Bruselas estudia crear un fondo de garantías para promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea

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EFE.- La Comisión Europea estudiará la creación de un fondo de garantías para contribuir a promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea, es decir, energía a partir de las olas y las mareas. El Foro sobre Energía Oceánica presentó una hoja de ruta para garantizar el 10% del consumo energético de Europa a partir de la energía undimotriz y mareomotriz, algo que requeriría un fondo de inversión de 250 millones de euros y un fondo de garantías de 70 millones.

El comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimo y Pesca, Karmenu Vella, ha constatado que «la hoja de ruta estima que la energía oceánica podría cubrir hasta el 10% de la demanda energética de la Unión Europea de aquí al 2050», algo que permitiría recortar las emisiones en 276 millones de toneladas de CO2 al año. «La Comisión estudiará ahora el establecimiento de un fondo de garantías y contribuirá a través del mejor uso de los recursos e instrumentos existentes» como el programa de ayudas a la investigación Horizonte 2020, así como el marco financiero plurianual, según avanzaron fuentes del Ejecutivo comunitario.

Nadal señala la transición energética como uno de los grandes retos y Cañete insta a España a aplicar París

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, ha señalado a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que tendrán que empezar el proceso para aplicar el Acuerdo del Clima de París y adoptar decisiones importantes a corto plazo en materia energética. Precisamente Nadal ha señalado la transición energética a un modelo más sostenible y competitivo como gran reto de su departamento.

El nuevo ministro destacó de su nuevo departamento que «en su día ha hecho una labor más callada que otros pero muy importante en este proceso de recuperación de la economía española», especialmente en lo que respecta al fin de la generación del déficit de tarifa. «Fue una de las peores herencias, con un gran equipo y trabajo hasta altas horas de la noche, que me consta, se logró atajarlo», ha señalado Álvaro Nadal en alusión a la labor liderada desde la Secretaria de Estado de Energía por su hermano Alberto Nadal, que no asistió a la toma de posesión. Una ausencia que algunos interpretaron como la señal de que no repetirá en el puesto.

«Este ministerio evitó el secuestro de la economía española con una fuerte subida de los precios eléctricos», afirmó Nadal. Ya mirando al futuro, Nadal valoró poder estar en un sitio que le permite tomar decisiones y profundizar en un modelo económico más competitivo. «Aquí se piensa en el futuro. Trabajas el día a día y mirando cómo debe ser todo en 10 años», subrayó Nadal que ha apuntado a la transición energética hacia un modelo menos contaminante como gran reto. «Tengo el reto apasionante de hacer de nuestro país una historia de éxito económico», concluyó.

El ministro saliente, Luis de Guindos, que asumió estas competencias tras la dimisión de José Manuel Soria, ha reconocido que se trata de un traspaso «atípico» por las circunstancias que le llevaron a la cartera de Industria y destacó que «el trabajo de los últimos años» en ese ministerio «se refleja claramente en los resultados». Guindos le recomendó, en tono de broma, que «si funciona, no lo estropees» y le indicó que pasar de la Oficina Económica a un Ministerio es como hacerlo de «las musas al teatro». «Solo te puedo desear suerte, todo los demás lo tienes: experiencia y capacidad», concluyó Guindos, convencido de que su aportación «puede ser especialmente relevante porque conoce perfectamente la situación de la economía».

Junto a Guindos, acompañaron a Nadal la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la titular de Empleo, Fátima Báñez, la de Defensa, María Dolores de Cospedal, el de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, Del lado empresarial, han asistido el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, el de la patronal petrolera AOP, Alvaro Mazarrasa, el consejero delegado de CLH, Jorge Lanza, el presidente de Red Eléctrica, José Folgado, entre otros. No han estado en el acto ninguno de los máximos representantes del sector renovable.

Cañete pide acción a España

Por su parte, Arias Cañete celebró «la buena noticia» de que España «ya tiene un Gobierno» y que tendrá que tomar «decisiones importantes en muy corto plazo». Respecto a Nadal, ha dicho que formó parte de su equipo «muy reducido» en el PP y destacó su capacidad, entusiasmo y dedicación y ha subrayado que el nuevo ministro ha estado «muy próximo» al presidente Rajoy al frente de la agenda económica del Gobierno «durante muchos años». Además, ha señalado que conoce «perfectamente» los temas energéticos europeos actuales y le ha recordado que en este momento se está desarrollando la Unión de la Energía y que a lo largo de noviembre saldrá adelante el paquete energético «más importante de esta legislatura comunitaria».

Por otro lado, respecto a la ratificación del Acuerdo del Clima de París, ha dicho sobre España que «ya está en la recta de salida» para su ratificación que «hasta este momento no lo podía hacer».En todo caso, ha afirmado que España deberá iniciar el proceso de aplicación «lo antes posible» y opina que el proceso de aplicación puede contar «con el apoyo político de todas las fuerzas del arco parlamentario». Asimismo, recordó que hay que tener en cuenta que la Unión Europea ya lo ha ratificado, así como 11 de sus Estados miembro. Así, ha relatado que los ya ratificados son: Alemania, Francia, Hungría, Eslovaquia, Malta, Portugal, Austria, Grecia, Suecia, Polonia y Dinamarca.

Poner en marcha lo acordado

De cara al futuro inmediato del Acuerdo de París ha precisado que a partir de este momento hay que «poner en marcha» todo lo acordado y todos los estados miembros «sin excepción» suscriban políticas domesticas, planes nacionales de acción sobre del clima para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. A este respecto ha explicado que se han de poner en marcha las reglas administrativas y técnicas del acuerdo de París para que ese mecanismo de ambición periódica se revise cada 5 años, con nuevos objetivos nacionales que permitirán lograr que la temperatura global no se incremente por encima de los dos grados o incluso el grado y medio.

Cañete insistió en que «todo eso» requiere de unas «profundas negociaciones» y, además, «una profunda solidaridad» porque los países desarrollados están «mejores condiciones tecnológicas y financieras de hacer el cambio energético, de pasar de combustibles fósiles a las fuentes renovables». Sin embargo, recordó que muchos países en vías de desarrollo tienen «mucha más dificultad» por lo que necesitan capacitación técnica y apoyo financiero para que se muevan hacia las energías limpias «simultáneamente». «Ahora es la hora de las respuestas, es la hora de poner en marcha los acuerdos, todos los programas nacionales de reducción de emisiones, ahora es cuando hay que empezar a fajarse realmente con el calentamiento global», apostilló.

Finalmente, sobre la prohibición de vehículos diésel antiguos en Madrid para paliar la contaminación, considera que se debe lograr que los vehículos respeten los límites de emisiones de partículas y de óxido nitroso que establecen las autoridades comunitarias. Respecto a la calidad de la atmósfera, considera que la legislación es «dura» pero la capacidad tecnológica permite dar respuesta «de muy diversas maneras». Aunque defendió la «neutralidad tecnológica» de la Comisión Europea, insistió en la necesidad de observar los límites de emisión, ya sea partículas o bien CO2 en el caso de otro tipo de automóviles y vehículos ligeros, incluso pesados.

La gasista rusa Gazprom enviará «pronto» una propuesta a la Comisión Europea dentro de su investigación antimonopolio

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EFE.– La empresa rusa Gazprom enviará «pronto» una propuesta de compromisos a la Comisión Europea para resolver la investigación antimonopolio que Bruselas abrió al gigante gasístico por abuso de posición dominante, según su vicepresidente, Alexander Medvédev, que se reunión con la comisaria de Competencia, Marghette Vestager, para discutir sobre el curso de las pesquisas iniciadas en 2015. El empresario ruso afirmó tras el encuentro que las negociaciones están siendo «constructivas» y que «todas las partes han expresado su voluntad de encontrar una solución aceptable».

La comisaria europea, sin embargo, se mostró menos optimista. «Hemos hecho progresos pero todavía hay bastante trabajo por delante», matizó Vestager, quien añadió que «todas las opciones siguen sobre la mesa aún». La titular de Competencia señaló que para que las medidas propuestas por Gazprom aborden las preocupaciones de la Comisión y sean efectivas «tendrán que asegurar el libre flujo de gas en el este y centro de Europa a precios competitivos». «Gazprom es bienvenido si quiere vender su gas en Europa, pero tiene que hacerlo siguiendo las reglas de la Unión Europea», apuntilló Vestager.

Una vez la compañía presente su propuesta, la Comisión Europea la analizará y la someterá a una consulta con consumidores y otros actores del sector. Si Bruselas concluye que los compromisos son adecuados hará que estos sean legalmente vinculantes para Gazprom, de forma que si la compañía no respeta las medidas acordadas podría ser sancionada con una multa de hasta el 10% de sus beneficios globales, explicó la Comisión Europea.

En 2015 la Comisión Europea acusó al consorcio ruso de incumplir la legislación comunitaria al «buscar una estrategia global» para dividir los mercados de gas de Europa Central y del Este. Según señaló entonces, Gazprom redujo la capacidad de sus clientes de revender el gas a otros países, lo que podría haber permitido a la empresa rusa cobrar «precios injustos en ciertos Estados miembros«. Estos puntos son los que Gazprom deberá abordar en su propuesta.

El caso afecta a ocho países comunitarios (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria), en cuyos mercados gasísticos Gazprom goza de una posición dominante. En cinco Estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria) Gazprom pide «precios diferentes dado que en esos contratos el precio del gas está ligado al del petróleo», según indicó la Comisión Europea.

Industria advierte a Baleares de que no puede seguir en el horario de verano porque la normativa es europea

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo aseguró que Baleares «no puede modificar o mantener de forma unilateral el horario» y quedarse en el horario de verano (GMT+2) porque el cambio de hora está regulado a nivel europeo en una Directiva de la Unión Europea que afecta a todos los miembros.

Todos los grupos políticos del Parlamento de Baleares aprobaron una declaración institucional para permanecer en el horario de verano porque la comunidad autónoma es la «más afectada» por el cambio de hora, al ser el primer lugar de España donde amanece y anochece. Según fuentes de Industria, aún se desconocen las consecuencias que tendría la propuesta insular de seguir con el horario de verano a partir del próximo 30 de octubre, cuando a las 3.00 horas volverán a ser las 2.00 horas, de modo que comenzará el horario de invierno.

En la misma línea, las Cortes de la Comunidad Valenciana acordaron instar al Gobierno central a que abra el debate social sobre el mantenimiento del horario de verano en el país ante los beneficios sociales y económicos que comportaría, sumándose así a la propuesta lanzada por el parlamento de Baleares. Por el contrario, el Ejecutivo catalán resaltó el ahorro económico que supone el cambio horario.

En todo caso, Industria recuerda que este cambio horario, motivado para favorecer el ahorro energético, está regulado en toda Europa, por lo que difícilmente ninguna autonomía podría ir en contra. Se trata de la Novena Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, que desde 2001 se aplica indefinidamente para favorecer la planificación. La Directiva se incorporó a la normativa española mediante el Real Decreto 236/2002. Así, el cambio de hora se produce el último domingo de marzo y el último de octubre.

El cambio de hora y la vuelta al horario de invierno comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz solar y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

300 millones de ahorro energético

El horario de verano, que se ha aplicado entre marzo y octubre y que concluirá este fin de semana, ha permitido ahorrar energía por valor de 300 millones de euros, o lo equivalente a un 5% del consumo, según cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Industria indicó que este ahorro procede de iluminación y que, de la cifra total, 90 millones corresponden a los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar. Los otros 210 millones proceden de los edificios del sector terciario y de la industria.

En todo caso, Industria advierte de que estas cifras son potenciales, ya que para alcanzarlas es necesario llevar a cabo un comportamiento racional en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como usar tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural, en edificios del terciario y en industrias.

El Código Técnico de la Edificación hace ya obligatoria en edificios de nueva construcción la instalación de fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación en función de las necesidades. Además, Industria recuerda que el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, aprobado por el Gobierno, posibilita ayudas para reformar la iluminación en los edificios del sector terciario.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) reivindica desde hace años que España regrese al meridiano de Greenwich, que es el que, a su juicio, le corresponde. Según ARHOE, el desfase horario comenzó desde 1942, cuando se adaptó el horario español al de Berlín (Hora Europea Central) en alineación con el régimen nazi y nunca se recuperó el horario en correspondencia con la hora solar. La asociación considera que España tiene que adoptar la hora oficial del Reino Unido, Portugal, Marruecos y Canarias (Hora Europea Occidental), que es la que le corresponde geográficamente y abandonar la Hora Europea Central, que corresponde a países más al este.

A raíz de esta polémica, el presidente de ARHOE, José Luis Casero, reclamó a Baleares «no territorializar» el cambio horario tras la decisión del Parlamento balear. «No deja de ser un gesto cara a la galería porque lo que hay es una Directiva Europea que se tiene cumplir y que afecta a todos sus Estados miembro, por lo que el Gobierno no tiene potestad», indicó Casero, al tiempo que reiteró que la solución pasa por regresar al meridiano de Greenwich.

La Eurocámara insta a mejorar la eficiencia para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas ruso

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Europa Press.– El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que trabaje para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas ruso en el largo plazo mediante un uso más eficiente del mismo y reduciendo gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles.

En una resolución no legislativa, los eurodiputados piden que la estrategia comunitaria para el gas natural licuado (GNL) debe hacer más seguros los suministros energéticos, reducir las emisiones de carbono y permitir “precios asequibles”. La Eurocámara ha destacado el «papel vital» del gas natural licuado y el almacenamiento de gas, así como de una mayor eficiencia y del desarrollo de energías renovables, para reducir la dependencia en el gas ruso.

Además, denuncian que doblar la capacidad del gaseoducto Nord Stream podría tener efectos adversos sobre la seguridad energética, la diversificación de fuentes de suministro y la solidaridad entre Estados miembros. Así, el Parlamento Europeo ha enfatizado que si se construyese el gaseoducto Nord Stream 2 sería necesaria una «sólida» evaluación de la accesibilidad de las terminales de GNL y un estudio «detallado» del corredor de gas Norte-Sur, con el objetivo de compensar el cierre de líneas en Europea central y del este. Además, los eurodiputados han defendido que se deben estudiar alternativas de suministro desde una perspectiva regional y medioambiental para mejorar «significativamente» el uso de las infraestructuras de almacenamiento a través de la cooperación regional y las interconexiones adecuadas.

La Comisión Europea aprueba el sistema de interrumpibilidad de Alemania y las ayudas a la cogeneración, aunque investigará su financiación

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EFE.- Bruselas dio luz verde al mecanismo propuesto por Alemania para reducir puntualmente el consumo eléctrico de los grandes usuarios, especialmente empresas, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad de la red y el suministro energético. La Comisión Europea también aprobó las ayudas públicas que Alemania concederá a ciertas centrales de cogeneración eléctrica pero abrió una investigación sobre las reducciones en la tasa destinada a financiar esta medida para determinar si constituyen ayudas de estado ilegales.

«El régimen alemán de ayuda a la cogeneración que hemos aprobado puede suponer una contribución importante a los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea», señaló la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que matizó que la Comisión «tendrá que examinar el impacto que tendrán sobre la competencia las reducciones concedidas a ciertos usuarios sobre las retenciones que se aplican para financiar este régimen».

Alemania aprobó este año una ley que prevé dar subsidios públicos a las centrales de cogeneración, que aprovechan la energía térmica para producir electricidad, plantas de alto rendimiento que acaben de construirse o modernizarse, salvo aquellas alimentadas con carbón o lignito. También se otorgarán ayudas públicas para la construcción de sistemas de almacenamiento y transporte urbano de frío y calor.

Tras investigar la normativa, la Comisión Europea concluyó que la medida es conforme a las normas europeas sobre ayudas de estado y que «permitirá mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y asegurar una mejor integración de la energía producida por cogeneración en el mercado de electricidad». El Ejecutivo comunitario señaló que los beneficiarios recibirán una prima fija conforme a los precios del mercado solo por un número limitado de horas de funcionamiento y nunca cuando la oferta supere la demanda, lo que fomentará que las centrales operen cuando aumenten las necesidades energéticas.

Además, la Comisión Europea cree que las posibles distorsiones de la competencia que puedan derivar de estas ayudas serán limitadas porque una parte de los subsidios se otorgará mediante un concurso público al que podrán concurrir solo las centrales de nueva creación y menor capacidad, de 1 a 50 megavatios, con el fin de permitir su entrada en el mercado.

Bruselas decidió, sin embargo, abrir una investigación en profundidad sobre la «tasa de cogeneración» que pagan los usuarios según la electricidad consumida (0,445 euros por kw/h) y que reciben los operadores de la red eléctrica como un complemento a los beneficios que ya obtienen por dar acceso a la red. Así, la Comisión Europea estudiará las reducciones que se prevén para las industrias o consumidores electrointensivos para ver si constituyen una ayuda de estado ilegal, ya que disminuyen la carga que soportan estos consumidores. Bruselas examinará si estas rebajas son proporcionales y necesarias para asegurar el apoyo a la cogeneración.

Aprobada también la interrumpibilidad alemana

Tras estudiar el esquema de capacidad propuesto por Berlín, el Ejecutivo comunitario concluyó que es compatible con las normas de ayudas de estado europeas. La medida alemana prevé que los operadores puedan firmar contratos semanales con los grandes consumidores energéticos que les permitan reducirles el suministro eléctrico hasta en 1.500 megawatios a distancia y en un breve lapso de tiempo cuando sea necesario rebajar la demanda para estabilizar la red. A cambio, los operadores tendrán que pagar al consumidor una cuota que se fijará en subastas a las que podrán acudir los usuarios que consumen más de 10 megawatios (empresas grandes y medianas): estos pueden ofrecer a los operadores una cierta capacidad de interrupción a cambio de una determinada cuota.

La Comisión Europea cree que este sistema mejorará la capacidad de reacción de los operadores cuando se produzcan desequilibrios entre la demanda y la oferta que pongan en riesgo la seguridad del suministro eléctrico permitiendo actuar sobre la demanda en lugar de elevar la producción energética. Bruselas coincide con Berlín en que el aumento de las renovables en el conjunto de la producción energética alemana requiere que haya mayor flexibilidad para controlar la red eléctrica. La Comisión Europea ya ha advertido de que estos «mecanismos de capacidad» pueden provocar un aumento del precio para los consumidores si están mal concebidos.

Juncker quiere excluir a las tostadoras y los secadores del etiquetado energético para no caer en la sobrerregulación

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EFE.- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pretende dejar fuera de un paquete legislativo sobre etiquetado de eficiencia energética objetos que no presentan ahorros muy ventajosos y cuyo exceso de regulación podría ser percibido como «intrusivo» por los ciudadanos. «La Unión Europea no debería ser intrusiva y regular cada aparato del hogar», sostiene Juncker. En la Unión Europea existen más de 40 regulaciones sobre el etiquetado energético, muchos de los cuales deben revisarse en el actual mandato de la Comisión (2014-2019).

El presidente de la Comisión Europea pretende así que la nueva legislación sobre el etiquetado de productos según su ahorro energético, que la Comisión anunció el pasado abril, dejar fuera a utensilios que no generan un gran impacto en el medioambiente como tostadores y secadores. Sí entrarán en el paquete legislativo sobre el etiquetado las cocinas eléctricas, los secadores de manos, los sistemas de control y automatización de los edificios, los paneles solares y los contenedores de refrigeración, entre otros.

Hasta ahora un grupo de expertos era el que determinaba qué productos entraban o salían de esas listas, de modo que el planteamiento «político» de Juncker supone una «ruptura», agregó la misma fuente. Así, si algún comisario se opone a este nuevo enfoque, Juncker le pedirá que sea quien se responsabilice de la decisión y que asuma el desgaste público, de forma que éste no recaiga sobre la Comisión Europea.

Cañete reconoce que la transición energética no ha sido prioritaria en España

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EFE / Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, aseguró que en España «no se ha logrado poner el debate» sobre la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono «al frente de las preocupaciones«. Así se manifestó el comisario europeo y ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante la presentación de la iniciativa Climate Kic para promover la innovación en materia de transición energética.

Arias Cañete ha subrayado que el acuerdo de lucha contra el cambio climático, adoptado en París el pasado diciembre, con el objetivo de mantener el aumento de temperatura del planeta «muy por debajo de los 2 grados», supondrá «una reestructuración global» en la economía, la energía o la manera de producir. «En España no se es tan consciente de que el Acuerdo de París supone un cambio de modelo energético y de innovación espectacular», ha admitido el comisario de Acción por el Clima, quien ha advertido de que «aquel que se retrase» en esta transición hacia una economía baja en carbono «tendrá costes superiores, dispondrá de menos oportunidades y correrá el riesgo de quedarse atrás».

El cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo es «irreversible e inmediato», según el comisario, quien también destacó que el Acuerdo de París «va a ser un motor de transformación y crecimiento». «La entrada en vigor del Acuerdo de París, en menos de 11 meses, lanza un mensaje a los inversores. Estamos ante un movimiento imparable», añadió. En esa línea, adelantó que la próxima cumbre del clima (COP22), que se celebra en Marrakech en noviembre, «deberá facilitar el acceso a la financiación a los países en desarrollo, darles asistencia tecnológica, promover procesos de revisión del Acuerdo de París regidos por la transparencia y concretar los esfuerzos climáticos previos a 2020».

Climate-KIC y el cambio climático

El director general del Centro Español de Innovación en Cambio Climático, Climate-KIC Spain, José Luis Muñoz, indicó que su misión fundamental es «fomentar las nuevas oportunidades de negocio y empleo generadas con el gran reto global y local del cambio climático». Climate-KIC Spain, de ámbito español desde ahora, pertenece a la iniciativa europea Climate-KIC, una de las comunidades de conocimiento e innovación (Knowledge Innovation Communities) impulsadas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

Cañete insistió en que la presentación de Climate-KIC Spain en estas fechas es «muy oportuna» ya que la Unión Europea acaba de ratificar el Acuerdo de París, además de 82 países que cubren el 61% de las emisiones globales y en pocos días comienza la COP22. El comisario consideró “prioritario conocer las vías para potenciar la competitividad en este nuevo paradigma de crecimiento tecnológico», subrayó. Por su parte, la secretaria de estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, apuntó que el sector público «no puede» afrontar en solitario el calentamiento global debido a la magnitud que representa este desafío, por ello, ve la implicación del sector privado como «esencial».

Bruselas aprueba el control conjunto de la distribuidora gasista portuguesa GGND por parte de Galp, Marubeni y Toho Gas

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EFE.- La Comisión Europea ha dado luz verde a la operación de control conjunto de la distribuidora portuguesa de gas GGND por parte de Galp Energia, también de Portugal, y las japonesas Marubeni y Toho Gas. Bruselas ha concluido que la adquisición cumple con las normas comunitarias de competencia puesto que la operación no conducirá a nuevas coincidencias en las actividades de las compañías. La transacción fue examinada mediante el procedimiento simplificado.

GGND (Galp Gás Natural Distribuição) gestiona operaciones de distribución de gas en diferentes regiones de Portugal y actualmente está controlada por Galp Energia. Marubeni es una sociedad comercial activa en varias industrias, incluido el sector energético, mientras que Toho Gas es una empresa dedicada al sumistro de gas y servicios relacionados en Japón sin presencia en el Espacio Económico Europeo.

La Eurocámara apoya el «mecanismo de solidaridad gasística» entre países de la Unión Europea en casos de una emergencia energética

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha un «mecanismo de solidaridad regional» que permita a un país de la Unión Europea que se encuentre en situación de emergencia energética pedir ayuda a otros socios comunitarios para satisfacer sus necesidades de gas natural a través de «corredores de abastecimiento».

La resolución fue aprobada por la comisión de Energía con 55 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. El borrador legislativo permitiría a los Estados miembros reclamar ayuda para suministrar gas en casos en los que la seguridad y la salud de los «consumidores protegidos» esté en riesgo y las deficiencias no puedan sortearse con los planes de emergencia regionales. Así, el proyecto contempla la creación de 7 «regiones de cooperación» conectadas por «corredores de abastecimiento» de gas comunitarios con el objetivo de mitigar los efectos de posibles cortes en el suministro. Dentro de esas 7 regiones, España se integraría en el denominado grupo Norte-Sur de Europa occidental, formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.

Este mecanismo de solidaridad deberá ahora ser negociado con el Consejo, es decir, los países, de forma que los Estados podrán recibir gas de otros países comunitarios para «proteger a los consumidores» en caso de riesgo de penuria energética que no pueda ser solventado con planes de contingencia nacional. «La solidaridad no es un eslogan vacío: es una obligación, consagrado ahora en una ley. No podemos confiar en la buena disposición y los esquemas voluntarios si se corta el suministro de gas de un Estado miembro», resumió el presidente de la comisión europarlamentaria, Jerzy Buzek.

Los eurodiputados subrayaron no obstante que el «mecanismo de solidaridad» debe ser un «último recurso» y debe incluir una compensación adecuada para reducir las consecuencias que pueda acarrear en los mercados. Además, la comisión de Energía ha introducido cambios en la propuesta para garantizar que los suministros de gas a hogares y servicios esenciales en un Estado miembro que ha pedido medidas de solidaridad sean los primeros en ser satisfechos antes que los de cualquier otra categoría de consumidores. La Comisión Europea presentó en febrero una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia.

Si bien la Comisión Europea subrayó cuando presentó su propuesta que no señalaba directamente a Moscú, algunas de sus medidas apuntan directamente a Rusia o a su consorcio gasístico Gazprom. El proyecto de la Comisión Europea emana de las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, y de las pruebas de resistencia realizadas en 2014. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló entonces que los países de la Unión Europea son aún «demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas».

Por otro lado, la misma comisión parlamentaria aprobó también que los Estados miembros estén obligados a comunicar a Bruselas y a las autoridades pertinentes las negociaciones de suministro energético que entablen con terceros países fuera de la Unión así como los detalles de los contratos de suministro energético de más de un año, incluyendo el precio de gas, con el objetivo de asegurar que cumplen las normas y tener una imagen más amplia del mercado energético comunitario. En relación a esto la Comisión, si considera que los términos de un contrato de suministro pueden perjudicar el aprovisionamiento ininterrumpido de gas en la Unión Europea, podría iniciar procedimientos bajo la legislación comunitaria en materia de competencia.

Estos términos incluyen la «construcción o gestión de la infraestructura energética conectada con al menos un Estado miembro de la Unión Europea», lo que no debería restringir la libertad de los países comunitarios para negociar pero afectaría a proyectos como el de Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que genera reticencias entre los Veintiocho. El espíritu del legislador es que la Comisión Europea desempeñe un papel de «consejera» de las capitales para garantizar que se respeta la legislación comunitaria.