Endesa Chile asegura que los países de la región requerirán 10.000 MW nuevos anuales hasta el año 2022

A su juicio, cada uno de los países en los que opera la compañía en Suramérica debe emplear y promover el uso de sus recursos naturales, que en el caso de Chile es la energía hidroeléctrica.

«Así como hay países vecinos que han sido bendecidos por contar con recursos como el petróleo o el gas natural, nuestra geografía y la naturaleza nos dotaron con una potente fuente de energía. El petróleo de Chile es el agua y el agua es energía«, enfatizó Rosenblut en el marco de la Junta Ordinaria de Accionistas.

El ejecutivo hizo un llamamiento a aprovechar este recurso que «permitirá», dijo, «al país beneficiarse de la ventana de oportunidad de una década que tenemos para alcanzar el ingreso por habitante que tenían los países europeos antes de la crisis de 2008».

«Sólo lo lograremos si tenemos energía competitiva, abundante, limpia y local, como es el caso de nuestras fuentes hídricas«, recalcó.

Durante su análisis y exposición a los accionistas, reiteró que sin energía no hay desarrollo, y que en los países donde opera Endesa Chile la tienen en abundancia.

«(En) Perú, gas; Brasil, Colombia y Chile, agua. Lo que las sociedades esperan de nosotros, por lo tanto, es que asumamos el reto de aprovechar en plenitud estas energías primarias con que hemos sido bendecidos por la naturaleza, recursos energéticos que son competitivos, abundantes, limpios y locales«, señaló.

En referencia a Chile, afirmó que afortunadamente se ha podido comenzar a desmitificar algunas afirmaciones sobre la materia, como por ejemplo, que el desarrollo de centrales como las de HidroAysén y otros proyectos en la región inundarían la Patagonia, que las torres de transmisión impedirían ver la belleza de las Torres del Paine.

«Eran y son mentiras», sentenció Rosenblut quién agregó que si se dan las condiciones normativas y regulatorias «estaremos a la altura para llevar a cabo HidroAysén y otros proyectos que sirvan para contribuir al bienestar de todos los chilenos».

El pasado 30 de mayo, la chilena Colbún, propietaria del 49% de ese proyecto, al que se oponen vecinos y organizaciones medioambientales, suspendió de manera indefinida el estudio de impacto ambiental que corresponde a la línea de transmisión que difundiría la energía producida.

La línea era fundamental para llevar a cabo la iniciativa, a cargo de un consorcio integrado por Endesa Chile, filial de la española Endesa, que involucra una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5.000 hectáreas para la construcción de 5 represas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica.

El proyecto, rechazado por organizaciones ecologistas y parte de la comunidad de la región de Aysén, fue aprobado el 9 de mayo de 2011 por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.

Rosenblut manifestó su esperanza de que el Comité de Ministros, formado hace 20 meses para estudiar los problemas medioambientales, pueda reunirse a la brevedad para adoptar una resolución sobre las reclamaciones que se han presentado sobre el proyecto HidroAysén.

Afirmó que en este año, marcado por los procesos electorales, en alusión a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre próximo, las decisiones que se deben tomar en torno al desarrollo energético «no pueden esperar».

«La peor de las tentaciones es que la coyuntura política nos lleve al inmovilismo», advirtió.

Enersis invertirá 6.869 millones de euros en Latinoamérica entre 2013 y 2017

El grupo chileno Enersis, filial de Endesa España, ha anunciado que entre este año y 2017 invertirá 6.869 millones de euros (9.052 millones de dólares) en Latinoamérica, con el objetivo de mantener el liderazgo que posee en el sector eléctrico de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

El anuncio lo hizo el gerente general de la compañía, Ignacio Antoñanzas, durante la junta ordinaria de accionistas celebrada en Santiago, a la que informó de que Enersis concluyó 2012 en esos países con más de 15.000 megavatios (MW) de capacidad instalada y 14 millones de clientes.

La cifra de inversión supone 1.724,91 millones de euros (2.273 millones de dólares) más respecto de lo informado en el plan estratégico del quinquenio anterior y del total, 2.526,59 millones de euros (3.329 millones de dólares) corresponden a inversiones en Chile, precisó Antoñanzas.

«Los restantes 4.342,20 millones de euros (5.723 millones de dólares) se emplearán para acometer inversiones en el resto de países donde operamos», añadió.

Durante la junta, el presidente de Enersis, Pablo Yrarrázaval, valoró el resultado que tuvo el aumento de capital por casi 4.553 millones de euros (6.000 millones de dólares) que llevó a cabo la compañía el pasado 28 de marzo con la colocación del 100% de las acciones.

Subrayó que la operación no sólo fue importante para Enersis, sino también para el mercado local al confirmar a Chile como el centro de expansión de la compañía en Sudamérica.

Yrarrázaval, por otra parte, reiteró que el proyecto Hidroysén, en la Patagonia chilena, en sociedad con la empresa Colbún, es «esencial» para el futuro energético de Chile.

«Tenemos la convicción de que Hidroaysén debe ser entendido como un proyecto esencial para el país y que Chile no debe darse el lujo de desechar un producto como el agua«, sostuvo Yrarrázaval sobre el proyecto.

Al respecto de la suspensión del estudio de impacto ambiental correspondiente a la línea de transmisión del proyecto, Ignacio Antoñanzas afirmó que el gobierno debe pronunciarse sobre Hidroaysén, pese a la declaración de Colbún.

«Incluso esa declaración (de Colbún) no impide para nada lo que al gobierno le compete. El gobierno tiene que pronunciarse sobre el proyecto«, sostuvo.

La nueva obligación de disponer de certificados de eficiencia energética para vender o alquilar inmuebles ya está publicada en el BOE

En su texto definitivo, este real decreto 235/2013 mantiene el próximo 1 de junio como la fecha a partir de la cual será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores un certificado de eficiencia energética.

La norma forma parte de un paquete de medidas aprobadas a comienzos de mes por el Gobierno relativas al apoyo a la vivienda y a la rehabilitación, y tiene como objeto trasponer a la legislación española la directiva comunitaria acerca del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) elaboró los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.

Además, el IDAE se encargó de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

El IDAE también se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.

El real decreto también fija obligaciones para la Administración. Todos los edificios o partes de los mismos en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados que sean frecuentados habitualmente por el público deberán disponer del certificado de eficiencia energética.

El sector residencial supone el 25% del consumo energético

Por su parte, el director de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, y el director general de Energía castellanoleonés, Ricardo González, explicaron que el sector residencial, que abarca viviendas y oficinas, supone alrededor del 25% del consumo final de energía en España.

El responsable de la Fundación Gas Natural Fenosa aportó estos datos durante la inauguración de una jornada sobre la nueva normativa de certificados energéticos en Valladolid.

Solà aseguró que la eficiencia energética es un asunto de plena «actualidad» puesto que la semana pasada se publicó la normativa sobre los certificados de eficiencia energética en edificios ya existentes y el pasado 5 de abril el Consejo de Ministros aprobó medidas que potencian la eficiencia energética.

El director general de la Fundación Gas Natural Fenosa manifestó que este será un cambio importante porque obliga a los edificios ya existentes a contar con una «etiqueta» que evalúe su consumo energético y manifestó que el 60% de los edificios españoles están construidos sin ninguna normativa relativa a la eficiencia en materia de energía.

En ese sentido, aseguró que la eficiencia energética en las viviendas puede suponer una oportunidad para el sector de la construcción en cuanto a rehabilitación en España y redundará también en un ahorro en las facturas para los usuarios.

Solà apostó por trabajar para que el certificado energético tenga «credibilidad» y sea un «sello respetado», de manera que indique de manera objetiva la eficiencia de los edificios en materia de energía para ayudar tanto al ahorro como «al futuro del país».

Durante la jornada, el arquitecto especializado en bioclimática Emilio Miguel Mitre trasladó los resultados de un caso de rehabilitación energética «de éxito» aplicado en un edificio de Valladolid.

El arquitecto hizo un estudio financiero sobre la rehabilitación energética e indicó que la inversión en medidas como aislamiento de las cubiertas, la instalación de doble acristalamiento o modificación de las calderas podría ser de entre 12.000 y 50.000 euros por vivienda, algo que se amortizaría a largo plazo mediante el ahorro en las facturas energéticas.

Los nuevos certificados de eficiencia impulsarán el ahorro y la construcción

Asimismo, la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (Anae) acogió con satisfacción el real decreto sobre los nuevos certificados obligatorios de eficiencia energética en edificios, al considerar que supondrá un impulso al «maltrecho» sector de la construcción y mejorará el ahorro energético.

Tras esperar tres años a que el Gobierno español traspusiera la directiva europea sobre eficiencia en edificios, Anae se mostró satisfecha con el «muy esperado» decreto, que «permitirá dinamizar algo el maltrecho sector de la construcción».

«Aunque la medida ocasiona un gasto para los propietarios, sin duda es un paso adelante y proporciona una información muy útil que será de vital importancia para los consumidores a la hora de elegir entre varios inmuebles«, señaló.

Los compradores o arrendadores podrán lograr a partir de ahora «grandes ahorros anuales al seleccionar calificaciones altas», afirmó Anae, antes de indicar que, si hasta «un simple televisor de 300 euros posee una etiqueta energética , con mayor sentido debe tenerla una inversión varios órdenes de magnitud superior».

La asociación explicó que los nuevos certificados energéticos son expedidos por arquitectos, ingenieros o técnicos, todos ellos debidamente cualificados. En la actualidad, existe gran número de ingenierías y asesorías energéticas que ofrecen este servicio.

APPA recuerda que Bruselas ve escasa la influencia de los cultivos destinados a los biocarburantes en el encarecimiento de alimentos

La Comisión señaló que la incidencia del bioetanol y del biodiésel en los precios globales de los cereales y las oleaginosas fue tan sólo de entre el 1% y el 2% en el primer caso y del 4% en el segundo.

La Comisión consideró que los principales factores que contribuyeron al aumento de los precios alimentarios fueron las menores cosechas derivadas de incidencias meteorológicas, la creciente demanda mundial de carne y el aumento de los precios del petróleo.

El informe del Ejecutivo comunitario, remitido al Parlamento y al Consejo Europeo, cifró el consumo de biocarburantes en la Unión Europea en 2010 en 13,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que representaron la práctica totalidad del 4,7% de energías renovables utilizadas en el transporte.

Este porcentaje de mercado fue inferior al objetivo previsto, del 4,9%, para toda la Unión Europea en el conjunto de los Planes de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) presentados por los Estados.

En el caso de España, el país incumplió el objetivo de renovables en el transporte previsto en su PANER para 2010 (6%), ya que alcanzó sólo un 4,8%. El informe comunitario señaló adicionalmente que la mayoría de los Estados miembros no están implementando las medidas previstas en sus PANER.

«Las recomendaciones de la Comisión Europea contradicen frontalmente la reciente decisión del Gobierno español de rebajar los objetivos obligatorios de biocarburantes en España», aseguró el presidente de APPA Biocarburantes, Óscar García.

Si el Gobierno no «rectifica», indicó el presidente de la asociación, «el incumplimiento de la legislación comunitaria no hará sino agravarse».

El informe de la Comisión contiene también otras conclusiones, entre ellas la de que el 64% de todas las materias primas consumidas para la elaboración de los biocarburantes utilizados se cultivaron o generaron en la Unión Europea.

La Unión Europea registrará la entrada de biodiésel argentino por posibles subvenciones ilegales

La medida decidida por la Comisión Europea (CE) ha sido publicada por el Diario Oficial de la UE, lo que quiere decir que entrará en vigor a partir de este viernes.

El pasado noviembre la Comisión anunció el inicio de una investigación «antisubvenciones» relativa a las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia, a raíz de una denuncia presentada un mes antes por el Consejo Europeo del Biodiésel, en nombre de productores que representan más del 25% de biodiésel que se genera en la Unión.

A raíz de ese anuncio, dicha asociación pidió a la CE que se llevase a cabo un registro de las importaciones del producto afectado, con idea de que pudiesen aplicarse posteriormente medidas compensatorias «antisubsidios» si la investigación llega a demostrar que compiten deslealmente con la producción europea de biodiésel.

La Comisión subrayó que esas importaciones se han incrementado y que prevé que mantengan esa tendencia.

Como esa situación «podría minar el efecto de cualquier derecho (arancelario) que les fuera impuesto» y al considerar que la asociación denunciante «ha proporcionado pruebas suficientes» de un «perjuicio importante y difícil de reparar» para la industria europea, Bruselas decidió solicitar a las autoridades nacionales de aduanas de los Veintisiete el registro de dichas importaciones.

«La decisión de hoy sólo concierne al registro, y el mismo no prejuzga de ninguna manera el resultado de la investigación antisubsidios en curso», indicó a Efe el portavoz comunitario de Comercio, John Clancy.

El registro de las importaciones argentinas e indonesias de biodiésel en el marco de una investigación antisubsidios se suma a la decisión, tomada por la Comisión a finales de enero, de iniciar el registro de las mismas importaciones pero como consecuencia de otra investigación «antidumping» paralela (al sospechar que los precios de importación están por debajo de los de origen).

El registro de importaciones permite la aplicación retroactiva de derechos aduaneros compensatorios por un máximo de 90 días antes de imponer derechos provisionales, si es que se comprueba que hay lugar a ellos, indicaron fuentes comunitarias.

En el caso de la investigación antisubsidios de las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia, la fecha límite para tomar una decisión sobre si es necesario imponer medidas provisionales es el próximo 10 de agosto.

Clancy insistió en que esta decisión no significa que automáticamente se vayan a imponer derechos compensatorios desde el día de inicio de los registros, sino que la determinación sobre la retroactividad de deberá tomar al término de la investigación antisubsidios (prevista para el próximo diciembre).

El impuesto de circulación con criterios ambientales se incluirá en el plan de reformas del Ejecutivo

En declaraciones a los medios tras participar en una jornada organizada por PwC y preguntado por el contenido de ese plan nacional de reformas, Ferre dijo que la inclusión de la modificación de este impuesto sigue la línea marcada por el Gobierno de caminar hacia «más imposición medioambiental».

Además, el secretario de Estado recordó que el impuesto de circulación, de competencia municipal, «es el único que tiene que ver con los coches que no está vinculado a las emisiones de CO2», por lo que «es lógico adaptarlo».

El Gobierno pretende que el nuevo impuesto de circulación, denominado técnicamente Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, entre en vigor en 2014, según se desprende del texto del Plan Aire 2013-2016, que tiene por objeto mejorar la calidad del aire y que ya fue sometido al preceptivo plazo para la participación pública por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

De esta forma, el impuesto de circulación dejará de estar vinculado a los caballos fiscales de los vehículos, y dependerá del grado de contaminación de los mismos, medido por sus emisiones de CO2, NOx y partículas, según el documento, recogido por Europa Press.

La reforma de este gravamen, que correrá a cargo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y se consensuará con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), supondrá gravar más a los vehículos que, «por su antigüedad, producen mayores emisiones a la atmósfera», según el texto.

El cálculo del tipo de gravamen, que se abona anualmente, se fijará previsiblemente en función de las diferentes normativas Euro sobre emisiones de los vehículos, y «no se tendrán en cuenta argumentos de carácter social».

Además, el Gobierno no aprobará un impuesto rígido, sino que facilitará a los ayuntamientos «un cierto margen de maniobra» para elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche.

El impuesto de circulación aportó a las arcas municipales 2.807 millones de euros en el ejercicio de 2011, un 0,3% más, según los últimos datos disponibles. Los ayuntamientos cuentan actualmente con capacidad para incrementar la cuota en un máximo del 2%.

El Gobierno quiere aplicar el nuevo impuesto de circulación con criterios medioambientales en el año 2014

Así se desprende del texto del Plan Aire 2013-2016, que tiene por objeto mejorar la calidad del aire y que ya fue sometido al preceptivo plazo para la participación pública por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

De esta forma, el impuesto de circulación, de competencia municipal, dejará de estar vinculado a los caballos fiscales de los vehículos, y dependerá del grado de contaminación de los mismos, medido por sus emisiones de CO2, NOx y partículas.

La reforma de este gravamen, que correrá a cargo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y se consensuará con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), supondrá gravar más a los vehículos que, «por su antigüedad, producen mayores emisiones a la atmósfera», según reza el texto.

El cálculo del tipo de gravamen, que se abona anualmente, se fijará previsiblemente en función de las diferentes normativas Euro sobre emisiones de los vehículos, y «no se tendrán en cuenta argumentos de carácter social».

Además, el Gobierno no aprobará un impuesto rígido, sino que facilitará a los ayuntamientos «un cierto margen de maniobra» para elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche.

El impuesto de circulación aportó a las arcas municipales 2.807 millones de euros en el ejercicio de 2011, un 0,3% más, según los últimos datos disponibles. Los ayuntamientos cuentan actualmente con capacidad para incrementar la cuota en un máximo del 2%.

El certificado de eficiencia energética será obligatorio para vender o alquilar una vivienda a partir del próximo 1 de junio

El Consejo de Ministros aprobó, dentro de las medidas de apoyo a la vivienda y rehabilitación adoptadas, un Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios y completa el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana.

La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció estas actuaciones dentro de un conjunto de medidas para avanzar en la eficiencia energética, la rehabilitación y la renovación de las viviendas.

Ello implicará una inversión de 2.500 millones de euros, de los que 1.500 millones se destinarán a facilitar el acceso a la vivienda y 627 millones a la rehabilitación y eficiencia energética.

Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) elaboró los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.

Además, el IDAE se encargó de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

El IDAE también se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.

Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.

Así, el complejo Cuzco que alberga a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad y parte de Hacienda y Administraciones Públicas, ya fue calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética «C».

Además, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto encaminado a mejorar la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables en los edificios que permitirá, entre otras actuaciones, ayudas directas al cambio de calderas.

Con una dotación de cien millones de euros para 2013, el IDAE promoverá la realización de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la incorporación de energías renovables.

De este modo se incentivar a propietarios y comunidades de vecinos en el ahorro de la factura de la luz, mediante ayudas o préstamos «muy razonables», en palabras de la vicepresidenta del Gobierno. Las ayudas directas se elevarán al 20% del valor de la obra en la mejora de la eficiencia energética de las fachadas de los edificios y de las calderas.

A ello se sumarán créditos blandos (Euribor más cero) que pueden llegar hasta el 80% o 100% del valor en el caso de sustituir la energía tradicional por biomasa o por energía geotérmica.

Así, podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la financiación de este programa las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, las comunidades de bienes de los propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente y las personas físicas propietarias de un edificio de viviendas unifamiliar.

Además, se considerarán actuaciones susceptibles de ayuda las actuaciones integrales en edificios de viviendas siempre que comprendan una o varias de las siguientes medidas que mejoren la calificación energética del edificio o viviendas afectadas.

Entre estas medidas, figuran la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes y de las instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes.

Asimismo, se recogió la opción de la sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existente y la sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes. La dotación económica del plan se repartirá equitativamente entre las cuatro tipologías de actuaciones anteriores.

Un espaldarazo para el sector de la construcción

Las medidas de rehabilitación y eficiencia energética de las edificaciones españolas, aprobadas por el Gobierno, son un espaldarazo para el sector de la construcción y un beneficio para toda la sociedad, declaró la secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid, Pilar Pereda.

La aplicación de la normativa, precisó, favorecerá la generación de empleo y redundará en mejores condiciones de vivienda y un mayor ahorro para la población.

«Este conjunto de medidas impulsará la generación de empleo en el sector inmobiliario y en las empresas, industrias y servicios que acompañan a la construcción y empezará a ofrecer, a compradores y arrendatarios, el valor energético de su vivienda, como un gran beneficio social», dijo.

La certificación energética que prevé la norma, explicó, se asemeja a la que ya reciben los principales electrodomésticos de uso cotidiano, que añaden valor al aparato, por lo que su precio se encarece «un poco».

Aunque con un retraso de siete años, precisó Perea, la directriz es «un buen paso» que se podrá acompañar en el futuro con obligaciones en vez de recomendaciones.

Este certificado, además de la calificación energética, en una escala de A («ahorro») a G («gasto»), deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas y «recomendaciones» para mejorarlas, en el caso de los inmuebles existentes.

El Informe de Evaluación en el que se incluye la certificación energética sólo se exigirá a viviendas con más de cincuenta años que no hayan pasado la Inspección Técnica, obligatoria cada 15 años.

Una buena gestión energética puede significar un 70% de ahorro en la factura de una vivienda promedio, aseguró Pereda, para quien queda pendiente acortar la fecha de evaluación de las viviendas hasta al menos 30 años, coincidiendo con la primera ley española que regulaba las condiciones térmicas de los edificios, emitida en 1979.

Los datos oficiales revelan que el parque de viviendas supone el 17 % de toda la energía que se consume en el país, cerca del 60 % de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética y el 38 % de los españoles declara no estar satisfecho con el aislamiento (frío/calor) de su hogar, según informó la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Está previsto que la nueva certificación la emitan arquitectos, aparejadores, ingenieros y peritos.

Ezentis compra el 60% de una eléctrica en Brasil por 4,7 millones

El precio de la adquisición es de 4,7 millones de euros y deberá formalizarse mediante el correspondiente contrato de compraventa antes del 15 de mayo de 2013, según informó este jueves la empresa especializa en telecomunicaciones y tecnología.

Esta adquisición se enmarca dentro del Plan Estratégico 2013-2015 de Ezentis, que como explicó el grupo busca ampliar su presencia en Latinoamérica y, en este caso, estar presente de «forma activa» en el mercado brasileño.

Un fondo estadounidense pasa a controlar el 2% de la eléctrica EDP

En un comunicado enviado por EDP al Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) luso, la compañía lusa explicó que CIB compró el pasado jueves 2.376.527 títulos y pasó a tener 75.401.327 acciones, representativas del 2,0621% del capital social de EDP y de los respectivos derechos de voto.

La participación del fondo estadounidense es considerada relevante o «cualificada» por la influencia que pueda tener en la empresa.

El gigante energético luso tiene como principal accionista a la empresa estatal china que gestiona la presa de las Tres Gargantas, Three Gorges, que adquirió el 21,35% del capital en diciembre del 2011, cuando pagó al Estado portugués 2.800 millones de euros.

En la empresa lusa, que ganó 1.012 millones de euros en el 2012, un 10% menos que en el 2011, también destacan las participaciones de la eléctrica española Iberdrola (6,79%), el grupo inmobiliario francés Oppidium (6,18%) y el grupo portugués José de Mello Energía (4,60%).

El grupo luxemburgués Senfora Sarl, controlado por capital de Abu Dhabi, tiene un 4,06%; y el grupo del Banco Comercial Portugués (BCP), el 3,35%.

Comienza a operar la planta de Abengoa con tecnología W2B para lograr bioetanol como combustible

La planta de demostración, ubicada en Babilafuente (Salamanca), utiliza la tecnología W2B desarrollada por Abengoa para obtener biocombustibles de segunda generación a partir de los residuos sólidos urbanos mediante un tratamiento de fermentación e hidrólisis enzimática.

Durante el proceso de transformación, la materia orgánica se somete a diversos tratamientos para producir fibra orgánica, rica en celulosa y hemicelulosa, que posteriormente será convertida a bioetanol.

La tecnología de Abengoa no se limita al tratamiento de la fracción orgánica de los residuos, sino que permite además el aprovechamiento del resto de componentes, tanto de los reciclables como de los no reciclables y otros plásticos, mediante diferentes tecnologías para la obtención de biodiesel, y la valorización energética para la generación de vapor y energía eléctrica.

La nueva instalación integra la infraestructura de la planta de biomasa, cuya operación continuada durante más de 6.000 horas ha permitido validar la viabilidad técnica y económica de la tecnología.

La producción de bioetanol a partir del residuo sólido urbano supone un gran avance tecnológico en el modelo de gestión de residuos, ya que permite aumentar la tasa de recuperación y minimizar la huella ambiental, según la nota.