EFE. – La Federación Única de los Petroleros (FUP), que agrupa a los trabajadores del sector en Brasil, ha suspendido la huelga después de que la Justicia la declarara «ilegal» por su carácter «político-ideológico».
La propia FUP ha informado sobre la suspensión de la huelga de tres días, en un comunicado en el que reiteró su «solidaridad con la protesta legítima» de los gremios de camioneros, que estuvieron completamente paralizados durante diez días por los altos precios de los combustibles.
El paro petrolero había sido convocado en apoyo a los camioneros, para exigir cambios en la política de precios de Petrobras, que fija el valor del combustible según el mercado global, y también pedía la renuncia del presidente de la estatal, Pedro Parente, a quien los sindicatos acusan de favorecer a las multinacionales del sector.
En el comunicado, la FUP condenó la decisión del Tribunal Superior del Trabajo de declarar la huelga ilegal al entender que tenía un «claro componente político-ideológico» y al considerar demostrado que no planteaba «ninguna reivindicación» en favor de los trabajadores.
Problemas de abastecimiento y «solidaridad» con los camioneros
El abastecimiento de productos básicos se recuperó gradualmente en Brasil tras el paro camionero de los pasados días, a pesar de algunos «focos violentos» y de una huelga petrolera que no ha llegado a afectar a la distribución de combustibles. El Gobierno informó de que, después de diez días del paro que impidió casi por completo la entrega de productos, los niveles de distribución se recuperaron en un 35%.
Según la petrolera estatal, la huelga se cumplió parcialmente, pero no afectó a la producción de crudo y derivados y tampoco a su distribución, que el pasado fin de semana llegó a niveles críticos como consecuencia del paro camionero. Aún así, hubo unos grupos «revoltosos» que incluso llegaron a agredir a algunos camioneros que habían vuelto a circular por las carreteras, por lo que las autoridades reforzaron la presencia de militares y policías en todo el país. Según dijo el ministro de Seguridad Nacional, Raúl Jungmann, unos 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplazados en las carreteras para cooperar en la «protección» de estos.
En ese momento, incluso la ciudad de Sao Paulo, la más grande e industrializada de Brasil, pretendía suspender el estado de emergencia decretado hace unos días por la ya citada huelga de camioneros que ponía en jaque el abastecimiento de algunos productos básicos en todo el país.
Sobre el paro camionero, la titular de la Abogacía General del Estado, Grace Mendonça, reiteró que existían «serias sospechas» de que, junto con el movimiento de los trabajadores del transporte, empresas del sector quisieran valerse de esa situación para buscar sus propios beneficios e incentivaron la huelga.
Mendonça confirmó que, hasta ese momento, habían sido identificadas 96 empresas que podían haber incurrido en la práctica ilegal del «cierre patronal», que ya habían sido denunciadas y para las que se habían pedido a la Justicia unas cuantiosas sanciones pecuniarias.
Por su parte, los sindicatos explicaron que la paralización fue en protesta por los altos precios de los combustibles, así como en «solidaridad» con los camioneros y para exigir la destitución del presidente de la empresa Petrobras, Pedro Parente. La entidad sindical desafió a la justicia, que en su momento declaró anticipadamente la huelga como ilegal, y amenazó con elevadas multas a quienes la respaldaran.
Como consecuencia la FUP ha pedido a sus afiliados «suspender la huelga«, una decisión que calificó como «un paso atrás momentáneo y necesario para la construcción de un paro por tiempo indeterminado», que será «oportunamente» convocado. Esta suspensión del paro petrolero coincide con un menor seguimiento en la huelga de los camioneros, después de que el Gobierno haya aceptado reducir el precio del diesel y otras demandas de los sindicatos.
