El Gobierno británico subrayó que el proyecto en Hinkley Point, que costará varios miles de millones de libras esterlinas, generará electricidad baja en carbono equivalente al consumo de cinco millones de hogares y se convertirá en una de las centrales nucleares más importantes del Reino Unido.

El plan de estos dos nuevos reactores creará entre 20.000 y 25.000 empleos durante la fase de construcción y unos 900 empleos fijos durante la operación.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía y Cambio Climático, Edward Davey, subrayó que la decisión de conceder permiso a Hinkley Point, irá en todo momento seguido de un examen riguroso por parte de la Inspección del Plan y será analizado junto con el departamento que dirige. «Estoy confiando en que la decisión de construcción que acabo de tomar es robusta, basada en las evidencias y compatible con la Política Energética Nacional y va en la línea de los mejores intereses del país.

A su juicio, es vital lograr inversión en nuevas infraestructuras para movilizar la economía. Los proyectos de energía baja en carbono proporcionarán mayor inversión, mejores empleos y un mayor crecimiento.

En este contexto, recordó que el Gobierno tiene también planes de nuevos proyectos desde mayo de 2010, incluido parques eólicos, biomasa y plantas de gas.

Finalmente, defendió que la nueva planta nuclear de Somerset generará enormes cantidades de energía limpia y proporcionará seguridad jurídica al Reino Unido. «Beneficiará a la economía local, mediante el empleo directo e indirecto, en la cadena de suministro y servicios a nivel local», concluyó el secretario de Estado.

«Estamos haciendo una intensa inversión de capital, 25.000 millones de dólares este año, 22.000 millones de dólares fueron el año pasado», dijo Ramírez en rueda de prensa donde rechazó el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que señaló los retos petroleros del país tras la muerte del presidente Hugo Chávez.

Ramírez subrayó que el fallecimiento de Chávez, el pasado 5 de marzo, no va a afectar la actividad petrolera, que va a seguir «el mismo plan y el mismo accionar» que marcó el mandatario. «No hay cambios, es la misma bitácora que nos ha indicado el presidente», apuntó.

En su informe mensual sobre el sector, la AIE consideró que Venezuela necesita en el «medio plazo» hacer frente a los «enormes retos» que se avecinan para PDVSA, que adolece de una «infraestructura en decadencia» y falta de inversiones que ha mantenido a «los socios extranjeros esperando de lado a que se produzca una seria reorganización» del sector.

«Las opiniones de la AIE las veo como cuando habla el enemigo», dijo Ramírez al recordar que este organismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue creado «para hacerle contraposición» a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), del que Venezuela es país fundador.

«Nosotros tenemos una empresa que está en condiciones operativas normales, sin problema alguno«, aseguró. «Y estamos enfrascados en un plan de expansión», argumentó el también presidente de PDVSA.

Ramírez recordó que la empresa, que produce actualmente alrededor de 3 millones de barriles diarios de crudo, tiene la «meta estratégica» de alcanzar una producción de cuatro millones para 2014, para llegar a los 6 millones de cara a 2019. «Estamos creando las condiciones para eso», aseguró.

Venezuela produce alrededor de 3 millones de barriles diarios, de los cuales exporta unos 2,5 millones, principalmente a Estados Unidos (1,5 millones barriles) y China (640.000).

Se inicia la producción temprana de crudo con la italiana Eni

Asimismo, el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela informó del inicio de la producción temprana de crudo con la petrolera italiana Eni en su empresa mixta en la Faja del Orinoco y adelantó que también próximamente lo harán la china CNPC, con una meta de 15.000 barriles diarios, y la estadounidense Chevron, con otros 15.000 barriles.

«Hoy está iniciando la producción temprana de nuestra empresa mixta Petrojunin, como lo anunciamos en diciembre, con la empresa Eni», señaló Ramírez en la sede de PDVSA.

El también presidente de PDVSA indicó que la producción se inició «simbólicamente» con 700 barriles diarios de petróleo, pero que se espera que llegue a los 15.000 para finales de año y a los 75.000 de cara a 2015.

Aumentar la producción en la rica Faja del Orinoco, donde se encuentran las mayores reservas certificadas de crudo del mundo, es el principal objetivo de PDVSA, una meta que espera alcanzar mediante la producción temprana de sus empresas mixtas con socios extranjeros (en donde el PDVSA tiene una participación del 60%).

Con Chevron, precisamente, se acordó firmar «a finales de este mes de marzo» el crédito de 2.000 millones de dólares convenido con la petrolera estadounidense para la empresa mixta Petroboscan.

Según anunció anteriormente PDVSA, el crédito de Chevron supondrá una inversión «a largo plazo» para la estatal venezolana cuyo último repago está previsto para 2025 y «tendrá una tasa igual a LIBOR + 4,5 sin otros costos adicionales».

Se congelan las inversiones de Lukoil

Asimismo, Ramírez advirtió a la empresa privada rusa Lukoil que queda «fuera del país» hasta que no se aclaren las «lamentables» declaraciones que dio su vicepresidente, Andrei Kuzyayev, sobre el sector petrolero en el país.

«Las lamentables declaraciones atribuidas a Kuzyayev, de Lukoil, hasta que no aclaremos esto (…) quedan fuera del país», dijo en rueda de prensa.

El también jefe de proyectos en el exterior de Lukoil dijo la semana pasada, según versiones de prensa, que en Venezuela se puede incrementar la producción en los próximos años, pero que se necesita estabilidad en los contratos y una buena situación para invertir.

Ramírez dijo: «Nosotros no vamos a permitir que nadie venga a dictarnos pauta de cómo se guía nuestra política petrolera». Y recordó como uno de los legados más importantes del fallecido presidente Chávez el «respeto a la soberanía» venezolana.

Lukoil forma parte del consorcio de empresas rusas, que lidera la estatal Rosneft, y que operan en la empresa mixta Petromiranda, en el bloque Junín 6 de la rica Faja petrolera del Orinoco.

Ramírez anunció el pasado 29 de enero que actualmente se producen 230.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela fruto de las empresas mixtas de PDVSA con el conjunto de empresas rusas como Rosneft, Gazprom, Surgutneftegaz o Lukoil.

«Eso convierte a las empresas de la federación rusa en uno de los más importantes socios internacionales de nuestro país en la inversión petrolera», señaló entonces el ministro.

Para ello, la Rada Suprema, el parlamento unicameral ucraniano, tendría que introducir enmiendas a la actual legislación, que prohíbe expresamente la entrega en arriendo o concesión de la red nacional de gasoductos.

Según el rotativo, el consorcio gasístico ruso Gazprom exigió la aprobación de las modificaciones que le garanticen el arriendo de la red de gasoductos ucraniana como condición para reducir las tarifas de suministro de gas a Ucrania, consideradas excesivas por el Gobierno de Kiev.

«Si Ucrania aprueba las enmiendas legales necesarias antes del 1 de junio, el precio del gas puede ser reducido de manera retroactiva, con fecha 1 de enero de 2013, hasta 260 (actualmente, 426) dólares por mil metros cúbicos», dijo a «Kommersant-Ukraína» una fuente de Gazprom.

El Ministerio de Energía de Ucrania propuso la creación de un consorcio ucraniano-ruso para la explotación de la red de gasoductos ucraniana, fórmula que permitiría sortear los impedimentos legales.

«Así se lo hemos planteado a la parte rusa, pero en Moscú insisten en que estas decisiones sean refrendadas por la Rada Suprema», dijo al periódico portavoz de esa cartera.

Ucrania exige la reducción del precio de gas que le vende Rusia y se niega a pagar el volumen contratado con el consorcio ruso Gazprom con el argumento de que redujo sus importaciones.

Según el contrato firmado en 2009 y en vigor hasta 2019, la gasística ucraniana Naftogaz debe pagar anualmente por un mínimo de 41.600 millones de metros cúbicos de gas aunque haya importado menos, pues existe una cláusula denominada «toma o paga» (take or pay, en inglés).

El año pasado, Ucrania importó casi 9.000 millones de metros cúbicos de gas menos de lo estipulado en el acuerdo. Gazprom, a su vez, reclamó el pago de 7.000 millones de dólares por concepto del gas que no importó Ucrania.

La parte ucraniana resta legitimidad a los contratos de suministro de gas firmados en 2009 por considerarlos abusivos.

Precisamente, la firma de esos acuerdos llevó a prisión a la ex primera ministra Yulia Timoshenko, al frente del Gobierno cuando éstos fueron suscritos.

Timoshenko fue condenada en 2011 a siete años de prisión por el delito de «abuso de poder» por autorizar la firma de los contratos gasísticos de 2009.