El Gobierno balear muestra su satisfacción ante la suspensión de los permisos de Cairn Energy en el Golfo de Valencia

Europa Press.- El Gobierno de Baleares expresó su «satisfacción» ante la suspensión de los permisos de investigación de prospecciones petrolíferas de Cairn Energy en el Golfo de Valencia. Así lo ha expresado el portavoz del Gobierno, Marc Pons, después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo confirmara de manera oficial la extinción de los permisos.

Sin embargo, Pons ha recordado que esto «no es suficiente» porque «quedan dos proyectos en marcha», uno de ellos en aguas baleares, y ha ensalzado la labor medioambiental de Alianza Mar Blava. Según ha informado esta misma entidad, la suspensión y extinción de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2, impulsados por Cairn Energy, era el último paso administrativo pendiente para oficializar la renuncia definitiva de la empresa a los proyectos.

Industria suspende y extingue los permisos de investigación de hidrocarburos de Cairn Energy en el golfo de Valencia

Europa Press / EFE.- El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden del Ministerio de Industria IET/2204/2015 por la que se declara la suspensión y se extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2, impulsados por Cairn Energy en el golfo de Valencia. Según indicaron desde Mar Blava, esta orden ministerial era el último paso administrativo pendiente, por lo que con esta publicación se oficializa la renuncia definitiva de Cairn Energy a sus permisos de investigación.

Los permisos de investigación de hidrocarburos Alta Mar 1 y Alta Mar 2 fueron otorgados por decreto a la sociedad Capricorn Spain Limited, la filial de la británica Cairn Energy, como único titular y operador. Dicho decreto establecía que los titulares podrán renunciar, total o parcialmente, al finalizar cada uno de los periodos exploratorios contemplados en el otorgamiento. Por otra parte, los permisos Benifayó y Gandía, junto con el permiso Albufera, fueron otorgados por decreto a la sociedad Medoil, PLC como único titular y operador. En 2011 se autorizó a Medoil la transmisión total de dichos permisos a Capricorn. Ya en 2014, según Mar Blava, se extinguió el permiso de investigación de hidrocarburos denominado Albufera por renuncia de su titular.

Ahora Capricorn deberá facilitar a Industria toda la documentación técnica generada en sus trabajos de investigación en estas zonas, situadas a unos 40 kilómetros de la costa. Asimismo, Mar Blava recuerda que la petrolera, en febrero de 2012, solicitó autorización para la realización del Proyecto Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el golfo de Valencia en el área de los permisos otorgados. Con fecha 6 de junio de 2013, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural notificó al operador la decisión de someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de la campaña sísmica 3D y el alcance del estudio de impacto ambiental.

En el BOE se resalta ahora que el 3 de junio de 2015 se recibió un escrito del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente comunicando la terminación y archivo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia por entender que el promotor había desistido de su solicitud de autorización ante la renuncia total a los permisos presentada por su titular. Asimismo, se explica que durante el periodo de paralización o suspensión de la campaña «no será exigible canon ni tasa alguno, ni el mantenimiento del plan de inversiones previsto en las condiciones que reglamentariamente se establezcan».

Las grandes petroleras reclaman «un acuerdo efectivo» contra el cambio climático en la cumbre de París

Europa Press.- Los consejeros delegados de diez de las compañías petroleras más importantes del mundo, han reclamado un «acuerdo efectivo» en la lucha contra el cambio climático en la conferencia de las Naciones Unidas que tendrá lugar en París el próximo mes de diciembre .

En una declaración conjunta, las petroleras pertenecientes a la Iniciativa Climática de Petroleras y Gasistas (OGCI, por sus siglas en inglés) han mostrado su apoyo a la implantación de políticas «estables y nítidas», consecuentes con un futuro que cumpla el objetivo de limitar a 2 grados centígrados la subida de la temperatura media global, y han señalado que la tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) netas a nivel mundial «no es consistente con este propósito».

El grupo, al que junto a Repsol pertenecen también BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance Industries, Shell, Statoil y Total, entre otros, considera que el objetivo de los 2 grados «es un reto para toda la sociedad» y se mostraron comprometidos a «cumplir con su parte».

Las compañías miembro de la OCGI, que representan el suministro de una quinta parte de la producción mundial de gas y petróleo y casi el 10% de la energía mundial, han llevado a cabo acciones importantes para reducir su huella de GEI, junto con una reducción aproximada del 20% de las emisiones de GEI derivadas de sus operaciones en los últimos diez años.

La OCGI también ha lanzado un informe colaborativo, ‘Mas energía, menos emisiones’, en el que destaca las acciones practicas acometidas por las compañías que lo forman para mejorar la gestión de las emisiones de GEI y su trabajo dirigido a reducir el impacto del cambio climático a largo plazo.

Estas acciones incluyen inversiones importantes en gas natural, captura y almacenamiento de carbono y energías renovables, así como investigación y desarrollo de GEI de nivel bajo.

La declaración, junto con el informe, expone las áreas principales en las que las compañías de la OGCI centrarán su colaboración, entre las que figuran la eficiencia, una contribución al aumento de la presencia de gas en el ‘mix’ energético mundial, así como inversión en I+D+i para reducir las emisiones de GEI.

La OGCI es una iniciativa de la industria petrolera, voluntaria y liderada por los consejeros delegados, que tiene como objetivo acelerar las acciones practicas en la lucha contra el cambio climático a través de las mejores practicas de colaboración y participación.

Vilaseca (Gas Natural) pide que las renovables sean apoyadas por los Presupuestos Generales del Estado

EFE.- Rafael Vilaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, ha explicado en el transcurso del congreso anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que la energía debe responder a los principios de «sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y seguridad de suministro», algo que «es una novedad» porque hasta ahora la Unión Europea solo se fijaba en el medio ambiente y China se centraba en el coste.

No es optimista Vilaseca con respecto a próximos acuerdos porque «China seguirá creciendo en emisiones hasta 2030» y es necesario dar pasos «para preservar el planeta de las emisiones de dióxido de carbono».

En su intervención, se ha mostrado muy crítico con las políticas intervencionistas en materia energética, y ha vaticinado una gran desigualdad entre los precios de la energía en los diferentes territorios según la tecnología que utilicen o las políticas ambientales.

Hasta ahora en España, ha continuado, «el deterioro del factor energía para las empresas ha sido enorme», y ha asegurado que «mientras la mitad del recibo de la luz no obedezca ni a los costes de generación ni a los costes de distribución y transporte, la factura no puede ser barata».

«Los costes de subvenciones y de impuestos extraordinarios en el sector» son un estigma, por lo que considera que tendrían que estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, donde «tendría más sentido que estuvieran los apoyos a las energías renovables».

De cara al futuro ha expresado su deseo de que no se repitan errores del pasado, como el déficit de tarifa, y no se acaben «creando problemas similares: espero que aprendamos la lección, que ha sido muy dura para España«.

BP acuerda con el gobierno de USA pagar 20.800 millones de dólares por el vertido en el Golfo de México

EFE.- El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer un acuerdo de indemnización por 20.800 millones de dólares alcanzado entre la petrolera BP y los estados de Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas por la catástrofe medioambiental causada por el vertido de crudo en el Golfo de México en 2010. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció ayer esa indemnización, «la mayor de la historia» y superior al acuerdo inicial al que habían llegado en julio el Ejecutivo estadounidense y BP para que la petrolera abonará 18.700 millones de dólares.

Con esta decisión, se cierra el prolongado litigio por el derrame de petróleo que se produjo por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, que extraía crudo para BP del pozo Macondo, en la que fallecieron 11 personas, y vertió cerca de 5 millones de barriles a las aguas del golfo de México.

«Esta histórica resolución es una respuesta fuerte y apropiada para el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos», destacó en una rueda de prensa Lynch, que al frente del Departamento de Justicia ha liderado los esfuerzos finales de las demandas civiles contra la petrolera británica. La demanda civil contra BP fue interpuesta en diciembre de 2010 por Eric Holder, predecesor de Lynch. Los cinco estados del Golfo de México que también demandaron de manera conjunta a la petrolera británica son Alabama, Luisiana, Misisipi, Florida y Texas, todos ellos afectados por la marea negra.

El acuerdo, presentado en una corte de Nueva Orleans (Luisiana), establece que BP debe de pagar al Gobierno federal 5.500 millones de dólares en sanciones bajo la ley federal «Clean Water Act» («Ley del Agua Limpia»), que serán destinados a las labores de reparación y restauración de los estados afectados en el Golfo.

Bajo la ley «Restore Act» («Ley de recuperación»), que el Congreso aprobó en 2012 tras el derrame, el 80 % de esta indemnización de 5.500 millones de dólares se invertirá en proyectos para la restauración ambiental y la promoción del turismo en estos cinco estados, con especial atención en el sector del marisco, muy dañado tras la tragedia.

Asimismo, la petrolera británica pagará a los cinco estados y al Gobierno federal 8.100 millones de dólares por daños a recursos naturales y, además, abonará 700 millones de dólares para afrontar los daños naturales que puedan ser detectados en el futuro pero que no se conocen en el momento del acuerdo.

Dentro del pacto al que han llegado Estados Unidos y BP, figura el pago de 600 millones de dólares para hacer frente a las reclamaciones de reembolso de los gastos de evaluación de daños federales debido al vertido de crudo en el Golfo de México.

Además, el acuerdo establece que la petrolera británica debe de abonar 4.900 millones de dólares a los cinco estados del Golfo de México y otros 1.000 millones para indemnizar a las entidades locales por los daños y perjuicios económicos que han sufrido como consecuencia del derrame.

En un comunicado, el portavoz de BP Geoff Morrell dijo que el acuerdo total anunciado hoy incluye cantidades que habían sido antes anunciadas por la compañía y «resuelve las responsabilidades de litigación más importantes que quedaban pendientes desde el trágico accidente».

Ahora se abre un periodo de 60 días para que el Gobierno federal y los Gobiernos estatales mantengan encuentros públicos en la capital del país y en diferentes localidades del Golfo de México con los ciudadanos que todavía sufren las secuelas sociales y medioambientales que dejó el vertido. Concluido este periodo de revisión pública, el 4 de diciembre de 2015, el Gobierno determinará si debe de buscar la aprobación de la corte de Nueva Orleans sobre el pacto al que ha llegado con BP.

El anuncio del acuerdo se produce después de que, en abril pasado, se cumpliera el quinto aniversario de la explosión de la plataforma que perforaba el pozo Macondo, que estuvo vertiendo crudo al golfo durante 87 días antes de que pudiera ser sellado.

El anterior gran derrame de petróleo en Estados Unidos fue el provocado por el accidente del barco petrolero Exxon Valdez en la costa sur de Alaska en 1989, pero entonces el vertido no superó los 300.000 barriles.

Acciona Windpower y Nordex crearán el quinto mayor fabricante de aerogeneradores

EFE.- La unión de Acciona Windpower y la alemana Nordex permitirá crear un gigante en la industria eólica con capacidad para convertirse en el quinto mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, con presencia en 30 países y unas sinergias que permitirán incrementar las ventas y reducir gastos.

La operación, que se anunció anoche al mercado, convertirá a Acciona en el primer accionista de Nordex, donde pasará a controlar el 29,9 % de su capital social, por debajo del 30 % que exige lanzar una oferta pública de adquisición de acciones.

La intención de la compañía no pasa ni por reducir ni por incrementar esta participación. De hecho, Acciona se ha comprometido por contrato a no subir del 29,9 % su participación en el plazo de tres años, un horizonte temporal que no afecta a la hora de bajar de este porcentaje, según ha explicado el presidente del grupo, José Manuel Entrecanales. El mercado ha respaldado la fusión: Acciona se revaloriza un 9,6 % en bolsa, mientras que su socio alemán se anota una subida del 7,39 %.

Como parte de la transacción, Acciona suscribirá nuevas acciones de Nordex equivalentes al 16,6 % del capital por 419 millones, y comprará por 335 millones un 13,3 % adicional a Skion-Momentum, la sociedad de cartera de la familia Quandt, que bajará al 5,7 % su peso en la compañía. Por su parte, Nordex hará un pago en efectivo de 366 millones a Acciona para hacerse con su filial de aerogeneradores, Acciona Windpower.

La operación, que lleva gestándose un año, se espera cerrar en el primer trimestre de 2016, una vez que se reciba el visto bueno de Competencia entre febrero y marzo. En mayo de 2016 se espera que reciba luz verde por parte de la junta de accionistas de Nordex.

Será entonces cuando se apruebe el nuevo organigrama de la compañía, en la que se sentarán dos nuevos consejeros propuestos por Acciona en el consejo de administración, que estará integrado por cuatro independientes (probablemente ninguno español) y el representante de la familia Quandt.

Acciona colocará a José Luis Blanco como director de operaciones y adjunto al consejero delegado -que se mantendrá- y a Patxi Landa como director de ventas de la compañía resultante. Se calcula que las plusvalías conjuntas asciendan a 675 millones de euros y que las sinergias anuales superen los 95 millones a partir de 2019.

La operación no tendrá un impacto en el beneficio de Acciona, que desconsolidará Acciona Windpower, pero sí en el ebitda (menos de 1.000 millones), en las ventas (cerca de 900 millones) y en la deuda (aproximadamente 40 millones).

Tampoco habrá impacto en el dividendo de Acciona, y se desconoce si podrá llegar a pagarlo Nordex, que seguirá en Hamburgo, cotizando en Fráncfort y que mantendrá la plantilla de Acciona Windpower.

De forma conjunta, la integración de Acciona Windpower y Nordex alcanzará un volumen combinado de 2,8 GW y competirá a escala global, intentando aumentar la cuota de mercado donde ya están presenten.

La operación supondrá importantes sinergias técnicas donde se respetará aquello en lo que cada una es líder, redundará en un ahorro de costes, en una mayor eficiencia y en una optimización de la capacidad y expansión geográfica.

Mientras que Windpower emplea a 1.500 personas y se centra en Brasil, México y EEUU y en menor medida en Sudáfrica y la India, Nordex cuenta con 3.000 empleados, 2.000 millones de capitalización y tiene el foco en Alemania, Turquía, Francia y el Reino Unido.

«No hay canibalismo», señala el equipo directivo de Acciona, que sólo habla de solapamiento en 5 países, sin que en ellos la suma de ambas afecte a la competencia del mercado.

La alianza, que se contempló de forma preliminar con otros actores, creará valor añadido para Acciona, que aún estudia el futuro de su división Acciona Energía tras rechazar la yieldco en EEUU. También espera llegar a un acuerdo en el primer semestre de 2016 para sus activos inmobiliarios, posiblemente una alianza con un socio y una posterior salida a bolsa.

Baleares firmará un convenio con la Alianza Mar Blava para hacer un frente común en contra de las prospecciones petrolíferas

Europa Press.- El Gobierno balear anunció que firmará un convenio con la Alianza Mar Blava, para hacer un frente común en contra de las prospecciones. Así se destacó tras una reunión mantenida entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, y la Alianza Mar Blava, a la que han asistido al coordinador de esta organización, Carlos Bravo; el vicepresidente del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, y el consejero insular de Medio Ambiente de Menorca, Javier Ares.

El objetivo de la reunión ha sido trazar estrategias y trabajar sobre un borrador de un convenio para vehicular la adhesión del Govern y los dos Consells mencionados en la plataforma. Vidal ha subrayado que «los movimientos sociales generan conocimiento y una fuerza de lobby para defender nuestra tierra». En este sentido, ha recordado que los Consejos insulares de Ibiza y Formentera ya forman parte de la Alianza Mar Blava y que «hay que hacer un frente común en contra de las prospecciones de manera coordinada, pasando de las palabras a los hechos». De aquí la importancia del convenio, que también comportará el intercambio de información entre todas las partes.

En la misma línea se han manifestado Miralles y Ares, quienes se ha felicitado de que la defensa de «un bien común, como es el mar, que no es de nadie y es de todos» se gestione por medio de la Comunidad Autónoma. Por último, Bravo ha mostrado satisfacción por la «incorporación del Gobierno y de los Consells a la iniciativa», y ha subrayado la importancia de que la lucha en contra de las prospecciones petroleras «adquiera un ámbito comunitario», que la dotará de más fuerza ante «el ejecutivo estatal y la comunidad internacional».

Las ONG ecologistas consideran «escandalosa» la manipulación de las emisiones de CO2 en los coches y piden más control

Europa Press / Servimedia.- Las ONG ambientales calificaron de «auténtico escándalo» la manipulación de los datos de emisiones de los gases contaminantes en los vehículos que se detectó en Estados Unidos en coches Volkswagen porque supone la «comprobación» de las «artimañas» de la industria automovilística para sortear la legislación ambiental. Una manipulación que consideraron como una «estafa clara al consumidor» que Volkswagen haya manipulado las emisiones contaminantes de sus automóviles diésel y reclamaron controles eficaces y sanciones ejemplares para que este caso no se repita.

En este sentido, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, apuntó que esta situación «ya se conocía» y había sido denunciada desde hace años por organizaciones como Transport & Environment, que indicó que los datos que se ofrecen de las emisiones de los vehículos «no son reales» y están «trucadas», tanto de emisiones de CO2 como de partículas y dióxido de nitrógeno. «Hay una picaresca muy grande por parte del sector», lamentó Castejón que recordó que el transporte es el principal factor de deterioro de la calidad del aire en Europa y que la contaminación provoca 450.000 muertes prematuras anuales en el continente.

Además, incidió en que detrás de este «fraude» está la explicación de por qué las ciudades europeas siguen superando los niveles de contaminación mientras, en teoría, los vehículos van reduciendo sus emisiones. De este modo, admitió que la contaminación del aire ha ido bajando «algo», pero no tanto como debiera con las mejoras tecnológicas existentes. «Los fabricantes nos engañan. Volskwagen debería tener una multa pero Bruselas debería abrir una investigación de oficio para ver si el resto de fabricantes también lo hace», apuntó mientras recordaba que la industria alemana hace «piña» y es «la que más se opone a limitar las emisiones de los vehículos» por su especialización en coches de diésel y muy potentes.

Por su parte, el portavoz de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, denunció que esta falsificación ha sido totalmente intencionada puesto que ya venía de fábrica y, a nivel general, recuerda que los combustibles fósiles aumentan el problema del cambio climático. Por ello, ha reclamado el paso hacia un cambio de modelo, donde prevalezcan las iniciativas sostenibles, los coches eléctricos eficientes e inteligentes, por ejemplo. «Con coches 100% eléctricos no habría problema de falsificación de las emisiones«, indicó de Prado. Asimismo, valoró que si los coches se fabrican cada vez con mejor tecnología es bastante sencillo reducir emisiones. En definitiva, también abogó por eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles.

En la misma línea, la responsable de Energía de Greenpeace España, Marina Bevacqua, añadió que la ONG también lleva años denunciando a Volkswagen porque insiste en evitar que se pongan límites a los gases tóxicos al sector y desarrolló una influencia muy fuerte ante los responsables comunitarios para lograrlo. «Se demuestra que la industria automotriz no tiene problema en cometer un delito para vender sus productos perjudicando a la salud de los ciudadanos«, denunció. Según sus estimaciones, se piensa que 30 millones de autos podrían estar trucados para limitar las emisiones que estaban generando. Por ello, cree que Europa debe fijar unos límites y cada Estado es el que debe controlar que eso se cumple.

«Si tienen tecnología para hacer algo así, ¿por qué no la usan para limitar realmente las emisiones y no provocar daños a la salud?», apuntó Bevacqua que indicó que parece que la brecha entre los datos ofrecidos y la realidad podría ser de 40 veces más que el límite permitido, según la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos. Finalmente, reclamó un cambio de paradigma en la movilidad, para que sea eficiente, fomentando los sistemas de transporte público, la electrificación de los vehículos y, «lo más importante», lograr un cambio de mentalidad con consecuencias en la movilidad en las ciudades.

«Es un crimen porque estaban utilizando un software que se activaba únicamente cuando detectaba que el auto estaba siendo testado por sus emisiones, con lo que, directamente, trataron de engañar a la administración pública», añadió. Bevacqua recalcó que, así como Volkswagen podría enfrentarse a una multa de 18.000 millones de dólares (16.200 millones de euros) en Estados Unidos, los países que detecten el fraude «deberían cobrar» al gigante alemán. «Los Estados deben evitar que las empresas marquen la agenda política de cuáles son los límites de emisiones, instaurar mecanismos de controles claros y multas millonarias a quienes quebranten esto», apostilló.

Ecologistas en Acción denuncia la muerte de dos buitres leonados en el parque eólico de Guadalteba (Málaga)

Europa Press.- La asociación Ecologistas en Acción-Silvema Serranía de Ronda denunció la aparición en un parque eólico de la comarca malagueña del Guadalteba de dos cadáveres de buitres leonados, muertos «al ser impactados por los aerogeneradores«. La muerte de ejemplares adultos afecta especialmente a la población de una especie, en mayor medida a las que tienen poca tasa de natalidad y alta longevidad, como es el caso del buitre leonado.

Posiblemente, se tratara de individuos de una de las buitreras más descolgadas del área de distribución de la especie en Andalucía y la más aislada de la provincia de Málaga, cuya conectividad con las otras quedó seriamente afectada tras el establecimiento de los parques eólicos de Cañete la Real (Málaga). Como le ocurrió a estos buitres, el impacto de las aspas de los aerogeneradores produce a veces una muerte inmediata o en ocasiones una lenta agonía al sufrir severos traumatismos o en muchos casos amputaciones.

El parque eólico donde se localizaron los buitres muertos consta de pocos aerogeneradores, pero corresponden a uno de los modelos de mayores dimensiones existentes en Andalucía. Tienen unas aspas de 64 metros de largo, que giran a una altura de 120 metros sobre el suelo, «barriendo una inmensa superficie, el equivalente a una barrera, invisible y mortal, con las dimensiones de unos dos campos de fútbol dispuestos verticalmente». «Las aspas se mueven aparentemente de forma lenta pero pueden llegar a moverse incluso a más de 200 kilómetros por hora», indicaron.

Según Silvema, «con frecuencia los parques eólicos se instalan en zonas de montaña, buscando los regímenes de vientos, donde habitualmente se encuentran ricos y variados ecosistemas, a los que suele acompañar una singular avifauna«. «Y lamentablemente se siguen cometiendo graves errores en la elección de las ubicaciones, obviando toda lógica y desoyendo todas las recomendaciones, como ocurrió en el malagueño parque eólico de La Nava y La Escalereta, en Cañete la Real, donde se producen casi la mitad de las muertes de buitres de toda la provincia», advirtieron los ecologistas.

Siendo, además, frecuente, como en este caso, que las muertes estén concentradas en sólo algunos de los aerogeneradores, han alertado. Por eso, han considerado «fundamental» que se avance en la calidad de los estudios de impacto previos a la instalación de estas industrias, incluyendo siempre un «riguroso» estudio de ciclo completo de la avifauna del entorno. Para ello, es imprescindible «una celosa intervención» de la Consejería de Medio Ambiente ante cada anteproyecto recibido y sobre todo realizar una planificación a niveles provinciales o regionales, teniendo en cuenta el efecto sinérgico negativo de la acumulación de parques eólicos en una zona.

De todos modos, los ecologistas han aclarado que, «una vez mal ubicado un parque eólico, no todo el daño está hecho». «Aún se podría paliar en alguna medida el impacto sobre la avifauna si se contase con unos buenos Programas de Vigilancia Ambiental», han expuesto. En concreto, permitiría tomar medidas durante el propio funcionamiento de los aerogeneradores, siendo detenidos momentáneamente en las situaciones de riesgo para las aves, detectadas por un vigilante situado en el parque, o bien, posteriormente, realizando un seguimiento de la mortandad para tomar unas acciones correctoras, que podrían llegar hasta el desmantelamiento de las instalaciones críticas.

Un experto llama a desarrollar las energías renovables para parar el cambio climático

Servimedia.- Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del deshielo del permafrost, la capa de hielo permanentemente congelada del Ártico, podrían tener un impacto económico 43 billones de dólares (unos 38,4 billones de euros) mayor de lo esperado a finales del próximo siglo. Por ello, el experto Kevin Schaefer asegura que «podemos reducir al mismo tiempo las emisiones de combustibles fósiles y hacer crecer la economía con el aprovechamiento de las mismas fuerzas del mercado que crearon el problema en primer lugar«.

Así se desprende de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y desde Estados Unidos por el Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve (NSIDC, en sus siglas en inglés). El informe señala que este impacto económico justifica la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir las emisiones originadas por el descongelamiento del permafrost ártico, que comenzó su deshielo en los últimos decenios como consecuencia del calentamiento global, según el NSIDC. A medida que el suelo helado se degrada, libera dióxido de carbono y metano, con lo que amplifica los efectos de las emisiones procedentes de la actividad humana.

Chris Hope, de la Universidad de Cambridge, y Kevin Schaefer, del NSIDC, realizaron los cálculos de los posibles impactos económicos globales de las emisiones de gases de efecto invernadero del permafrost ártico a partir de las previsiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). «Queremos utilizar estos modelos para ayudar a tomar mejores decisiones; vincular los modelos científicos y económicos es una manera de ayudar a hacerlo», dijo Hope, quien añadió: «Tenemos que estimar cuánto va a costar si no hacemos nada, cuánto va a costar si hacemos algo y lo mucho que tenemos que gastar para reducir gases de efecto invernadero».

Los autores trabajaron con un escenario de un rápido crecimiento económico y una proyección de aumento de las emisiones antropogénicas, originadas por el hombre, hasta una concentración atmosférica de CO2 de 700 partes por millón en 2100 y de cero emisiones a partir de ese año. Con ello, concluyeron que el impacto climático se incrementaría de los 326 billones de dólares inicialmente previstos a los 369 billones de dólares (330 billones de euros), lo que supone un aumento del 13%.

A este respecto, Schaefer explicó que «tenemos que invertir en reducir los costos de producción de la energía renovable y los gastos de almacenamiento de la energía, y crear un entorno con incentivos fiscales y otras medidas políticas óptimas«. «Esto creará un ambiente donde los consumidores, naturalmente, elegirán la opción de bajas emisiones de carbono, ya que es la mejor opción económica disponible», concluyó Schaefer.