Bruselas pide a Bulgaria parar la construcción de South Stream

«Esperamos que la construcción haya sido suspendida como habíamos solicitado con anterioridad y las autoridades han confirmado que harían», señaló la portavoz comunitaria Chantal Hughes en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Hughes aseguró «estar al tanto» del vídeo que muestran los medios búlgaros, pero dijo que la Comisión no va a comentar si la entrega de tuberías puede considerarse parte de los trabajos de construcción.

La portavoz recordó asimismo que el Ejecutivo comunitario tiene un procedimiento de infracción abierto contra Bulgaria en relación a este caso porque duda de la compatibilidad de la construcción de South Stream en Bulgaria con las reglas comunitarias de licitación pública.

«Ese procedimiento está progresando. Estamos analizando la respuesta de las autoridades a la carta de emplazamiento (primer paso del procedimiento de infracción comunitario) que enviamos», aseguró. «Cuando acabemos ese análisis decidiremos sobre los siguientes pasos», añadió la portavoz.

Hughes recordó que en la carta de emplazamiento Bruselas solicitó a las autoridades ucranianas que suspendieran la construcción del proyecto hasta que las supuestas violaciones se corrijan y se pueda afirmar que se cumple completamente con la legislación europea.

«Las autoridades búlgaras ya han confirmado en el pasado, en más de una ocasión, que estaban de acuerdo con nuestra petición de suspender los trabajos», agregó.

Bruselas sospecha que la empresa creada en Bulgaria para desarrollar este proyecto, South Stream Bulgaria, recibió un contrato de construcción de la infraestructura sin un procedimiento competitivo y transparente, que no respeta los principios de no discriminación y tratamiento equitativo previstos en el Tratado de la Unión Europea.

South Stream, que empezó a construirse en diciembre de 2012, tendrá un coste total de 16.000 millones de euros. La construcción corre a cargo de empresas mixtas creadas entre la gasística rusa Gazprom, una de las promotoras del proyecto, y sus socios en Bulgaria, Serbia, Hungría, Grecia, Croacia, Eslovenia y Austria.

La UE y Ucrania evalúan un cambio en su acuerdo de tránsito de gas ruso

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, reconoció haber mantenido una conversación sobre esta cuestión con sus socios ucranianos. En este sentido, explicó que la idea de la gasística ucraniana Naftogaz de que las compañías europeas compren gas ruso directamente a Moscú en la frontera con Ucrania «requiere una renegociación de los contratos de tránsito». Oettinger señaló que este cambio no puede hacerse a corto plazo, por lo que tendrá que ser discutido en la reunión a tres bandas que está prevista para «principios de otoño» y cuya fecha concreta intentará decidirse el próximo 29 de agosto en Moscú, en la reunión bilateral que el comisario mantendrá con el ministro ruso de Energía, Aleksandr Novak.

«Por el momento el tránsito de gas no se ha visto afectado», aseguró Oettinger, quien sostuvo que la Unión Europea está segura de que «Ucrania sigue siendo un socio fiable de tránsito». Las declaraciones de Oettinger se produjeron el mismo día que el Parlamento de Ucrania aprobó dar luz verde a la imposición de sanciones contra Rusia. La Unión Europea compra a Rusia el 39% del gas que consume y, del total, la mayor parte llega a territorio comunitario a través de los gasoductos ucranianos.

Rusia y Ucrania, además de estar enfrentadas en el terreno político a raíz de la anexión de Crimea, mantienen una disputa comercial por el precio de las importaciones de gas que ha derivado en un corte del suministro gas hacia Kiev. Moscú reclama a Ucrania que pague una deuda millonaria por el gas suministrado en los últimos meses, pero Kiev asegura que la cantidad que adeuda es mucho menor y rechaza el precio del gas ruso, que aumentó notablemente desde la caída del Gobierno ucraniano de Víktor Yanukóvich y el acercamiento a la Unión Europea.

La Comisión Europea acusa a la eléctrica estatal búlgara BEH de abuso de posición dominante

La Comisión informó a BEH de su opinión preliminar acerca de que las restricciones territoriales contenidas en los contratos de suministro de electricidad firmados por BEH con los comercializadores en el mercado mayorista no regulado pueden violar las normas europeas. Tales restricciones limitan la «libertad» de los compradores a elegir dónde revender la electricidad adquirida a BEH, indicaron desde Competencia.

La Comisión explicó que la mayoría de los contratos de suministro de electricidad firmados entre BEH y los comercializadores estipulan que la electricidad sólo puede ser revendida dentro de Bulgaria o sólo ser exportada. Los contratos también contienen mecanismos de control y de sanciones que permiten a BEH supervisar y castigar a los clientes que incumplen estas restricciones territoriales, señaló. El Ejecutivo comunitario considera que estas restricciones constituyen un abuso de la posición de mercado dominante de BEH, algo prohibido por el Tratado de Funcionamiento.

La Unión Europea y Rusia abordarán a finales de agosto la crisis del gas sin contar con la presencia de Ucrania

«Habrá una reunión bilateral entre el comisario de Energía, Günther Oettinger, y su homólogo ruso, el ministro de Energía, Aleksandr Novak, para discutir cuando podría celebrarse un encuentro trilateral entre Ucrania, Rusia y la Unión Europea», anunció la portavoz comunitaria de Energía, Marlene Holzner, que precisó que el encuentro tendrá lugar el viernes 29 de agosto en Moscú y consideró que supone ir «un paso más lejos» en las negociaciones para solucionar la crisis rusa-ucraniana del gas, en las que ha mediado la Comisión Europea, sin éxito hasta el momento.

La Unión Europea pretende «allanar el camino» para una nueva ronda de negociaciones sobre el gas ya que tiene especial interés en que esta disputa se resuelva por su alta dependencia de las importaciones de gas de Rusia (39 %), la mayoría de las cuales llega a territorio comunitario a través de Ucrania. Moscú y Kiev mantienen, en paralelo a la crisis política tras la anexión de Crimea, un complejo enfrentamiento por el precio y los pagos del gas ruso suministrado a Ucrania que ha llegado al corte del suministro.

La Comisión Europea destinará 1,7 millones de euros a dos proyectos para el transporte y el gas en España

El primer proyecto es un estudio sobre el establecimiento de una nueva terminal intermodal entre el transporte ferroviario y la carretera en Tarragona por parte de la empresa BASF Española, SL, que recibirá cerca de 1,187 millones de euros y el segundo es un proyecto de alimentadores de gas natural licuado en España, que recibirá 489.560 euros de ayudas, según informaron fuentes comunitarias.

Se trata de los dos proyectos seleccionados en los que participan únicamente beneficiarios españoles, aunque España participa junto con otros países de la Unión Europea en otros siete proyectos seleccionados en áreas como la eficiencia energética y la adaptación de puertos, sistemas de gestión del tráfico ferroviario y las autopistas del mar y que se repartirán más de 36 millones de euros.

Entre ellos, figuran sendos proyectos para la gestión del tráfico en el Corredor del Arco Atlántico que recibirá cerca de 22,3 millones de euros y para promover servicios de información de viajeros en el Corredor Mediterráneo que obtendrá algo más de seis millones de euros.

El reparto y distribución de las ayudas por país se conocerán una vez que el Ejecutivo comunitario negocie con los beneficiarios los contratos, algo que debería ocurrir en el plazo de «un mes» si los proyectos no plantean grandes dudas o problemas, aunque el plazo podría prolongarse dependiendo del proyecto, según explicaron fuentes comunitarias.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transporte, Siim Kallas, celebró que «más de un centenar de nuevos proyectos van a despegar gracias al apoyo de la Unión Europea». «Estos proyectos con valor europeo añadido contribuirán a completar la red de transportes para apoyar la movilidad sin interrupciones de bienes y personas en toda la Unión Europea», ha concluido.

La Comisión Europea propone alcanzar un objetivo de eficiencia energética del 30% para 2030

El nuevo objetivo de ahorro energético es la pieza que faltaba para completar la política de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático en el horizonte 2030. Bruselas ya propuso un recorte del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero y una cuota de renovables del 27%. Los líderes europeos tienen previsto llegar a un acuerdo sobre estos objetivos en su cumbre de octubre, y deberán decidir entonces si la meta de eficiencia energética es vinculante o sólo indicativa.

El comisario de Energía, Günther Oettinger explicó que esos objetivos son «ambiciosos pero realistas» y envió el mensaje a las empresas de apoyo a la inversión en nuevas tecnologías de eficiencia energética.

Además, añadió que tras la propuesta es la voluntad «aumentar la seguridad del suministro en la Unión Europea e innovar para que los Veintiocho tengan un sistema energético asequible e innovador».

Oettinger se mostró confiado que los Veintiocho apoyen esos objetivos por unanimidad, después de que hicieran lo propio en el año 2007, cuando se aprobó una reducción del 20% de emisiones de CO2 en horizonte 2020 y se mostró satisfecho por el hecho de que Europa «siga a la cabeza del ahorro energético y la independencia de las energías fósiles».

El debate sobre la nueva meta de eficiencia energética se ha visto marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, incluyendo la nueva guerra del gas, que ha llevado a la Unión Europea a marcarse como prioridad reducir su dependencia de Moscú. A corto plazo, y a falta de construir nuevas interconexiones que llevarán su tiempo, la principal receta para lograrlo es el ahorro.

«Dada la necesidad de seguridad energética en el sector del gas por la situación en Rusia y Ucrania, creemos que es apropiado un objetivo más ambicioso de eficiencia energética», dijo Oettinger.

De hecho, el Ejecutivo comunitario sopesaba proponer un objetivo del 27%, pero la crisis ucraniana y la apuesta del futuro presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por el 30%, llevaron finalmente a revisar al alza la cifra. No obstante, todavía se queda lejos del 40% que pedía la Eurocámara.

Para alcanzar este 30% en 2030 se requerirán inversiones adicionales en ahorro de energía por valor de 89.000 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas. Y aumentará el coste del sistema energético de la Unión Europea en 22.000 millones de euros en comparación con un escenario en el que no se adoptaran nuevas medidas de eficiencia energética.

Pero a largo plazo, el aumento del ahorro energético disminuirá las facturas energéticas en 53.000 millones de euros al año para 2030. Y aumentará la seguridad de suministro, ya que por cada 1% en ahorro energético adicional reducirá las importaciones de gas un 2,6%, de acuerdo con los datos de la Comisión.

Basándose en el análisis de las medidas adoptadas hasta ahora por los Estados miembros, la Unión Europea alcanzará un ahorro energético de alrededor del 18% ó el 19% de aquí a 2020. Si los Estados miembros aplican plenamente la legislación vigente, se llegará al objetivo del 20%, según las estimaciones de Bruselas.

De hecho, hasta ahora sólo Chipre, Dinamarca, Italia, Malta y Suecia han incorporado plenamente la directiva de eficiencia energética a sus respectivas legislaciones nacionales, aunque el plazo para hacerlo caducó el pasado 5 de junio.

Pese a todo, la intensidad energética en la industria de la Unión Europea ha disminuido casi un 19% entre 2001 y 2011. La mejora de la eficiencia de electrodomésticos como neveras o lavadoras ahorrará a los consumidores 100.000 millones de euros al año, 465 euros por hogar, en sus facturas energéticas para 2020. Y los nuevos edificios consumen en la actualidad la mitad de energía que en los años 80.

Bruselas cree en las oportunidades de crecimiento y empleo para sectores como la construcción de nuevos edificios con tecnología de eficiencia energética o el transporte, entre otros.

Los ecologistas ven poco ambicioso el objetivo y la industria lo rechaza

Por su parte, las organizaciones ecologistas tacharon de poco ambicioso el objetivo de 30% de mejora de la eficiencia energética planteado por la Comisión Europea, mientras que la industria rechazó la propuesta y dijo que la Unión Europea debería concentrarse en una única meta de reducción de emisiones.

Para Greenpeace, que defiende una meta vinculante de 40% de ahorro de energía, el plan de Bruselas «es un regalo para los oligarcas de este mundo». «Un objetivo ambicioso de eficiencia energética recortaría drásticamente la necesidad de importaciones caras de combustibles fósiles desde Rusia y otras partes del mundo y ayudaría a Europa a plantar cara a matones como Putin», dijo la organización.

También la ONG WWF se declaró «decepcionada» por la propuesta de Bruselas. «El Ejecutivo de la Unión Europea no sólo evita de nuevo proponer un objetivo vinculante para 2030, sino que recomienda un nivel de ambición que no es más que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin ambición real para nuestro continente», lamentó.

Para la patronal BusinessEurope es un error insistir en un plan basado en tres objetivos -de recorte de emisiones, de renovables y de eficiencia energética- y lo mejor sería apostar por una única meta de reducción de CO2. «Lo que las empresas quieren son medidas inmediatas para reducir los poco competitivos precios de la energía en la Unión Europea. Insistir en un plan de varios objetivos traerá de nuevo ineficiencias y cargas regulatorias», criticó.

España explica a la UE el «giro» en su política sobre cambio climático

Durante su intervención en esta reunión que se celebra en Milán (Italia), destacó el «compromiso» político del Gobierno para trabajar en un acuerdo global en 2015 de reducción de emisiones y para colaborar con los países que se esfuercen en lograr estos objetivos.

En este contexto, detalló las acciones y proyectos para reducir emisiones, como los planes Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) para renovación de vehículos comerciales y modernización de maquinaria agrícola; los Proyectos Clima que apoyan a las empresas que reducen emisiones difusas y el proyecto Huella de Carbono que facilita la gestión responsable para control y reducción de emisiones. Igualmente, indicó los resultados que se esperan lograr en reducción de emisiones y en creación de empleo y economía baja en carbono.

Por otro lado, el secretario de Estado apoyó a la organización de Naciones Unidas en el ámbito del cambio climático y en concreto a las próximas conferencias del Clima que se celebrarán en Perú en 2014 y en París en 2015, de las que «deben salir compromisos firmes para un acuerdo global» para reducir emisiones y para indicar el camino hacia una economía baja en carbono que permitirá «la innovación, el crecimiento y el empleo, fundamentales en un contexto de crisis económica».

Además, subrayó el papel «relevante» de la Unión Europea para que ambas Cumbres sean un «éxito» y la importancia de llegar a la COP20 de Perú «con un mandato claro».

Asimismo, Ramos manifestó su apoyo al Fondo Verde para el Clima, un objetivo de financiación climática propuesto por Naciones Unidas para facilitar el acceso al objetivo de reducción de emisiones a los países que realizan esfuerzos para conseguirlos.

En referencia a la posible participación de España en la Global Alliance for Climate-Smart Agriculture, dijo que España trabaja en medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola que, «al mismo tiempo, sean adecuadas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y ganaderos frente al cambio climático, asegurando la producción de alimentos».

Bruselas expedienta a España por no evaluar el impacto de la línea de muy alta tensión entre Santa Coloma de Gramanet y Sentmenat (Barcelona)

La Comisión Europea señaló que ha enviado a España un escrito de requerimiento, considerado como la primera fase de un procedimiento de infracción. Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Si no convencen al Ejecutivo comunitario, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario explicó que inició una investigación a raíz de una pregunta parlamentaria que planteaba dudas sobre el proyecto español para mejorar la línea eléctrica en el área metropolitana de Barcelona y, más en concreto, en la sección entre Sentmenat y Santa Coloma de Gramanet, en cuanto a que no contaba con una evaluación de impacto ambiental.

La Comisión Europea intentó averiguar si se garantizaba la «correcta aplicación» de la legislación medioambiental europea relevante y, en particular, la directiva sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y concluyó que «España no ha cumplido con sus obligaciones».

Dicha directiva obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que, antes de que se les dé consentimiento, los proyectos susceptibles de tener «efectos significativos en el medioambiente» por motivos como su naturaleza, envergadura o colocación, deben contar con un estudio sobre sus consecuencias ambientales, explicó.

«La Comisión considera que son de esperar efectos significativos en el medio ambiente, incluyendo las personas, en este caso debido a la naturaleza y la localización del proyecto en cuestión, especialmente si se toma en consideración el hecho de que la línea eléctrica que va a mejorarse será de muy alta tensión y atraviesa una de las regiones más densamente pobladas, el área metropolitana de Barcelona», explicó.

Por ello, el Ejecutivo comunitario consideró que «antes de autorizar el proyecto, las autoridades competentes deberían haber determinado si este proceso debería que haber estado sujeto a una declaración de evaluación de impacto» y tendrían que haber informado a los ciudadanos.

Vía libre a la compra de Sinarmas Cepsa por Cepsa y Golden Agri-Resource

Asimismo, la Comisión Europea autorizó la compra de la compañía Sinarmas Cepsa de Singapur por la española Cepsa Química y Golden Agri-Resources (GAR), también de Singapur, al considerar que no plantea problemas de competencia.

El Ejecutivo comunitario analizó la transacción mediante procedimiento simplificado y concluyó que la cuota combinada de mercado que resultaría de la transacción no sería problemática, según indicó.

Cepsa es un grupo energético integrado presente en cada etapa de la cadena de valor del petróleo. GAR, por su parte, es una compañía enfocada en la producción de aceite de palma sostenible en Indonesia.

Almunia asegura que Bruselas ha logrado un acuerdo con Alemania sobre el sector de las renovables

«Hemos logrado un acuerdo final definitivo», señaló Almunia en una rueda de prensa al ser preguntado por esta cuestión.

Almunia precisó que «hemos iniciado los procedimientos para responder con una decisión positiva a la notificación del nuevo EEG que envió el Gobierno alemán».

El comisario reconoció que sí existieron en un principio ciertas dificultades en relación a esta normativa alemana, pero aseguró que se trataba de problemas «pequeños, concretos y técnicos», que pudieron ser solucionados en las negociaciones con Alemania «sin grandes problemas».

Almunia recordó que la semana pasada ya explicó a la prensa alemana que «los graves conflictos» entre Bruselas y Berlín por esta cuestión a los que hacían referencia nada tenían que ver con el estado real de las negociaciones, que se encontraban cercanas al acuerdo.

«Días después de esa reunión con la prensa alemana en Bruselas, me confirmó mi gabinete que ya no existían discrepancias», señaló.

Berlín aprobó el proyecto de ley el pasado mes de abril como parte de su revolución energética, proceso que pasa por fomentar las renovables y apagar las nucleares sin disparar los precios ni poner en riesgo el suministro.

La reforma de la EEG busca reducir las subvenciones a la producción de renovables, detener la escalada del precio de la electricidad de los últimos años y neutralizar el proceso abierto por la Comisión Europea en diciembre del año pasado por las ayudas a las empresas intensivas en energía.

El Ejecutivo comunitario abrió una investigación en profundidad sobre los descuentos en las tasas medioambientales de los que se benefician en Alemania las industrias con un mayor consumo de energía, al sospechar que podían incumplir las normas comunitarias de ayudas de Estado.

Almunia también se refirió a este proceso en su intervención y confirmó que los contactos con Berlín también han permitido «aclarar los criterios que necesitaremos para adoptar la decisión sobre la EEG anterior en un futuro cercano» y agregó que espera «que antes de finales de año tengamos una decisión».

La reforma de la EEG incluye también una serie de objetivos como el incremento de la cuota de las renovables hasta el 80% de la producción eléctrica para 2050 y la reducción del 70% de las emisiones de CO2 para 2040.

La canciller alemana, Angela Merkel, lanzó la gran reforma energética en 2011, poco después de la tragedia de la central atómica japonesa de Fukushima, e incluyó en ella como punto estrella el «apagón» nuclear para 2022.

La UE destina casi 97 millones de euros para la financiación de tres proyectos españoles de energía limpia

En total, el Ejecutivo comunitario adjudicó 1.000 millones de euros a 19 proyectos destinados a luchar contra el cambio climático en 12 Estados miembros. Los principales Estados miembros son Reino Unido, que recibirá 300 millones de euros para un proyecto de captura y almacenamiento de CO2, y Suecia, con 203,7 millones de euros para bioenergía.

«Los mil millones de euros asignados hoy permitirán obtener otros 900 millones de euros en inversión privada. Así pues, en Europa se invertirán casi 2.000 millones de euros en tecnologías respetuosas del clima. Es una contribución a la reducción de la factura energética, que asciende a más de mil millones de euros al día, que Europa paga por la importación de combustibles fósiles», ha dicho la comisaria responsable de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.

La financiación europea de estos proyectos procede de los ingresos resultantes de la venta de derechos de emisión en el marco del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. De esta forma, según sostuvo la Comisión, los que contaminan se convierte en los principales impulsores del desarrollo de tecnologías de energía limpia.