La Comisión Europea concede 29,9 millones de euros a Bulgaria para construir una línea eléctrica que impulsará la generación fotovoltaica

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EFE.- La Comisión Europea adjudicó 29,9 millones de euros a Bulgaria para la construcción de una línea de electricidad de 140 kilómetros entre las regiones de Dobrudja y Burgas, un proyecto que busca impulsar el desarrollo de las energías renovables y de la generación fotovoltaica. «La nueva línea búlgara incrementará el poder de intercambios en este área y permitirá la transmisión de una nueva ola de energía limpia desde el sureste de Europa», afirmó el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Se trata de un proyecto integrado en la Unión de la Energía, que busca «hacer más seguros e integrar los mercados de energía y proporcionar energías sostenibles para ciudadanos y empresas», explicó. El apoyo financiero de la Unión Europea a esta línea representa el 50% del coste total del proyecto, que será construido por el Operador de Transmisión Búlgaro (TSO) y estará previsiblemente operativo en 2022. El proyecto pertenece al Corredor del Mar Negro, que consiste en 3 líneas de electricidad para reforzar la transmisión en la costa rumana y búlgara así como entre el resto de Europa y Turquía.

Bruselas exige a España reducir un 26% sus emisiones de CO2 para 2030, lo que supondrá “triplicar los esfuerzos”

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Europa Press / EFE.- España necesita «casi triplicar los esfuerzos» para «cumplir con los nuevos objetivos» de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030 a partir de la base que se está llevando a cabo «pero que sin lugar a dudas necesita reforzarse« según indicó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente después de que la Comisión Europea haya exigido a España que reduzca un 26% sus emisiones de CO2 respecto a sus niveles de 2005 para 2030.

Así lo hizo Bruselas en el marco de su propuesta para repartir el esfuerzo entre los Estados miembro de cara a cumplir la meta colectiva del reducir un 40% las emisiones para 2030. El Ejecutivo comunitario sólo ha pedido a 12 países un esfuerzo mayor que a España en términos del porcentaje de sus emisiones que les ha exigido recortar entre 2021 y 2030. Se trata de Luxemburgo y Suecia son los únicos a los que les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, Dinamarca y Finlandia deberán recortarlas un 39%, Alemania un 38% Francia y Reino Unido un 37% cada uno, Países Bajos y Austria deberán recortarlas un 36%, Bélgica un 35%, Italia un 33% e Irlanda un 30%.

Las metas nacionales exigidas, que van desde el 0% exigido a Bulgaria al 40% que se pide a Luxemburgo y Suecia, se fijaron atendiendo a criterios de «justifica, eficacia desde el punto de vista del coste y la solidaridad» entre países, según el Ejecutivo comunitario. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, argumentó que el reparto es justo entre países porque se basa en «el PIB relativo per cápita de cada Estado», algo que garantiza «la justicia» porque los países con mayor ingreso tendrán que reducir más las emisiones aunque se contempla también un ajuste.

La propuesta cubre las emisiones de los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de emisiones, es decir, vivienda, transporte, la agricultura y la gestión de residuos, responsables del cerca del 60% de las emisiones totales en la Unión Europea en 2014. Cañete explicó que una de las vías de flexibilidad permitirá a algunos Estados, entre los que no está España, cubrir algunas de sus emisiones en estos sectores con permisos de emisiones que normalmente se habrían subastado en el mercado de emisiones. Eso sí, ha dejado claro que habrá un máximo de 100 millones de toneladas de CO2 que se podrán utilizar con permisos entre 2021 y 2030.

La otra vía de flexibilidad propuesta permitirá a los países acreditar hasta 280 millones de toneladas de C02 de ciertas categorías de usos de tierra. Cañete ha explicado que el único criterio válido en este caso será «el peso de las emisiones agrícolas» en los países y ha justificado esta vía de apoyo porque el sector agrícola es el que «más dificultades» tiene para reducir sus emisiones y los países con un sector agrícola «muy intensivo» necesitan «algo de flexibilidad». En este caso, España tendrá una flexibilidad máxima anual del 1,3% respecto a su porcentaje de emisiones en 2005, según consta en la propuesta presentada.

«Esta es una propuesta equilibrada y justa» y tiene en cuenta «las dificultades de cada país»; ha defendido Cañete, que ha asegurado que la propuesta contribuirá al cumplimiento de la meta global europea de reducir un 40% las emisiones de CO2 para 2030 respecto a los niveles de 1990. El Ejecutivo comunitario ha propuesto por primera vez incluir la gestión forestal y el uso de las tierras en los esfuerzos para reducir las emisiones en 2030 por su potencial para capturar carbono. De hecho, los bosques en la Unión Europea absorben el 10% de las emisiones anuales en la actualidad.

España deberá “triplicar sus esfuerzos”

Según el Ministerio de Medio Ambiente, España necesita «casi triplicar los esfuerzos» para «cumplir con los nuevos objetivos» de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030, que a juicio del Ministerio «da una señal muy positiva al resto del mundo» de cara a acelerar la transición hacia un desarrollo bajo en carbono y dar cumplimiento al Acuerdo de la Cumbre de París (COP21). En el caso de España, según el Ministerio, se confirma «la necesidad de casi triplicar sus esfuerzos para cumplir con los nuevos objetivos a 2030 sobre la base de una acción temprana que ya estamos llevando a cabo en el marco actual, pero que sin lugar a dudas necesita reforzarse».

Teresa Ribera reclama que España recupere una agenda de descarbonización energética para cumplir los objetivos comunitarios de reducción de emisiones

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EFE.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de Francia, Teresa Ribera, considera que «España debe recuperar la agenda de la descarbonización energética», ahora que la Comisión Europea anunció su propuesta de reducción de emisiones de CO2.

Ribera, ex secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE, ha señalado que la propuesta de la Comisión Europea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España de un 26% es «seria», aunque está «por debajo de lo que se necesita y por debajo de lo que se esperaba«. Según Ribera, está por debajo de los que se necesita porque la Unión Europea ha asumido en París (COP21) una senda complicada en la que es importante ir marcando unos objetivos en el tiempo porque el mundo avanza a una «descarbonización de la economía» y la senda que propone la Comisión Europea es «como bien definía el comisario Arias Cañete en su intervención, realista más que ambiciosa«.

Para España, supone que hay que recuperar la agenda de un proceso de descarbonización del sistema energético en su conjunto, es decir, replantearse muy seriamente las opciones y propuesta de movilidad, el paquete de eficiencia energética y renovables y un sistema fiscal que incentive todo este cambio. Además, explicó, en la propuesta se introduce una referencia a las denominadas «actividades LULUCF» o posibilidad de descontar emisiones por actividad de cambios de uso del suelo, lo que facilita los procesos de descarbonización de los sistema agrarios, algo que en principio se había dejado fuera. Se trata, indicó, de «un incentivo interesante» en el contexto de la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se empezará a abordar en 2017.

La directora del IDDRI ha insistido en que se trata de una «propuesta seria», una declaración política y que «ahora, además de negociarse y aprobarse, necesita un papel legislativo importantísimo». «Las cifras que se han anunciado son las del reparto del esfuerzo en los sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión, que requiere una transformación de cuatro sectores: transporte y movilidad, vivienda (consumos de los ciudadanos y sector residencia), residuos y el sector agrario, donde habrá que poner en práctica cambios muy importantes», remarcó Ribera.

Para la Comisión Juncker, que calificó de «anodina», requerirá de un paquete normativo que debe marcar la agenda del curso 2016-17 y supone una oportunidad para el desarrollo de medidas regulatorias de gran calado que marcarán el perfil de la competitividad, de la innovación, del bienestar y la relación con la energía de los ciudadanos europeos en los próximos años.

Bruselas investiga si la inyección pública para reestructurar la estatal nuclear francesa Areva cumple las normas de la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación en profundidad para aclarar si la participación pública en la reestructuración del grupo nuclear francés Areva es compatible con las normas de la Unión Europea o supuso una «ventaja indebida» para la firma sobre sus competidores. Las autoridades francesas notificaron el pasado mes de abril a Bruselas el plan de reestructuración del grupo nuclear, controlado por el Estado, que incluyó una inyección de capital público de 4.000 millones de euros.

«Teniendo en cuenta el alcance e importancia de la reestructuración de Areva, la Comisión necesita examinar atentamente si es un plan sólido y si las ayudas de Estado concedidas no distorsionan indebidamente la competencia en el mercado único», ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La comisaria ha explicado que el objetivo es asegurar que el grupo nuclear tiene un «futuro duradero» sin que para ello sea necesario recurrir a nuevas ayudas de Estado.

Francia posee un 86,5% de las acciones del grupo Areva, cuya actividad se extiende al conjunto de mercados de la energía nuclear y que lleva sufriendo dificultades financieras desde hace más de 5 años. Según las directrices de la Unión Europea sobre las ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de entidades en dificultades, el plan en cuestión debe prever medidas que permitan limitar las alteraciones de la competencia inducidas por la ayuda pública. Además, el beneficiario de la ayuda debe contribuir «de manera apreciable» a la cobertura de los costes de la reestructuración.

La normativa comunitaria prevé la posibilidad de conceder este tipo de apoyos públicos a empresas en dificultades «bajo ciertas condiciones», en la medida en que respondan «a un objetivo de interés común sin alterar la competencia” en el espacio económico europeo. Por ello, Bruselas quiere analizar si las hipótesis del plan de reestructuración para restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo son «suficientemente realistas» como para asegurar su funcionamiento en el futuro, «sin inyecciones continuadas de dinero público».

Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

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Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

El Parlamento Europeo reclama un etiquetado de electrodomésticos más claro para los consumidores

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EFE / Europa Press.– El pleno del Parlamento Europeo apoyó la introducción de cambios en la legislación comunitaria sobre el etiquetado de eficiencia energética, para que resulte más fácil al consumidor saber si un electrodoméstico es o no eficiente. El pleno aprobó por 580 votos a favor, 52 en contra y 79 abstenciones un texto elaborado por el eurodiputado italiano del grupo de la Libertad y la Democracia Directa, Dario Tamburrano.

En ese documento, se pide que una escala de la A a la G para etiquetar la eficiencia energética de los electrodomésticos reemplace la categoría de pluses (A+, A++, A+++) actualmente en vigor. El objetivo es asegurar que los consumidores no son engañados al considerar que una categoría A es la más eficiente del mercado, cuando de hecho A+ es la menos eficiente. El Parlamento Europeo apoyó que las etiquetas contengan información sobre la clase de eficiencia energética del modelo de producto y su consumo total de kilovatios hora (kWh). En adelante, los suministradores y comerciantes deberán referirse a la clase de eficiencia energética del producto en todos los anuncios y en el material promocional para los modelos de productos.

Bajo el nuevo sistema que defienden los eurodiputados, el etiquetado tendrá una validez de al menos 10 años y se aplicará hasta que el 25% de los productos en el mercado de la Unión Europeo entren en la categoría A o cuando el 50% sea clasificado en la A y B. En el momento de introducir el reajuste en las etiquetas, la clase A quedaría vacía  e incluso en grupos de productos en los que el progreso tecnológico sea muy rápido se dejarán vacías las clases A y B, según el acuerdo de los eurodiputados.

Asimismo, la Eurocámara pidió que se establezca una «base de datos de productos» consistente en una página web para el consumidor, donde la información sea accesible de manera individual y esté disponible en todos los idiomas donde los productos sean vendidos. Por otra parte, indicó que las nuevas normas en la materia deberán incluir excepciones para los artículos de segunda mano y los medios de transporte cuyo motor se mantenga en el mismo lugar durante su operación, como sucede con los ascensores o los elevadores.

El primer etiquetado energético europeo, que entró en vigor en 1995, consistía en una escala desde la G, el extremo menos eficiente, hasta la A. Posteriormente se amplió la escala hasta A+++ para reflejar las mejoras aplicadas a los productos. Pero la introducción de la categoría A+ y las aún superiores redujo la eficacia del etiquetado concebido para animar a los consumidores a comprar los productos más eficientes porque actualmente la tendencia es que la mayor parte de ellos están clasificados en la clase A o con pluses más eficientes.

«Esta decisión da una nueva vida a la etiqueta de eficiencia energética, haciendo el sistema de etiquetado más fuerte, seguro, claro y orientado al futuro», dijo Tamburrano. El objetivo ahora es empezar las negociaciones con el Consejo para terminar de dar forma a la normativa, según la Eurocámara. Las nuevas etiquetas para los grupos de productos existentes se deberían introducir en el plazo de 21 meses y 6 años desde la entrada en vigor de la legislación, dependiendo del producto.

El Parlamento Europeo insta a España y a otros países «rezagados» a impulsar el uso de energías renovables

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que se subraya que en muchos países de la Unión Europea ya se ha alcanzado el objetivo de que las energías renovables representen el 20% del consumo en 2020, y al mismo tiempo insta a España y a otros Estados «rezagados» (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Hungría y Reino Unido)» a «hacer más» para impulsar su uso.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, defendió que «la Unión Europea debe continuar a la cabeza en desarrollo de renovables», por lo que ha afirmado que «los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para 2020». El Parlamento Europeo, además, recalcó la importancia de utilizar todos los mecanismos de financiación para garantizar el acceso al capital y lograr alcanzar el 20% de energía procedente de fuentes renovables en 2020. De la misma forma, los eurodiputados han insistido en fijar un objetivo vinculante del 30% para 2030, frente al 27% actualmente previsto, estableciendo objetivos individuales que cada país tenga que alcanzar.

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado otra resolución en la que piden aplicar la legislación comunitaria más rápido y de manera completa con el objetivo de aumentar la eficiencia energética al 20% en 2020. En este sentido, los eurodiputados han recalcado que este objetivo no se logrará «sin aplicar todas las normas comunitarias al respecto» y han insistido en pedir un objetivo de eficiencia energética del 40% para 2030 y en hacer obligatorio el compromiso de los países. Asimismo, el Parlamento Europeo pidió medidas para impulsar la inversión en autoconsumo, al mismo tiempo que remarcó que un mercado integrado es clave para el desarrollo de las energías renovables y para reducir los costes.

Por su parte, el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, indicó que la Comisión Europea presentará en el segundo semestre del año sus propuestas para revisar las directivas referentes a las energías renovables y a la eficiencia energética. Arias Cañete aseguró que un punto «fundamental» de la revisión de la directiva será los esquemas de apoyo a las energías renovables, con lo que tratará de consolidar «el cambio hacia un sistema basado en el mercado para mecanismos de apoyo a las energías renovables y hacia la convergencia de esquemas de apoyo nacional».

Además, el comisario español recordó que el Ejecutivo comunitario está finalizando su análisis sobre el régimen retributivo de las renovables en España y aseguró que Bruselas dialogará con las autoridades españolas «si identifica algún incumplimiento». En esta línea, Arias Cañete apuntó que se están teniendo encuentra las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que ha avalado las decisiones tomadas por España, y ha señalado que, con respecto a las ayudas de Estado, España ha comunicado tanto el antiguo de primas como el nuevo régimen de retribuciones. «La Comisión tiene la obligación de analizar si son compatibles con el mercado interior», concluyó Arias Cañete.

Anpier ve la presencia de Cañete en Bruselas como «una clara amenaza» para el sector renovable español

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la presencia del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en el colegio de comisarios supone «una clara amenaza» para el sector renovable español y «un logro para las empresas tradicionales del sector energético».

Anpier, junto a representantes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, defenderán ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su postura contra los recortes retroactivos en energías renovables llevados a cabo en España y solicitarán la mediación de las autoridades europeas ante el Gobierno español. Asimismo, la asociación de fotovoltaicos señala que alertará a los parlamentarios de «las maniobras realizadas por el comisario Miguel Arias Cañete para tratar de justificar el atropello normativo, económico y moral» que sufre este colectivo por unas decisiones en las que él mismo participó como ministro y que, ahora, como comisario, trata de legitimar en Europa.

Anpier indicó que expondrá los elementos necesarios para que los parlamentarios «puedan verificar la violación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima amparados por el Derecho Comunitario», argumentos alineados con los tres magistrados del Tribunal Supremo que, en voto particular, rechazaron el marco retroactivo impuesto a la fotovoltaica. El secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, criticó que en toda Europa se están viviendo «claras situaciones de desapego entre la ciudadanía y la clase política».

La Eurocámara admite a trámite la queja de una plataforma valenciana por la financiación del almacén Castor con recursos públicos

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Europa Press.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS) contra la financiación del proyecto Castor con recursos públicos y ha pedido a la Unión Europea que lleve a cabo una investigación. Así lo comunicó la institución de ámbito europeo a este colectivo. Esta petición fue presentada en 2015 y censura que se financie con recursos públicos europeos el proyecto Castor de almacenamiento de gas.

La plataforma considera esta admisión «una buena noticia, dada la trascendencia medioambiental, económica y social de este fallido proyecto gasístico«. La Comisión de Peticiones considera que esta petición y los asuntos planteados cumplen, de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, los requisitos de admisión a trámite por tratarse de un asunto que «incide en las actividades de la Unión Europea». La Comisión Europea debería ahora emprender una investigación preliminar.

Paralelamente hay una reclamación abierta ante el Banco Europeo de Inversiones por haber financiado con recursos públicos europeos el «fiasco del proyecto Castor», según ha señalado la plataforma. Asimismo, este colectivo recordó que ya advirtió «sobre el riesgo que suponía financiar esta instalación, el fraccionamiento de este proyecto y la falta de rigor del estudio de impacto ambiental». «En estos momentos, más que nunca, pedimos que se haga justicia«, indicó la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia.

El PP destaca que la posible ampliación del plan Juncker servirá para impulsar las interconexiones eléctricas con Francia

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EFE.- El eurodiputado y presidente de la gestora del PP de Navarra, Pablo Zalba, apoyó una ampliación del Plan Juncker de inversiones europeas porque «beneficiará a proyectos en estudio estratégicamente muy importantes para Navarra, como las interconexiones eléctricas con Francia». Anunciada por la Comisión Europea su intención de ampliar el Plan Juncker, coincidiendo con el primer aniversario de su lanzamiento, Zalba destacó que ya haya movilizado una inversión de 100.000 millones de euros y defendió la necesidad de seguir progresando en esta dirección.

«El Plan Juncker ha permitido acceder a 242 millones de euros de financiación para pymes en España, lo que movilizará 4.400 millones de euros, beneficiando aproximadamente a 17.900 pymes», ha asegurado el eurodiputado navarro, y añadió que, sumado este dinero a los 2.000 millones vinculados a grandes proyectos, la financiación total es de «6.400 millones de euros en un año».

Zalba también defendió que «para explotar plenamente el potencial del Plan Juncker y evitar distorsiones en los mercados resulta imperativo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) colabore activa y lealmente con los bancos nacionales de promoción y con los inversores privados«. «Solo así el Plan Juncker servirá como instrumento de verdadero crowding in y se podrán evitar los fenómenos de mera sustitución de fuentes de financiación», apuntó. También reclamó que el Plan Junker se combine «con el mantenimiento de las reformas que se emprendieron para superar la crisis económica».