, de esta manera, con la trama conspiratoria, siempre más atractiva que el aburrido análisis económico, se distraía la fuerte tendencia de crecimiento geométrico de los costes regulados, disfrazando el problema. Recuerden, a tal efecto, lo que los llamados «archivos sonoros» nos pueden aportar con respecto a las subastas y al mercado, en las declaraciones que el exconsejero de la CNE, Jorge Fabra, azote del mercado, efectuaba a los medios de comunicación, difundiendo estas sospechas y otras más, uncidas a las revisiones tarifarias trimestrales. Todo un clásico ya.

Pero, es más. La existencia del colectivo retroprogresivo de la electricidad, impropia de una economía occidental, con sus integrantes que alientan la erosión del funcionamiento de mercado, para dinamitar este modelo y sus mecanismos de eficiencia basados en la competencia, es el soporte ideológico que lo mantiene. Este colectivo pretende suprimir el mercado para sustituirlo por un modelo intervencionista, de planificación y de rentas discrecionales sin empresas, ni iniciativa privada en términos factuales. Por eso alientan la involución sobre la liberalización y el mercado, dado que, a su juicio, es más fácil pagar cuatro veces más la generación de un MWh de una tecnología vía subsidios, que dejar que el mercado libre funcione, con reglas claras, pero sin intervenciones y que sus precios medios sean de los más bajos de Europa.

Hay que contextualizar, por tanto, esta noticia en lo que supone, proporcionándole la relevancia e importancia que merece. Esta noticia confirma, reafirma y avala el funcionamiento del mercado mayorista de generación español, como mecanismo eficiente de formación de precios en un marco competitivo. El mercado como pieza básica del proceso de liberalización y de organización y funcionamiento sectorial. De hecho, el mercado, en sí, es una institución y, en nuestro país sigue persistiendo la necesidad de esta institucionalización y de mecanismos que garanticen una correcta percepción de los hechos económicos, inclusive en los precios de la electricidad. Sucede, además, en un momento de deriva económico-sectorial muy intenso, fruto de los vaivenes políticos e ideológicos que circundan el sector eléctrico, a cuenta de las medidas en ciernes, donde cada noticia persigue un fin solapado.

Es una noticia importante, por tanto, para el sector eléctrico, para los consumidores y para la economía, en general.