Historia de una negociación, memoria del déficit tarifario y paisaje con retroprogresivos al fondo
A principios del curso político-energético, la trampa del déficit tarifario había conseguido ubicarse como un elemento de fuerte desestabilización del sector, tanto de las empresas como de la actuación de los reguladores, tanto del Ministerio de Industria como de la Comisión Nacional de Energía. Se detectaban fuertes oscilaciones y turbulencias derivados de esa deuda acumulada que no paraba de crecer.
Y en qué se podía apreciar esas turbulencias. En el Ministerio de Industria, en su ultima étapa se habían instrumentado y articulado las alternativas menos pensadas para intentar reducir esta factura pendiente. Por su parte, la Comisión Nacional de Energía, con dos consejeros al frente, se echaba al monte para cuestionar el sistema de de formación de precios en el mercado eléctrico con un Informe sobre Costes y Precios. Por otra parte, este organismo ya había dado signos de agotamiento en el proceso de colocación mediante subastas de la financiación del déficit. Tres elementos se unen en este hecho que fue piedra de toque en la situación de no retorno: primero, la crisis financiera internacional (que fue el pretexto principal para dar cobertura a la CNE de este fracaso); segundo, la ausencia de reconocimiento de las carencias propias y falta de experiencia en realizar este tipo de operaciones en los mercados financieros, y tercero; la falta de respaldo de las instituciones económicas del Estado (Ministerio de Economía, Dirección General de Seguros, Banco de España…), incluyendo una rocambolesca y Taif intentona promovida desde la presidencia de la CNE de involucrar al Gobernador del Banco de España, como se supo después.
Así, por otro lado, también los usuarios con el déficit tarifario cambian o modifican sus hábitos de consumo. Los propios usuarios, no conscientes del precio de la electricidad real, podían seguir consumiendo y llevar al traste todas las políticas de eficiencia energética que se quisieran impulsar, por que para qué. En el fondo, la primera política de eficiencia energética es el precio y su ajuste a la realidad. Y, una oposición a la misma, directa o por vía intervencionista, partía de una desconfianza de que los precios sean el mecanismos de ajustes de oferta y demanda.
Entre tanto, las turbulencias en las empresas no hacían más que crecer, sobre todo en el ámbito financiero y hasta niveles preocupantes, sobre todo para compañías que precisan realizar inversiones futuras y financiarlas. La no colocación de estos déficit en los balances de las empresas lastraban las cuentas, algo que empezaba a ofrecer un cierto regusto al colectivo de retroprogresivos del sector energético, cuyas cavilaciones iban en el siguiente sentido: como el gobierno no estará dispuesto a subir el precio de la energía a su nivel real, el déficit no hay manera de colocarlo, se puede conseguir una quita importante de las empresas eléctricas, es decir, llegar a un modelo de expropiación por el procedimiento del “cuanto peor mejor” y se podrán interponer medidas más intervencionistas en el sector energético. El déficit quedaría extinguido así definitivamente por un procedimiento poco ortodoxo y bastante soviético.
Así, por tanto, el año comenzaba con una fuerte carga emocional, y el Ministerio de Industria comenzó tras el verano a tratar este problema con las empresas llegando en el proceso de negociación, de forma más o menos lógica, a posiciones más o menos cercanas. El proceso se prolongó más de lo previsto por todos, estando a punto de saltar por los aires, porque los problemas en los mercados financieros detectados por analistas y operadores se multiplicaban. Los nervios estaban a flor de piel, lo que hizo que durante varios meses se esperase el ansiado Real Decreto que no llegaba en todas las convocatorias del Consejo de Ministros.
Varios fueron los puntos críticos y amenazas de cortocircuito: en primer lugar, la entrada en liza de la Moncloa en el proceso que incluyó un frenazo al empeño que había puesto el ministro Sebastián en resolver la situación y en llegar a un acuerdo que incluía también un descuento importante a las empresas, establecía una “pax” en el sector y retomaba una senda de estabilidad regulatoria rota con la actuación del equipo energético de Clos y Nieto; en segundo lugar, las interferencias en la propia negociación derivadas de la incesante actividad del grupo de retroprogresivos ligados a la energía (que han visto esta solución como un fracaso y un revés en las posiciones antiliberalizadoras), incluyendo el sabotaje por la vía de la filtración en varias ocasiones de los términos de los acuerdos.
La solución ansiada, se materializó, finalmente, en el Real Decreto Ley 6/2009, que se dilató hasta bien entrado el año, en el mes de mayo. El Real Decreto Ley, que fue convalidado por el Parlamento (incluyendo alguna intentona de última hora de que sus opositores influyeran en grupos políticos y ciertas organizaciones afines de consumidores), establece un déficit tarifario adicional transtitorio hasta 2012, un calendario hasta entonces para su amortización, crea el bono social para los usuarios más desfavorecidos y establece los mecanismos para su negociación y colocación en el mercado, de manera análoga a lo que fue la moratoria nuclear. Y, todo ello, desbloqueando la liberalización pendiente que será y es uno de los argumentos más importantes de este curso.
Esta solución tardía ha hecho que todo se precipite para llegar a 1 de julio, pero después de tanto empantanamiento habría que colegir que más vale tarde y, sobre todo, si la dicha es buena. Y razonable.
