En el auto, el TJSC estima el recurso que presentaron dos entidades ecologistas –l’Associació Respectem l’Albera (ARA) y l’Associació Alt-Empordanesa per l’Estudi i defensa de la natura (IADEN)– argumentando la falta de una evaluación ambiental del proyecto.

La decisión, que se puede recurrir, deja en suspenso el nuevo mapa eólico diseñado por el tripartito; actualmente hay 775 megavatios (MW) en funcionamiento y el pasado junio la Generalitat aprobó 7 de las 8 ZDP del mapa eólico catalán, que suman 769 MW más y que debían entrar en funcionamiento en 2013.

Fuentes de la Generalitat explicaron que sus servicios jurídicos analizarán la sentencia y elaborarán un informe a partir del cual el Govern decidirá las acciones a emprender.

Esta suspensión cautelar del mapa de ZDP también afecta al sector privado, ya que el Ejecutivo catalán adjudicó estas zonas a Gas Natural-Alstom, Comsa Emte-GERR, Fersa-Aventalia y FCC, por proyectos que suponían una inversión de unos 1.250 millones.

Sus proyectos fueron los mejor valorados por el Govern –en adjudicación definitiva en noviembre, poco antes de las elecciones autonómicas catalanas– según aspectos energéticos, ambientales, urbanísticos, paisajísticos y de impacto socioeconómico.

En total, 20 empresas presentaron 57 ofertas que sumaban 5.707,3 MW, y entre las propuestas que quedaron fuera de la adjudicación figuraban grandes empresas del sector como Iberdrola, la portuguesa EDP y Enel-Endesa, que presentaron alegaciones.

Las ZDP deben permitir alcanzar el objetivo de llegar a los 3.500 MW de energía eólica instalados en Cataluña el año 2015 que prevé el Plan de la Energía de Cataluña.

Naturalistas aplauden la decisión del TSJC

Por su parte, la IAEDEN aplaudió la decisión del TSJC de suspender de manera cautelar la planificación de las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) de parques eólicos acordada por la Generalitat el 1 junio de 2010.

«Estamos muy contentos, es un gran paso que nos da muchos ánimos», ha señalado la portavoz de IAEDEN, Bàrbara Schmitt. «Lo bueno de esta interlocutoria es que el proyecto todavía no está hecho y de momento se paraliza«, apuntó, ya que en muchas ocasiones recibieron sentencias a favor pero cuando los proyectos ya estaban terminados y no había marcha atrás.

«Sin sentencia definitiva no podrá tirar adelante y eso es muy importante», remarcó la portavoz de la entidad, cuyo recurso fue tramitado por el bufete Salellas i Associats.

La portavoz recordó que presentaron un primer recurso en agosto de 2010 y que este fue desestimado y que no fue hasta noviembre del mismo año cuando presentaron el que ahora ha aceptado el TSJC.

«Esto traerá cola, pero de momento hemos ganado todos, los del norte de Catalunya y también los del sur ya que el proyecto se ha paralizado en todas partes», señaló.

Desde la asociación saben que el proceso hasta que llegue una sentencia firme llevará su tiempo, y esperan que la Generalitat actúe de alguna forma u otra.

«Ha habido cambio de gobierno, y CiU criticó en su momento el mapa eólico, pero desde que ganó las elecciones no se ha pronunciado«, criticó Schmitt.

Según la patronal, «el mercado español de biocarburantes estaba totalmente desprotegido contra la competencia desleal. Si no se actúa ya, las importaciones se harán irremisiblemente en breve con la totalidad del mercado español de biodiésel».

La norma tiene como objetivo contrarrestar esas «importaciones desleales» de biodiésel por parte de países como Argentina e Indonesia, que gravan en menor medida la exportación de este combustible que la materia prima, de modo que en España resulta más barato comprar el producto final que la soja o la palma para fabricarlo. Para APPA, esta normativa «aseguraría la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes».

En concreto, la orden ministerial asigna cantidades de producción de biodiésel a plantas españolas y europeas por un total de 5 millones de toneladas, por encima de los 1,3 millones de toneladas de la demanda total del país. El sector reconoce que esta medida podría elevar el precio al que las petroleras compran ahora el biodiésel, pero advierte de que no necesariamente tiene por qué producirse este efecto.

El director de Appa Biocarburantes, Manuel Bustos, calificó de «grave» el «incumplimiento» de Industria y negó que la norma se haya paralizado por presión de las petroleras. Según dijo, hay «indicios indirectos de que el nuevo secretario de Estado debe de considerar que el proyecto es intervencionista o no entra dentro de su ortodoxia económica», puesto que se está «incumpliendo el compromiso adquirido por el Ministerio de ultimar su aprobación por el procedimiento de urgencia, lo que habría permitido que la orden estuviera ya en vigor».

Por su parte, el presidente de la asociación, Roderic Miralles, dijo que «no hay motivo para pensar que la asignación de cuotas provoque un aumento de precios», ya que el volumen contemplado supera en varias veces la demanda española y da cabida a plantas europeas que podrían ejercer presión competitiva y contener los precios.

Miralles precisó que lo que pide el sector «no son medidas proteccionistas», sino que se aplique en España un sistema de asignación de cuotas ya utilizado por otros países europeos.

En todo caso, el sector denuncia una situación «límite» en la que el 95% de las plantas ya ha dejado de funcionar y las importaciones «desleales» equivalieron en 2010 a cerca del 60% de la demanda. Solo de Argentina e Indonesia llegan unas 700.000 toneladas anuales cuyo valor podría rondar los 650 millones de euros.

La avalancha de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que aplican ambos países. Así, el Gobierno argentino viene gravando desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%.

«Siendo Argentina e Indonesia los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, permitiéndoles incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el resto de países de las materias primas que ellos utilizan», explicó.

Esta distorsión comercial se ve agravada, además, por el «injustificado trato preferencial que la UE da al biodiésel argentino e indonesio, que están exentos de pagar el arancel del 6,5% aplicable con carácter general a toda importación comunitaria de biodiésel por considerarse ambos países en vías de desarrollo dentro del llamado Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas», concluyeron desde APPA.

Para ilustrar la situación, el directivo de Infinita Renovables Rafael Lorenzo explicó que su grupo ha invertido 300 millones de euros en dos plantas y que, ante «el absurdo de que el biodiésel importado sea más barato que la materia prima», se comunicó la semana pasada la parada de producción y un ERE temporal para la plantilla encargada de esta actividad.

Por otro lado, la asociación acusa al Gobierno de «poca ambición» en la introducción de los biocarburantes, lo que se aprecia en aspectos como la reciente decisión de Industria de rebajar del 5,83% al 4,78% los objetivos de introdución de los biocarburantes en términos energéticos. A su juicio, la reciente rebaja de la obligación de 2010 y la poca ambición de los objetivos para 2011, 2012 y 2013 «confirman la falta de voluntad política de apoyar seriamente a los biocarburantes».

En la actualidad existen en España 48 plantas de biodiésel con una capacidad instalada que supera los 4,2 millones de toneladas al año. El sector, indica APPA, aporta al año al PIB cerca de 350 millones de euros.

Lin Hailong explicó que la producción de etanol permitirá sustituir un total de 31 millones de toneladas de petróleo, equivalentes a un 10 por ciento de las importaciones de petróleo anuales del país asiático.

China está desarrollando tecnología de segunda generación para producir etanol a partir de maíz, que se espera que se empiece a comercializar dentro de tres a cinco años.

Según estudios independientes, en 2009 tenía una capacidad de producción de biofuel de 2,2 millones de toneladas.

Ante su dependencia del sector exterior para proveerse de combustibles fósiles (China es ya el principal consumidor mundial de energía, por delante de EEUU), el régimen comunista ordenó el desarrollo prioritario de las energías renovables, especialmente eólica, solar y biomasa.

«China cumple todas las condiciones para la producción de biocombustibles, ya que dispone de los recursos geográficos necesarios y hay una fuerte demanda interna, lo que da sentido a elaborar el combustible aquí«, abundó el representante de COFCO, el principal productor del país asiático.

Un total de diez provincias del sur y este del país ya cultivan productos agrícolas destinados a los biocombustibles.

Se calcula que la industria del etanol puede reportar a China unos beneficios más de 3.600 millones de euros y la creación de seis millones de puestos de trabajo, centrados en las zonas rurales del país.

El desarrollo del bioetanol y la biomasa está experimentando un «boom» en el mundo, cuyo potencial futuro se cifró en un estudio reciente del Foro Económico Mundial en 170.000 millones de euros para dentro de una década y que podrían beneficiar sobre todo a los países emergentes.

Así, por ejemplo, Brasil -país pionero en este tipo de energía- propuso este mismo año a China una cooperación trilateral entre ambos junto a países de África para el cultivo y desarrollo del bioetanol.

Según dicha encuesta, el 77% de los participantes dispondrían de terrenos en los que podrían cultivar vegetales no aptos para la alimentación y adecuados para la producción de biomasa y biocombustibles.

Casi la mitad de los encuestados (48%) estarían dispuestos a destinar la mitad de sus tierras a ese fin, y el 70% firmarían contratos de larga duración para dedicarse a esa actividad.

Este último dato sería muy interesante según los expertos de Ceres, ya que la producción de biocombustibles depende de la estabilidad de los suministros de las materias primas necesarias.

El principal obstáculo que los encuestados veían a la implantación de esta actividad era la lenta aplicación por parte del Departamento de Energía estadounidense del programa de respaldo a préstamos para su financiación.

«Si se construyeran las primeras biorrefinerías de celulosa en Estados Unidos, nuestro país estaría en el buen camino para garantizar la seguridad de su suministro energético, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y lograr el crecimiento del empleo en el ámbito rural», ha subrayado Frank Hardimon, director de ventas de semillas de Ceres.