«Pedimos al comité de Peticiones que exija a la Comisión que adopte medidas de paralización cautelar de estas autorizaciones mientras se revisa todo el expediente por técnicos independientes», solicitó en un debate sobre las prospecciones en Canarias el representante de los peticionarios, Pedro Hernández. En este sentido, la presidenta de la comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, pidió al Ejecutivo comunitario «extender su examen de forma objetiva para ver si hay algo más que pueda extraerse de este material y hacer una nueva evaluación basada en los nuevos informes científicos». No obstante, los eurodiputados eludieron apoyar la petición de los denunciantes de congelar temporalmente el proyecto.

El representante del Ejecutivo comunitario, Daniel Fernández, explicó a los parlamentarios que tras la autorización de las prospecciones por parte del Gobierno español «la Comisión ha recibido numerosas quejas en las que se suscitan una serie de cuestiones que son similares a las presentadas por los peticionarios». «Estas quejas están siendo actualmente analizadas por la Comisión. No puedo adelantarles todavía ninguna conclusión al respecto, pero en breve el análisis habrá concluido y la Comisión informará de cualquier conclusión», indicó Fernández.

El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar defendió mantener abierto el expediente sobre el caso y alegó que en las evaluaciones realizadas hasta ahora «se ha subestimado el riesgo de impacto de contaminación acústica de la perforación y de las actividades sísmicas que inexorablemente vienen asociadas», así como la toxicidad de los lodos de perforación y el riesgo de vertidos accidentales. En el mismo sentido se expresó la representante de IU, Ángela Vallina, que denunció que «hay un grave riesgo de contaminación, riesgo sísmico y peligro de dejar a Lanzarote y Fuerteventura sin agua potable». En contraste, el eurodiputado del PP Gabriel Mato defendió archivar el expediente por considerar que los peticionarios no han aportado datos nuevos y que la Comisión ya avaló reiteradamente la legalidad de las prospecciones.

Greenpeace pide un futuro renovable

El barco Artic Sunrise de Greenpeace visitará a lo largo de octubre la Costa del Sol y Canarias en su campaña La solución a las prospecciones, con el objetivo de reclamar un futuro con energías renovables y libre de prospecciones petrolíferas. Según Greenpeace, desde mediados de octubre este buque recalará en Málaga, previsiblemente entre el 18 y el 20 de octubre; a Canarias llegará a partir del 25 de octubre, a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria para pedir una apuesta por las energías renovables y expresar su rechazo a las prospecciones que amenazan el mar de Alborán y las Canarias.

Durante el viaje, Greenpeace explicará que «es posible» un modelo energético 100% sostenible y renovable, con ventajas medioambientales, sociales y económicas frente a las prospecciones que las considera un «obstáculo» para el desarrollo de un modelo energético sostenible. Así, Greenpeace quiere mostrar su apoyo a las plataformas locales que están preocupadas por las consecuencias de los planes de extracción de petróleo y celebrará, entre diversos actos ruedas de prensa a bordo y reuniones con políticos.

Se trata de la primera vez que el Artic Sunrise zarpa hasta España después de que el buque permaneciera retenido en Rusia durante más de diez meses después de que el barco y sus 30 tripulantes fueran detenidos por las autoridades tras una protesta pacífica contra una plataforma petrolera en el Ártico. Ahora traslada su tarea contra las prospecciones y en favor de las energías limpias a las costas españolas. Esta campaña supone la continuación y ampliación de la iniciada en junio con el Rainbow Warrior en Valencia y Baleares.

«El señor Juncker me escogió a mí, planteenle a él la pregunta. Yo le doy las gracias por la confianza (…) Estoy a favor del respeto de la Ley y del Estado de derecho, nunca violé las reglas», aseguró en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, que examina su candidatura.

Bratusek fue criticada por presentar su propia candidatura para integrar el nuevo Ejecutivo comunitario, tras perder las elecciones en su país y sin esperar a que el nuevo Gobierno se formara y designara al candidato esloveno.

En su primera intervención ante los eurodiputados que examinan su idoneidad para el cargo, Bratusek aseguró que se presenta al puesto con «gran humildad» y apuntó como valor añadido el «toque femenino» que aportará a las cuestiones bajo su competencia.

También abordó la polémica por su autodesignación sin esperar a las preguntas de los eurodiputados, para explicar que tomó la decisión de enviar una «lista corta con tres nombres, incluido el mío» a Juncker porque expiraba el plazo y no había «ningún consenso sobre un candidato único».

«Sólo había dos opciones: no mandar ningún nombre y esperar a la formación del nuevo Gobierno en septiembre, y pueden imaginarse las consecuencias por ello, o enviar una lista con tres nombres, entre ellos el mío. El señor Juncker tuvo la última palabra», zanjó la exprimera ministra de Eslovenia.

Una de las eurodiputadas en la audición preguntó a la eslovena por la investigación abierta al respecto por una comisión anticorrupción en su país, a lo que Bratusek replicó que el nuevo Gobierno no ha presentado un candidato alternativo y que no tiene «ningún problema» en colaborar con la investigación. «Veremos cómo concluye ese proceso, pero afirmar que es igual a (haber cometido un acto de) corrupción, no es justo», protestó.

Varios eurodiputados afearon también a Bratusek que rechazara la ayuda económica de la Unión Europea cuando era primera ministra, argumentando que no quería que su país fuera «invadido» por Europa. «No es que salvara a Eslovenia de Europa, sino que salvé a Europa de nuevos problemas, porque el efecto dominó (de los rescates por la crisis) podría plantearse en mi país y lo evitamos».

Las «generalidades» con las que respondió a cuestiones sobre energía y cambio climático —no aclaró por ejemplo si los objetivos en materia climática los fijará ella o el comisario español, Miguel Arias Cañete, responsable de Clima— o su supuesto pasado comunista fueron otras de las críticas lanzadas por los eurodiputados durante la audición.

«Nunca he sido miembro de un partido comunista. En Eslovenia he sido criticada en sentido inverso, por actuar al dictado de Europa», aseguró.

«Quien siembra vientos recoge tempestades», avisó Rivero en una rueda de prensa tras participar junto a miembros de organizaciones políticas, sociales y empresariales en un acto no autorizado de protesta contra las prospecciones frente al Congreso de los Diputados. El nacionalista canario recalcó que el Gobierno está «hiriendo» el «orgullo como pueblo» de los canarios y eso genera «desafección» e «incomodidad» hacia las decisiones que se toman «en Madrid», sensaciones que considera que derivarán en otras más graves si no se corrige un rumbo «equivocado«.

Rivero subrayó su voluntad de mantener la consulta a los canarios sobre los sondeos petrolíferos convocada para el 23 de noviembre a pesar de que el Gobierno central ya anunció su decisión de recurrir la convocatoria, e insistió en que el proceso cumple «estrictamente» con la legalidad. «Queremos que nos dejen opinar», resaltó Rivero, quien no obstante dejo claro que la consulta de Canarias es «absolutamente diferente» a la convocada «en otra parte del Estado español», en referencia a Cataluña, por lo que pidió que no se mezclen ambas cuestiones.

El presidente de Canarias criticó en especial al ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, y aseguró que responsables de Repsol le han confesado que los sondeos en aguas de Canarias no figuran en sus planes estratégicos, pero actúan empujados «por la presión» del Ministerio. Por ello, el presidente canario acusó al ministro Soria de actuar en «clara connivencia» con los intereses privados por encima de los intereses generales.

Rivero también expresó su «intuición» de que el Gobierno va a «manipular» la declaración de impacto ambiental relativa a las prospecciones en Baleares para paralizar el proceso y salvar de ese modo el «problema político» que tiene con el Ejecutivo de esa comunidad, que también es del PP. Si se confirma esa sospecha, añadió, sería «el colmo» para la sociedad canaria, que además de verse «atropellada», sería «discriminada» por el color político de su Gobierno.

Paulino Rivero prometió que mantendrá la lucha con toda su energía para que no se hipoteque el futuro del archipiélago y actuará en la vía judicial, con recursos ante el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, la política y la social. En la protesta participaron los presidentes de los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura, miembros de organizaciones ecologistas y de colectivos sociales canarios, el fundador de Equo Juan López de Uralde y representantes del sector turístico canario e internacional, representados por Lotta Sand (Suecia). Al ser una manifestación no autorizada por la Delegación del Gobierno, por la presión que podría imponerse sobre los parlamentarios, los convocantes posaron frente al Congreso con una pancarta en la que se leía www.savecanarias.org.

Bruselas avala la autorización otorgada

La Comisión Europea cerró la investigación sobre la autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las Islas Canarias al entender que no hay indicio de infracción del derecho medioambiental europeo, según el eurodiputado canario del PP Gabriel Mato. Mato explicó que así se hace constar en la respuesta que la Comisión Europea da a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que a su vez le instó a concretar su posición sobre los sondeos ante las peticiones formuladas por distintas instituciones, colectivos y particulares del archipiélago. Según Mato, para la Comisión Europea el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno español para la evaluación ambiental de esos trabajos se ajusta a la directiva europea que regula la materia.

Mato considera que esta respuesta de la Comisión, firmada el día 29 de septiembre, cierra «la larga cadena» de decisiones y sentencias judiciales que evidencian que «las autorizaciones para estos sondeos se ajustan perfectamente a derecho y se han realizado con todas las garantías para que la sociedad canaria tenga plena confianza en el procedimiento seguido por el Ejecutivo español». Por ello, Mato espera que el presidente canario, Paulino Rivero, «ceje de una vez en su afán por confundir a la ciudadanía trasladando la idea, totalmente falsa, como ha vuelto a certificar la Unión Europea, de que estas autorizaciones se realizaron sin las debidas cautelas».

El político del PP pide a Rivero que «desista de consultas ilegales y mentirosas» y de querer convertir este asunto «en su arma de batalla política» contra el ministro José Manuel Soria. El eurodiputado destacó que no es la primera vez que la Comisión Europea responde de esta forma a cuestiones sobre los sondeos y añade que «una vez tras otra» indicó que «todo el procedimiento de autorización era correcto y ahora insiste en ello».

Soria alaba al País Vasco

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recomendó a las comunidades autónomas «tomar nota» y tener como «ejemplo» al País Vasco, que se ha mostrado favorable a las prospecciones de hidrocarburos frente a sus costas. Así se expresó desde Milán, ciudad a la que acudió para participar en el consejo informal de ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea.

Soria defendió que España «no es un país que pueda permitirse el lujo de no saber cuáles son los recursos convencionales y no convencionales» con los que cuenta y, por eso, el Gobierno, siempre y cuando se cumplan todos los compromisos medioambientales, va a «apostar» por este tipo de pruebas. Por eso aplaude «la posición clara» del gobierno vasco de querer saber cuáles son los recursos energéticos que hay cerca de sus costas. «Creo que algunos otros deberían tomar buena nota y tenerlo como ejemplo».

En concreto, las multinacionales Capricorn Spain y Shell Upstream Spain BV solicitaron el pasado agosto sondear el subsuelo marino próximo a las costas del País Vasco en busca de recursos. «Cualquier tipo de empresa que solicite hacer una investigación o un sondeo para determinar si hay recursos en cualquier parte del territorio español, si cumple todo el condicionado de este tipo de autorización, el Ministerio de Industria, Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, lógicamente, las va a autorizar», agregó.

El pasado agosto, el Ministerio dio luz verde a Repsol para ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de petróleo en aguas del archipiélago de las islas Canarias, lo que ha provocado la oposición del Gobierno canario, que ha convocado una consulta el próximo noviembre para conocer la opinión de los canarios. A este respecto, Soria se mostró tajante y dijo que la consulta «no se puede hacer», dado que no es competencia de las Comunidades Autónomas. «Por lo tanto, si una Comunidad Autónoma convoca una consulta, estaríamos en un caso de una consulta ilegal y tal y como se hace en cualquier situación similar, el Gobierno actuaría y va a actuar en consecuencia», subrayó.

«No hay ni un solo país del mundo que pueda negarse a saber cuáles son los recursos naturales de los que dispone. España no puede ser la excepción. Insisto, porque nuestra dependencia de los hidrocarburos importados es enorme», aseveró el titular de Industria. Preguntado a este respecto, José Manuel Soria indicó que España depende en un 99% de la importación de hidrocarburos y explicó que, de este modo, el Estado español desembolsa cada año 38.000 millones de euros. «Eso significa que cada día estamos gastando los españoles solo en comprar petróleo y gas aproximadamente unos 100 millones de euros«, concluyó.

El PSOE respeta la consulta

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, aseguró que su partido «respeta» el procedimiento abierto en Canarias con la decisión de su Gobierno autonómica de celebrar una consulta y reclamó al Ejecutivo central que escuche a la «mayoría» de los canarios que las rechazan. Además, separó esta consulta de la que quiere hacer la Generalitat de Cataluña, porque ésta pretende «alterar el orden constitucional«.

El ‘número dos’ de los socialistas insistió en que en el archipiélago canario hay un «consenso mayoritario» que está «en contra de las prospecciones» y recalcó que «todo esto» se solucionaría si el Gobierno retirase el permiso para llevar a cabo esas prospecciones. «Es por ahí por donde deben ir las cosas», señaló, tras asegurar que el PSOE lo que hace es «respetar el procedimiento».

«El Gobierno de Canarias ha planteado esa participación o esa opinión de los ciudadanos canarios, pero en realidad el asunto es que no se quieren las prospecciones y quien puede impedirlas está aquí, es el Gobierno de España», insistió César Luena, que indicó que, si el Ejecutivo central lo recurre, serán los tribunales los que decidan si se puede realizar.

Además, Luena añadió que «las comparaciones son odiosas» con respecto al referéndum catalán y defendió que las dos consultas «no son lo mismo». Así, recalcó que en Cataluña «se pretende alterar el orden constitucional» y lo comparó con la pregunta de Canarias, que cuestiona a los ciudadanos si quieren «cambiar el modelo turístico» de su comunidad en relación con las prospecciones. «No es lo mismo», insistió el dirigente socialista y recalcó que serán los tribunales los que decidan si se puede hacer. «El Gobierno lo tiene más fácil: retirar el permiso de las prospecciones y escuchar a una mayoría que no las quieren», sentenció Luena.

Comparaciones entre Rivero y Mas

El secretario general del PP de Canarias, Asier Antona, arremetió contra la consulta que el Gobierno de Canarias convocó para el mes de noviembre con el fin de que los ciudadanos puedan expresar en las urnas si apoyan las prospecciones en la zona de la empresa Repsol para buscar petróleo y gas. A su juicio, el presidente autonómico, el nacionalista Paulino Rivero, ha caído en el «sin sentido más ridículo y bochornoso» al convocar un referéndum que el Gobierno central considera ilegal y que piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Antona denunció que Rivero está «imitando a Artur Mas» por la consulta independentista que convocó para el 9 de noviembre en Cataluña y recriminó que el Gobierno canario se dedique a «poner palos en las ruedas del crecimiento económico«. Según dijo, las prospecciones de Repsol en la costa del archipiélago son «perfectamente compatibles» con el modelo medioambiental y pueden suponer una «nueva fuente de riqueza a través de petróleo y gas» en una región que tiene un 34% de paro y 70% de paro juvenil.