La Unión Europea intensifica la guerra comercial con China por sus paneles solares y abre una segunda investigación contra los subsidios

La actuación de Bruselas responde a la denuncia presentada el pasado 26 de septiembre por la patronal europea del sector fotovoltaico, EU ProSun, que representa a más de 20 empresas españolas, alemanas o italianas que aglutinan más del 25% de la producción de esos productos en la Unión Europea, y en la que alegaba que «los paneles solares y sus componentes clave importados de China se benefician de subsidios públicos ilegales».

Según informaron desde Bruselas, ésta es la denuncia antisubsidios «más significativa» que recibieron hasta ahora en términos del valor de las importaciones concernidas.

Por este motivo, el Ejecutivo comunitario quiso dejar claro que «tiene la obligación» de iniciar una investigación antisubsidios si recibe una «denuncia válida» de empresas de la Unión que proporcione «evidencias de que un producto exportado de uno o más países está recibiendo subsidios y causando daños» a la industria europea.

Según la Comisión Europea, la asociación aportó «elementos suficientes» que demuestran la existencia de posibles subsidios concedidos por el Gobierno de China, perjuicios causados a la industria de la Unión y un posible vínculo entre las importaciones subsidiadas y los daños.

A continuación, Bruselas enviará cuestionarios a las partes interesadas (las autoridades chinas, los exportadores, los productores europeos, los importadores y las asociaciones) para recabar más información, que luego será verificada.

Sobre la base de esos datos, la Comisión decidirá si efectivamente hubo o no subsidios y si fueron los responsables de los perjuicios causados a la industria europea.

Al término de 9 meses (la fecha límite es el 5 de agosto de 2013), la Comisión Europea dará a conocer los resultados provisionales de la investigación y, entonces, podrá imponer derechos compensatorios (que pueden durar cuatro meses), continuar la investigación sin imponer esas tasas o cerrar las pesquisas.

Cabe recordar que Bruselas ya inició el pasado 6 de septiembre un primer procedimiento contra China, que continúa su curso, alegando que vende los paneles solares a precios inferiores al coste de producción (práctica conocida como «dumping«), causando un importante perjuicio a la industria europea.

El Gobierno chino replicó a esta ofensiva presentado esta semana una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las subvenciones que concede la Unión Europea y algunos Estados miembros, en particular Italia y Grecia, a la energía solar.

Las investigaciones de la Unión Europea durarán un total de 15 meses, pero Bruselas puede imponer ya aranceles a las importaciones chinas en un plazo de 9 meses, de acuerdo a las reglas de defensa comercial, siempre que recopile pruebas suficientes sobre la existencia de «dumping» o de subvenciones «prima facie» (ilegales).

En 2011, China exportó paneles solares y sus componentes claves por valor de alrededor de 21.000 millones de euros a la Unión Europea.

Bruselas propondrá limitar al 5% los biocarburantes elaborados a partir de cultivos alimentarios

El objetivo de esta medida es impulsar el desarrollo de los denominados biocarburantes de segunda generación, producidos a partir de residuos, algas o paja, que no interfieren de forma directa en la producción mundial de alimentos.

La Unión Europea se marcó como objetivo vinculante aumentar de aquí a 2020 hasta el 10% la cuota de renovables en el sector del transporte. Aunque la legislación europea no especifica cómo debe lograrse, «de facto la mayor parte vendrá de los biocarburantes«, según explicó recientemente la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Marlene Holzner.

Bruselas quiere ahora subdividir este objetivo y fijar el 5% como máximo de biocarburantes elaborados a partir de cultivos alimentarios. De esta forma, «no se necesita suelo adicional ni habrá discusión sobre el impacto en el precio de los alimentos», señaló la portavoz.

El resto, hasta llegar al 10%, se logrará con los biocarburantes de segunda generación. La Comisión aseguró que estos nuevos biocarburantes ya están en producción y que los Estados miembros tienen intención de aumentar sustancialmente su consumo de aquí a 2020.

Bruselas propondrá limitar al 5% los biocarburantes elaborados a partir de cultivos alimentarios

El objetivo de esta medida es impulsar el desarrollo de los denominados biocarburantes de segunda generación, producidos a partir de residuos, algas o paja, que no interfieren de forma directa en la producción mundial de alimentos.

La Unión Europea se marcó como objetivo vinculante aumentar de aquí a 2020 hasta el 10% la cuota de renovables en el sector del transporte. Aunque la legislación europea no especifica cómo debe lograrse, «de facto la mayor parte vendrá de los biocarburantes«, según explicó recientemente la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Marlene Holzner.

Bruselas quiere ahora subdividir este objetivo y fijar el 5% como máximo de biocarburantes elaborados a partir de cultivos alimentarios. De esta forma, «no se necesita suelo adicional ni habrá discusión sobre el impacto en el precio de los alimentos», señaló la portavoz.

El resto, hasta llegar al 10%, se logrará con los biocarburantes de segunda generación. La Comisión aseguró que estos nuevos biocarburantes ya están en producción y que los Estados miembros tienen intención de aumentar sustancialmente su consumo de aquí a 2020.

Las energías renovables, claves para crear empleo en el sector marino y marítimo, según la UE

La declaración, firmada en Limasol (Chipre), señaló «el gran potencial» de la energía renovable marítima, la acuicultura, la biotecnología marina, el turismo costero y la minería en el fondo marino, y reclamó a los gobiernos europeos y a las instalaciones europeas a «establecer las condiciones adecuadas» para su desarrollo.

Para que sea posible el crecimiento y la creación de empleo en lo que han llamado «economía azul», los ministros y el Ejecutivo comunitario apostaron por «el apoyo a la investigación y el conocimiento del medio marino, la formación marítima, la cooperación rentable en materia de vigilancia marítima, mejora de la ordenación del espacio marítimo y la aplicación de la directiva marco sobre la estrategia marítima».

El pasado mes, Bruselas publicó un informe sobre las posibilidades de desarrollo de las economías vinculadas al mar y cifró en 5,4 millones el número de puestos creados por lo sectores vinculados a lo marino. Con una estrategia apropiada, según el informe, la cifra crecerá hasta los 7 millones de empleos de aquí a 2020.

Además, calculó en concreto que el turismo de cruceros podría crear unos 100.000 puestos de trabajo en la Unión Europea en el mismo periodo y estimó un crecimiento de entre el 2% y el 3% en el mismo periodo para el turismo costero. Eso sí, el Ejecutivo comunitario advirtió de que para ello es necesario eliminar los obstáculos a la innovación y la investigación en los sectores marítimo y marino.

Con estos datos en la mano, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, consideró que «lo mares y los océanos pueden desempeñar un papel decisivo en la recuperación económica de Europa» e instó a «aprovechar el potencial de la economía azul europea».

La comisaria de Pesa, Maria Damanaki, dijo por su parte que para lograr estos objetivos es necesario que todas las partes, desde las instituciones europeas hasta las autoridades nacionales y regionales, pasando por la industria y la sociedad civil, «trabajen juntos para obtener mejores resultados».

Con la firma de la declaración de Limasol, Bruselas comienza los trabajos para presentar propuestas concretas en las áreas clave identificadas en los próximos meses, centrándose en medidas que impulsen la creación de puestos de trabajo, insistió el Ejecutivo comunitario.

Las energías renovables, claves para crear empleo en el sector marino y marítimo, según la UE

La declaración, firmada en Limasol (Chipre), señaló «el gran potencial» de la energía renovable marítima, la acuicultura, la biotecnología marina, el turismo costero y la minería en el fondo marino, y reclamó a los gobiernos europeos y a las instalaciones europeas a «establecer las condiciones adecuadas» para su desarrollo.

Para que sea posible el crecimiento y la creación de empleo en lo que han llamado «economía azul», los ministros y el Ejecutivo comunitario apostaron por «el apoyo a la investigación y el conocimiento del medio marino, la formación marítima, la cooperación rentable en materia de vigilancia marítima, mejora de la ordenación del espacio marítimo y la aplicación de la directiva marco sobre la estrategia marítima».

El pasado mes, Bruselas publicó un informe sobre las posibilidades de desarrollo de las economías vinculadas al mar y cifró en 5,4 millones el número de puestos creados por lo sectores vinculados a lo marino. Con una estrategia apropiada, según el informe, la cifra crecerá hasta los 7 millones de empleos de aquí a 2020.

Además, calculó en concreto que el turismo de cruceros podría crear unos 100.000 puestos de trabajo en la Unión Europea en el mismo periodo y estimó un crecimiento de entre el 2% y el 3% en el mismo periodo para el turismo costero. Eso sí, el Ejecutivo comunitario advirtió de que para ello es necesario eliminar los obstáculos a la innovación y la investigación en los sectores marítimo y marino.

Con estos datos en la mano, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, consideró que «lo mares y los océanos pueden desempeñar un papel decisivo en la recuperación económica de Europa» e instó a «aprovechar el potencial de la economía azul europea».

La comisaria de Pesa, Maria Damanaki, dijo por su parte que para lograr estos objetivos es necesario que todas las partes, desde las instituciones europeas hasta las autoridades nacionales y regionales, pasando por la industria y la sociedad civil, «trabajen juntos para obtener mejores resultados».

Con la firma de la declaración de Limasol, Bruselas comienza los trabajos para presentar propuestas concretas en las áreas clave identificadas en los próximos meses, centrándose en medidas que impulsen la creación de puestos de trabajo, insistió el Ejecutivo comunitario.

La Unión Europea da su visto bueno definitivo a las nuevas normas de ahorro energético

La propuesta, que fue aprobada sin discusión previa por el Consejo de ministros europeos de Empleo y contó con el rechazo de España y Portugal, así como con la abstención de Finlandia, establece las primeras normas sobre eficiencia energética a nivel europeo.

Este voto pone punto final a unas complejas negociaciones en Bruselas, en las que se rebajó la ambición de la propuesta original de la Comisión Europea, ante las reticencias de los Veintisiete a asumir más compromisos en materia medioambiental.

La administración central jugará un «papel ejemplar», según el Consejo, y tendrá que renovar un 3% de sus edificios de más de 500 metros cuadrados (250 a partir de julio de 2015) cada año para hacerlos más eficientes, lo que deja fuera a los gobiernos regionales y locales.

Las compañías energéticas tendrán que presentar planes de ahorro de cara a 2020, que no podrá ser inferior al 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020, y las grandes empresas tendrán que someterse cada cuatro años a una auditoría energética.

Los Veintisiete tendrán una cierta flexibilidad para cumplir con estas medidas, ya que podrán adoptar otras alternativas siempre que logren un ahorro energético equivalente.

Los Veintisiete tienen un año y medio -hasta la primavera de 2014, aproximadamente- de plazo para trasponer esta normativa a sus legislaciones nacionales.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, saludó el voto del Consejo y pidió a los Veintisiete y al sector que hagan «esfuerzos extraordinarios» para poner en marcha estas medidas, según la Comisión Europea.

Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea aprobó un mecanismo para intercambiar información entre los Estados miembros de la Unión Europea y terceros países, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado energético interno.

«El nuevo mecanismo es un gran paso hacia la transparencia y coordinación de las relaciones exteriores de la Unión Europea y sus Estados miembros en temas de energía«, explicó el Consejo en un comunicado.

La directiva, propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2011, pretende «coordinar las relaciones energéticas con terceros países para mejorar la seguridad del suministro a la Unión Europea y la cooperación internacional en ese ámbito».

Con este cambio legislativo, que entrará en vigor en tres meses, los Estados de la Unión Europea deberán remitir a la Comisión todos los acuerdos intergubernamentales existentes con terceros países en temas de energía.

Nueve meses después, el ejecutivo comunitario remitirá un informe a los países de la Unión Europea con las posibles dudas o incompatibilidades con la legislación europea, sobre todo, con las leyes de competencia y de mercado energético interior.

Así, los acuerdos remitidos a la Comisión Europea pasarán a estar a la disposición, en su plenitud o mediante sumario, del resto de Estados miembros.

La nueva directiva otorgará, además, un papel más destacado a la Comisión dado que podrá actuar en las negociaciones, a petición de los Estados, como observador o consejero en temas de competencia.

Por último, el ejecutivo comunitario deberá presentar un informe sobre la aplicación de la directiva ante el Parlamento Europeo el próximo 1 de enero de 2016.

La Unión Europea da su visto bueno definitivo a las nuevas normas de ahorro energético

La propuesta, que fue aprobada sin discusión previa por el Consejo de ministros europeos de Empleo y contó con el rechazo de España y Portugal, así como con la abstención de Finlandia, establece las primeras normas sobre eficiencia energética a nivel europeo.

Este voto pone punto final a unas complejas negociaciones en Bruselas, en las que se rebajó la ambición de la propuesta original de la Comisión Europea, ante las reticencias de los Veintisiete a asumir más compromisos en materia medioambiental.

La administración central jugará un «papel ejemplar», según el Consejo, y tendrá que renovar un 3% de sus edificios de más de 500 metros cuadrados (250 a partir de julio de 2015) cada año para hacerlos más eficientes, lo que deja fuera a los gobiernos regionales y locales.

Las compañías energéticas tendrán que presentar planes de ahorro de cara a 2020, que no podrá ser inferior al 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020, y las grandes empresas tendrán que someterse cada cuatro años a una auditoría energética.

Los Veintisiete tendrán una cierta flexibilidad para cumplir con estas medidas, ya que podrán adoptar otras alternativas siempre que logren un ahorro energético equivalente.

Los Veintisiete tienen un año y medio -hasta la primavera de 2014, aproximadamente- de plazo para trasponer esta normativa a sus legislaciones nacionales.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, saludó el voto del Consejo y pidió a los Veintisiete y al sector que hagan «esfuerzos extraordinarios» para poner en marcha estas medidas, según la Comisión Europea.

Por otra parte, el Consejo de la Unión Europea aprobó un mecanismo para intercambiar información entre los Estados miembros de la Unión Europea y terceros países, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado energético interno.

«El nuevo mecanismo es un gran paso hacia la transparencia y coordinación de las relaciones exteriores de la Unión Europea y sus Estados miembros en temas de energía«, explicó el Consejo en un comunicado.

La directiva, propuesta por la Comisión Europea en septiembre de 2011, pretende «coordinar las relaciones energéticas con terceros países para mejorar la seguridad del suministro a la Unión Europea y la cooperación internacional en ese ámbito».

Con este cambio legislativo, que entrará en vigor en tres meses, los Estados de la Unión Europea deberán remitir a la Comisión todos los acuerdos intergubernamentales existentes con terceros países en temas de energía.

Nueve meses después, el ejecutivo comunitario remitirá un informe a los países de la Unión Europea con las posibles dudas o incompatibilidades con la legislación europea, sobre todo, con las leyes de competencia y de mercado energético interior.

Así, los acuerdos remitidos a la Comisión Europea pasarán a estar a la disposición, en su plenitud o mediante sumario, del resto de Estados miembros.

La nueva directiva otorgará, además, un papel más destacado a la Comisión dado que podrá actuar en las negociaciones, a petición de los Estados, como observador o consejero en temas de competencia.

Por último, el ejecutivo comunitario deberá presentar un informe sobre la aplicación de la directiva ante el Parlamento Europeo el próximo 1 de enero de 2016.

La CE ve un «importante margen de mejora» en la seguridad de las centrales nucleares europeas

«En su conjunto, el grado de seguridad de nuestras centrales en la Unión Europea es satisfactorio y ninguna central necesitará ser desmantelada por razones de seguridad, aunque en casi en todas partes hay un importante margen de mejora, por lo que no tenemos motivos para congratularnos en exceso», dijo Oettinger en una rueda de prensa en Bruselas para presentar los resultados de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares a las que se comprometieron los Veintisiete en 2011, con el objetivo de identificar las medidas a tomar para evitar crisis nucleares como la vivida en marzo del año pasado en Fukushima (Japón).

Estas pruebas indicaron que ni todas las normas de seguridad promovidas por la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ni todas las mejores prácticas internacionales se aplican en todos los Estados miembros.

El comisario europeo de Energía declaró que «las pruebas de resistencia han puesto de manifiesto lo que está bien y lo que tenemos que mejorar. Las pruebas fueron serias y un éxito. Todas las autoridades interesadas deben esforzarse por garantizar que las normas de seguridad más rigurosas se apliquen en cada una de las centrales nucleares situadas en Europa, por la seguridad de nuestros ciudadanos», apostilló.

Asimismo, Oettinger quiso dejar claro que el informe publicado no aporta recomendaciones propias de Bruselas sino que recoge el trabajo de los reguladores nacionales y de los pares europeos que revisaron los datos en una fase final del proceso.

El comisario recordó que, tras accidentes como el de Chernóbil, Europa «identificó» hace años deficiencias en sus plantas «pero no se hizo todo» lo que se previó para corregir tales problemas.

«Hoy, si tenemos en cuenta las posibles catástrofes nucleares, como los terremotos o las inundaciones, es posible técnicamente (corregir deficiencias)», insistió el comisario, para quien las recomendaciones que Bruselas recoge en el informe (basado en el trabajo previo de los gestores y reguladores nacionales, con el visto bueno de sus pares europeos) servirán de «impulso» para que los Veintisiete pongan en marcha las nuevas exigencias.

El documento será llevado la próxima semana a los ministros de Energía de la Unión Europea y al Parlamento Europeo y también lo examinarán los jefes de Estado y de Gobierno europeos en su próxima Cumbre, los días 18 y 19 de octubre.

Después de estos exámenes, los reguladores nacionales elaborarán planes de acción nacionales con calendarios de aplicación, los cuales estarán listos para finales de 2012. Los planes de acción se someterán a revisiones paritarias a principios de 2013, a fin de comprobar que las recomendaciones de las pruebas de resistencia se aplican de forma coherente y con transparencia en toda Europa.

Aunque el Ejecutivo comunitario no tiene competencias para obligar a los gobiernos europeos a asumir las mejoras, porque la seguridad nuclear es competencia de cada estado miembro, sí vigilará si las ponen en marcha, por lo que realizará una evaluación de progreso en junio de 2014. Los países no están obligados pero se verán «señalados», según confiaron fuentes comunitarias. El objetivo será que en 2015 todas las centrales europeas cumplan con las mejoras exigidas.

Además, el Ejecutivo europeo prepara, de aquí a principios de 2013, una nueva directiva sobre seguridad nuclear, que incluirá propuestas para minimizar los riesgos, garantizar la independencia y transparencia máxima de los reguladores nucleares de los gobiernos nacionales y los actores del sector.

Seguirán nuevas propuestas sobre los seguros y la responsabilidad nucleares, así como sobre los niveles máximos permitidos de contaminación radiactiva de alimentos y piensos. El procedimiento de las pruebas de resistencia también puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre la protección nuclear (prevención de actos hostiles), tema que incumbe principalmente a los Estados miembros.

Oettinger insistió en su comparecencia en que por primera vez se tienen datos comparativos y se detecta «dónde las reglas son menos exigentes que las normas internacionales». «Por eso decimos a los operadores que reaccionen para llegar al nivel máximo de seguridad», añadió.

«No queremos inquietar a nadie, solo llamar la atención», afirmó el comisario, que consideró que «las centrales europeas han mostrado en general, un buen nivel de seguridad, pero pueden mejorar».

En su comunicación, el Ejecutivo comunitario apuntó que «todos los países han empezado a dar pasos» para mejorar la seguridad de sus plantas, pero advirtió de que sigue habiendo importantes deficiencias y que será necesario invertir entre 30 y 200 millones de euros por reactor para cumplir las nuevas exigencias.

De acuerdo a los cálculos de la Comisión, el coste de la inversión para corregir los fallos en todo el parque nuclear de la Unión Europea depende de la situación de cada planta, ya que las necesidades de cada reactor «varían muchísimo» aunque se calculó que se elevaría hasta una horquilla de entre 10.000 y 25.000 millones de euros. Si bien fuentes comunitarias matizaron que se trata de una «estimación» basada en la extrapolación de la inversión en Francia y no de un cálculo de los experto europeos.

Con todo, Bruselas precisó que esta inversión se dedicaría a actualizar las medidas de seguridad de las centrales ya existentes y no cree que tuviera un impacto en los costes de las nuevas plantas por construir.

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Los 14 Estados miembros con centrales nucleares suman 134 reactores en suelo comunitario y los resultados de estas pruebas de resistencia incluyen recomendaciones por países y plantas.

Entre las lecciones extraídas tras el accidente de Fukushima y con estos estudios en la mano, la Comisión Europea destacó que ante el riesgo de terremoto e inundaciones, cada central nuclear debería contar con instrumentos sísmicos «in situ» para medir posibles terremotos y alertar de ellos. Estos instrumentos deberían instalarse o mejorarse en 121 reactores.

También consideraron que debe haber sistemas de ventilación filtrada del recinto de contención que faciliten la despresurización segura del recinto de contención del reactor en caso de accidente. Sobre este asunto, señalaron que 32 reactores todavía no están equipados con esos sistemas.

Así como contar que los equipos para luchar contra los accidentes graves deben guardarse en lugares protegidos aun en caso de destrucción general, de donde puedan extraerse con rapidez, lo cual no ocurre así en 81 reactores de la Unión Europea.

Entre las enseñanzas también está la de la existencia de una sala de control de emergencia de reserva en caso de que la sala de control principal resulte impracticable debido a un accidente. Estas salas todavía no existen en 24 reactores.

En el caso concreto de España, el Ejecutivo europeo planteó varias recomendaciones generales para Almaraz (Cáceres), Ascó y Vandellós (Tarragona), Trillo (Guadalajara), Santa María de Garoña de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

Todas las plantas españolas deberían tener unos planes para calcular los márgenes de tiempo para el control y mitigación ante accidentes severos más amplios, así como «sistemas de filtrado de ventilación de la contención y planes concretos ante escenarios de fuertes lluvias y temperaturas extremas».

Además, todas las centrales, salvo Trillo, deberían prevenir las explosiones de hidrógeno u otros combustibles gaseosos en caso de accidente. Trillo, en cambio, debería ampliar sus protocolos de emergencia más elaborados, para que cubran todo tipo de escenario de riesgos, como los cortes de suministro eléctrico.

Junto a las recomendaciones, el informe reconoce mejoras ya puestas en marcha o anunciadas como la disponibilidad de grupos generadores eléctricos autónomos, los análisis en curso para reforzar elementos de seguridad en las galerías y los trabajos para mejorar la seguridad ante inundaciones.

Medidas como un amplio examen de los efectos indirectos de posibles terremotos, como por ejemplo incendios o daños en la estructura; establecer grupos de trabajo para examinar factores como la accesibilidad, los recursos humanos y el tiempo disponible; y otros elementos técnicos son destacados en el documento como buenas prácticas de las centrales españolas.

El CSN dice que las recomendaciones de Bruselas ya fueron remitidas por el regulador español a las centrales este año

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha señalado que todas las recomendaciones incluidas en la comunicación de la Comisión Europea relativas a las pruebas de resistencia de las centrales nucleares españolas ya fueron remitidas por el regulador español este año, excepto las relativas a la instrumentación sísmica.

No obstante, en el caso de la instrumentación sísmica, el regulador ha aclarado que se debe a que ya está instalada en todas las centrales españolas desde antes del accidente de Fukushima. En un comunicado, el CSN ha aclarado que estas recomendaciones ya están recogidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) que el pleno de este órgano aprobó el pasado 14 de marzo y en un Plan de Acción.

Así, respecto al riesgo de inundaciones y terremotos, el CSN ha afirmado que las mejoras previstas están detalladas en el informe final de las pruebas de resistencia. Adicionalmente, en las ITC se solicita a los titulares verificar la capacidad de resistencia sísmica de equipos y estructuras importantes para la seguridad, hasta un nivel por encima del 0,1 g señalado por la CE.

En esta misma línea, las ITC también contemplan disponer de nuevos equipos, fijos y portátiles, para aumentar la capacidad de respuesta de las centrales a pérdidas prolongadas de suministro eléctrico.

Además, respecto a los venteos filtrados, el CSN incluyó en sus instrucciones que los titulares deberán establecer un sistema de venteo filtrado, así como disponer de equipos pasivos recombinadores para el control de hidrógeno en la contención.

El CSN también ha resaltado que todas las centrales nucleares españolas disponen ya de un panel de parada remota. Además, en España ha exigido un nuevo centro alternativo de gestión de emergencias (CAGE) en cada emplazamiento y un nuevo centro nacional de apoyo de emergencias (CAE) con equipos y personal especializado y con capacidad para intervenir en cualquier central en un plazo de 24 horas.

El organismo regulador también lleva meses trabajando en la elaboración de un plan de acción nacional, en sintonía con el plan de acción europeo.

Según ha explicado el CSN, las conclusiones de la comunicación coinciden con los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia realizadas en España, de acuerdo a los criterios establecidos por ENSREG, un grupo compuesto por los organismos reguladores, los representantes de los gobiernos de los 27 estados miembros y la propia Comisión Europea.

«El CSN comparte con ENSREG la consideración de que el proceso y las conclusiones derivadas del mismo suponen un logro común que se traducirá sin duda en mejoras de las centrales nucleares, que ya operan con adecuados niveles de seguridad», ha concluido.

La industria nuclear europea afirma que cumplirá con las mejoras que recomiendan las pruebas de resistencia

La industria nuclear europea ha declarado su compromiso para «la mejora continua» de la seguridad en la centrales levantadas en Europa y ha asegurado que responderá a las recomendaciones señaladas en las pruebas de resistencia publicadas este jueves por la Comisión Europea.

«La industria europea nuclear ha estado siempre comprometida con la mejora continua de la seguridad en sus instalaciones y ofrecerá las mejoras identificadas por las autoridades nacionales de seguridad», ha indicado a través de un comunicado el director general del Foro Atómico Europeo (Foratom), Jean-Pol Poncelet.

Poncelet ha asegurado que tales compromisos «son y seguirán siendo innegociables» y que por ello el sector ha colaborado con las autoridades nacionales, al tiempo que ha afirmado que para los operadores nucleares «es una práctica estándar cubrir los costes asociados con las mejoras en seguridad».

El sector, a través de Foratom, ha insistido en que el proceso de evaluación que ha durado más de un año -desde que estallara la crisis de Fukushima (Japón)- ha sido de carácter voluntario y que la industria ha colaborado «estrechamente» con las autoridades.

Durante el proceso, la industria confirmó su «compromiso inquebrantable» con la promoción de una «seguridad óptima», lo que incluye, «si fuera necesario, la ampliación de los márgenes de seguridad».

Reacciones. Foro Nuclear y Greenpeace

En cuanto a las reacciones suscitadas tras el anuncio del informe con los resultados de las pruebas de resistencia de Bruselas, el Foro Nuclear aseguró que las pruebas de resistencia a las centrales españolas demuestran su «elevado nivel de seguridad», al tiempo que destacó que no identificó «ningún aspecto que suponga una deficiencia importante».

Entre las conclusiones del informe, el foro destacó la «solidez de los diseños y los márgenes de seguridad» de las centrales españolas. En este sentido, recordó que cumplen con la normativa actual y «dan una respuesta adecuada» a las instrucciones emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

«Con el compromiso de mejora continua de las centrales nucleares se han identificado áreas de trabajo en las que es posible incrementar los márgenes de seguridad, pero no se ha identificado ningún aspecto que suponga una deficiencia relevante en la seguridad de las instalaciones y que pudiera requerir la adopción urgente de actuaciones en las mismas», explicó.

María Teresa Domínguez, presidenta de Foro Nuclear, señaló que «los resultados positivos para el parque nuclear español son el reflejo de una industria nuclear comprometida con la seguridad de las instalaciones y muestran la solidez del programa nuclear español en su conjunto, que no ha escatimado esfuerzos para afrontar los retos planteados tras Fukushima».

Asimismo, la asociación ecologista Greenpeace alertó de «graves problemas de seguridad» en las centrales nucleares europeas y criticó que las pruebas de resistencia no hayan sometido a examen la preparación de las plantas frente a amenazas como ataques terroristas.

«No nos sorprende que las pruebas, aunque limitadas, pongan al descubierto las principales preocupaciones, porque la energía nuclear es inherente al riesgo y los fallos. Pero hay problemas graves de seguridad que los test de estrés no han examinado«, criticó Mark Breddy, portavoz de Greenpeace,.

Breddy reclamó a los gobiernos de la Unión Europea que «actúen con rapidez» para desmantelar las plantas «más antiguas y con más riesgos» y que pongan en marcha «pruebas más a fondo» para el resto de las instalaciones.

La organización ecologista explica que entre las deficiencias más graves detectadas por las pruebas de estrés europeas está la identificada en cuatro reactores que tendrían menos de una hora de margen para restaurar todas las funciones de seguridad en caso de un corte en el suministro eléctrico. Además, diez reactores del parque nuclear europeo no tienen equipos propios para detectar terremotos.

Greenpeace, además, criticó que el informe no haya tenido en cuenta al realizar el examen riesgos como la amenaza terrorista, la colisión de un avión y otros escenarios de catástrofes, ni tampoco la edad de las plantas, con lo que no ignoró, por ejemplo, el caso de las fisuras sospechosas detectadas este verano en las vasijas de reactores antiguos en Bélgica.

La CE ve un «importante margen de mejora» en la seguridad de las centrales nucleares europeas

«En su conjunto, el grado de seguridad de nuestras centrales en la Unión Europea es satisfactorio y ninguna central necesitará ser desmantelada por razones de seguridad, aunque en casi en todas partes hay un importante margen de mejora, por lo que no tenemos motivos para congratularnos en exceso», dijo Oettinger en una rueda de prensa en Bruselas para presentar los resultados de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares a las que se comprometieron los Veintisiete en 2011, con el objetivo de identificar las medidas a tomar para evitar crisis nucleares como la vivida en marzo del año pasado en Fukushima (Japón).

Estas pruebas indicaron que ni todas las normas de seguridad promovidas por la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ni todas las mejores prácticas internacionales se aplican en todos los Estados miembros.

El comisario europeo de Energía declaró que «las pruebas de resistencia han puesto de manifiesto lo que está bien y lo que tenemos que mejorar. Las pruebas fueron serias y un éxito. Todas las autoridades interesadas deben esforzarse por garantizar que las normas de seguridad más rigurosas se apliquen en cada una de las centrales nucleares situadas en Europa, por la seguridad de nuestros ciudadanos», apostilló.

Asimismo, Oettinger quiso dejar claro que el informe publicado no aporta recomendaciones propias de Bruselas sino que recoge el trabajo de los reguladores nacionales y de los pares europeos que revisaron los datos en una fase final del proceso.

El comisario recordó que, tras accidentes como el de Chernóbil, Europa «identificó» hace años deficiencias en sus plantas «pero no se hizo todo» lo que se previó para corregir tales problemas.

«Hoy, si tenemos en cuenta las posibles catástrofes nucleares, como los terremotos o las inundaciones, es posible técnicamente (corregir deficiencias)», insistió el comisario, para quien las recomendaciones que Bruselas recoge en el informe (basado en el trabajo previo de los gestores y reguladores nacionales, con el visto bueno de sus pares europeos) servirán de «impulso» para que los Veintisiete pongan en marcha las nuevas exigencias.

El documento será llevado la próxima semana a los ministros de Energía de la Unión Europea y al Parlamento Europeo y también lo examinarán los jefes de Estado y de Gobierno europeos en su próxima Cumbre, los días 18 y 19 de octubre.

Después de estos exámenes, los reguladores nacionales elaborarán planes de acción nacionales con calendarios de aplicación, los cuales estarán listos para finales de 2012. Los planes de acción se someterán a revisiones paritarias a principios de 2013, a fin de comprobar que las recomendaciones de las pruebas de resistencia se aplican de forma coherente y con transparencia en toda Europa.

Aunque el Ejecutivo comunitario no tiene competencias para obligar a los gobiernos europeos a asumir las mejoras, porque la seguridad nuclear es competencia de cada estado miembro, sí vigilará si las ponen en marcha, por lo que realizará una evaluación de progreso en junio de 2014. Los países no están obligados pero se verán «señalados», según confiaron fuentes comunitarias. El objetivo será que en 2015 todas las centrales europeas cumplan con las mejoras exigidas.

Además, el Ejecutivo europeo prepara, de aquí a principios de 2013, una nueva directiva sobre seguridad nuclear, que incluirá propuestas para minimizar los riesgos, garantizar la independencia y transparencia máxima de los reguladores nucleares de los gobiernos nacionales y los actores del sector.

Seguirán nuevas propuestas sobre los seguros y la responsabilidad nucleares, así como sobre los niveles máximos permitidos de contaminación radiactiva de alimentos y piensos. El procedimiento de las pruebas de resistencia también puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre la protección nuclear (prevención de actos hostiles), tema que incumbe principalmente a los Estados miembros.

Oettinger insistió en su comparecencia en que por primera vez se tienen datos comparativos y se detecta «dónde las reglas son menos exigentes que las normas internacionales». «Por eso decimos a los operadores que reaccionen para llegar al nivel máximo de seguridad», añadió.

«No queremos inquietar a nadie, solo llamar la atención», afirmó el comisario, que consideró que «las centrales europeas han mostrado en general, un buen nivel de seguridad, pero pueden mejorar».

En su comunicación, el Ejecutivo comunitario apuntó que «todos los países han empezado a dar pasos» para mejorar la seguridad de sus plantas, pero advirtió de que sigue habiendo importantes deficiencias y que será necesario invertir entre 30 y 200 millones de euros por reactor para cumplir las nuevas exigencias.

De acuerdo a los cálculos de la Comisión, el coste de la inversión para corregir los fallos en todo el parque nuclear de la Unión Europea depende de la situación de cada planta, ya que las necesidades de cada reactor «varían muchísimo» aunque se calculó que se elevaría hasta una horquilla de entre 10.000 y 25.000 millones de euros. Si bien fuentes comunitarias matizaron que se trata de una «estimación» basada en la extrapolación de la inversión en Francia y no de un cálculo de los experto europeos.

Con todo, Bruselas precisó que esta inversión se dedicaría a actualizar las medidas de seguridad de las centrales ya existentes y no cree que tuviera un impacto en los costes de las nuevas plantas por construir.

Lecciones aprendidas y recomendaciones

Los 14 Estados miembros con centrales nucleares suman 134 reactores en suelo comunitario y los resultados de estas pruebas de resistencia incluyen recomendaciones por países y plantas.

Entre las lecciones extraídas tras el accidente de Fukushima y con estos estudios en la mano, la Comisión Europea destacó que ante el riesgo de terremoto e inundaciones, cada central nuclear debería contar con instrumentos sísmicos «in situ» para medir posibles terremotos y alertar de ellos. Estos instrumentos deberían instalarse o mejorarse en 121 reactores.

También consideraron que debe haber sistemas de ventilación filtrada del recinto de contención que faciliten la despresurización segura del recinto de contención del reactor en caso de accidente. Sobre este asunto, señalaron que 32 reactores todavía no están equipados con esos sistemas.

Así como contar que los equipos para luchar contra los accidentes graves deben guardarse en lugares protegidos aun en caso de destrucción general, de donde puedan extraerse con rapidez, lo cual no ocurre así en 81 reactores de la Unión Europea.

Entre las enseñanzas también está la de la existencia de una sala de control de emergencia de reserva en caso de que la sala de control principal resulte impracticable debido a un accidente. Estas salas todavía no existen en 24 reactores.

En el caso concreto de España, el Ejecutivo europeo planteó varias recomendaciones generales para Almaraz (Cáceres), Ascó y Vandellós (Tarragona), Trillo (Guadalajara), Santa María de Garoña de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

Todas las plantas españolas deberían tener unos planes para calcular los márgenes de tiempo para el control y mitigación ante accidentes severos más amplios, así como «sistemas de filtrado de ventilación de la contención y planes concretos ante escenarios de fuertes lluvias y temperaturas extremas».

Además, todas las centrales, salvo Trillo, deberían prevenir las explosiones de hidrógeno u otros combustibles gaseosos en caso de accidente. Trillo, en cambio, debería ampliar sus protocolos de emergencia más elaborados, para que cubran todo tipo de escenario de riesgos, como los cortes de suministro eléctrico.

Junto a las recomendaciones, el informe reconoce mejoras ya puestas en marcha o anunciadas como la disponibilidad de grupos generadores eléctricos autónomos, los análisis en curso para reforzar elementos de seguridad en las galerías y los trabajos para mejorar la seguridad ante inundaciones.

Medidas como un amplio examen de los efectos indirectos de posibles terremotos, como por ejemplo incendios o daños en la estructura; establecer grupos de trabajo para examinar factores como la accesibilidad, los recursos humanos y el tiempo disponible; y otros elementos técnicos son destacados en el documento como buenas prácticas de las centrales españolas.

El CSN dice que las recomendaciones de Bruselas ya fueron remitidas por el regulador español a las centrales este año

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha señalado que todas las recomendaciones incluidas en la comunicación de la Comisión Europea relativas a las pruebas de resistencia de las centrales nucleares españolas ya fueron remitidas por el regulador español este año, excepto las relativas a la instrumentación sísmica.

No obstante, en el caso de la instrumentación sísmica, el regulador ha aclarado que se debe a que ya está instalada en todas las centrales españolas desde antes del accidente de Fukushima. En un comunicado, el CSN ha aclarado que estas recomendaciones ya están recogidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) que el pleno de este órgano aprobó el pasado 14 de marzo y en un Plan de Acción.

Así, respecto al riesgo de inundaciones y terremotos, el CSN ha afirmado que las mejoras previstas están detalladas en el informe final de las pruebas de resistencia. Adicionalmente, en las ITC se solicita a los titulares verificar la capacidad de resistencia sísmica de equipos y estructuras importantes para la seguridad, hasta un nivel por encima del 0,1 g señalado por la CE.

En esta misma línea, las ITC también contemplan disponer de nuevos equipos, fijos y portátiles, para aumentar la capacidad de respuesta de las centrales a pérdidas prolongadas de suministro eléctrico.

Además, respecto a los venteos filtrados, el CSN incluyó en sus instrucciones que los titulares deberán establecer un sistema de venteo filtrado, así como disponer de equipos pasivos recombinadores para el control de hidrógeno en la contención.

El CSN también ha resaltado que todas las centrales nucleares españolas disponen ya de un panel de parada remota. Además, en España ha exigido un nuevo centro alternativo de gestión de emergencias (CAGE) en cada emplazamiento y un nuevo centro nacional de apoyo de emergencias (CAE) con equipos y personal especializado y con capacidad para intervenir en cualquier central en un plazo de 24 horas.

El organismo regulador también lleva meses trabajando en la elaboración de un plan de acción nacional, en sintonía con el plan de acción europeo.

Según ha explicado el CSN, las conclusiones de la comunicación coinciden con los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia realizadas en España, de acuerdo a los criterios establecidos por ENSREG, un grupo compuesto por los organismos reguladores, los representantes de los gobiernos de los 27 estados miembros y la propia Comisión Europea.

«El CSN comparte con ENSREG la consideración de que el proceso y las conclusiones derivadas del mismo suponen un logro común que se traducirá sin duda en mejoras de las centrales nucleares, que ya operan con adecuados niveles de seguridad», ha concluido.

La industria nuclear europea afirma que cumplirá con las mejoras que recomiendan las pruebas de resistencia

La industria nuclear europea ha declarado su compromiso para «la mejora continua» de la seguridad en la centrales levantadas en Europa y ha asegurado que responderá a las recomendaciones señaladas en las pruebas de resistencia publicadas este jueves por la Comisión Europea.

«La industria europea nuclear ha estado siempre comprometida con la mejora continua de la seguridad en sus instalaciones y ofrecerá las mejoras identificadas por las autoridades nacionales de seguridad», ha indicado a través de un comunicado el director general del Foro Atómico Europeo (Foratom), Jean-Pol Poncelet.

Poncelet ha asegurado que tales compromisos «son y seguirán siendo innegociables» y que por ello el sector ha colaborado con las autoridades nacionales, al tiempo que ha afirmado que para los operadores nucleares «es una práctica estándar cubrir los costes asociados con las mejoras en seguridad».

El sector, a través de Foratom, ha insistido en que el proceso de evaluación que ha durado más de un año -desde que estallara la crisis de Fukushima (Japón)- ha sido de carácter voluntario y que la industria ha colaborado «estrechamente» con las autoridades.

Durante el proceso, la industria confirmó su «compromiso inquebrantable» con la promoción de una «seguridad óptima», lo que incluye, «si fuera necesario, la ampliación de los márgenes de seguridad».

Reacciones. Foro Nuclear y Greenpeace

En cuanto a las reacciones suscitadas tras el anuncio del informe con los resultados de las pruebas de resistencia de Bruselas, el Foro Nuclear aseguró que las pruebas de resistencia a las centrales españolas demuestran su «elevado nivel de seguridad», al tiempo que destacó que no identificó «ningún aspecto que suponga una deficiencia importante».

Entre las conclusiones del informe, el foro destacó la «solidez de los diseños y los márgenes de seguridad» de las centrales españolas. En este sentido, recordó que cumplen con la normativa actual y «dan una respuesta adecuada» a las instrucciones emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

«Con el compromiso de mejora continua de las centrales nucleares se han identificado áreas de trabajo en las que es posible incrementar los márgenes de seguridad, pero no se ha identificado ningún aspecto que suponga una deficiencia relevante en la seguridad de las instalaciones y que pudiera requerir la adopción urgente de actuaciones en las mismas», explicó.

María Teresa Domínguez, presidenta de Foro Nuclear, señaló que «los resultados positivos para el parque nuclear español son el reflejo de una industria nuclear comprometida con la seguridad de las instalaciones y muestran la solidez del programa nuclear español en su conjunto, que no ha escatimado esfuerzos para afrontar los retos planteados tras Fukushima».

Asimismo, la asociación ecologista Greenpeace alertó de «graves problemas de seguridad» en las centrales nucleares europeas y criticó que las pruebas de resistencia no hayan sometido a examen la preparación de las plantas frente a amenazas como ataques terroristas.

«No nos sorprende que las pruebas, aunque limitadas, pongan al descubierto las principales preocupaciones, porque la energía nuclear es inherente al riesgo y los fallos. Pero hay problemas graves de seguridad que los test de estrés no han examinado«, criticó Mark Breddy, portavoz de Greenpeace,.

Breddy reclamó a los gobiernos de la Unión Europea que «actúen con rapidez» para desmantelar las plantas «más antiguas y con más riesgos» y que pongan en marcha «pruebas más a fondo» para el resto de las instalaciones.

La organización ecologista explica que entre las deficiencias más graves detectadas por las pruebas de estrés europeas está la identificada en cuatro reactores que tendrían menos de una hora de margen para restaurar todas las funciones de seguridad en caso de un corte en el suministro eléctrico. Además, diez reactores del parque nuclear europeo no tienen equipos propios para detectar terremotos.

Greenpeace, además, criticó que el informe no haya tenido en cuenta al realizar el examen riesgos como la amenaza terrorista, la colisión de un avión y otros escenarios de catástrofes, ni tampoco la edad de las plantas, con lo que no ignoró, por ejemplo, el caso de las fisuras sospechosas detectadas este verano en las vasijas de reactores antiguos en Bélgica.

Durão Barroso pide priorizar la inversión en redes energéticas y fomentar el desarrollo económico

«En un mundo globalizado necesitamos ser más grandes para ser competitivos», dijo Barroso en la inauguración de una conferencia organizada por la Comisión Europea en Bruselas sobre el Fondo para conectar a Europa (CEF), en la que añadió que la inversión en estas redes puede contribuir al «crecimiento sostenible a largo plazo que la Unión Europea necesita».

La Comisión Europea propuso el año pasado la creación de este fondo en el marco del próximo presupuestario plurianual de la Unión Europea (2014-2020), con vistas a estimular la inversión en redes transeuropeas de conexión esenciales.

Así, Bruselas propuso dedicar 50.000 millones de euros del presupuesto comunitario a lo largo de esos siete años para desarrollar nuevas infraestructuras o mejorar las existentes, de forma que esos fondos públicos sirvan también para movilizar la inversión privada.

De ese montante, 31.600 millones de euros irían dirigidos a las redes de transporte (incluyendo 10.000 millones procedentes de los fondos de cohesión); 9.100 millones, a las de energía, y 9.200 millones, a las de telecomunicaciones.

Barroso recordó que hace un año, cuando la Comisión Europea presentó esta propuesta, «el crecimiento ya estaba formalmente en la agenda de la Comisión», aunque esa meta «no recibía en todas partes la misma atención».

En cambio, aseguró que, desde el Consejo Europeo del pasado junio, en el que los líderes de la Unión Europea sacaron adelante un «pacto por el crecimiento y el empleo», se ha asentado un «consenso general» para combinar consolidación y reformas con políticas que fomenten el crecimiento y la creación de empleo.

En ese contexto, aseguró que el Fondo para conectar a Europa puede tener un papel esencial para hacer frente a los desafíos de la Unión Europea.

«Somos el mayor mercado único del mundo en términos de valor, pero en la última década hemos perdido competitividad. En muchas áreas el mercado único sigue fragmentado», alertó Barroso.

Recordó que las redes de energía, transporte y digitales en la Unión Europea suelen ser nacionales en lugar de paneuropeas, y advirtió de que «necesitamos nuevas redes de distribución», ya que muchas son «redes incompletas, insuficientes o simplemente inexistentes».

Barroso aludió a los graves cortes de gas o petróleo que afectaron a numerosos países europeos en enero de 2009 por las diferencias entre Rusia y Ucrania, y afirmó que son necesarias fuertes interconexiones paneuropeas para evitar esos problemas.

«No es por ideología, por que sea bonito, sino que tiene sentido también desde una perspectiva de mercado», apuntó.