Siete países de la UE, encabezados por Alemania y Francia, presentarán en las próximas semanas alternativas a la separación de las redes energéticas propuesta por la Comisión Europea, para tratar de sacar adelante una «tercera vía» que los demás Estados miembros y Bruselas se han comprometido a estudiar.
Los Veintisiete escenificaron su división sobre este asunto en un Consejo de Ministros de Energía celebrado en Bruselas, en el que analizaron el tercer paquete de medidas de la CE para la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad.
Mientras que la mayoría de Estados miembros -entre ellos España– defiende los planes de Bruselas para forzar la separación patrimonial de las redes de transmisión de energía, un grupo de siete países liderado por Francia y Alemania se opone frontalmente.
«Creemos que la separación patrimonial es tal vez un ataque al derecho de propiedad» y «no vemos proporcionalidad» en esta medida, señaló el ministro francés, Jean-Louis Borloo, que además consideró que la separación -conocida por el término inglés «unbundling«- puede debilitar a las empresas europeas frente a las de terceros países.
Para Alemania, la desmembración de los gigantes energéticos crea el riesgo de «paralizar las inversiones en las redes», explicó su secretario de Estado de Energía, Joachim Wuermeling, quien anunció que en las próximas semanas Berlín va a presentar propuestas alternativas.
La que ya ha pasado a llamarse «tercera vía» es un modelo aún por definir que supondría una alternativa a las dos opciones presentadas por Bruselas para aumentar la competencia en el sector: la separación patrimonial -opción preferida de la CE– y el sistema de operador independiente (ISO), que permite a las empresas mantener la propiedad de las redes pero obliga a una gestión independiente supervisada por un regulador.
Este segundo modelo, ofertado por Bruselas como una solución para aquellos países que no quieren la separación de la propiedad, no es considerado «realista» por países como Francia.
A pesar de todo, el ministro español de Industria, Joan Clos, aseguró en unas declaraciones que, si se alcanza una solución de compromiso entre todos los Estados miembros y la CE, ésta será «algo parecido al ISO«.
El Ejecutivo comunitario ha instado a los países críticos a que le presenten sus propuestas que, en cualquier caso, «deben introducir cambios estructurales similares» a los que suponen las de la CE y «no limitarse a reforzar el papel de los reguladores», señaló el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs.
Junto a Francia y Alemania se alinean por diversos motivos Austria, Luxemburgo, Chipre, Bulgaria y Eslovaquia, todos muy críticos con el principio de separación patrimonial, mientras que los países que ya lo han introducido -como España, el Reino Unido, Italia, Bélgica u Holanda– son los principales aliados de la Comisión.
Pese a sus diferencias, los ministros y el comisario europeo se mostraron abiertos a examinar nuevas propuestas, siempre que éstas se presenten «cuanto antes» y no retrasen el calendario previsto, según el cual los Veintisiete tratarán de alcanzar un acuerdo político sobre el dossier en el Consejo Europeo de junio del próximo año.
Los países con una mayor dependencia energética de Rusia, como Estonia y Letonia, pidieron también un mayor debate sobre las salvaguardas frente a las empresas de terceros países propuestas por la CE, a las que consideran que debe darse más importancia para asegurar que las empresas extracomunitarias, como el gigante ruso Gazprom, tienen que cumplir las mismas condiciones que las europeas.
Además, el comisario de Energía presentó a los Estados miembros el plan estratégico de la CE sobre tecnologías energéticas, con el que pretende impulsar el desarrollo y reducir los costes de las energías menos contaminantes.
Los ministros también evaluaron las últimas evoluciones de las relaciones energéticas de la UE con algunos de sus socios como Rusia, Brasil y los países africanos.
