La avería que la semana pasada tuvo lugar en Madrid en una subestación de distribución de Iberdrola y que afectó a más de 40.000 usuarios, familias, usuarios domésticos, comerciantes, negocios, empresas, la Maternidad de O’Donell y hasta RTVE es una cuestión grave, que merece que se les preste atención de forma detenida y específica.

Una avería que tuvo una duración de más de 12 horas y que volverá a repetir la inclusión en el paisaje urbano de los generadores eléctricos por la ciudad, además de sumir a todos estos agentes en el proceloso y nunca satisfactorio mundo de las reclamaciones y recuperación de los daños sufridos. Por tanto, no puede pasar desapercibido un incidente de estas características, por otra parte, anunciados ya por muchos expertos que alertan sobre la situación de las redes en nuestro país, verdadero talón de Aquiles del sistema eléctrico.

Y, en primer lugar, porque empiezan a suceder episodios (especialmente en grandes ciudades españolas), que con cierta frecuencia afectan a la actividad de distribución eléctrica, verdadero ‘patito feo’ de la regulación energética española y cuya delicada situación requiere de soluciones por parte de la Administración y de los órganos de regulación energética. En segundo lugar, porque es necesario ser conscientes de la necesidad de que el suministro y la distribución en nuestro país deben ser coherentes con el desarrollo de nuestro país.

Es, por esto, una cuestión que incumbe especialmente a los órganos de regulación, de forma que se puedan extraer conclusiones sobre lo ocurrido y de sus responsabilidades cercanas y remotas, como ya reclamamos en su momento en el caso del apagón más grave de la historia reciente, el ocurrido en Barcelona, en julio de 2007, aunque en ningún caso sería comparable su magnitud. Del mismo modo, que hace más de un año, era necesario aclarar las circunstancias y responsabilidades, en que había sucedido el apagón que afectó a más de 350.000 personas en Barcelona. En ese sentido, la Comisión Nacional de Energía (CNE) extrajo conclusiones bastante claras que luego fueron “promediadas” (es un eufemismo) por los juegos de los equilibrios políticos en el ámbito del gobierno de la Generalitat.

Algo que no es probable que suceda en este caso a la vista de que sólo afecta en exclusiva a la distribuidora (el incidente se produce en instalaciones en propiedad exclusiva de Iberdrola) y a la propia posición que ya ha anunciado el gobierno de la Comunidad de Madrid, anunciando la máxima severidad y rigor en lo que se refiere a este incidente. Lo que si es evidente, es que habrá que estar atentos a la actuación inspectora y a la investigación. Por lo pronto, lo que cabe es restablecer cuanto antes la normalidad y el suministro a los ciudadanos, y en segundo lugar, la credibilidad en el funcionamiento de las instituciones para evitar que episodios así se vuelvan a reproducir.

El mismo día que se conocía que el Ministerio de Industria se reafirmaba en su posición expresada por el propio ministro, de no revisar las tarifas hasta enero, se conocía también que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no tiene contemplado realizar una propuesta al Ministerio de Industria sobre subidas del precio de la luz para el cuarto trimestre. Si se hubiese decidido a aplicarla, la entrada en vigor se produciría el 1 de octubre.

Recordemos, que conforme al nuevo mecanismo, que comenzó a aplicarse en la revisión de julio, la CNE podrá elaborar un informe con una propuesta de revisión tarifaria, que servirá a Industria para diseñar una eventual orden ministerial con las modificaciones en los precios regulados.

Si hacemos un poco de memoría, la anterior revisión la que dio lugar a la denominada “tarifa social”, el organismo presidido por María Teresa Costa propuso una subida media del 11,3% para el tercer trimestre, hasta los 66,14 euros por kilovatio hora (kWh), al entender que este precio cubriría los costes totales del sistema y no generaría déficit tarifario adicional. Es decir era una propuesta para evitar que hubiese un aumento de los precios por encima del IPC.

Industria aplicó finalmente una subida media del 5,6%, que se sumó a la del 3,3% aplicada el 1 de enero del presente año. La orden ministerial vino acompañada de novedades polémicas como la introducción de la “tarifa social” o la nueva tarifa nocturna de discriminación horaria, en la propia polémica por la eliminación de la tarifa nocturna.

Por otro lado, el mismo día, el consejo de administración de la CNE aprobó un informe en el que se aprecia que el precio del mercado mayorista de la electricidad aumentó en los seis primeros meses del año 6,273 céntimos de euro por kWh, o un 16%, con respecto a la previsión de precio incluida en la tarifa integral. Así se recoge en el boletín mensual de indicadores eléctricos y económicos del regulador energético, en el que se aprecia que la demanda de electricidad aumentó un 2,81% en julio en términos interanuales, 0,48 puntos menos que en 2007.

Consecuencia o corolario: la subida de tarifas es una cuestión que no interesa a nadie. El Ministerio de Industria que percibe la propia debilidad del ejecutivo, como se ha podido comprobar en la última sesión del Parlamento, no va a afrontar este proceso que por momentos se torna en más delicado. En ese contexto, no parece propio invocar a una subida de tarifas. Por otra parte, la CNE actúa con docilidad, tampoco va a poner al Ministerio de Industria en el disparadero de hacerle un informe adicional que cuente las “verdades del barquero” y refleje que si al final se subió a mitad de año un 5,6 % la tarifa y los precios han subido hasta un 16 %, quiere decirse que sería necesario continuar subiendo la tarifa para no generar déficit tarifario adicional (déficit por tanto que si se está generando). Es tiempo de gestionar la renovación del organismo y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

La legislatura es joven (aunque parece que hace una eternidad que comenzó), el petróleo da algún síntoma de moderación, el déficit corre…

Decíamos ayer… Ese sería el principio para unir el final del mes de julio y este principio de curso en lo que se refiere a la nueva regulación sobre la retribución de la producción de energía eléctrica a través de la tecnología solar fotovoltaica.

Un resumen corto de lo sucedido nos remontaría a junio del año 2007 en que se aprueba el R.D. 661/2007, sustituyendo al R.D. 434/2004. Una reforma, que no estando exenta de polémica, en el ámbito de la energía solar ya avanzaba su provisionalidad. En menos de un año, comenzaron los intentos de remoción de lo previsto para la energía solar fotovoltaica, dado a que las previsiones de crecimiento de potencia instalada superaron todas las imprevisiones, lo que precipitó su propia entrada en el período transitorio y, a finales de septiembre de este año, llegará su extinción definitiva.

En el momento inicial, el nuevo real decreto 661/2007, fija una retribución de 45 c€/kWh, con un período de aplicación de un año a partir del cumplimiento del 85 % del objetivo fijado en el Plan de Energías Renovables. Algo que precipita una “burbuja” que hace que la energía solar fotovoltaica se convierta en una especie forma de capitalismo popular como alternativa de inversión, en los momentos en que empezaban a dar los primeros signos de agotamiento el sector inmobiliario.

A partir de ahí, empiezan las negociaciones con el sector (sin contar el oprobio de la corrección de errores en agosto de 2008), que se ven interrumpidas con las elecciones generales y el cambio de equipo en el Ministerio de Industria. El nuevo equipo diseña, con menor fruición regulatoria, un nuevo Real Decreto, que se remite a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Un Real Decreto que, en sus previsiones, supone un recorte muy importante para el sector. Tanto en la retribución que establece en 29 c€/kWh para las instalaciones de suelo y en 33 c€/kWh, como en los límites de instalación, que los fija en 100 MW en suelo y 200 MW en techo para 2009. Una reducción especialmente fuerte y severa que a juicio del sector supondrá un duro golpe al mismo y unos límites que los expertos consultados afirman que deberían ser “tendenciales”, aunque esa proporción de instalación repartida en suelo y techo sería hoy, casi impensable.

La Comisión Nacional de Energía emite su dictamen reclamando un período transitorio, como prinicipal aportación al decreto. Incluso, en alguno de los votos particulares que han formulado los Consejeros de la Comisión Nacional de Energía (en medio de una fuerte división en su Consejo), expresan como la tecnología solar puede haberse visto perjudicada al pasar por las horcas regulatorias en el momento en que se debe abordar la corrección del insano “déficit tarifario”. También solicitan una retribución y un período transitorio para evitar un ‘shock regulatorio’ en el sector de la energía solar fotovoltaica. Las estimaciones de una retribución transitoria que se han hecho públicas en los votos particulares, señalan que el coste de las mismas, sería mínimo y se conseguiría una transición más que razonable para el sector en su conjunto.

Es en estos momentos, en los que hay que pensar en conciliar los objetivos de política energética, con el desarrollo de un sector empresarial relativamente en su fase incipiente (aunque se haya visto al frente de esa burbuja) y en el que podemos desarrollar una potencia industrial, como ha sucedido en el ámbito de la energía eólica gracias, entre otras cosas a la regulación y su coordinación con el sector privado. Y, todo ello, con una visión gestora global, no parcial u oportunista del déficit tarifario.

En este caso, el Ministerio de Industria ha diseñado un mecanismo muy eficaz, el denominado método alemán, basado en el propio cumplimiento de los objetivos de instalación, que va ‘ajustando’ la evolución de la retribución de esta energía, según su cumplimiento. Algo que se podría hacer extensible, sin determinar límites de instalación para evitar excesivos mecanismos intervencionistas solapados, en este mercado. Y, por otra parte, habría que prever la incorporación de la energía solar también en el mercado eléctrico.

Decíamos ayer… antes del verano. El decreto ha pasado a su última fase legislativa, tras su paso por la Comisión Nacional de Energía a finales de julio. Previsiblemente, estamos muy cerca de que el decreto vea la luz, superando el suspenso y la incertidumbre, en que se encuentra el sector, a la espera de su regulación definitiva y del umbral cercano de finales de mes.

Es el momento del ajuste de este Real Decreto, con visión amplía, y con arreglo a la responsabilidad de promover la energía solar como un vector de desarrollo industrial y promoción de un mix energético futuro, renovable y diversificado.

Los precios del petróleo cayeron esta semana de forma pronunciada, perdieron cerca de 10 dólares y quedaron al nivel más bajo desde principios de mayo, ante el fortalecimiento del dólar y signos que revelan un freno de la demanda de crudo.

El descenso más marcado, del 8,7 por ciento, lo registró el barril del crudo Brent, la referencia para Europa, que terminó este viernes pasado a 113,33 dólares en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, donde el viernes anterior había quedado a 124,18 dólares.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), el crudo de Texas (WTI, referente en Estados Unidos) concluyó la semana a 115,20 dólares por barril, con una caída de 9,9 dólares -un 7,9 por ciento- frente al valor del cierre de la semana precedente.

Todo apunta, según los observadores, a que en el mercado se ha instalado la convicción de que cotizaciones como las habidas en julio, de más de 140 dólares por barril, son insostenibles si a la clara retracción de la demanda petrolera en EEUU, se suma también un freno en el consumo de Europa y China.

En un análisis del mercado, la asesora especializada JBC Energy, con sede en Viena, destacó datos como los de la empresa Mastercard Advisors, según los cuales en la última semana de julio los automovilistas estadounidenses gastaron un 3,4 por ciento menos de gasolina que en el mismo periodo del año pasado.

El aumento del nivel de los inventarios de crudo en EEUU, en 4,4 millones de barriles, cuando los analistas esperaban un descenso, se debió sobre todo a una reducción de las importaciones de «oro negro», según JBC, y contribuyó asimismo a fortalecer la impresión de una retracción en la demanda.

Por otro lado, al descenso de los precios ha contribuido la decisión de la Reserva Federal estadounidense de mantener los tipos de interés en el 2 por ciento, lo que favoreció que el dólar recuperase vigor ante el euro y otras divisas.

La apreciación del billete verde encarece las compras del crudo y otras materias primas en los mercados de futuros, y favorece por eso la venta de contratos por parte de los especuladores.

Esta situación se afianzó con la política del Banco Central Europeo (BCE), cuyo presidente, Jean-Claude Trichet, vaticinó el jueves que el crecimiento económico en la zona del euro será especialmente débil en el segundo y tercer trimestres del año.

Estas declaraciones impulsaron aún más la revalorización del dólar frente al euro, y la moneda europea cayó ayer hasta los 1,50 dólares, el nivel más bajo desde febrero pasado, después de que en julio el euro batiera un récord de más de 1,60 dólares.

A esta situación, según los expertos de JBC, se añaden temores de que la demanda petrolera en China pueda ralentizarse tras finalizar los Juegos Olímpicos inaugurados hoy.

Tras rebajar los subsidios a los combustibles, el gigante asiático, segundo consumidor mundial de «oro negro» tras la primera potencia mundial, demostró que puede limitar drásticamente el gasto energético del país si lo considera apropiado.

Aunque las disposiciones que redujeron prácticamente a la mitad la circulación de automóviles Pekín, y otras limitaciones que afectaron a las fábricas de la región, han tenido la finalidad de mejorar la calidad del aire para la celebración de las Olimpíadas, también han aportado un significante ahorro energético.

Así las cosas, el panorama que presiona a la baja sobre las cotizaciones del crudo se ha impuesto esta semana sobre los factores alcistas, que en el pasado impulsaron la escalada de los precios y persisten aún, entre ellos las tensiones en torno al programa nuclear de Irán o los atentados en Nigeria.

Tampoco el ataque del martes al oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan (BTC), en la provincia turca de Erzincan, que provocó un incendio y el corte de los suministros, impidió esta vez el fuerte abaratamiento del petróleo.