A vueltas con los 48 €/MWh

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48 euros fue el precio del megavatio/hora (MWh) que el Gobierno fijó para el primer trimestre de 2014 después de la anulación de la 25ª subasta CESUR: un precio que fue prorrogado posteriormente ante las dificultades para implantar de forma inmediata el nuevo método de fijación de precios propuesto por el Gobierno.

También es el que, según apunta la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Industria toma como referencia para el año 2014 a la hora de fijar la retribución a la inversión, uno de los nuevos pilares del nuevo régimen retributivo para las plantas de renovables, de cogeneración y de residuos.

La estimación realizada en su momento se tornó errónea y bastante alejada de los precios marcados por el pool. Desde el Ministerio de Industria trataron de apuntarse el tanto para, sin rebajar el déficit tarifario acumulado, proporcionar una “devolución” en la factura a los consumidores. Así, la primera consecuencia de la fijación de 48 euros MW/h como precio de la electricidad ha sido la devolución para los consumidores del dinero pagado de más durante el primer trimestre debido a que el precio real del pool fue un 46% inferior al establecido por el Gobierno. Aproximadamente 300 millones de euros de devolución, una cuantía comunicada oficialmente por el ministro de Industria, Energía y Turismo en vísperas de las elecciones europeas de mayo, cuestión que levantó todas las sospechas por su oportunismo.

Pero los malabares con el número 48 no cesan. En sentido contrario, la estimación de los 48 euros MWh en el mercado mayorista se ha fijado como referencia para determinar la retribución de la energías del régimen especial en 2014, de forma que si el precio del pool es inferior, las instalaciones deberían ser compensadas hasta completar su retribución denominada “razonable”, y si es superior, no perciben compensación e incluso podrían tener que devolver parte de su retribución. Pero el mecanismo no tiene prevista su revisión final, en función de lo que dictamine el mercado, hasta el final de cada semiperíodo regulatorio, es decir, 3 años.

En esta tesitura se encuentran las tecnologías del régimen especial. Así, según la AEE, el precio de 48 euros MWh como media del pool en 2014 no será tal y posiblemente será de aproximadamente 41 euros, lo que supondrá para el sector eólico un perjuicio de 200 millones. A diferencia de lo ocurrido con los consumidores, el Estado abonará la retribución a la inversión en función del precio estimado de mercado y no del real; por tanto, en este caso, el abono de la cantidad que falte para alcanzar la cuantía del precio estimado no será en consecuencia ni mucho menos inmediata sino que los productores tendrán que esperar hasta 3 años más tarde.

El perjuicio para los productores del régimen especial no se limita a tener que financiar esta merma en sus ingresos durante estos 3 años. Además, a la hora de fijar las futuras compensaciones por la desviación del precio real del mercado respecto al precio estimado, la nueva normativa establece unos límites inferior y superior: una especie de cláusulas techo y cláusulas suelo que establece Industria y a partir de las cuáles ya no habrá una compensación.

Esta doble cláusula, tan controvertida en las hipotecas, supone que si el precio real es notablemente superior al estimado, una parte sería devuelta al Estado por los productores renovables mientras que la otra sería de beneficio para ellos; por contra, como sucede en 2014, si el precio real es inferior al estimado, el Estado tendrá que compensar a los productores. Pero hay una cantidad, a partir del límite establecido, que tendrá que ser directamente asumida por los productores como pérdidas.

Desde la patronal eólica lo tienen claro: puesto que a mitad de 2014 ya es evidente que el precio estimado para el conjunto del año no se aproximará al real, reivindicaron que la aprobación del real decreto reconsiderara las cifras establecidas para no incurrir en un «error» que suponga un perjuicio de 200 millones de euros para los productores del sector eólico. Además, reclamaron la eliminación de los límites inferior y superior a la hora de fijar las compensaciones de cada año para que la retribución se aplique «según el precio medio real del mercado al final del periodo», ya que, según apuntaron desde la Asociación Empresarial Eólica, «únicamente en 2008 el precio medio del pool fue superior al estimado».

Este nuevo perjuicio a los productores renovables, combinado con el comportamiento ventajista hacia la opinión pública del Industria, conduce a una doble reflexión: el Gobierno fijó el precio de 48 euros MWh y, al comprobar que el precio no se correspondía con el del mercado, optó en mayo por una devolución a los consumidores de 300 millones de euros cuando previamente en diciembre subió los peajes un 2% para conseguir, sólo en 2014, 270 millones con los que empezar a pagar la amortización del déficit de 2013 durante los próximos 15 años. Si para los consumidores hubo devolución, aunque esta palabra resulta engañosa a la vista de que su situación no ha mejorado respecto a diciembre de 2013 y sigue habiendo una deuda acumulada de 30.000 millones por pagar, cabe preguntarse si la falta de corrección del precio estimado para las renovables responde a un «error» o a una decisión deliberada.

En cualquier caso, parece que lo más perjudicado con este Decreto volverá a ser la seguridad jurídica y la seguridad regulatoria en el Reino de España. Turno ahora para la conflictividad judicial que se avecina por este ejercicio de desmesura regulatoria realizado desde el Ministerio de Industria.

El Rey Juan Carlos I abdica

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Rajoy ha hecho el anuncio en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en la que ha estado presente la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. Don Juan Carlos, de 76 años, fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975. Su hijo, Felipe de Borbón, de 46 años, se convirtió legalmente en príncipe de Asturias en enero de 1977.

Rajoy anunció también que convocará para este martes un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia y avanzó que, al tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica de acuerdo con lo que señala el artículo 57.5 de la Constitución.

«Espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias», señaló el presidente del Gobierno, quien se ha mostrado convencido de que «los españoles sabrán escribir esta nueva página de su historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su Majestad el Rey».

En ese sentido, Rajoy rindió homenaje a don Juan Carlos al haber encarnado durante 39 años «el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad». «Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono que ahora abandona, supo ser su baluarte cuando la vio amenazada, ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mudo y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles«, añadió.

Intermediación con los inversores internacionales

Una de las principales tareas del Rey Juan Carlos I durante los últimos meses ha sido la gira por los países de Oriente Próximo que le ha llevado a visitar consecutivamente países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Bahréin. Un viaje en el que se ha visto acompañado siempre por un nutrido grupo de ministros y empresarios con el objeto de abrir vías que favorezcan la salida de la crisis económica para España mediante los lazos comerciales con estos países del Golfo.

La llamada reforma energética puesta en marcha desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por José Manuel Soria está entrando en su recta final durante estas semanas con la previsible aprobación de los correspondientes decretos para fijar los modelos retributivos y los parámetros a considerar. Unida esta reforma a los recortes retributivos para las energías renovables ejecutados desde 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todas estas medidas han soliviantado a los inversores internacionales, enormemente contrariados por los cambios sobre la marcha de las normas de juego.

Precisamente, en estos últimos viajes por Oriente Próximo, el Gobierno emiratí de Abu Dhabi trasladó a la delegación española encabezada por el Rey su malestar por los sucesivos recortes aplicados por el Gobierno a las energías renovables, que afectan directamente a su fondo soberano. De hecho, en febrero, la firma de inversión estatal del emirato, Masdar Solar and Wind Cooperatief, denunció a España por los recortes a las renovables, en este caso a la termosolar, ante el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Hay que recordar que esta compañía, Masdar, está en asociación con la vasca Sener en la firma Torresol, que cuenta con la planta de energía termosolar Gemasolar, en Fuentes de Andalucía (Sevilla), inaugurada precisamente en octubre de 2011 por el propio monarca.

Hereda por tanto, el Príncipe Felipe de Borbón, una Corona con múltiples retos que afrontar en el corto plazo: el desafío soberanista de Cataluña, la corrupción en las instituciones, el descrédito de la clase política española, la incipiente crisis del bipartidismo en el sistema político y el crecimiento progresivo de la izquierda con postulados republicanos, pero también, y no precisamente en un segundo plano, la cuestión energética y la inquietud de los inversores internacionales por las medidas puestas en marcha por el ministro Soria. Tarea tiene por delante.

El gas para la movilidad: el contexto

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Aproximadamente el 54% del gas natural que llega a España lo hace a través de gasoducto, fundamentalmente de origen argelino; el 46% restante lo hace mediante el GNL, gas natural licuado, a través de buques metaneros que utilizan una de las seis regasificadoras que hay en la costa de España (serían siete con la de El Musel, en Gijón, inmersa en problemas en los tribunales).

El GNL (gas natural licuado) es un gas natural que ha sido enfriado y condensado a una temperatura de alrededor de -160ºC, lo que permite su transporte por barco. Un litro de GNL contiene un poder energético equivalente al de 0,6 litros de diésel y, por lo que se refiere a su volumen, 1 m3 de GNL resulta equivalente a 600 m3 de gas natural.

La utilización del gas como combustible para el transporte en carretera no es ninguna novedad: de hecho en España, se empieza a extender su uso en vehículos pesados como autobuses o camiones de basura, si bien es cierto que la Administración actúa fundamentalmente como impulsora de este tipo de transporte. La autonomía de estos vehículos puede superar los 500 kilómetros.

En el debate parlamentario para pedir un Plan Nacional sobre la Automoción con gas, hubo cierto consenso en señalar las ventajas que la extensión de este combustible tendría: económicas, reduciendo la dependencia del petróleo, pero también medioambientales, reduciendo las emisiones. También es cierto que desde la Izquierda Plural reclamaron el apoyo a otra clase de vehículos como el coche eléctrico.

Las instituciones comunitarias acaban de aprobar la directiva de Infraestructuras para combustibles alternativos que entre otras medidas recomienda una distancia de 400 kilómetros entre estaciones de GNL y de 150 kilómetros entre estaciones de GNC (gas natural comprimido), este último mayoritariamente para vehículos de uso privado y que resulta más económico por su potencial energético a pesar de ser relativamente más caro respecto al GNL. Lo cierto es que en España, a pesar de que el volumen total de vehículos que lo utilizan es bajo, existe una considerable red de distribución del GNL en transporte.

En cuanto al tren, hay que tener en cuenta que la electricidad es la fuente de energía de las líneas ferroviarias más importantes. Sin embargo, todavía persiste el diésel como combustible para ferrocarriles de corto recorrido. La investigación en Norteamérica sobre la utilización del gas natural licuado como combustible ferroviario, una consecuencia más de la revolución del fracking, comienza a configurarse como una alternativa más económica y menos perjudicial para el medio ambiente: las estimaciones iniciales sugieren que la aplicación de GNL para las operaciones ferroviarias podrían reducir las emisiones de carbono en un 30%, mientras que las emisiones de óxidos de nitrógeno podrían ser recortadas hasta en un 70%.

Si en algo insistió el portavoz de Energía del PSOE, José Segura, en el debate parlamentario sobre la cuestión, fue en extender el Plan Nacional que se reclama también al transporte marítimo. Según el diputado canario, «la Convención Internacional de Prevención de la Contaminación por los Buques definirá a medio plazo, que el Mar Mediterráneo y todo el litoral peninsular sean declaradas zonas ECA (Área de Control de Emisiones)». La principal consecuencia de esta definición supone limitar considerablemente las emisiones de óxidos de azufre, lo que implica que en estas áreas no sea posible la utilización de los combustibles marítimos tradicionales por sus elevadas emisiones.

La definición de zona ECA ya afecta al Mar del Norte y al Báltico; la reacción es inmediata: existe una fuerte política de construcción de nuevos barcos con la incorporación de motores de gas natural licuado o incluso con la transformación de los barcos existentes a la nueva tecnología de gas. El mayor problema para España, además de depender en un 50% del suministro de gas con origen en Argelia, es que, según José Segura, «todavía hay que desarrollar más los surtidores precisos para abastecer a esta clase de buques«.

En definitiva, aunque en la actualidad sea bastante reducido el número de vehículos que utilizan el gas como combustible en España, resulta evidente que, a la par que va cobrando más fuerza la necesidad de actuar en materia de transporte para avanzar en el cumplimiento de diversos objetivos marcados por una estrategia europea sobre Energía y Clima, este debate va a ir adquiriendo mayor protagonismo.

Chira-Soria: cronología de una asfixia

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Endesa subraya que ha cumplido con todas las obligaciones marcadas por el concurso e incide en que sin definirse la retribución de Chira-Soria será «muy difícil» afrontar una inversión de esta magnitud «por la incertidumbre derivada de las modificaciones normativas aprobadas después del concurso». El Ministerio de Industria respalda que Red Eléctrica de España, operador del sistema y del transporte, entre también en la actividad de generación asumiendo el bombeo de la central hidráulica para garantizar el suministro y la seguridad en la gestión de energía renovable; según el Ministerio, esta decisión permitirá iniciar a principios de 2015 el proyecto, presupuestado en aproximadamente 200 millones de euros. En Energía Diario revisamos la cronología que llega al controvertido momento actual.

Antes de 2011

Chira y Soria son dos presas de agua situados a distinta altura en la isla de Gran Canaria. La central de Chira-Soria pretende aprovechar los excedentes de la energía eólica, que no pueden ser revertidos a la red común, para desalar y elevar agua desde un embalse a otro (entre ambas presas hay un salto de 400 metros) mediante bombeos y generar así energía hidroeléctrica.

El proyecto se remonta a 2006. Dos años más tarde, en 2008, Unelco-Endesa ya planteaba mejorar la gestión de la demanda gracias al almacenamiento de energía eléctrica en horas de menor consumo para verter y descargarla en horas punta, una opción que permitiría optimizar la intermitencias y fluctuaciones de la potencia eólica y renovable en general. Era un proyecto básico que se presentó a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias; en 2009 ya se vislumbraba su viabilidad técnica y económica.

La realidad es que el proyecto pasó años guardado en un cajón. Las autoridades canarias no mostraron mayor interés hasta que el Cabildo de la isla, gobernado por el PSC-PSOE y Nueva Canarias (NC), decidió poner en marcha los trámites de ejecución para su construcción y posterior puesta en funcionamiento.

2011

12 de enero. Se hace público el decreto que recoge el pliego de cláusulas que regirán el concurso para el otorgamiento de la concesión de las aguas embalsadas de Chira y Soria. Dicha concesión será sometida a licitación pública, por lo que el Cabildo grancanario fija un plazo de tres meses para recibir las ofertas de las distintas empresas interesadas en presentar su correspondiente anteproyecto y propuesta, así como demostrar que cumplen con el resto de exigencias citadas en dicho pliego. Asimismo, en el citado decreto el Cabildo grancanario considera prioritario que la empresa adjudicataria dispusiera de autorización para generar y producir energía eléctrica.

20 de enero. Mediante un nuevo decreto, el Cabildo cambia las condiciones con el fin de propiciar la entrada en este proyecto a cualquier empresa del sector eléctrico que contase con el visto bueno del Ministerio de Industria para instalar una central hidroeléctrica. La explicación que da el Cabildo a este cambio en las condiciones del concurso es que se produjo un «error», dejando de exigir los requisitos y experiencia propios de las empresas generadoras. Todo esto acaecía mientras el operador del sistema eléctrico, es decir, Red Eléctrica de España (REE) mostraba mediante sus responsables su interés como posible candidata a optar a la construcción de la central de Chira-Soria.

20 de abril. Concluye el plazo para presentar ofertas; sólo se recibe una, la de Endesa, que obtiene en el concurso 99 puntos sobre 100 posibles. Ninguna otra empresa nacional ni extranjera concreta su interés por construir la central de Chira-Soria. La adjudicación es inmediata.

6 de junio. El Cabildo de Gran Canaria adjudica a Endesa la titularidad y ejecución del proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo entre las presas de Chira y Soria. Se establece un coste estimado de 274 millones de euros.

20 de julio. Endesa presenta un escrito al Ministerio de Industria junto con el que se remite un estudio sobre los costes del proyecto de Chira-Soria y solicita la definición de los valores específicos de inversión y operación y mantenimiento a reconocer a esta central.

28 de diciembre. El Cabildo de Gran Canaria, en manos del Partido Popular desde junio, aprueba una resolución promovida por el PSOE en la que insta al nuevo ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, a que fije los valores retributivos de la central. Es el motivo por el que Endesa no ha comenzado aún los trabajos. La resolución alude a la adjudicación y también exige a la compañía comenzar las obras «sin demora».

2012

1 de marzo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, admite discrepancias entre la Administración y Endesa respecto al coste de la obra. Tanto el Gobierno insular como el Ministerio trabajan de la mano de la empresa adjudicataria con el objetivo de reducir los costes de la obra: «Si los costes de construcción se abaratan, la retribución que recibirá la operadora será también más barata», dice Bravo de Laguna.

15 de marzo. La Dirección General de Política Energética y Minas dicta la resolución por la que se establecen los parámetros retributivos provisionales y máximos de la central hidráulica reversible de 200 MW de Chira-Soria.

2013

15 de marzo. El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares. En consecuencia, afecta a los territorios de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, y se ordena el traspaso de la titularidad de las plantas de bombeo y regasificación en estos sistemas para que sean gestionadas por Red Eléctrica de España y Enagás. De aprobarse así la Ley, Chira-Soria pasaría directamente a REE.

19 de marzo. Red Eléctrica considera que el proyecto de ley «es positivo para las islas, porque aumenta la seguridad en el suministro eléctrico, lo que beneficia al sistema y a los consumidores», al tiempo que introduce «más competencia». De hecho, aseguran que la opción por la que optó el Gobierno tiene precedentes en otros países europeos, donde la ley habilita al operador de la red a «ser titular de cualquier instalación de producción eléctrica en el territorio nacional por razones de seguridad de suministro».

25 de marzo. Endesa denuncia que el cambio de titularidad de las centrales de bombeo es una medida «incompatible con el derecho comunitario y la legislación española», porque va a generar una situación de «conflicto de intereses» al convertir a Red Eléctrica en operador del sistema, transportista único y generador.

1 de abril. La patronal canaria advierte sobre la inseguridad jurídica derivada de la reforma eléctrica impulsada por el Gobierno central para las Islas Canarias.

17 de abril. El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, niega ser parte «cohacedora» en la elaboración de la norma que plantea que el operador eléctrico asuma la titularidad de las centrales de bombeo en las Islas Canarias, en manos de Endesa. «Hay un proyecto de ley y nos acogemos a él», sentencia.

8 de mayo. El portavoz de Energía del Grupo Socialista en el Congreso, el diputado canario José Segura considera «preocupante» en una entrevista concedida a Energía Diario que se modifique «por ley» un concurso ya adjudicado a Endesa para dar el bombeo a REE, culminando una de las históricas aspiraciones de la compañía. Segura estima que «probablemente» será para la empresa presidida por José Folgado “el primer paso para hacerse con posterioridad con las instalaciones de bombeo de la Península”.

7 de junio. Las negociaciones entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias introducen modificaciones en el proyecto de ley: Endesa podrá mantener la titularidad de los dos proyectos de centrales hidráulicas de bombeo en Canarias siempre que cumpla un calendario de ejecución que tendrá que presentar antes de un mes a partir de la entrada en vigor de la nueva ley sobre sistemas extrapeninsulares, así como un aval por el 10% de la inversión. Así se aprueba en octubre.

28 de julio. La consejera de Empleo, Industria y Energía del Gobierno de las Islas Canarias, Francisca Luengo, asegura en una entrevista concedida a Energía Diario que las prioridades más inmediatas en materia energética para el archipiélago pasan por “los bombeos» mientras que su titularidad es para su gobierno algo «indiferente». «Lo importante es que los bombeos se hagan; y que se hagan cuanto antes posible», sentencia la consejera canaria.

10 de octubre. El presupuesto para la construcción de la central de Chira-Soria se abarata a 167 millones de euros. Esta nueva cifra se da a conocer en el momento en que, presentados el proyecto constructivo de las obras y el correspondiente estudio de impacto ambiental, el Gobierno canario somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública y de impacto ambiental de la central de Chira-Soria. A pesar de que el período de alegaciones consta de un plazo legal de dos meses, por voluntad del Gobierno canario este plazo se alargó.

2014

2 de mayo. El Ministerio de Industria y Energía anuncia que Endesa renuncia a la ejecución del proyecto de la central hidráulica de Chira-Soria y le obliga a transmitir a Red Eléctrica de España el proyecto y las instalaciones de la obra. Fuentes próximas a Endesa aseguran que no ha renunciado al proyecto y que lo único que ha hecho ha sido pedir aclaraciones.

3 de mayo. José Manuel Soria insta a Endesa a llegar a un acuerdo con Red Eléctrica de España en la negociación de 6 meses que se abrirá a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del traspaso. El objetivo: fijar el precio de compraventa de la titularidad, cantidad que debe tener en cuenta los costes en los que hayan incurrido hasta la fecha los promotores del proyecto. En caso de no alcanzar un acuerdo será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien designe un árbitro que, en el plazo de tres meses, dictará un laudo que tendrá que ser asumido por ambas partes.

6 de mayo. Endesa aclara que la empresa «no ha renunciado» a llevar adelante la construcción de la central Chira-Soria si bien considera que en este proyecto existen una serie de incertidumbres regulatorias y de retribución que dificultan afrontar con garantías ese proyecto. Por su parte, el Ministerio publica en el BOE la orden que impone a Endesa la obligación de transmitir al operador del sistema, Red Eléctrica de España, la titularidad de la central.

8 de mayo. El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, indica que la compañía «asumirá el mandato del Gobierno» respecto al cambio de titularidad hacia REE del proyecto de la central de Chira-Soria (Gran Canaria). Folgado advierte de que la asunción de esta central no implica para REE «dedicarnos a generar» electricidad, sino que constituye «un instrumento para la seguridad del suministro, la estabilidad del sistema y la integración de las renovables» no gestionables. Además, el presidente de REE explica que su retribución no dependerá de la producción, sino que será «razonable» en su calidad de actividad regulada. Puesto que ya se había fijado una retribución «máxima» para la central, ¿las palabras de José Folgado abren la puerta a una revisión de la retribución?

El gas para la movilidad: un debate en los tiempos de Crimea

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No parecía que hubiera profundas discrepancias entre las fuerzas políticas a raíz de la iniciativa presentada por el PP; lo cierto es que, finalmente, el acuerdo no fue posible por lo que la iniciativa sometida a votación ha sido la presentada originalmente por el grupo mayoritario con un añadido propuesto por CiU para tener en cuenta a las administraciones territoriales.

Así, la iniciativa logró finalmente el respaldo del PP, CiU, PNV, Foro Asturias (FAC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria(CC). El diputado del Partido Popular, Miquel Ramis, explicó que su iniciativa busca que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) prepare un informe sobre las posibilidades técnicas y la viabilidad económica de la aplicación de la automoción con gas natural y autogas (GLP), a partir del cual preparar un Plan Nacional sobre la Automoción que permita «diversificar el mix energético nacional, aumentar la competitividad de la economía y avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero».

El diputado Miquel Ramis destacó además que con este Plan se podría reducir la dependencia energética de España, cuyo mix está basado en un 77% en las energías fósiles, el 75% de las cuales son importadas, fundamentalmente petróleo, gas y carbón. Y recordó que también la Unión Europea trabaja en esta línea de apoyo y promoción de los combustibles alternativos.

No obstante, Ramis subrayó que cualquier plan debe garantizar que la energía que se obtenga cumpla tres requisitos «inexcusables»: que sea suficiente para la industria y los hogares, segura en el suministro «para no correr riesgos innecesarios» y competitiva en su precio, «el mejor posible». Además, las líneas de trabajo prioritarias deberían ser la mejora del marco regulatorio (fiscalidad y plan PIVE para este tipo de vehículos), el desarrollo de puntos de suministro (que cada vez cuenta con mayor iniciativa privada), la ampliación de la oferta de vehículos y una mayor promoción de esta opción de transporte «ya que cuenta con reticencias de los usuarios».

«Les hablo desde el sentido común, desde una aproximación llana y sencilla: no se trata de contraponer distintas fuentes energéticas, sino más bien de todo lo contrario, de que todas las fuentes sean perfectamente complementarias«, concluyó el diputado balear que expresó «su deseo conjugar lo deseable, energías alternativas de emisiones, con lo posible, el gas natural con las mínimas emisiones».

Inmaculada Riera, de CiU, indicó que su grupo compartía la propuesta del PP, que «abre la puerta a una alternativa ecológicamente responsable y económicamente sostenible» que permitiría «reducir la dependencia energética que tanto lastra a España y apostar por el ahorro y la eficiencia». No obstante, Riera reivindicó que en cualquier plan estratégico para aprovechar el gas como combustible de automoción debería contarse con las aportaciones tanto de los agentes del sector ya interesados como de las administraciones competentes en materia de Industria, propuesta que materializó a través de una enmienda que fue integrada en la iniciativa por el PP.

Alternativa en mar y carretera

Por su parte, el portavoz socialista de Energía, José Segura, recordó que ya existe un Plan Nacional del Gas, por lo que el PSOE presentó una enmienda para «mejorar» la iniciativa para impulsar el gas como combustible alternativa y que se incluya no sólo a la movilidad terrestre, sino también a la marítima o la ferroviaria, y que se acompañe de «una estrategia integral inteligente que tenga en cuenta experiencias positivas» que ya existen en el país ya que, según indicó Segura, «desde el año 2002 España viene experimentando un crecimiento del 28% anual en el número de vehículos que consumen gas natural, especialmente en el sector de los vehículos pesados», refiriéndose a autobuses y vehículos de recogida de residuos.

En este sentido, José Segura aseguró que el uso del gas natural en el transporte por carretera es una «alternativa tecnológica real al gasoil» que podría conllevar «importantes beneficios económicos y medioambientales» al reducir la dependencia de los derivados del petróleo y las emisiones del sector. Pero el diputado canario reclamó una visión más ambiciosa para este Plan Nacional sobre la Automoción con Gas ya que ofrece unos horizontes «espectaculares«.

Por ello, Segura aludió al convenio MARPOL, que regula la contaminación en el mar y define las zonas marítimas ECA, y el interés de la Unión Europea hacia un combustible para el transporte «más limpio»: planteamientos que inciden en el uso del gas natural licuado (GNL) como sustitución de los combustibles marítimos tradicionales, «de baja calidad», por lo que el portavoz socialista de Energía hizo un llamamiento para aprovechar las infraestructuras gasistas que podrían tener los puertos españoles como puerta del Mediterráneo y de Europa.

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural, avisó al PP de que su grupo no apoyaría la iniciativa si su único interés es «seguir estirando los hidrocarburos, los combustibles fósiles, independientemente de cómo», y criticó que «se dé luz verde a prospecciones petrolíferas, se ponga alfombra roja a los promotores del fracking y ahora haya barra libre a los vehículos del gas natural». También denunció la utilización del IDAE, «del que recortan su presupuesto, y ahora distraen de su labor, la promoción del ahorro energético y el apoyo a las renovables».

«Somos conscientes de la dependencia exterior de España en materia de petróleo, pero una cosa muy distinta es vendernos que la alternativa serán los vehículos con gas natural. Por ahí no pasamos. Los vehículos con gas emiten un 25% menos de CO2, pero no por ello se les puede poner la etiqueta de vehículo ecológico. Además, el gas también hay que importarlo«, incidió. Por eso, Yuste recomendó al Ejecutivo que, «si de verdad quiere reducir las emisiones, invierta en vehículos que no contaminen» como los eléctricos o los de hidrógeno.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, avanzó que su grupo se abstendría porque consideraba «difícil de justificar» presentar una iniciativa para que el Congreso pida al Gobierno que se elabore un informe que el Gobierno puede encargar «cuando le dé la real gana» y además considera «innecesario, puesto que ya se sabe lo que va a decir el informe», en referencia a lo recogido por la propuesta del PP. Además, Gorriarán apuntó que el gas también se importa, «por lo que no dará mayor independencia energética a España«.

En referencia a esa apuesta por un mayor autonomía nacional en lo que respecta a recursos energéticos, Gorriarán criticó que el PP se niegue a regular mejor el fracking: «nos llama poderosamente la atención que el PP se haya opuesto todas las veces que se ha propuesto regular como es debido técnicas como el fracking, que podrían hacer de España un país que produzca más gas. Una de dos: o se está pensando en aumentar las importaciones u obtener más gas con fracking pero sin regulación adecuada, que nos parece garrafal; o se trata de beneficiar a determinadas empresas casi monopolísticas en la práctica, como Gas Natural y Enagás, donde el PP está magníficamente representado».

¿Cómo eran las subastas CESUR?

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A través de las respuestas a 8 cuestiones, explicamos cómo eran las subastas CESUR.

1- ¿Qué diferencia había entre el pool eléctrico y las subastas CESUR?

El mercado mayorista o pool determina el precio diario de la electricidad. A través de un mecanismo simple de oferta y demanda se establece la cantidad que se ha de pagar a los productores de energía. Red Eléctrica de España (REE), en calidad de operador del sistema eléctrico, realiza una estimación de la demanda eléctrica que España tiene cada día. En ese momento los productores comienzan a presentar las diferentes ofertas, siendo aceptadas, en consecuencia, las necesarias para cubrir las necesidades de la demanda y buscando la máxima eficiencia económica. El precio final de la energía, expresado en euros por megavatio hora (MWh), queda por tanto fijado en el punto en el que la demanda del día siguiente queda cubierta por completo. Es el precio con el que serán pagados todos los productores.

2- ¿Por qué una subasta?

La finalidad de la subasta era fijar un precio estable para cada trimestre a los consumidores de la TUR (Tarifa de Último Recurso) que, después de la reforma energética del Gobierno, ha pasado a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), al que están adscritos 16 millones de clientes en España. Este precio cubría los riesgos de los Comercializadores de Último Recurso (CUR), que desempeñan un papel esencial en el sistema eléctrico al ser los encargados de hacer llegar la electricidad al consumidor. De este modo, puesto que el precio real de la electricidad se determina en el mercado diario o pool eléctrico, si este precio real resultaba mayor o inferior que el de la CESUR, las correspondientes pérdidas o ganancias eran asumidas por aquellos agentes cuyas ofertas habían sido aceptadas en la subasta eléctrica y compradas por los CUR.

3-¿Qué normas regían las CESUR?

La Secretaria de Estado de Energía es la que se encargaba de establecer las características específicas para cada una de las subastas CESUR. Así aconteció con la vigesimoquinta y última subasta CESUR, cuyas características se fijaron mediante resolución de la Secretaría de Estado del 20 de noviembre de 2013, publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado de 2 de diciembre. En la resolución se fijan diversas características de la subasta eléctrica a celebrar, entre otras, las cantidades máximas a subastar por cada tipo de producto, el periodo de liquidación y su fecha de celebración.

4-¿Qué se subastaba en la 25ª subasta CESUR y quién compraba?

Para la vigesimoquinta subasta, la Secretaría de Estado de Energía determinó que se subastarían 2.500 MWh para el producto base y 333 MWh para el producto punta. Es el volumen objeto de subasta, dividido en productos que son adquiridos por los cinco CUR en las cantidades prefijadas por la Secretaria de Estado. En el caso de la 25ª subasta CESUR, se determinó que las cantidades para cada comercializadora fueran 1.104 MWh por Endesa, 839 MWh por Iberdrola, 480 MWh por Gas Natural, 44 por HC-Naturgas y 33 por E.ON.

5-¿Quién vendía en la subasta CESUR?

En el caso concreto de la 25ª subasta eléctrica, participaron 36 agentes: su identidad no se hace pública, pero es conocido que en las subastas participaban entidades financieras, traders y también los compañías eléctricas pero, tal y como reivindicaron desde la patronal UNESA, su influencia sobre el precio final resultante de la subasta apenas es del 10%. Estos agentes se comprometían a comprar la energía en el mercado diario para abastecer a los comercializadores en la cantidad adjudicada. Para ello, presentaban ofertas en la subasta CESUR que iban retirando a medida que el precio descendía. Siempre hasta un límite: el punto en el que se ajustaba oferta y demanda.

6-¿Cuál era el objetivo de los vendedores de la subasta?

Es un planteamiento básico sobre el funcionamiento de la subasta CESUR. La prioridad de los ofertantes es que sus ofertas fueran las aceptadas en detrimento de las del resto de ofertantes: una subasta en un entorno competitivo. Por tanto, lo más importante es que, en la medida en que el precio se iba reduciendo, los ofertantes iban retirando sus ofertas ya que consideraban que iba aumentando progresivamente su riesgo de no obtener ganancias e incurrir en pérdidas a la hora de comprar la energía en el pool a lo largo del trimestre subastado. Así hasta que la oferta y la demanda se igualaban. En consecuencia, la información de la que disponían los ofertantes durante el desarrollo de la subasta es vital.

7-¿De qué información se disponía durante el transcurso de la subasta CESUR?

En primer lugar había un tramo ciego, sin información, cuando el exceso de oferta superaba en un 200% a la demanda. Cuando bajaba de ese porcentaje, el administrador de la subasta daba a los agentes al final de cada ronda una información aproximativa sobre el exceso de oferta global a través de rangos que disminuían desde el 200% en un 25% hasta llegar al 100%. A partir de este punto solamente había dos peldaños más: un rango en el que el exceso de oferta se encontraba entre el 100% y el 66%, y otro final en el que el exceso de oferta era menor del 66%; en este punto, con la casación con la demanda cada vez más cerca, cada uno de los ofertantes ponía a prueba su aguante para ver hasta qué precio, cada vez menor, podía mantener su oferta y así conseguir su objetivo: hacerse con algún producto de la subasta.

8-¿A quién correspondía la supervisión del proceso?

Según la resolución de la Secretaría de Estado de 20 de noviembre de 2013, las tareas de supervisión corresponden a la CNMC, que designó a dos representantes para actuar en la subasta en nombre del organismo regulador. Estos representantes contaban con plenos poderes en la función de supervisión de la subasta y, especialmente, a los efectos de confirmar que el proceso se había realizado de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria y a la hora de validar los resultados. En dicha resolución se especifica que las incidencias que pudieran surgir antes, durante y después del desarrollo de la subasta, en relación con la aplicación de las reglas de la subasta, serán solucionadas por los representantes de la CNMC. El ministro José Manuel Soria, apenas horas después de la subasta, calificó el resultado de la misma como «inaceptable» e instó a la CNMC a elaborar un informe para esclarecer “si ha habido manipulación, si no ha habido transparencia o si no ha habido competencia”. La realidad es que la CNMC ya estaba habilitada de facto para dar su parecer sobre la subasta.

Crimea: empieza el baile

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Vladímir Putin no da puntada sin hilo. El presidente de Rusia, emulando a los maestros soviéticos del ajedrez, ha llevado en todo momento la iniciativa del conflicto en Crimea; también ha exhibido una capacidad ejecutiva que, por contraste, deja en evidencia los mecanismos decisorios de la Unión Europea, excesivamente lentos en su reacción ante situaciones en los que prevalece la autoridad frente a la burocracia.

Si bien la intensidad informativa sobre Crimea se ha reducido notablemente en nuestro país, la realidad es que ahora el nuevo imperio ruso contraataca estrangulando económicamente a Ucrania: Putin deja sin efecto un acuerdo con las antiguas autoridades prorrusas que permitía una rebaja del 40% en el precio del gas que Rusia exportaba a Ucrania como pago del alquiler del puerto de Sebastopol (Crimea), que alberga a la Flota rusa.

Un 30% del gas que consume la Unión Europea es ruso. La mitad, es decir, un 15% del gas que consumen los países comunitarios, llega utilizando Ucrania como país de tránsito. La otra mitad utiliza otras vías, como el gasoducto Yamal (Bielorrusia) para llegar a la Unión Europea. Esta situación de dependencia respecto al gas ruso ha provocado que la diplomacia comunitaria tema que el conflicto de Crimea vuelva a provocar cortes en el suministro en Europa central, como ya sucedió en 2009.

Como empieza a ser un problema crónico, lo cierto es que la Unión Europea ya ha buscado corregir su vulnerabilidad ante Rusia y aprobó el año pasado el gasoducto Transadriático (TAP) para traer gas desde el mar Caspio, en yacimientos de Azerbaiyán, a través de tuberías que enlazarán Georgia y Turquía con el gasoducto que comunicará Grecia, Albania e Italia, bajo las aguas del Adriático.

En este contexto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, realizó unas declaraciones en Berlín presumiendo de una posibilidad que dista bastante de la actual realidad: «Si Gazprom suspendiera el suministro de gas a Europa, España tendría capacidad para abastecer a Europa de casi la mitad del gas que ahora llega a través de Ucrania (con el gas que importa de Argelia)». Al menos admitió que tal capacidad es teórica puesto que no existen las interconexiones necesarias entre España y Francia, ya que éstas son aún «insuficientes».

España tiene uno de los mejores sistemas gasistas del mundo como consecuencia de una sobreinversión, según admitió también el ministro Soria en el Congreso de los Diputados valorando la escasa necesidad que tiene nuestro país de la puesta en marcha del problemático almacén subterráneo Castor. Además, la caída de la demanda eléctrica unida al auge de las renovables, con la consiguiente relegación de las centrales de ciclo combinado como la última tecnología de generación, hacen que el sistema gasista también esté infrautilizado. Los ciclos combinados apenas funcionan al 15% de su potencial.

Al margen de la caída en la demanda del gas, un problema que afecta al sistema gasista es que se ha hecho un esfuerzo inversor considerable en infraestructuras reguladas. Como dato positivo, se han diversificado las vías de entrada del gas en España: el 46% del gas que viene a España llega en forma licuada, es decir, por buques metaneros que utilizan una de las seis regasificadoras que hay en España (serían siete con la de Gijón, inmersa en problemas en los tribunales). Esta situación contrasta con Europa, que recibe el 86% del gas por gasoducto y sólo el 14% en forma de GNL (licuada).

Esta infrautilización del robusto sistema gasista, con cuatro almacenes subterráneos al margen del Castor, se traduce en una escalada del déficit del sistema gasista, acumulado en más de 300 millones de euros. En consecuencia, aunque sus cifras son lejanas a las del sistema eléctrico, el sistema gasista empieza a generar un déficit considerable ya que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será de 813 millones de euros en 2014 si no se toman medidas correctoras.

En conclusión, el sistema gasista español es uno de los mejores del mundo por su diversificación y por sus infraestructuras, pero fue diseñado desde un primer momento sin tener prevista su interconexión con Europa y, por descontado, previendo conflictos en la otra punta de Europa. Partiendo de unas previsiones de consumo sobredimensionadas, y que el sistema está infrautilizado en la actualidad, hay que tener en cuenta que la estrategia energética europea no ha avanzado convenientemente: debido a una política ineficaz a nivel global, sí, pero también por la cicatería de los países limítrofes.

A corto plazo, la respuesta es imposible al reto que plantea Putin. Igual que es irreal la posibilidad de abastecerse con los gases de esquisto ofrecidos por Estados Unidos. Por tanto, la respuesta ante Rusia es simplemente ciencia ficción y no es momento para apelar a soluciones de carácter oportunista.

La reforma de la discordia

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De las Comunidades Autónomas a las asociaciones sectoriales, de los fondos de inversión a las empresas, de las tecnologías de generación a la distribución, desde las diferentes instancias, la reforma y sus sucesivas reformas cosechan ya un nivel considerable de litigiosidad, bien sea efectiva o anticipada. Lo cierto es que, debido a la forma en la que se ha articulado desde Industria y el Gobierno, la situación del sector eléctrico es lo más lejana a la concordia que tanto se reivindica en estos días. He aquí una crónica de esta deriva judicial, que además presagia reveses futuros.

La nueva Ley del Sector Eléctrico, a pesar de contar desde un principio con el voto favorable del grupo parlamentario mayoritario del PP, pronto atisbó las primeras señales de rechazo desde las comunidades autónomas. Cuatro autonomías han presentado ya recursos de inconstitucionalidad contra diversas cuestiones de la norma, algunas con gobiernos populares como Extremadura y la Región de Murcia.

Además, la Ley contó finalmente en el Congreso de los Diputados con los apoyos de los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV), que justificaron su cambio de opinión en las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria de la Ley, aunque ambos apoyos son cuestionables a tenor de los acontecimientos posteriores.

En un primer caso, más explícito, la Generalitat de Cataluña, presidida por Artur Mas, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional contra varios preceptos de la Ley porque «prácticamente vacían de contenido» la competencia de la Generalitat en materia de energía y consumo; en el caso del PNV, las críticas a la reforma por parte de su portavoz parlamentario, Pedro Azpiazu, tampoco han cesado y hace dos semanas se mostró favorable al Pacto de Estado en energía propuesto desde las filas del PSOE.

Sector en pie de guerra

Dejando a un lado la oposición encontrada a escala institucional, hay que señalar que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, apostó durante 2013 por un reparto a tres de los daños que implica la lucha contra el déficit tarifario entre las tres partes que componen el sistema eléctrico: el Estado, con más aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado al sistema eléctrico; los consumidores con una subida de la tarifa del 3,2% a partir de agosto de 2013, y los agentes del sector, mediante la reducción sus ingresos vía recortes e impuestos.

Después de meses enarbolando esta propuesta como la solución para atajar el déficit de tarifa, a la hora de la verdad, que en política es la hora de cerrar los Presupuestos, desveló que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no era partidario del discurso de Soria y, escudándose en la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit público impuesto por la Unión Europea, retiró del sector eléctrico los 3.600 millones de euros que el Estado había comprometido, anulando con una enmienda una Ley que las Cortes había aprobado urgentemente 40 días antes.

La consecuencia más inmediata fue una subida de los peajes para que los consumidores paguen en 15 años esos 3.600 millones de euros que, de momento, deben financiar las compañías eléctricas asumiendo esta deuda en sus balances. A efectos prácticos, hablamos de una subida de aproximadamente un 1% en el recibo de la luz desde el pasado mes de enero, que se extendió finalmente al 2,3% al sumar lo que el Gobierno consideró que se iba a encarecer la energía durante el primer trimestre de 2014.

Precisamente, esta orden de peajes ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) evocando el principio de suficiencia tarifaria para que los ingresos regulados cubran los costes regulados. La patronal eléctrica considera que la subida de los peajes es «insuficiente» y que, de no corregirse, hará que se produzca más déficit tarifario. También ha presentado recurso en solitario Endesa. Y no son los únicos movimientos que están realizando las compañías eléctricas, porque cabe recordar que Unesa recurrió la retribución planteada para la distribución, algo que también han hecho Iberdrola y E.ON por separado. Igual que Aseme (Asociación de Empresas Eléctricas), que agrupa a las pequeñas distribuidoras eléctricas.

Todos los agentes se quejan

Por su parte, el ministro Soria se queja de esta escalada judicial. Días pasados afirmó que las compañías eléctricas recurren «absolutamente todo». No es para menos. Soria ya es conocedor de la cantidad de fracasos judiciales que cosecha su departamento en lo que se refiere a la regulación energética, sobre todo por la propia forma en que se elabora, bordeando cuando no contraviniendo las leyes españolas o europeas existentes en cada momento. De ahí lo que teme el ministro, con más certezas que incertidumbres respecto a que lo recurrido acaba siendo tumbado por la Justicia. Hace unos meses fue la financiación del bono social, la orden de peajes de 2012, la congelación del recibo en octubre de 2011… por citar algunos casos de los últimos años. Son sentencias del Tribunal Supremo que directamente han tirado por tierra, tiempo después, las normas emanadas desde Industria.

Pero no sólo desde las compañías eléctricas: en el caso de la reforma eléctrica y sus piezas separadas, la avalancha de recursos, arbitrajes y conflictos judiciales de muy diversa índole y provenientes de un número importante de agentes y sectores, no ha hecho más que comenzar. Todavía están por llegar los que se planteen desde asociaciones de energías renovables y por parte de la industria cogeneradora respecto al nuevo modelo retributivo, regido por el principio de obtener una rentabilidad razonable sobre la inversión realizada, despreciando la productividad, partiendo además de unos estándares con los que los agentes del sector discrepan profundamente y entendiéndose, además, la implantación de este modelo con carácter retroactivo. Con la orden ministerial pendiente de aprobación, renovables como la eólica y el sector cogenerador cifran los recortes en un 50% para algunas instalaciones y advierten de su inviabilidad.

Esta situación se une además a los recortes que ya han sufrido las tecnologías solares que, con el BOE en la mano, ya han iniciado acciones judiciales contra recortes anteriores en su retribución mientras se movilizan contra la actual reforma. Además, el panorama para el Gobierno se complica con los arbitrajes internacionales, donde se acumulan contra España cuatro de los últimos 20 procedimientos abiertos ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

Desde las embajadas se quejan ante el Gobierno defendiendo los intereses de los inversores internacionales, la industria cogeneradora pide reunirse con el ministro para exponerle su situación, las renovables se consideran perseguidas por el Gobierno por los recortes sufridos y las compañías eléctricas ven cómo se resiente un 20% su negocio en España mientras celebran que por fin haya diálogo con el Ejecutivo, relativo, eso sí, a las dudas de carácter técnico que implica el nuevo método de tarificación y de los contadores inteligentes, elevándose este entendimiento a la categoría de extraordinario, cuando para el sentido común debería ser simplemente normal.

Cada vez que se habla del sector eléctrico en las Cortes, desde el grupo parlamentario popular se arremete acertadamente contra la herencia recibida de un déficit de tarifa de 22.000 millones de euros, incrementándose anualmente a razón de 10.000 millones de euros. Pero, si se trata de valorar las soluciones puestas sobre la mesa, lo cierto es que tampoco han acabado con el déficit tarifario y éste es el escenario que se presenta: litigiosidad, judicialización, recursos por doquier y quebranto de la seguridad jurídica. Y mucha discordia.

Impuestos autonómicos en España: un país, 17 mercados

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El panorama para el sector eléctrico deja datos significativos: a través de estos impuestos, la recaudación de las autonomías se aproxima a los 300 millones de euros. Según la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), sus empresas pagan 264 millones de euros a través de estos tributos.

Veamos la situación de cada comunidad autónoma, caso por caso.

Galicia. La comunidad gallega fue pionera, en tiempos del bipartito entre PSOE y BNG, en gravar el daño medioambiental causado por los embalses de agua que se aprovechan para la producción de energía hidroeléctrica. El PP votó en contra de este impuesto en el Parlamento gallego pero, cuando regresó al poder con Alberto Núñez Feijóo, no sólo no lo retiró sino que el propio presidente de la Xunta reclamó el pasado octubre nuevos proyectos hidroeléctricos para la cuenca hidrográfica del Miño-Sil. Por este impuesto, que recae mayoritariamente sobre Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola, se recaudan aproximadamente 14 millones de euros cada año.

Además, el Ejecutivo de Núñez Feijóo también fue pionero en materia tributaria autonómica al crear el canon eólico que grava el impacto paisajístico de los aerogeneradores. En este caso, el canon se introdujo dentro de una Ley más amplia para regular el conjunto del sector eólico y que fue rechazada por el PSOE y por el BNG. Por este impuesto se recaudan 23 millones de euros anuales.

Por último, desde 1996 existe un impuesto sobre la contaminación atmosférica que grava la emisión de cualquier compuesto oxigenado de azufre o nitrógeno. Por este concepto se recaudan 3,5 millones de euros anuales.

Asturias. El Gobierno de Vicente Álvarez Areces (PSOE) aprobó en los Presupuestos de 2011 un impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medioambiente por su impacto visual en el paisaje; entre ellas, se encuentran las actividades de transporte y distribución eléctrica. Por el conjunto del impuesto, la recaudación apenas supera el millón de euros.

Cantabria. Durante 2013 se tramitó y aprobó una Ley eólica para Cantabria que copiaba el modelo gallego de canon por cada aerogenerador. Finalmente, el propio Ejecutivo, del PP, llegó a un acuerdo con la patronal del sector para aprobar la Ley sin el citado canon.

Castilla y León. El segundo semestre de 2010 marcó un antes y un después en las relaciones de esta comunidad con el sector eléctrico. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa recurrieron el Real Decreto de incentivos al consumo del carbón nacional y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), calificó este recurso como «un acto de hostilidad que no olvidaremos». Enseguida se activaron los mecanismos para poner en marcha lo que se denominó eufemísticamente como «canon ambiental»;. El parón electoral de 2011 hizo que no se pudiera aprobar hasta comienzos de 2012. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, señaló como modelos a seguir para fijar estos impuestos el gallego y el extremeño: en consecuencia, impuestos a la producción hidroeléctrica, canon eólico e impuesto al transporte eléctrico; el resultado, 55 millones de euros anuales de recaudación.

La Rioja. El Ejecutivo de Pedro Sanz (PP) aprobó en los Presupuestos de 2013 un impuesto que grava el impacto visual y medioambiental de las infraestructuras necesarias para el transporte eléctrico y también para otras estructuras vinculadas a las telecomunicaciones. La recaudación es de 2,4 millones de euros cada año por el conjunto del impuesto.

Aragón. En tiempos del socialista Marcelino Iglesias como presidente de Aragón, esta comunidad introdujo un impuesto a las emisiones de gases contaminantes en la línea de lo que estaban haciendo otras autonomías socialistas como Castilla-La Mancha y Andalucía. La recaudación por este concepto asciende a 6 millones de euros aproximadamente.

Cataluña. El objetivo de déficit que el Gobierno marca a las autonomías siempre tiene un detractor: Cataluña se resiste a cumplirlo y a la vez se muestra incapaz de hacerlo. Los recortes aplicados por el Govern de Artur Mas (CiU) no alcanzan y actualmente se encuentran en fase de alegaciones los dos impuestos verdes anunciados por la Generalitat y que afectan a la actividad eléctrica con el objetivo de incrementar la recaudación: uno que grava la emisión de gases y partículas a la atmósfera y que reportará más de 2 millones de euros; y, el más importante, a la producción termonuclear de energía eléctrica que supondrá para las arcas catalanas el ingreso de aproximadamente 43,2 millones de euros anuales.

Comunidad Valenciana. La situación económica que atraviesa esta comunidad gobernada por el PP desde 1995 ha hecho que sus dirigentes abran nuevas vías recaudatorias para incrementar sus ingresos. De esta forma, el Ejecutivo de Alberto Fabra introdujo, con los Presupuestos de 2013, un impuesto que grava las emisiones a la atmósfera y la generación eléctrica, con tasas mayores para la producción termonuclear y más reducidas para otras fuentes, especialmente para la hidroeléctrica. Las energías renovables como la eólica, solar o biomasa, como es habitual en estos impuestos a la producción, quedan exentas. El objetivo inicial para 2013, recaudar 28,6 millones de euros, fue muy ambicioso: se recaudaron 15,6 millones de euros. Para 2014, el Presupuesto de la Comunidad Valenciana contempla recaudar 21 millones de euros.

Extremadura. La era de Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) como presidente de la comunidad extremeña dio para mucho; entre otras cuestiones, fue uno de los pioneros en introducir la fiscalidad autonómica sobre actividades eléctricas en 1997. Eso sí, no hay que omitir que el impuesto que se creó sobre instalaciones que afectan al medioambiente era idéntico a uno creado por Baleares en 1991 y anulado por el Tribunal Constitucional en 2000. La misma suerte corrió el extremeño con la salvedad de que, después de diversas sentencias en contra y desencuentros con los sucesivos Gobiernos centrales, Extremadura lo ha mantenido a través de sucesivas modificaciones que buscan diferenciarlo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para justificar que no existe una doble imposición sobre estas instalaciones.

Por ello, se grava a la producción de energía eléctrica y al transporte en alta tensión. Además, desde el comienzo de la crisis económica, se ha incrementado considerablemente la recaudación: el socialista Guillermo Fernández Vara triplicó la tasa a la producción termonuclear y el posterior pacto entre el popular José Antonio Monago e Izquierda Unida para gobernar en Extremadura se saldó con otro notable incremento. En consecuencia, aproximadamente 95 millones de euros para las arcas autonómicas.

Castilla-La Mancha. Ríos de tinta sigue ofreciendo el impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medioambiente, la ecotasa puesta en marcha en tiempos de José Bono que gravaba, al igual que Galicia, la emisión a la atmósfera de compuestos oxigenados de azufre o nitrógeno ; pero también la producción termonuclear de energía eléctrica así como el almacenamiento de residuos nucleares, imposición anulada por el Tribunal Constitucional.

Además, la comunidad manchega siguió los pasos gallegos e instauró para el ejercicio 2012 el canon eólico; pero lo hizo con actores diferentes y con la pugna electoral autonómica de fondo, ya que fue el PSOE quien aprobó el canon eólico y el PP ejerció de oposición asegurando que era «un parche más del Gobierno de Barreda» y que era «inoportuno». Con la llegada de María Dolores de Cospedal a la presidencia manchega, el panorama no ha cambiado y la recaudación por el canon eólico manchego asciende a 12 millones de euros anuales.

Región de Murcia. Esta comunidad uniprovincial, que ve las últimas semanas de Ramón Luis Valcárcel (PP) en el poder después de 19 años, puso en marcha en los Presupuestos de 2006 un impuesto que grava la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La recaudación anual apenas supera el millón de euros.

Hay que reseñar que la Región de Murcia también llegó a tener, únicamente en 2012, un impuesto verde que afectaba a la producción de electricidad a través de los ciclos combinados de gas que se encuentran en el valle de Escombreras. Finalmente, este impuesto se retiró porque la infrautilización que afectaba a esta fuente de generación en España, debida a la caída de la demanda y la prioridad que se da a la producción a través de fuentes renovables, hizo que la producción fuera mucho menor de lo esperado, lo que afectó negativamente también a la recaudación.

Andalucía. La comunidad andaluza, siempre en manos del PSOE, aprobó en los Presupuestos de 2004 dos impuestos relacionados con la protección del medioambiente. En primer lugar, gravó la emisión a la atmósfera de gases contaminantes, que reportó en 2013 más de 4 millones de euros. El otro impuesto, sobre el depósito de residuos radiactivos en vertederos situados en Andalucía, quedó en suspenso a partir de 2013 con la introducción de un impuesto similar por parte del Gobierno a nivel estatal.

Islas Canarias. El archipiélago canario cuenta desde el segundo semestre de 2012 con un impuesto que grava el impacto visual que provocan infraestructuras necesarias para a las actividades eléctricas del transporte y distribución en alta tensión así como el impacto de otras instalaciones necesarias para las telecomunicaciones. Aprobado por el bipartito formado entre Coalición Canaria y el PSOE y con la oposición del PP, según la Consejería de Economía y Hacienda, la recaudación superó las expectativas y se aproxima a 2 millones de euros.

También hay, desde 1987 y con incidencia sobre el sector energético, un impuesto especial para los combustibles derivados del petróleo que afecta a los comerciantes mayoristas de estos productos. Reporta casi 300 millones de euros a la comunidad canaria.

En las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra, Islas Baleares, la Comunidad de Madrid así como la citada Cantabria, no existen impuestos de carácter autonómico a la actividad eléctrica.

La importancia de lo que está pasando

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La piedra de toque que se detonó ayer fue el anuncio de Iberdrola de reducir sus inversiones en España por esta zozobra regulatoria llevada a cabo por el equipo que vienen capitaneando José Manuel Soria y Alberto Nadal ahora y antes Fernando Marti Scharfhausen. Ayer, Iberdrola organizó su presentación de resultados en Londres ante los analistas y los mercados internacionales e hizo públicas sus previsiones estratégicas, consistentes en la reducción vegetativa de su actividad en España (1.000 trabajadores menos, reducción de la inversión en el mercado interior español y más que probable cierre de Garoña). Además, Sánchez Galán atacó a la línea de flotación de la reforma eléctrica y a las inconsistencias e incoherenencias de la política de renovables seguida y de la política fiscal energética española con su presunta justificación de bien intervenible a efectos de control de precios.

Pero, lo que ayer confirmó Iberdrola es algo que tenía que pasar, consecuencia lógica del funcionamiento de los mercados de capitales y, algo que, de una u otra forma, estamos viendo por parte de otras empresas desde que estamos conociendo los resultados de 2013, como es el abandono de la actividad energética por parte de Acciona o la contención de los resultados de Endesa y de Gas Natural Fenosa, etc…

Por otra parte, la cantidad de pleitos, arbitrajes y reclamaciones internacionales no para de crecer diariamente hasta convertirse en una turbamulta. Por tanto, las autoridades españolas, con Soria a la cabeza, ahora no pueden defenderse con un lugar común diciendo que “la mayor parte de los inversores internacionales piensa que no hay inseguridad regulatoria y jurídica en España”. Ni decir que no se lo imaginaba o que este riesgo no lo conocía, porque es su deber. Ni siquiera pueden apelar al patriotismo de pegatina en la correa del reloj, porque, sencillamente, ese tiempo ya ha pasado y hoy la liga se juega en lo económico y en los mercados de capitales.

En este caso, la importancia del movimiento de Iberdrola proviene de que la compañía es la primera eléctrica cuyo capital mayoritario es mayoritario, al mismo tiempo que es una empresa muy internacionalizada. No hay duda tampoco de su implicación como empresa y, personalmente, de su presidente y consejero delegado en los valores y promoción de la “marca España”, incluyendo su presencia en el Consejo de la Competitividad.

Pero los accionistas, mercados financieros, inversores y analistas con los que las compañías interactúan y con los que compiten para lograr su financiación internacional lo que tienen en cuenta son estos datos, información perfecta, previsiones económicas y las de los mercados en los que operan. Y, está claro que el mercado español hoy pesa como un bloque de cemento en los pies y cada vez más en las compañías que operan en el sector energético español.

Hay que tener en cuenta que con respecto a las crisis anteriores, España ha logrado configurar unas empresas relevantes, importantes y competitivas a nivel internacional, en varios sectores, como Inditex, Telefónica, Iberdrola, Banco de Santander, BBVA… Por otra parte, hay compañías internacionales que operan en España, como son Enel, E.On o EDP cuya forma de actuar en los mercados tiene relación directa con los flujos de capital e inversión internacional. Y, por cierto, sirven de sostén para la economía y el empleo de nuestro país.

Pero, el peronismo de la política española (la aberrante influencia del colectivo retroprogresivo de la energía, el condicionamiento de los “entes semipúblicos” de los operadores de transporte y sistema de las políticas) y de la ausencia de instituciones serias independientes, así como la incapacidad gestora y experiencia regulatoria de los responsables políticos en los sectores económicos, están dañando todo lo empresarial en el sector energético español.

Por eso, la única forma que le queda a Soria de defender su “antipolítica” y su peronismo es aludir constantemente a los supuestos beneficios de unos y de otros, cuando realmente en el mercado interior las empresas están en pérdidas y se sostienen por su diversificación. El lenguaje marxista de los perjudicados y la plusvalía. Y, con el aparato de comunicación del Gobierno, de forma maniquea y con un lenguaje trotskista, intentar venderlo a la opinión pública como un ataque de las mismas, cuando el verdadero ataque es la delirante y episódica forma de conducir el problema del déficit tarifario por parte de este Ejecutivo.

Recordemos que, lo que realmente está ocurriendo, simple y llanamente, son las consecuencias de lo que quiere decir la libre circulación de capitales y la necesidad de generación de valor para los accionistas. Si eso se niega, o incluso se perjudica, las compañías en un mundo globalizado trasladarán sus inversiones a otros países más predecibles, cerraran sus instalaciones o trasladarán su actividad. No hay vuelta atrás. Es lo que tenía que pasar y nuestro Gobierno tiene que estar preparado para ese nuevo mundo globalizado.

El mayor problema para nuestro país serán las consecuencias a nivel global, que hay que apuntarlas en el historial de este Gobierno y del propio José Manuel Soria: la reducción del empleo en las empresas, de la inversión, de la capacidad, el envejecimiento de las redes, el deterioro de la calidad del suministro, la pérdida de competitividad, la pérdida de confianza, la salida de empresas y la instrumentación política de hechos económicos que impiden comprender la importancia de lo que está pasando para justificar medidas políticas y su distribución de daños arbitaria.

En todo caso, mientras ayer pasaba esto en Londres, el ministro de Industria, Energía y Turismo estaba en el Congreso defendiendo correosamente sus «reformas» e intervenciones, la forma de hacerlas y presentando el nuevo sistema de tarificación de 1.600 precios a posteriori y con contadores inteligentes. Soria estaba en el Parlamento con el juguetito.