PREGUNTA.- ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector eléctrico español?

RESPUESTA.- En la actividad de producción, el grado de liberalización del sector eléctrico español es francamente bueno. Sin embargo, en la actividad de comercialización lamentablemente no solamente no se ha avanzado sino que se ha retrocedido con respecto a la situación de hace un par de años.

Para profundizar en la liberalización de la actividad de producción sería bueno ir trabajando en mejorar algunos aspectos, aunque sea como objetivo a medio plazo. Por ejemplo, la actual normativa de incentivo a la generación, que discrimina entre centrales según su edad, es incompatible con la visión de un mercado liberalizado, en el cual a los agentes se les retribuye según el valor del producto que producen, y no según sus costes, su tecnología o la antigüedad de sus instalaciones. Además, no sé si realmente los inversores confían en que este pago se mantenga, y por ello sospecho que tiene una efectividad limitada como incentivo a la inversión. Por ello sería deseable plantearse su eliminación.

Sin embargo, para asegurar la coherencia y estabilidad del modelo, la eliminación del incentivo a la inversión en generación deberá ir acompañada de dos reformas. La primera es permitir que el precio de las ofertas de demanda pueda fijar el precio del mercado -actualmente el precio se fija siempre igual a la última oferta de generación aceptada-. La segunda es incrementar el tope en el precio del mercado diario -que actualmente se sitúa en 18 c€/kWh- hasta un nivel coherente con el valor real de la energía en situaciones de escasez, que se sitúa en varios euros por kWh.

Evidentemente, estas reformas serán tanto más fáciles y viables cuanto menores sea las restricciones en la red de transporte o mayor sea el nivel de contratación. Con respecto a las restricciones en la red de transporte, sería deseable repasar la normativa y dar incentivos a REE para que reduzca la frecuencia de las congestiones. Con respecto al nivel de contratación, entiendo que cuando pasemos al esquema de precios máximos para el suministro de último recurso la contratación a plazo se incrementará de forma natural hasta un nivel suficiente.

En la actividad de comercialización, el mercado apenas se ha desarrollado. Sin duda, la causa es el hecho de que las tarifas integrales no se hayan incrementado en los últimos años para reflejar el incremento del coste real de la electricidad en el mercado mayorista. De hecho, se ha producido un retroceso en la liberalización que no se resolverá hasta que las tarifas integrales, o el precio máximo del suministro de último recurso, se fijen teniendo en cuenta el coste real de la electricidad en el mercado mayorista. Es deseable que esto ocurra cuanto antes para que la comercialización se desarrolle.

PREGUNTA.- Hay quienes señalan que se está produciendo una involución en el mismo a raíz de prácticas regulatorias recientes ¿cómo valora este fenómeno?

RESPUESTA.- Los problemas existentes en el mercado tienen, mayoritariamente, un origen regulatorio, y la intervención del regulador tiene su origen en una desconfianza -a veces interesada- sobre si los mercados eléctricos pueden realmente funcionar y proporcionar un suministro a mínimo coste.

Los escépticos aprovechan el hecho de que, en el corto plazo, los costes marginales son más sensibles que los costes medios a las fluctuaciones de la demanda, la capacidad disponible, la hidraulicidad, los precios de los combustibles y del CO2, etc. Por ello, aunque en media el coste de suministro tienda a ser menor en un esquema de mercado liberalizado que en uno regulado, de cuando en cuando pueden surgir episodios de precios elevados. Ante estos episodios, surgen presiones de consumidores para que “se haga algo” y para los reguladores resulta muy difícil quedarse de brazos cruzados y dejar que el mercado siga su curso.

El problema es que podemos acabar en un círculo vicioso en el cual la intervención de regulador impide que el mercado funcione y si el mercado no funciona se aduce que hay que incrementar la intervención del regulador. Con esto no quiero decir que nunca se justifique la intervención del regulador, pero sí que debe considerarse si dicha intervención está realmente justificada con una perspectiva no solamente de corto plazo, sino también de largo plazo.

PREGUNTA.- Se afirma que el sector eléctrico español es escasamente contestable, ya que existen barreras de entrada. ¿Qué opina Vd. al respecto?

RESPUESTA.- Tales afirmaciones ignoran la realidad del mercado. No solamente están entrando unos 3000-4000 MW de nueva capacidad de generación en Régimen Ordinario cada año, sino que aproximadamente el 50% de esa inversión se ha realizado o está previsto que se realice por agentes que no tenían anteriormente presencia en la actividad de generación en España. Más allá de disquisiciones teóricas sobre posibles barreras a la entrada, esta evidencia de entrada demuestra sin lugar a dudas que las preocupaciones sobre posibles barreras a la entrada en generación estaban infundadas.

De hecho, cabría preguntarse si un sistema planificado, con la rigidez que los caracteriza, hubiera sido realmente capaz de atender un crecimiento de la demanda eléctrica como el experimentado en los últimos años o si, por el contrario, nos hubiéramos encontrado con serios episodios de escasez de suministro.

En la actividad de comercialización lo que ha impedido la entrada de competidores ha sido el hecho que las tarifas reguladas no reflejen el coste real del suministro han impedido el desarrollo del mercado. Hasta que no se eliminen estas tarifas, o reflejen el coste real de suministro, el resto de discusiones sobre la existencia o no de barreras a la entrada serán especulativas, y la mayoría de las barreras tendrán origen regulatorio o se podrán resolver con medidas regulatorias.

PREGUNTA.- También se afirma que un mercado ‘spot’ de corto plazo que centraliza toda la energía no permite producir precios competitivos. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación en el caso español?

RESPUESTA.- En absoluto. No solamente un mercado ‘spot’ que centraliza toda la energía permite producir precios competitivos, sino que dicho diseño es el que mayores garantías ofrece de que los precios sean efectivamente competitivos.

El rechazo que a veces produce la idea de que el mercado spot centralice la energía proviene de una comprensión equivocada de cómo funcionan los mercados eléctricos. El hecho que el mercado spot centralice toda la energía no quiere decir que los distintos agentes no puedan cubrir sus riesgos de precio, sino simplemente que dichos contratos serán de tipo financiero. Esto hace que toda la energía pase por el filtro del mercado, asegurando que siempre se programen aquellas centrales que puedan atender el suministro a mínimo coste. El hecho que los contratos se denominen “financieros” en lugar de “físicos” no tiene la menor relevancia a efectos de la seguridad de suministro, ya que la diferencia entre uno y otro radica simplemente en cómo se liquidan.

El mercado spot también produce rechazo en ocasiones porque el precio del mercado se fija con criterios marginalistas, esto es, igual a la oferta más elevada aceptada, en lugar de pagar a cada generador la oferta que cada uno realiza. Sin embargo, todos los mercados, ya sean eléctricos o no, resultan en un precio igual a la oferta más cara. Por ejemplo si a cada agente se pagara su propia oferta, lo que comúnmente se denomina “pay-as-bid”, estos ya no presentarán ofertas iguales a sus costes de producción, sino ofertas iguales a su expectativa de cual será la oferta más cara que será aceptada, por lo que no resultaría un coste menor para los consumidores. En la medida que esas expectativas no sean exactas, y dicho método de casación se use para programar centrales, el despacho resultante será ineficiente y el coste de la energía para los consumidores será mayor. De hecho, en el Reino Unido se probó a utilizar transacciones bilaterales para el mercado spot y se han ido introduciendo reformas para volver a un esquema marginalista.

Finalmente, disponer de un mercado spot marginalista y profundo como el actual favorece la competencia. En primer lugar, en un mercado marginalista los pequeños agentes no juegan con desventaja con respecto a los grandes, ya que optimizar su oferta solamente requiere conocer sus propios costes y no es preciso predecir el precio de la oferta más cara que será aceptada por el operador del mercado en cada hora del día. En segundo lugar, en un mercado marginalista, los agentes verticalmente integrados no pueden bloquear el acceso al mercado por parte de nuevos entrantes, ya que estos siempre pueden vender o comprar su energía en el mercado spot. En tercer lugar, el regulador puede realizar una supervisión de que los generadores se comportan de forma competitiva, presentando ofertas que reflejan sus costes de funcionamiento.

PREGUNTA.- Del mismo modo se afirma que el mercado mayorista español no funciona correctamente y que la oferta está altamente concentrada. Así, las dos principales empresas eléctricas de España, Iberdrola y Endesa, poseen un 47% del mercado eléctrico, lo que ha suscitado críticas por que pueda suponer una situación de poder de mercado excesivo. ¿Cree que los operadores están utilizando indebidamente esa cuota de mercado? ¿Cómo valora esta situación en el contexto del sector energético europeo?

RESPUESTA.- Tras la liberalización del mercado en el año 98, las críticas se referían a que las dos principales empresas producían un 80% de la energía del mercado. Ahora esa cifra se sitúa por debajo del 50% y se sigue hablando de un poder de mercado excesivo.

El mero hecho de que hayamos adquirido la costumbre de sumar las cuotas de mercado de los dos principales operadores para describir el nivel de concentración resulta no solamente arbitrario sino inadecuado, ya que equivale a suponer que ambas empresas actúan de forma perfectamente concertada. Tal nivel de connivencia no parece corresponderse con la realidad. Por ello, cuando se habla de cuotas de mercado, sería más correcto describir el mercado eléctrico español como uno en el cual la mayor empresa eléctrica tiene una cuota del mercado de producción que apenas supera el 25%.

Con respecto a si los operadores están utilizando indebidamente esa cuota de mercado, en los últimos 5 años tanto el nivel como el comportamiento de los precios del mercado eléctrico español han sido similares al del resto de mercados eléctricos europeos. Esa evidencia indica que el precio del mercado simplemente ha reflejado los costes de suministro, sin que la concentración haya influido de forma apreciable.

PREGUNTA.- El Libro Blanco proponía una regla muy simple para delimitar la concentración horizontal. Ninguna empresa puede disponer en el mercado mayorista español de una capacidad de oferta (potencia instalada) de libre disposición superior a un porcentaje que el Libro Blanco lo fija en el 22 % ¿Qué opina de esto?

RESPUESTA.- La propuesta del Libro Blanco se basaba en el uso de un modelo de simulación, no en un análisis de los resultados reales del mercado. Como ya he dicho, los precios observados en el mercado se corresponden con los del resto de mercados eléctricos europeos y no hay barreras a la entrada, por lo que no hay evidencia de que la concentración horizontal sea un problema en España.

Además, el modelo utilizado en el Libro Blanco contenía una serie de simplificaciones que, en cierto modo, predeterminaban las conclusiones del modelo. Por ejemplo, dicho modelo ignoraba totalmente el efecto de los contratos, de la supervisión del regulador, de la incertidumbre o de la amenaza de entrada de nuevos agentes. Por ello, no es sorprendente que el resultado fuera una visión negativa sobre el mercado y la competencia.

PREGUNTA.- Se están aplicando subastas de energía para detraer poder de mercado a las empresas eléctricas con mayor cuota de mercado actual. ¿Cree que estas subastas constituyen una solución?

RESPUESTA. En realidad, las centrales virtuales no son más que contratos de suministro, que no difieren sustancialmente de los negociados en el mercado OTC o en el OMIP. Este tipo de subastas de centrales virtuales tienen especial sentido en aquellos mercados eléctricos en los cuales no existe un mercado spot líquido y los potenciales entrantes no tienen otra forma de conseguir electricidad a un precio competitivo. Por eso en tales mercados las centrales virtuales se instrumentalizan como contratos físicos mientras que en España pueden ser indistintamente físicos o financieros.

En España, los potenciales entrantes pueden acudir al mercado spot o al OMIP, donde las compras de las distribuidoras y la presencia de market-makers aseguran un nivel adecuado de liquidez. No obstante, la obligación de subastar centrales virtuales contribuye a mitigar las suspicacias sobre el nivel de concentración en el mercado, y por ello pueden desempeñar un papel importante al dar confianza sobre el funcionamiento del mercado.

Dicho esto, el volumen objeto de subasta no debe ser excesivo, en el sentido de ser superior al que demandarán los compradores, ya que en tal caso el precio que resultará en la subasta será inferior al precio esperado en el mercado spot y la venta de centrales virtuales habrá tenido un efecto expropiatorio sobre los vendedores que solamente beneficiará a los traders, lo cual es especialmente indeseable en una situación en la cual existe un déficit tarifario.

Mañana, segunda entrega de la entrevista a Óscar Arnedillo

PREGUNTA. El Gobierno, antes de finalizar la legislatura, para reducir el déficit tarifario ha detraído por Real Decreto Ley el importe de los derechos de emisión, lo que ha causado un fuerte enfrentamiento con el sector eléctrico ¿Cómo valora esta medida?¿Cree que la asignación de los derechos de emisión de CO2 se ha efectuado siguiendo criterios que premien a las energías renovables y penalicen a las energías más contaminantes? ¿Considera que la detracción del coste de los derechos de emisión debe aplicarse a toda la industria, incluso a las instalaciones que no han recibido esos derechos?

Este es precisamente un ejemplo de regulación mal gestionada. No entro a cuestionar si tiene sentido que las eléctricas hubiesen percibido unos derechos por la emisión de CO2 de forma gratuita y que no sólo no trasladaron al precio del mercado mayorista, sino que se enfrentaron en varias ocasiones al Gobierno influyendo sobre el precio final (subiéndolo o bajándolo, según el caso). Lo que constituye una mala praxis regulatoria es insistir en los bandazos regulatorios de forma coyuntural como reacción a lo que se ha venido a interpretar como un “tour de force” entre el Sector Eléctrico y el Gobierno y que acaba de formalizarse con la denuncia de UNESA ante la Comisión Europea, precisamente por este tema. No parece beneficiar a nadie esta inseguridad regulatoria, ni siguiera a los consumidores que, vía déficit tarifario, acabarán pagando, aunque más tarde de lo que sería lógico, esta fiesta de despropósitos.

PREGUNTA. ¿Cómo valora la política exterior energética española y cuáles son los focos hacia dónde se debería dirigir? ¿Cómo valora la reestructuración del sector energético español y que en esta reestructuración participen compañías públicas europeas, procedentes de países donde el grado de liberalización ha sido menor que el español?

Hay que recordar que en los sucesivos Tratados de la Unión Europea, nunca se ha abordado el hecho de que coexistan empresas de mayoría pública controladas por los Estados Miembros correspondientes, con empresas totalmente privadas, procedentes la mayoría de las veces, de anteriores prestatarias de capital público. Aquellos Estados Miembros que más han retrasado su camino hacia la privatización se han encontrado mejor posicionadas para acceder al control de empresas ya privatizadas. La doble moral es evidente. Por un lado, la Comisión Europea, garante de los Tratados, ha denunciado ante el tribunal de Luxemburgo a aquellos Estados Miembros que se han opuesto al control de sus empresas energéticas por parte de otras empresas de la UE y, en cambio, ha silenciado el hecho del mantenimiento en la esfera pública de los campeones nacionales energéticos bien conocidos (y reconocidos como estrategas del éxito, por cierto).

PREGUNTA. ¿Cuáles son las novedades que incorpora la reforma de la Ley del Sector Eléctrico en materia de transporte de electricidad? ¿Cómo valora que se haya conformado el transporte en términos de monopolio? ¿Qué diferencias existen entre la definición funcional de la red a que se defina por tensión? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Debe Red Eléctrica gestionar red de 220 kV en las grandes ciudades?

Las actividades asociadas a las redes son monopolios naturales. Esto quiere decir que, si no existe otra consideración que lo impida, la mejor manera de gestionar estas actividades es a través de una empresa que posea su exclusividad. Los problemas aparecen cuando se mezcla esta simplificación con otros temas conexos: 1) división entre la actividad de transporte y la de distribución; 2) roles diferenciados entre el OS y el transportista; 3) usuarios del transporte con problemáticas distintas según sean generadores o distribuidores; 4) responsabilidades diferenciadas entre agentes frente al consumidor final; 5) retribución del transporte más incentivadora de la inversión que la de los distribuidores; 6) rol de garante ante las autoridades de la seguridad del abastecimiento como único interlocutor, frente al resto de agentes. Muchos de estos puntos resultan conflictivos en momentos determinados y aconsejan replantearse la conveniencia, sin paliativos, de otorgar la exclusividad a una sola empresa. Sin duda la exclusividad de la red a 400 kV está fuera de duda, pero quizás la separación de las líneas a 220 kV en función de su papel más de transporte o más de distribución podría ser una tercera vía.

No dudo de la calificación de transporte en el caso de la red de 400 kV, pero sería razonable repensarlo para la red de 220 kV, mejorando la definición funcional del transporte, frente a la definición técnica de las redes capilares de distribución, claves en la configuración de la calidad del servicio a los usuarios finales.

PREGUNTA. Como sabe Vd, en estos momentos a nivel europeo se está produciendo un debate muy intenso sobre la configuración del transporte y la operación del sistema, lo que se denomina ISO (Independent System Operator) frente a TSO (Transmission System Operator) ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de uno y otro modelo? ¿Cuál es el modelo español? ¿Qué consecuencias tiene esta configuración? ¿Cómo valora que se esté produciendo a nivel europeo una evolución clara hacia el ISO?

Lo que se está discutiendo en Europa es quién tiene el poder: la Comisión Europea, que tiene la capacidad de proponer nuevas Directivas y, en este sentido, la ha ejercido con el denominado Tercer Paquete de medidas regulatorias, o los Estados Miembros, con conflictos de intereses entre el avance hacia el Mercado Interior de la Energía o los propios intereses de sus empresas públicas. La alternativa entre ISO y TSO viene a cuento para afrontar el hecho de que en diversos Estados Miembros, el sector eléctrico sigue verticalmente integrado como antes de la primera Directiva, allá por el año 1998. Con la propuesta ISO, la CE pone en la encrucijada a los Estados Miembros renuentes de elegir entre la creación de un ISO independiente, dejando los activos de transporte en manos de sus actuales dueños, o crear un TSO con un verdadero OU (“ownership unbundling”), es decir separados de sus actuales propietarios. Frente a este compromiso, Francia y Alemania han presentado una tercera vía, la iniciativa EEU, que consiste en no hacer ninguna de estas dos cosas y dejarlo todo como está. El tema es completamente político y corresponderá a los Estados Miembros buscar el compromiso final. Para los EEMM que proponen la tercera vía EEU, parece que poseer los activos de transporte significa contar con un poder explícito en el funcionamiento del sistema eléctrico. Por otro lado, hay que valorar en este contexto los modelos regionales de interconexión en Europa que propone EURELECTRIC. En todo caso, lo que no parece admisible es el privilegio de las situaciones actuales de determinados operadores, integrados verticalmente en generación, transporte, distribución, y además, operadores del sistema eléctrico.

Los críticos del modelo ISO denuncian su desconocimiento del funcionamiento real del sistema, de las necesidades de inversión o de dónde actuar para solventar problemas o cuellos de botella en las redes. Su única ventaja podría radicar en su mayor neutralidad. Por otra parte, y desde el punto de vista de una configuración aséptica, con un funcionamiento separado, correcto y bien regulado, un TSO puede hacer también su papel. La clave es que además de hacer bien su papel, los usuarios del mismo estén satisfechos con su funcionamiento, cosa que, si nos referimos a la realidad en muchos casos no ocurre. Si yo fuera responsable de un operador de red, mi objetivo sería tratar muy bien a mis clientes, generadores y distribuidores, obviamente.

En este sentido, en el caso español, parece que lo que ha sido más publicado en los medios ha estado enfocado más bien a la búsqueda de responsabilidades que a plantear soluciones que aseguren el funcionamiento y la gestión correcta del sistema.

PREGUNTA. ¿Qué valoración puede hacer de lo ocurrido en el apagón del pasado verano en Barcelona?

En primer lugar, señalar que lo primero es sacar conclusiones para que situaciones así no se vuelvan a producir, pero eso no quiere decir volvernos locos. En Barcelona, había un mala comunicación, un mal diálogo entre los operadores, un mal mantenimiento de los activos, una serie de supuestos que eran irreales (que el suministro en estas subestaciones era firme), una situación precaria derivada de incendios e incidentes, la ausencia de un análisis de contingencias conjunto y una red precaria para superarlos. A eso se unió, un pasado reciente, el proceso de compra, muy precipitado de la red de 220 kV que hizo REE de la antigua red de FECSA ENDESA.

Tampoco, pienso, que derivado del incidente de Barcelona sea preciso modificar el marco legal y tomar medidas como las que prevé la ley catalana: que todos los usuarios puedan recibir suministro desde dos subestaciones: a eso se le llama doble suministro. Esto también plantea el problema de ¿y esto quién lo paga? ¿Por qué a las Comunidades Autónomas se les ha proporcionado competencias en materia de distribución pero ninguna en materia de financiación?

Lo importante, en este caso, es definir la titularidad de las redes según su funcionalidad (discrepo que la red de 220 kV en las ciudades tenga consideración de red de transporte), establecer las normas de lo que cada uno debe hacer y que cada palo aguante su vela. En esto, la misión del transportista, tendría que ir hacia lo que fue la definición del modelo británico que centró su responsabilidad en perfeccionar los mecanismos de gestión de pérdidas y de gestión de congestiones en la red.

PREGUNTA. ¿Cómo valora que debe configurarse el mix de generación energética español en el futuro para que sea sostenible económica y medioambientalmente? ¿Qué futuro ve a la energía nuclear? ¿al gas? ¿a las renovables?

Como he venido repitiendo en diversas ocasiones, la total dependencia energética de España no aconseja abandonar ninguna energía. Las renovables deberán seguir siendo desarrolladas y subsidiadas. El techo sin duda en el caso de la eólica, será la estabilidad de los sistemas eléctricos. El gas natural, utilizado en las nuevas y eficientes centrales CCGT (ciclo combinado), deberá seguir creciendo y la diversificación de los orígenes, mantenida. La energía hidráulica tiene menos recorrido, pero algunos proyectos de bombeo, asociados a la producción eólica, serían muy beneficiosos. La energía nuclear no debería abandonarse y tal vez pensar en iniciar un profundo debate sobre su uso y las ventajas e inconvenientes que implica. El carbón, en su utilización más limpia, también debería ser tenido en cuenta, sobre todo a tenor de las existencias mundiales. La investigación, en todas las tecnologías, debe ser el eje de cualquier estrategia de cobertura de la demanda, sin olvidar el consumo, por la vía de su reducción y búsqueda de una mayor eficiencia.

PREGUNTA. ¿Cuáles son las actividades de Mercados EMI en el ámbito español e internacional? ¿Cuáles son los planes de la compañía?

Ofrecemos servicios de consultoría muy especializados dentro del sector energético, enfocados a asesoramiento estratégico y soluciones de gestión a utilities, estudios tarifarios, evaluación de negocios para inversores, privatizaciones y fusiones, políticas energéticas, diseño de mercados competitivos y marcos regulatorios y fortalecimiento institucional. En estos temas hemos trabajado para grandes compañías europeas de gas y electricidad, principalmente en España e Italia, así como para la Comisión Europea y para empresas eléctricas en Europa Oriental y en los Balcanes. Fuera del mercado europeo, Mercados EMI lleva trabajando con organismos multilaterales (como el Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, etc.) y gobiernos en países emergentes desde hace más de 10 años. En estos momentos, nuestros principales mercados se encuentran en Rusia, Turquía, Oriente Próximo, Sudeste Asiático y África Oriental.

En cuanto a nuestros planes estratégicos, llevamos creciendo en torno a un 30% anual y en los próximos dos años pretendemos doblar el número de consultores y el volumen de negocio hasta alcanzar los 10 millones de euros anuales. El plan estratégico contempla el fortalecimiento de nuestras actividades en las sedes actuales, así como la creación y puesta en marcha durante el primer semestre de 2008 de la filial de Mercados EMI en India para atender al mercado asiático.

Hasta el momento venimos actuando en más 60 países, en situaciones muy diferentes y con modelos de mercado muy distintos. Desde el punto de vista de la diversidad y gestión de nuestro equipo de consultores, somos una empresa global. En esta oficina de Madrid hay muchos perfiles profesionales diferentes: consultores, economistas, ingenieros, también algún abogado. A su vez, nuestros profesionales proceden de muy diversos orígenes: España, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU., Latinoamérica. Por último, contamos con capacidades en todos los sectores de la energía: gas, petróleo, electricidad y renovables.

La Secretaria de Política Económica y Empleo de la Ejecutiva Federal del PSOE responde en esta entrevista a las principales cuestiones que recoge el nuevo Ejecutivo .

PREGUNTA. El sector energético de nuestro país se encuentra en un momento en el que se sitúa como uno de los principales focos de actualidad, tanto en el plano económico como en el plano empresarial. En este sentido y sobre el interés de Electricité de France (EDF) por Iberdrola, y la titularidad que todavía tiene el gobierno francés de esta empresa, una situación tarifaria mejor que la de las empresas españolas y un poder de mercado de este operador mucho más alto en el mercado francés que incluso Endesa e Iberdrola conjuntamente ¿Cómo valora esta situación desigual?

RESPUESTA. En el ámbito comunitario hay unas reglas que deben seguirse y hay que dejar que las normas del mercado funcionen. En esta operación empresarial, como en el resto de actuaciones, el Gobierno defenderá los intereses de España, siempre dentro de este marco y cumpliendo la normativa europea.

Lo que se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en una política energética común con unas reglas simétricas para todos, de modo que las empresas con capital público compitan en las mismas condiciones que las privadas, que se desarrolle el Mercado Interior de la Energía y se fortalezca la seguridad de suministro con la calidad necesaria para proteger a los consumidores.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector energético español? ¿Cómo valora el grado de desarrollo del mercado energético de nuestro país, tanto en el sector eléctrico, gas e hidrocarburos?

RESPUESTA. Avanzar por la senda de la liberalización no es sólo una vía que nos marca el proceso de integración europea, sino que es una exigencia para conseguir, a través de la competencia, un suministro de mayor calidad al menor coste posible, y lograr sistemas energéticos más eficientes, tanto en capacidad para acceder a las fuentes de aprovisionamiento, como en incorporación de las mejores tecnologías disponibles o en orientación hacia la atención de las necesidades de los consumidores.

A mediados de 2004, la liberalización emprendida por el gobierno del PP en la segunda mitad de los noventa se encontraba encallada como consecuencia de la aplicación de un modelo incompleto, que confiaba ciegamente en las virtudes de la privatización y el cambio de marco normativo, y era excesivamente optimista en cuanto al horizonte futuro.

Durante los últimos cuatro años se ha avanzado mucho en la liberalización de los sistemas energéticos, pero resulta necesario seguir progresando. Es precisa una adaptación permanente del marco normativo a los cambios que se producen en el sector, pero al mismo tiempo se debe asegurar la estabilidad necesaria para no distorsionar los incentivos de los agentes, para favorecer la entrada de nuevos operadores y promover las inversiones.

El gobierno socialista ha llevado a cabo una reforma de la regulación de los mercados energéticos para mejorar su funcionamiento, incrementar su transparencia, promover la liberalización en el marco de las Directivas para el desarrollo de los mercados interiores del gas y la electricidad, y eliminar progresivamente las tarifas, con la excepción de la denominada “tarifa de último recurso”.

Durante la próxima legislatura se continuará impulsando el desarrollo del Mercado Ibérico de la Energía, tanto en gas como en electricidad, lo que favorecerá la competencia y la seguridad de suministro en España y Portugal. También habrá que seguir eliminando las barreras que dificultan la entrada en los mercados, cerrar el diseño del mercado mayorista de electricidad, promover la creación de mercados secundarios de gas natural, y concluir el proceso de redefinición del modelo tarifario. Estas reformas aportarán racionalidad al sistema y garantizarán que el consumidor no pague más de lo estrictamente necesario para que dichas actividades se desarrollen de forma eficiente y segura.

PREGUNTA. Dentro del programa electoral con el que han concurrido a estas elecciones se establece inequívocamente el compromiso de no construir nuevas centrales nucleares y de no prolongar la vida de las centrales existentes. Con un parque nuclear más extenso, sería incluso posible prescindir de una mayor interconexión con Francia. Sin embargo, si desarrollamos la interconexión, importaremos electricidad de nuestro país vecino, que la produce mayoritariamente mediante tecnología nuclear. ¿Cómo pueden hacerse compatible la expresión política y declaración de principios, con esta realidad en materia de importación de energía?

RESPUESTA. La posición socialista al respecto de la energía nuclear no tiene fisuras. Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución loca. Así consta en nuestro programa y de este modo será nuestra actuación.

Lo que este Gobierno quiere es conseguir que España deje de ser una isla energética con un nivel de seguridad de suministro lo más alta posible, para ello, es necesaria la interconexión con Francia que, además de abrirnos la puerta a Europa en materia de suministro, supondrá hacer mayor el mercado y, por tanto, a precios más eficientes o, lo que es lo mismo, más bajos beneficiando así a todos los consumidores.

PREGUNTA. La tarifa eléctrica es una cuestión controvertida. A ningún Gobierno le gusta tomar una medida impopular como subir la tarifa eléctrica. Sin embargo, la CNE ha advertido de la necesidad de reflejar los precios reales de la energía (en un contexto de crecimiento de los costes de la energía por la mayor demanda y en el entorno internacional de crecimiento de precios del petróleo), tal como se hace con la gasolina, para dejar de arrastrar un déficit de tarifa que se hace insostenible (en 2008 se cerrará en 19.000 millones de euros acumulados) y que genera además intereses futuros, cada vez más grandes. Por otra parte, un precio real de la electricidad hará conscientes a los ciudadanos de la necesidad de ahorrar, repercutiendo por tanto en la eficiencia energética. ¿Cómo tienen previsto abordar esta cuestión en la próxima legislatura?

RESPUESTA. No es cierto que todos los gobiernos frenen decisiones de responsabilidad por miedo a un posible coste electoral. Lo que sí es cierto es que durante los ocho años de gobierno del PP la tarifa de la luz bajó en términos reales trasladando la deuda tarifaria a años posteriores; sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido consciente de su responsabilidad política y en la pasada legislatura ha optado por un ajuste que facilite la adaptación de precios a costes sin que afecte de manera drástica a la economía doméstica.

Actualmente, la expectativa es que la tarifa eléctrica no aumente más que el IPC de manera que, junto con la política de disminución de los costes incluidos en tarifa, permita reducir el déficit.

Los socialistas consideramos que la ciudadanía puede hacerse más sensible al ahorro y a la eficiencia energética de múltiples maneras distintas a la presión sobre el precio de la electricidad. Nuestro compromiso es el impulso a una cultura de consumo energético responsable, promoviendo el uso racional de la energía en todos los niveles educativos y convirtiendo a la Administración Pública en ejemplo del uso eficiente de la energía. Ya en 2006 se registró la primera disminución del consumo anual de energía primaria que se producía en muchos años. Estamos en el buen camino pero aún queda mucho por hacer.

PREGUNTA. En el programa electoral figura como objetivo aumentar la independencia de los órganos reguladores (CNE, CNMV). En el caso, de la CNE es un término que se considera relativo, pues el regulador energético no es el que toma las decisiones en esta área que le compete, sino que se ve limitado a enviar sus recomendaciones no vinculantes al Ministerio de Industria. Los agentes reclaman una mayor capacidad de acción de la CNE, no un funcionamiento puramente administrativo de la misma ¿Piensan dar pasos hacia una mayor independencia de los órganos reguladores?

RESPUESTA. Potenciar la independencia y la transparencia de los organismos reguladores es una condición necesaria para fortalecer los sectores que regulan. Los socialistas seguiremos trabajando para que todos los órganos reguladores, incluida la CNE, cuenten con los medios suficientes para desarrollar sus funciones de manera autónoma, sean más independientes y más transparentes en sus actuaciones.

En nuestro programa electoral hemos tomado el compromiso de reforzar la independencia orgánica a través de la limitación de los mandatos, del endurecimiento del régimen de incompatibilidades y de la supervisión democrática a través de un mayor control parlamentario. Del mismo modo, consideramos que la independencia funcional es clave y, por ello, adoptaremos las medidas necesarias para atribuir a los reguladores la potestad de inspección y sanción junto con la dotación de medios económicos y personales suficientes para una verdadera autonomía.

PREGUNTA. En materia del apoyo gubernamental en materia de energías renovables, en el año 2007 ha sido, en términos regulatorios, un quebradero de cabeza para sectores como el eólico o el fotovoltaico, que han visto cómo el marco regulatorio podía cambiar de un día para otro, cuando las decisiones para estas inversiones se hacen a muchos años vista. En este sentido, se ha denunciado la inseguridad regulatoria como un elemento especialmente preocupante para el sector. ¿Valora como positiva la estabilidad jurídica para un sector de este tipo y su desarrollo como sector empresarial? ¿Cómo valora las posibilidades que tenemos como país de ser una potencia mundial en este sentido por generación y tecnología?

RESPUESTA. De una cosa no hay duda, éste es el Gobierno que ha dado un marco jurídico estable a la energía solar fotovoltaica y muchas empresas del sector han celebrado públicamente los cambios normativos.

Nosotros valoramos positivamente la estabilidad jurídica, no sólo en este sector, sino en todos en los que el mercado necesite de regulación.

Con respecto a las energías renovables, España está en la primera línea de salida para liderar esta carrera a nivel mundial. Hoy ya somos el primer inversor extranjero en renovables en EEUU, país que es uno de los mayores mercados y líder tecnológico mundial. Nuestras empresas demuestran estar preparadas para afrontar el reto de ser una potencia en este tipo de energías y, desde el Gobierno, el apoyo es indiscutible.

Impulsar las energías renovables es democratizar la energía, las pymes desempeñan un papel crucial en este sector y pueden contribuir y beneficiarse de un sector en expansión, clave para mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad y la calidad del suministro.

PREGUNTA: La interconexión con Francia aportará un mayor grado de seguridad de suministro a España, ¿Qué importancia le otorga a la construcción de la línea de Muy Alta Tensión que facilitará la recepción de energía desde Europa?

RESPUESTA. La sostenibilidad del modelo energético será el objetivo fundamental de la política energética del Gobierno. Después de años de paralización, el proyecto que mejorará la seguridad en nuestro sistema eléctrico está más cerca de ser una realidad. La interconexión con Francia supone no sólo un avance en esta línea sino que amplía el mercado y, por tanto, permitirá que los precios sean más eficientes y menores, favoreciendo así a los consumidores.

PREGUNTA ¿Cuáles son los puntos principales que contemplan en lo que se refiere a política energética exterior, habida cuenta de la importancia que tienen los recursos de fuera de España en nuestra energía primaria?

RESPUESTA. Europa tiene que actuar en bloque para aumentar el poder de negociación frente a terceros. En este sentido, España necesita reforzar sus interconexiones con Francia y afianzar sus relaciones con el Norte de África para promocionar su papel como nexo entre los países productores y Europa.