Europa Press / EFE.- La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha puesto en marcha la campaña Camino del sol, con la que aspira a provocar la mayor movilización social del sector para pedir un cambio en el modelo energético, según explicó el presidente de la organización, Miguel Ángel Martínez-Aroca. La campaña cuenta con la colaboración de Greenpeace y de numerosas entidades de referencia del sector, entre ellas APPA, UNEF o la Fundación Renovables.
El objetivo es promover «una transición rápida hacia un sistema energético basado en el uso de tecnologías renovables, para adaptarse a los objetivos marcados por la Unión Europea». Además, habrá iniciativas para transmitir la cultura energética a la población, mostrar «los beneficios» de apostar por las fuentes de energía renovable y denunciar «las irregularidades del sistema energético español«. Para ello, un autobús con una exposición itinerante del modelo energético español recorrerá las comunidades autónomas de la península. El final del recorrido se producirá el 27 de septiembre en Santiago de Compostela, donde los inversores afectados por los recortes a la energía fotovoltaica pondrán el broche final a esta movilización social.
Anpier representa a las más de 62.000 familias españolas que invirtieron unos 20.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas y que se vieron afectadas por el cambio del sistema retributivo de primas con carácter retroactivo. Por ello, Anpier tiene previsto reunirse también con representantes políticos, a los que pedirá su adhesión a un manifiesto en defensa de un nuevo modelo energético. En paralelo, convocará asambleas populares para compartir con los defensores de las renovables y los afectados la evolución de la situación energética española, cómo ha afectado al sector el cambio de modelo regulatorio y del sistema retributivo de primas y también sus posibles soluciones, como restituir la anterior normativa.
Durante el acto, el economista José Carlos Díez ha defendido la instauración de un «mercado común de la energía» donde se haga una regulación homogénea para todos los países de la Unión Europea y donde el regulador pase «de nivel nacional a nivel europeo«. «Tenemos que centrarnos en dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra tasa de paro, qué bienes queremos producir, quiénes van a producir esos bienes y qué relación queremos tener con el planeta», ha resaltado Díez.
El economista Ramón Tamames indicó que «hay que cambiar la situación actual porque está segando la tecnología española». «Gamesa se ha tenido que ir y Abengoa está luchando en el exterior con muchos problemas porque aquí se ha roto el mercado», precisó. Respecto al endeudamiento de los productores de energía renovable, que pidieron créditos para construir las plantas en base a una retribución que ahora se ha reducido, José Carlos Díez defendió que se haga una «reestructuración razonable«. «Si van a ir a bajaros el precio de los activos para que las grandes empresas se los compren y vayan a empezar a producir ellos, eso no es una reestructuración, se llama fondos buitre», ha señalado.
Las energías renovables en España representan, según Greenpeace, en torno al 1% del PIB y generan energía «limpia y barata». A juicio de los ecologistas esto es algo «esencial», ya que la dependencia energética en España se sitúa por encima del 86%. Así, Greenpeace destaca que en unos años España podría autoabastecerse energéticamente «gracias al sol y al viento» y ahorrar los más de «158 millones de euros» que invierte al día para importar energía.
Además, según el informe El impacto de las energías renovables en los hogares, elaborado para Greenpeace por la consultora Abay Analistas Económicos y Sociales, en 2030 cada hogar podría ahorrar una media de 406 euros anuales con un sistema eléctrico basado en energías renovables, en comparación con lo gastado en 2012. Asimismo explica que un sistema eléctrico renovable al 95% supondría un descenso del 34% respecto a 2012 en la factura energética de los hogares.
