Las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas para limitar las emisiones

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para limitar las emisiones a la atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas. La norma transpone la directiva comunitaria y actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), previsto en el anexo IV de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Tras la aprobación de este real decreto, las comunidades deberán mantener un registro de todas las instalaciones de combustión medianas.

Así, el decreto establece límites de emisión para instalaciones con una potencia térmica igual o superior a 1 megavatio e inferior a 50 megavatios de determinados contaminantes. La directiva establece valores límite para las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (polvo), así como mediciones para el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), procedentes de las citadas instalaciones. Estos valores entrarán en vigor a partir del 20 de diciembre para las instalaciones de combustión medianas nuevas, a partir de 2025 para las instalaciones existentes de más de 5 MW, y a partir de 2030 para las existentes de menos de 5 MW.

La eficiencia energética debe prevalecer

La nueva norma regula, entre otros aspectos, los permisos y obligaciones que deben cumplir los titulares de dichas instalaciones, su inspección por parte de las comunidades autónomas, la información a aportar para la evaluación y seguimiento de la norma así como el régimen sancionador por su incumplimiento. La eficiencia energética debe prevalecer en el desarrollo y explotación de estas instalaciones.

El real decreto actualiza también el CAPCA. Por tanto, se modifica el rango de potencia y el grupo establecido en el Catálogo de algunas actividades de combustión en el sector de la producción y transformación de la energía, así como de los sectores comercial e institucional, residencial y agrario, para poder aplicar los controles de emisiones establecidos por la Directiva europea. Con esta nueva legislación, ninguna instalación de más de 5 megavatios de potencia podrá estar en funcionamiento sin estar autorizada y registrada a partir de 2024 y las de menos de 5 MW de potencia deberán estar, en todo caso, registradas antes de 2029.

Para ello, las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas, que deberá contar con la información que les deben proporcionar los titulares, relativa a datos técnicos y de funcionamiento de la instalación, combustibles, horas de funcionamiento, etc. Toda la información recogida por las comunidades autónomas será enviada al Ministerio, para que a su vez, el Estado pueda cumplir con las obligaciones de información a la Comisión Europea.

Consum, ITE e ITENE ponen en marcha un proyecto con vehículos eléctricos para minimizar la contaminación ambiental en el reparto

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Europa Press.- Consum ha puesto en marcha junto con el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) el proyecto Cool Routing con el objetivo de «minimizar la contaminación en el reparto a domicilio».

Con este programa, en fase piloto, se consigue minimizar el impacto ambiental que producen los vehículos a motor dentro de las ciudades, según ha informado la cooperativa, que junto con los dos institutos tecnológicos y la empresa Cade Logisitics, ha empezado las entregas de compra a domicilio en el centro histórico de Valencia con un vehículo eléctrico 0 emisiones que emplea esta tecnología para moverse y para refrigerar la carga.

Consum ha explicado que con este tipo de transporte «se pretende mejorar la calidad de vida, reduciendo la contaminación, las emisiones de gases CO2 y el ruido ambiental«. Cool Routing es un sistema que permite planificar, organizar y optimizar las rutas de reparto para vehículos eléctricos con carga refrigerada en zonas urbanas. Es el primero que integra los requisitos de autonomía de vehículos eléctricos y el mantenimiento de la temperatura.

Mejora transporte de mercancía refrigerada

El sistema está soportado por una plataforma tecnológica que, en el momento de planificar el viaje y durante el recorrido, «proporciona información precisa sobre la energía que se va a consumir en función de la ruta a realizar y el régimen de frío con el que se transporta la carga«. Gracias al proyecto, se mejorará el transporte de mercancía refrigerada con el uso de vehículos eléctricos. Cool Routing es capaz de planificar y visualizar las rutas «en tiempo real» así como todos sus parámetros, porcentaje de batería restante, temperatura de la carga y de cabina.

El equipo desarrollado también está compuesto de una herramienta de ayuda para el repartidor con información sobre el vehículo, los pedidos y el estado de la mercancía. Cool Routing está cofinanciado por la Generalitat Valenciana. Consum es la única empresa de distribución con la herramienta de cálculo de su Huella de Carbono certificada y registrada en el Ministerio de Medio Ambiente, por segundo año consecutivo. La Cooperativa trabaja para minimizar sus efectos medioambientales. En 2016, disminuyó su huella de carbono un 4,8% respecto al año anterior, sobre todo por la incorporación de gases refrigerantes menos contaminantes en las nuevas aperturas.

El Consejo Nacional del Clima conocerá un primer borrador de la Ley de Cambio Climático en este primer trimestre

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Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018 y se presentará en el Consejo Nacional del Clima.

Durante el Consejo, la ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos«, por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

García Tejerina ha detallado estos hitos desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate en las que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.

Los ecologistas acusan a Nadal de bloquear la transición energética y conducir a la Unión Europea a una «dirección peligrosa»

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales consideran que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, es responsable del «bloqueo» hacia una transición energética libre de emisiones en España y advierten a la Unión Europea de ir en «una dirección peligrosa» para el futuro energético de los 28 Estados miembros.

Amigos de la Tierra lamenta que los ministros de la Unión Europea hayan decidido retrasar la transición energética que Europa necesita después de acordar las posiciones de los Gobiernos de los diferentes países sobre la Directiva de Energías Renovables, la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Iniciativa de Diseño de Mercado. El responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, considera que los ministros manifiestan su «poca voluntad política» y su “falta de ambición» al apostar de nuevo por un objetivo de energías renovables del 27% para 2030, una cifra que «es reducida y retrasa la transición energética» en la Unión Europea.

Además, critica que los ministros hayan acordado que «miles de millones de euros» de los contribuyentes europeos sirvan para financiar nuevas centrales de combustibles fósiles y para asegurar la extensión de la vida útil de las existentes en forma de pagos por capacidad. Asimismo, lamenta que se hayan rebajado las provisiones para lograr un sistema energético «más democratizado mediante la participación y titularidad ciudadana en las instalaciones renovables«. De Prado subraya que es una década «crucial» para mitigar el cambio climático y recuerda que las señales son «claras» para todos.

“La cifra de renovables acordada es un número ridículo y a todas luces insuficiente para ponernos en la senda del Acuerdo de París», critica De Prado, que califica de «muy negativo» el papel que están jugando España y Alemania en las negociaciones del Paquete de inviernoy asegura que ambos dejan «muy clara» su intención de «negar» a los ciudadanos los beneficios que conllevaría una transición energética «inclusiva y descentralizada«.

En esta línea, Greenpeace denuncia que el ministro Nadal mantiene su «bloqueo» a las renovables a pesar de que España es uno de los países de la Unión Europea más vulnerables al cambio climático y considera que los ministros europeos se posicionan en contra de los ciudadanos tras apoyar las subvenciones para las eléctricas, incluidas para las plantas contaminantes y peligrosas como el carbón. La ONG acusa a los ministros de debilitar las propuestas de la Comisión Europea que potenciaban que los hogares, las cooperativas y los municipios produzcan y vendan su propia energía renovable, y de ignorar las llamadas de la Eurocámara para aumentar el objetivo de renovables de la Unión Europea para 2030.

Igualmente, denuncia que Nadal trata de trasladar a Europa su política contra el autoconsumo y de apoyo al «viejo y sucio modelo energético«. En este sentido, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, critica que el Gobierno bloquea la transición hacia un modelo 100% renovable en manos de la ciudadanía y, por el contrario, apoya las centrales viejas y contaminantes como las térmicas de carbón«.

En este contexto, la asesora política energética de la Unión Europea de Greenpeace, Tara Connolly, asegura que los ministros de Energía están «listos para ofrecer subvenciones casi ilimitadas» mientras los ciudadanos europeos quedan «fuera» ya que los ministros de los Veintiocho «han destruido las propuestas que apoyan sus derechos para producir y vender energía renovable». «El Parlamento ahora debe respaldar la energía renovable en manos de la gran mayoría y no la sucia en manos de unos pocos», ha concluido.

Endesa obtiene el certificado medioambiental europeo EMAS en la central térmica de Carboneras (Almería)

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Europa Press.- La Central Térmica Litoral de Almería de Endesa, ubicada en Carboneras (Almería), renovó un año más su inscripción en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales (EMAS). Según la compañía, esta importante instalación de generación eléctrica mantiene, desde el año 2000, un Sistema de Gestión Ambiental desarrollado de acuerdo al estándar internacional de la norma UNE en ISO 14001. La disposición al público de una declaración ambiental es un paso más en la mejora de la gestión y transparencia en el comportamiento ambiental.

Dicha declaración, actualizada anualmente, recoge la evolución de los indicadores de control ambiental de la central así como el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora ambiental. La declaración ambiental es verificada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), dentro de una auditoría ambiental, y posteriormente es remitida al organismo ambiental competente para su validación y puesta a disposición del público en la página web www.endesa.com. Todos los requisitos de formación, sensibilización y buenas prácticas ambientales, así como el cumplimiento de la legislación aplicable a la instalación generadora, se hacen extensivos a las empresas contratistas que prestan sus servicios en la central.

La Unidad de Producción Térmica de Endesa dispone de dos grupos generadores con una potencia instalada de 1.159 megavatios y su combustible principal es carbón importado de bajo índice de azufre. El grupo 1, de 577 megavatios, comenzó su explotación comercial en 1985 y el grupo 2, con una potencia de 582 megavatios, en 1997. A lo largo de los últimos años, la eléctrica ha ejecutado importantes proyectos de mejora ambiental en Litoral, principalmente respecto a la reducción de emisiones.

A estos medidas se suman las mejoras que en 2017 Endesa ejecutó en ambos grupos, encaminadas a reducir aún más sus emisiones a la atmósfera tanto de NOx, con la instalación de un sistema de reducción catalítica en cada uno de los grupos, así como de SO2, con la ampliación de la capacidad de tratamiento de gases de la planta de desulfuración del grupo 2.

Greenpeace exige al Gobierno que retire su decreto para «dificultar» el cierre de las térmicas y apueste por las renovables

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Europa Press.- Greenpeace presentó alegaciones al Decreto del Gobierno que regula el cierre de las centrales térmicas por razones económicas y en ellas pide al Ejecutivo que retire ese proyecto normativo y que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluya un calendario de cierre de las centrales de carbón y nucleares con fecha tope en 2025 y que apueste por un sistema eléctrico 100% renovable.

En sus alegaciones, Greenpeace acusa al gobierno de bloquear el desarrollo de las energías renovables y de querer perpetuar las centrales térmicas «sucias y peligrosas» y dificultar el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático. Asimismo, la ONG denuncia que el ministro Álvaro Nadal está teniendo una posición en Europa de «bloqueo para las energías renovables y para la democratización del sector» en favor del viejo modelo energético, que está en manos de «unas pocas grandes eléctricas». Greenpeace denuncia que el Real Decreto es contrario al cambio climático y no tiene en cuenta las demandas de los ciudadanos.

Retribuciones o ayudas de Estado

Además, en sus alegaciones recuerda al Ejecutivo que el cierre de las centrales eléctricas ya está contemplado en la normativa que regula el sector, atendiendo a la garantía de suministro, y que son el operador y el regulador del sistema los que tienen la competencia para realizar los análisis del sistema y los consiguientes informes de aprobación para el cierre en el caso de ser viable. Así, recuerda que cualquier retribución, de acuerdo con lo que propone el Real Decreto, deberá ser notificada a la Comisión Europea y podría ser considerada ayuda de Estado. Al mismo tiempo, añade en las alegaciones, este proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación eléctrica.

«En España la principal preocupación medioambiental ya es el cambio climático y las personas quieren poder participar en la transición energética de forma activa para transformar el sector eléctrico en uno 100% renovable, eficiente e inteligente», ha manifestado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. En este contexto, la organización ecologista considera que los precios de la luz están «completamente distorsionados» y asegura que, al contrario de lo que defiende el Gobierno, un sistema eléctrico renovable, eficiente e inteligente abarataría la factura energética de los hogares españoles hasta un 34%.

El Gobierno aprueba el Plan Aire II que incluye 52 medidas y una estimación económica de 276 millones de euros

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Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire II), que incluye 52 medidas y que tendrá una dotación presupuestaria de 276 millones de euros para su cumplimiento durante sus dos años de vigencia, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo ha recordado que el primer Plan Aire es de 2013 y ahora el nuevo plan estará en vigor durante dos años. En este sentido, ha definido el plan como un «marco de referencia de la Administración General del Estado» teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Eso sí, precisó que la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos.

Méndez de Vigo ha dicho que el objetivo del plan, en el que están involucrados la mayor parte de los Ministerios, busca garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad del aire en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional); reducir las emisiones a la atmósfera de aquellos contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; mejorar la información disponible sobre la calidad del aire y fomentar la concienciación de la ciudadanía para la prevención y abordar a nivel nacional las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud de los niveles de ozono troposférico que se producen en muchas ciudades.

Entre las principales medidas destacan, en el sector residencial, la puesta en marcha de incentivos económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un presupuesto de 200 millones de euros. En el sector del transporte, el establecimiento de ayudas que permitan la renovación del parque automovilístico y el fomento de los vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, con un presupuesto de 50 millones de euros; o un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, con un presupuesto de 13 millones de euros.

APP sobre calidad del aire

En total el plan contempla 52 medidas de las que 15 son responsabilidad del MAPAMA y, entre estas, destacan la adopción de un índice de calidad del aire a nivel nacional, homogéneo y comprensible, que elaborará el Ministerio de forma consensuada con las administraciones competentes en materia de calidad del aire (comunidades autónomas y entidades locales) para mejorar la información sobre la calidad del aire.

También se elaborará un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir índices y escenarios con las administraciones competentes (comunidades autónomas y entidades locales). Se trata, según el ministro, de un marco general común para la mejor comprensión de los españoles cuando se produzcan sucesos de contaminación atmosférica, independientemente del lugar del país en el que se produzcan. En este marco, el plan incluye el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita la difusión en tiempo real de datos de calidad del aire almacenados en la Base de Datos de Calidad del Aire del Ministerio.

La estimación económica de 276 millones de euros está, según el ministro portavoz, «en línea con los acuerdos» de la cumbre de París sobre cambio climático y con «el compromiso» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese contexto, explicó que el presidente ha participado en la cumbre One Planet Summit celebrada para dar un impulso al Acuerdo de París, que establece compromisos de reducción de emisiones, de aumento de renovables y eficiencia energética. Para Méndez de Vigo, esta cumbre demuestra que existe una coordinación para cumplir con estos acuerdos y un marco político de cooperación reforzada público-privada y con las grandes entidades y fondos de inversión para reducir al máximo las emisiones a la hora de planificar las inversiones.

Asimismo, ha destacado que las 100 empresas más contaminantes del mundo de los sectores de la energía y el transporte se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono. «La mejora de estas variables en la valoración de la empresa será tan importante que los fondos podrán llegar a retirar su inversión en las sociedades que incumplan sus compromisos», advirtió.

Finalmente, recordó que el presidente anunció en París una cumbre de interconexiones eléctricas organizada por Francia, España, Portugal y la Comisión Europea y que tendrá lugar en Lisboa en 2018 y ha añadido que anunció la Ley de cambio climático y de transición energética que también se aprobará en 2018 para sentar las bases de una transición ordenada y eficiente que permitirá cumplir los compromisos.

Pablo Iglesias anuncia la ley de Cambio Climático de Unidos Podemos para principios de 2018 y asegura que será «histórica»

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la proposición de ley de Cambio Climático que prepara su grupo parlamentario en el Congreso estará lista para principios de 2018 y ha señalado que la norma será «histórica» y marcará «un cambio de época».

Así lo ha puesto de manifiesto en el Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático que ha sido organizado por Unidos Podemos y en el que han participado diferentes actores relacionados con esta materia. Al término de las exposiciones, que ayudarán a redactar el texto definitivo, Iglesias ha vuelto a convocarles para debatir la propuesta ya redactada.

Para el líder de la formación morada, la participación social es la que «da sentido» a la actividad parlamentaria y ha agradecido a todas las asociaciones, sectores y sindicatos que han pasado por esta jornada por su colaboración. «Queremos hacer una ley, pero no de partidos, ni de técnicos, sino debatida por los colectivos de la sociedad civil», ha señalado.

En este sentido, llamó a la sociedad a movilizarse para presionar en la tramitación del futuro texto. Un documento que, a su juicio, es «necesario sacar adelante» para responder al «reto político y social» que supone para el futuro del planeta. «Hay quien nos dice que somos catastrofistas, pero nos estamos jugando el futuro de la humanidad, porque si el planeta se va al garete, no habrá posibilidad de que la vida siga existiendo», afirmó.

Iglesias se ha congratulado de que «cada vez hay una conciencia mayor sobre lo que significa» el cambio climático, porque la gente «se empieza a sorprender por las numerosas olas de calor en verano, por las sequías o porque haya desaparecido prácticamente el otoño». «Creo que es importante que seamos capaces de colocar esto en primer plano y que seamos capaces de que haya una conciencia cada vez mayor y acabar con los primos de Rajoy y los científicos que lo negaban», apuntó Iglesias, quien ha indicado que estas personas ya han «perdido la credibilidad».

El líder ha defendido ante los asistentes al foro que el objetivo de Podemos es conseguir un «nuevo modelo de productividad» y «un nuevo modelo de país» hablando, por ejemplo de «transición energética, de economía circular o justicia climática«. «Si somos capaces de sacarla adelante, lo que implica un acuerdo con otros grupos, estaremos dejando un legado para el futuro y las bases de un nuevo modelo de país», insistió.

Así, Iglesias ha criticado que España esté actualmente «a la cola de los que hacen algo por el cambio climático» ante un acuerdo del clima de París que, a su juicio, ha sido de mínimos. Su objetivo, según ha apuntado, es también evitar que el Ejecutivo siga recortando en esta materia en los presupuestos generales o que el Gobierno siga dependiendo de las empresas energéticas.

«Hay que señalar una cuestión, por la que nos tacharán de radicales, y es que la lucha del cambio climático es incompatible con que haya sentados expresidentes y exdirigentes de partidos en consejos de administración de empresas energéticas, porque lo que hacen cuando sientan a esos exministros, algunos muy progresistas, es comprarlos para que defiendan sus intereses», ha denunciado Iglesias.

Axa cuadruplica su meta para 2020 en inversiones contra el cambio climático y desinvertirá en la industria del carbón

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Europa Press.- La compañía francesa de seguros Axa anunció que acelerará su compromiso para luchar contra el cambio climático aumentando sus objetivos de inversiones verdes a 12.000 millones de euros, frente a los 3.000 millones de euros que había comprometido en 2015 coincidiendo con la Cumbre del Clima de París, lo que supone multiplicar por cuatro el importe total destinado a estos proyectos.

Al mismo tiempo, Axa asegura que despojaría de más de 3.000 millones de euros a las centrales energéticas intensivas en carbono con más del 30% de su negocio en el carbón, una cifra que multiplicó por 6 respecto a los 500 millones de euros anunciados hace dos años y del 50% de cuota de carbón respecto a la producción total.

«Un mundo que se está calentando a más de 4 grados no es asegurable. Como asegurador e inversor global, tenemos un papel fundamental que desempeñar», afirmó el consejero delegado de Axa, Thomas Buberl, que indicó que, en el marco del Acuerdo de París, la empresa quiere acelerar su compromiso y confirmar su liderazgo en la lucha contra el calentamiento global.

Asimismo, reconoció que sería «inconsciente» apoyar comercialmente a las industrias en las que el grupo está desinvirtiendo, por lo que indicó que dejarán de asegurar nuevas plantas de energía a base de carbón ni ninguna planta de extracción de arenas bituminosas o oleoductos asociados. «Axa eliminará progresivamente la cobertura de seguros para plantas de carbón o de arenas bituminosas», añadió. Por otro lado, Axa ha decidido unirse a Corporación Financiera Internacional mediante la cual respaldarán proyectos de infraestructuras relacionados con la lucha contra el cambio climático en países emergentes por valor de 500 millones de dólares (425 millones de euros).

ING no financiará a las compañías eléctricas cuya producción energética a partir del carbón represente más del 5% en 2025

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Europa Press.- El banco ING dejará de financiar a las compañías del sector de las utilities en las que el carbón represente más del 5% de su producción total para finales de 2025, pero continuará brindando soporte económico a estas empresas para “aquellos proyectos de energía que no sean de carbón en apoyo a su transición energética«, según apuntó el banco holandés.

A partir de ahora, ING solamente apoyará con financiación a nuevos clientes cuando su dependencia actual del carbón sea del 10% o menos y cuenten con una estrategia para reducir este porcentaje a casi cero (no superior al 5%, umbral considerado como inversión socialmente responsable) para 2025. Este nuevo objetivo se trata de una reducción «drástica» en comparación con la apuntada en 2015 coincidiendo con la Cumbre del Clima de París, cuando el banco anunció que no financiaría a ninguna empresa cuya actividad empresarial dependiera en más del 50% de las centrales eléctricas de carbón.

En 2025, ING habrá eliminado de forma gradual los préstamos a centrales eléctricas de carbón individuales. Esta política de no financiación del carbón se enmarca en los esfuerzos de la entidad por apoyar la transición a una economía baja en carbono y tendrá un efecto inmediato. «Somos conscientes de que contribuir a los objetivos del Acuerdo de París también implica tomar posiciones claras sobre lo que no financiaremos, especialmente cuando existen alternativas mejores», aseguró el vicepresidente de ING, Koos Timmermans.

Según el grupo, ING ha ofrecido financiación para proyectos de energía renovable por más de 29.000 millones de euros y mantenía una exposición directa a préstamos por valor de 4.000 millones de euros en este tipo de proyectos a finales de noviembre de 2017, lo que equivale al 60% de la financiación total a proyectos de servicios públicos. Por último, ING se compromete a reducir su huella de carbono reduciendo sus emisiones de CO2 en un 50% y suministrar con electricidad 100% renovable a todos los edificios de la entidad en el mundo para 2020.