La Unión Europea da luz verde a la nueva normativa para garantizar el suministro gasista y evitar crisis de abastecimiento

Europa Press.- La Unión Europea ha dado el último paso para aprobar una nueva normativa para garantizar el suministro de gas en el bloque comunitario que incluye, entre otras cuestiones, un mecanismo de solidaridad según el cual los países están obligados a ayudar a los Estados miembros vecinos si se enfrentan a una crisis grave de abastecimiento.

El objetivo principal del reglamento es reforzar la seguridad energética de la Unión Europea, reduciendo su dependencia del exterior para el suministro de energía y capacitándola para enfrentarse con más eficacia a posibles crisis de suministro de gas. Así, la legislación comunitaria establece 4 grupos compuestos por diferentes Estados miembros que formarán parte de una «cooperación asociada frente a riesgos» y se encargarán de elaborar tanto análisis conjuntos como medidas conjuntas de prevención y emergencia.

Las nuevas reglas también establecen 3 niveles de crisis de suministro (alerta temprana, alerta y emergencia) que los países pueden declarar informando a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los países que forman parte del mismo grupo regional y adyacentes. Además, el Ejecutivo comunitario tendrá derecho a solicitar el acceso a cualquier contrato de suministro de gas relevante para la seguridad de abastecimiento, considerando así aquellos que representen el 28% del consumo de gas anual en un Estado miembro concreto. De la misma forma, Bruselas también podrá reclamar los detalles de otros acuerdos comerciales que sean relevantes.

Cañete asegura que la interconexión eléctrica es ahora una prioridad para Bruselas para evitar que la Península Ibérica continúe aislada

EFE.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, subrayó que «no hay ninguna justificación» para que la Península Ibérica se mantenga aislada del resto del continente a nivel energético y aseguró que desde Bruselas se trabaja para revertir esta situación, por lo que la interconexión eléctrica ha pasado a ser «una prioridad política del máximo nivel» para la Comisión Europea.

Cañete recordó que ya en 2014 el Consejo Europeo dio a la Comisión Europea «un mandato para tomar medidas urgentes» que garantizasen un mínimo de interconexión en varios Estados, entre ellos España y Portugal. «Actualmente, a pesar de nuestros esfuerzos, la Península Ibérica todavía no está plenamente integrada en el Mercado Interior de la Energía», lamentó el responsable del Ejecutivo comunitario. Cañete recordó que España es uno de los 12 estados miembros de la periferia de la Unión Europea que está «insuficientemente conectado» con el mercado interior de la electricidad.

En cuanto a las conexiones entre España y Portugal, se está trabajando en completar a finales de 2018 la interconexión eléctrica entre los dos países. Sin embargo, precisó el comisario, «el hecho de que España esté poco integrada inevitablemente afecta negativamente a Portugal». En este sentido, Cañete consideró que «existe un problema claramente», puesto que «la interconexión española es solo del 5%» y del 10% en Portugal, y aunque «se están consiguiendo buenos progresos» para mejorar estos números, se debe tener en cuenta el creciente interés europeo en este asunto.

Se necesita un mercado interconectado

«Todos estos problemas cobran más interés porque en este momento lo que estamos viendo es que el Parlamento Europeo tiene mucha más ambición», subrayó Cañete, quien apuntó que, sin un mercado de electricidad interconectado, «no sirven de nada» las reformas que emprenda Bruselas en el sector energético. A juicio del comisario, «no hay ninguna justificación para que la Península Ibérica esté aislada en el continente» por lo que incidió en la necesidad de «conseguir que las interconexiones sean una realidad».

Arias Cañete señaló como principales perjudicadas por esta situación a las eléctricas españolas y portuguesas, que «están de facto excluidas» del mercado común de la energía «por la falta de conexiones adecuadas, padeciendo en consecuencia una desventaja competitiva«. «El riesgo de tener una menor intensidad competitiva en la Península Ibérica es que esto pueda derivar en precios más altos de lo que podrían ser», alertó.

Cañete hizo hincapié en que este escenario cobra aún más importancia con la fuerte apuesta por las energías renovables, que se espera que produzcan el 27% de la energía de la Unión Europea en 2030 y que, para ser integradas en la red europea, necesitarán de redes interconectadas. En este escenario, destacó los avances en el proyecto de interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya, que doblará la capacidad de interconexión entre España y Francia y permitirá al primero acercarse al objetivo de interconexión del 10%.

Los retos de la interconexión eléctrica son similares a los que se identifican en el mercado gasístico, desveló Arias Cañete, en el que España y Portugal también presentan una conexión «insuficiente». «De hecho, estos dos países son los dos únicos Estados comunitarios que no pueden recibir todos sus suministros de gas a través de una red de gasoductos interconectados que suministran gas de diferentes proveedores«, señaló. Pese a todos estos desafíos, el comisario mostró su confianza en que para 2019 se habrá alcanzado una «decisión final de inversión» que acerque a Portugal y España al objetivo de interconexión del 10%.

Bruselas insta a España a aplicar las normas comunitarias sobre contadores individuales de calefacción suministrada desde una instalación central

Europa Press.- La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no trasponer correctamente la directiva sobre eficiencia energética y, concretamente, para que aplique correctamente el artículo sobre la instalación de contadores individuales en edificios en los que la calefacción, la refrigeración o el agua caliente se suministran desde una instalación central. La advertencia del Ejecutivo comunitario tiene la forma de una carta de emplazamiento y España dispone ahora de un plazo de dos meses para contestar a la misiva.

En concreto, el artículo 9 de la directiva, que data del año 2012, establece que se deberán instalar contadores de calor o de agua caliente en el intercambiador de calor o punto de entrega cuando se suministren calefacción y refrigeración o agua caliente a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central que abastezca a varios edificios. También establece que, en los edificios de apartamentos y polivalentes con una fuente central de calefacción o refrigeración, o abastecidos a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central, se instalarán contadores de consumo individuales antes de 2017 «siempre que sea técnicamente viable y rentable».

La normativa añade que, cuando no sea técnicamente viable o rentable, se utilizarán calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador, a menos que el Estado demuestre que la instalación de dichos calorímetros tampoco es rentable. En estos casos, podrán estudiarse métodos alternativos de medición de consumo de calor que sí lo sean. Además, el artículo dice que, en edificios de apartamentos que se abastezcan a partir de una red de calefacción o refrigeración urbana, se podrán introducir normas transparentes sobre el reparto de los costes del consumo de potencia térmica o de agua caliente en dichos edificios, con el fin de garantizar la exactitud del consumo individual.

Por último, el artículo insta incluir, cuando proceda, orientaciones sobre el modo de asignar los costes del calor y del agua caliente que se consuma en función del agua caliente para uso doméstico, del calor irradiado por instalaciones del edificio y destinado a calentar las zonas comunes y para la calefacción de los apartamentos. El objetivo es promover la instalación de contadores individuales o sistemas de imputación de costes de calefacción para medir el consumo y asignar los costes correspondientes.

Bruselas autoriza 4 planes de ayuda de Francia a instalaciones eólicas y solares

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado 4 planes de ayuda de Francia a la producción de electricidad procedente de instalaciones eólicas y solares tanto en edificios como sobre el terreno, que permitirán al país producir más de 7 gigavatios adicionales energía procedente de fuentes renovables. El Ejecutivo comunitario concluyó que estos esquemas de apoyo están en línea con las normas europeas de ayudas de Estado y ha destacado que ayudará a Francia a alcanzar su objetivo para 2020 de satisfacer el 23% de sus necesidades energéticas con renovables.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado que estos 4 regímenes de ayudas «ayudarán a Francia en su transición hacia un suministro energético con bajas emisiones de carbono y sostenible«. «Estas medidas incluyen un concurso público neutral desde el punto de vista tecnológico que estimulará la competencia entre instalaciones solares y eólicas y contribuirán a que la Unión Europea logre sus objetivos medioambientales», auguró.

Energía solar también en edificios

Concretamente, el plan para energía solar terrestre cuenta con un presupuesto provisional de 188 millones anuales, mientras que los dos esquemas de energía solar cuentan con una financiación de 232 millones de euros anuales. El cuarto de los regímenes, que incluye instalaciones eólicas y solares, tiene un presupuesto de 6 millones anuales. Los cuatro planes incluyen un plan de evaluación detallado para examinar su impacto.

El Ejecutivo comunitario ha analizado estos regímenes bajo las normas sobre ayudas de Estado, que permiten el apoyo público mientras que los fondos sean limitados y los operadores no sean sobrecompensados. Bruselas ha concluido que las medidas impulsarán la cuota de electricidad producida con renovables en Francia, al mismo tiempo que ha estimado que minimizan la distorsión a la competencia que provoca el apoyo estatal.

La interconexión eléctrica de España y Francia por el Golfo de Vizcaya inicia su tramitación y estará funcionando en 2025

EFE / Europa Press.- Red Eléctrica de España y su homóloga francesa Réseau de Transport d’Électricité han iniciado la tramitación para construir la interconexión eléctrica submarina entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya, que supondrá unos 1.750 millones de euros de inversión, y que se prevé que comience a operar en 2025.

Ambas sociedades han abierto la consulta pública del proyecto para cumplir con las exigencias europeas que obligan a un proceso de participación pública en la etapa de tramitación inicial de las infraestructuras energéticas transeuropeas, según indicó Red Eléctrica. El nuevo enlace eléctrico reforzará la interconexión entre España y Francia, así como del sistema ibérico con el resto de Europa, mejorará la seguridad de suministro, aumentará la eficiencia de ambos sistemas eléctricos y permitirá una mayor integración de energías renovables. España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea para 2020: el 10% de la capacidad de producción instalada, que en el caso de España tendría que alcanzar los 10.000 MW.

La primera interconexión submarina entre España y Francia permitirá aumentar la capacidad de intercambio desde los 2.800 megavatios (MW) actuales hasta los 5.000, lo que elevará la seguridad, la estabilidad y la calidad del suministro eléctrico entre los dos países y también con el resto de Europa, según Red Eléctrica de España. Con un presupuesto aproximado de 1.750 millones de euros y una fecha de finalización prevista en 2025, esta interconexión fue declarada Proyecto de Interés Común por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en octubre del 2013. La interconexión tendrá una longitud de 370 kilómetros (280 submarinos) y estará compuesta por 4 cables, 2 por cada enlace, en corriente continua, con una capacidad de transporte de 2×1.000 MW.

La construcción empezará en 2020

Para cumplir con la obligación de garantizar la información y participación pública, se ha puesto en funcionamiento un sitio web del proyecto y REE celebrará, durante el último trimestre de 2017, encuentros con los Ayuntamientos afectados por el proyecto. Se establecerán, además, puntos de información y se repartirá documentación en los seis municipios incluidos en el ámbito de estudio. Además, está prevista la celebración de jornadas técnicas para ofrecer información a los diferentes grupos de interés. Según el calendario, el período de participación pública se extenderá hasta marzo del 2018, y el plazo para la elaboración de los estudios de impacto e información pública del proyecto, que durará dos años, irá de abril de 2018 al mismo mes de 2020.

La construcción de la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya, cuyas obras durarán aproximadamente 4 años, se iniciará en junio de 2020 y está previsto que finalice en octubre de 2024, mes en que comenzará el período de pruebas para su puesta en servicio en mayo de 2025. La empresa responsable del proyecto es Inelfe, constituida en 2008 a partes iguales por Red Eléctrica y su homóloga francesa, con el objetivo de construir y poner en marcha las interconexiones eléctricas entre ambos países para aumentar el volumen de intercambio de energía eléctrica entre la Península y Europa. Inelfe ya realizó la primera interconexión eléctrica entre Francia y España a través de los Pirineos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el canon eólico de Castilla-La Mancha al respetar la ley europea

Redacción / Agencias.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el gravamen aplicado por el Gobierno de Castilla-La Mancha a la producción eólica, el canon eólico, es compatible con la normativa comunitaria. Así ha respondido este tribunal a varias consultas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras recibir denuncias de este impuesto por parte de las empresas Elecdey Carcelén, Energías Eólicas de Cuenca, Iberenova Promociones e Iberdrola Renovables sobre el canon eólico diseñado en 2011 por Castilla-La Mancha.

Las compañías acudieron al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha cuando fueron desestimadas sus solicitudes en las que pedían una rectificación de las autoliquidaciones en concepto del canon eólico de 2011 y 2012 y la devolución de los importes pagados. En este sentido, ante las preguntas del tribunal manchego, el tribunal europeo determina que dicho gravamen es compatible con los objetivos de la Directiva 2009/28, relativa al fomento de la energía procedente de fuentes renovables y con las disposiciones que ésta contiene sobre las tasas administrativas.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea explica que esta normativa «no prohíbe que los Estados miembros establezcan un canon que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, ni los obliga a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables ni, cuando deciden aplicar esos sistemas, a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales«. Por otro lado, el Tribunal de Justicia europeo dictamina que la directiva que reestructura el régimen comunitario de imposición de productos energéticos y de la electricidad tampoco se opone al canon eólico puesto que «éste no grava los productos energéticos ni la electricidad en el sentido de la directiva».

Ni impuesto energético ni especial

En este sentido, la sentencia afirma que «no existe ningún vínculo entre, por un lado, el hecho imponible del canon eólico y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos«. Por último, el Tribunal de Justicia dispone que el canon eólico tampoco está incluido en el ámbito de aplicación de la directiva sobre el régimen general de los impuestos especiales, porque que dicho canon «no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad».

El Tribunal considera por otra parte que la cuestión de si el objetivo del canon es la protección del medio ambiente, como defienden el Gobierno español y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se inscribe únicamente en el ámbito del Derecho nacional. El gravamen autonómico sobre la energía eólica fue establecido mediante la Ley 9/2011, de marzo, por la que se crea el canon eólico. El hecho imponible que lleva aparejado el pago del canon es la generación de impactos adversos sobre el medio natural y el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores destinados a la producción de energía eléctrica.

Nadal asevera que la reforma eléctrica se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y se revisará la rentabilidad razonable

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades reguladas del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa.

«La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años. Ha habido cierto revuelo cuando se ha recordado por un banco de inversión, pero es lo que está en la ley. La reforma se hizo y se aplicará, tal como estaba prevista, sin ningún cambio en sus planteamientos», afirmó Nadal en referencia al informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, lo que provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

El ministro defendió en su intervención la necesidad de acertar en las decisiones que se tomen en política energética en momentos de cambios como los actuales, ya que «es crucial y los errores en política energética duran décadas». Por ello, Nadal subrayó que «el objetivo primordial» del Gobierno en materia energética es asegurar un precio competitivo de la energía con el que poder respaldar a la competitividad y al crecimiento económico para conseguir mayor nivel de empleo, «siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha comprometido, dentro de un marco de reducción de emisiones de CO2 y de incremento de las renovables».

Así, Nadal valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó la necesidad de definir cuál es el mix energético «más adecuado» para afrontar ese futuro de descarbonización. A este respecto, se mostró partidario de definir qué hacer con el carbón y la nuclear, tecnología que defendió ya que tiene «ventajas indudables», como que no emite CO2 y produce continuamente, aunque «tiene el problema de los residuos». De hecho considera que no se podrá prescindir de la nuclear mientras siga habiendo un nivel muy bajo de interconexión, una materia en la que, a su juicio, se está avanzando muy lentamente.

Respecto al carbón, destacó que emite más CO2 que el gas, aunque es más barato, por lo que se mostró a favor de mantener «una diversificación adecuada» de las dos fuentes de energía en el mix en esa transición energética. «Prescindir del carbón por tema medioambiental tiene su coste», advirtió. Además, el ministro señaló también la necesidad de ver cómo se retribuye la térmica, una tecnología que será imprescindible con la introducción de energías más volátiles como las renovables. «Debemos tener mayor capacidad de actuar con el parque de bomberos, que es la térmica, que estará parada o poco utilizada, pero imprescindible por esa falta de interconexión y por el hecho de que la renovable es volátil», añadió al respecto.

Nadal ha señalado que la transición energética obligará a ordenar una reducción de la capacidad existente en ciertas energías y a variar la retribución para dotar de más flexibilidad a la gestión, pues habrá fuentes, como la energía térmica, que a futuro se utilizarán poco pero con mucha intensidad cuando se necesite. En opinión del ministro, la retribución de lo que queda del sistema para dar flexibilidad, por la reducción de capacidad de generación que tiene que ir desapareciendo al ser sustituida por las nuevas fuentes de energía, es lo que va a condicionar la política energética no sólo de España, sino de la Unión Europea, de aquí a 2030.

Sobre el paquete de invierno de la Unión Europea, que marcará el camino hacia la descarbonización de las economías, Nadal lamentó que no se haya tenido en cuenta al configurar esta hoja de ruta dos aspectos fundamentales para España como son la alta tasa de desempleo y el «altísimo grado de aislamiento que tiene la Península Ibérica«. Nadal afirmó que mientras otros países están en mejores condiciones de poner más énfasis en objetivos medioambientales y de reducción de emisiones, la prioridad española es cumplir esos objetivos pero sin perder competitividad.

Recordó que, cuando el PP llegó al Gobierno en 2012, se encontró con un sistema eléctrico «desequilibrado» y con una deuda en crecimiento, que de no haberse adoptado medidas, hubiera crecido en 10.000 millones de euros por año, lo que hubiera supuesto «la quiebra del sistema». El ministro reivindica que la reforma produjo un declive de los precios del sector eléctrico y lo mismo pasó con el gas y con el suministro a la industria, cumpliéndose el objetivo de causar un cambio en los precios.

Asimismo, Nadal afirmó que «es muy difícil» compaginar la reducción de emisiones y el desarrollo de las renovables con la eficiencia y la competitividad, puesto que se pueden generar costes a las empresas que frenen la creación de empleo. «Cada euro que una empresa paga en energía es un euro que no va a salarios» añadió en este sentido. Por otra parte, Nadal señaló que Europa supone solamente el 10% de las emisiones de gases contaminantes y que son otras regiones y países quienes tienen que hacer más contra el cambio climático. Nadal también afirmó que mientras Europa se centra en objetivos medioambientales, otros países de América y Asia se centran en reducir precios y aumentar su eficiencia y competitividad.

«Realmente estamos aislados, tenemos un problema de interconexión, que es el principal problema de España en su relación con la Unión Europea», afirmó, añadiendo que le hubiera gustado que existiera en el paquete una gobernanza de cumplimiento para el tema de las interconexiones «tan estricta como existe para otros aspectos, ya que lo básico es que exista un mercado interior«. Por ello ha señalado que, aunque el problema del déficit del sistema en España está solucionado, quedan asuntos pendientes, como las interconexiones, sin las cuales ha advertido que un mercado interior de la energía en la Unión Europea es hablar para España de una «ficción».

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea pide acelerar la reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático

EFE / Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea asegura que los Estados miembros no cumplirán sus objetivos para rebajar las emisiones contaminantes para 2030 si continúan al ritmo de reducción actual. «Los objetivos de la Unión Europea para 2030 y 2050 no se alcanzarán sin significativos esfuerzos adicionales y todos los sectores tienen que contribuir», indicó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en un informe sobre cambio climático.

El informe del Tribunal de Cuentas europeo afirma que el «gran hincapié» sobre la mitigación se refleja en los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y energía. Concretamente, el bloque comunitario se ha fijado objetivos de reducción de emisiones, de aumento del peso de energías renovables en el consumo energético y de aumento de la eficiencia energética para 2020 y 2030. Así, la Unión Europea se ha fijado como meta reducir las emisiones contaminantes en un 20% para 2020 y en un 40% para 2030, respecto a 1990, para llegar en 2050 a un recorte de entre el 85% y el 90%.

En todo caso, el estudio advierte de que estos objetivos de reducción de emisiones no se lograrán sin «importantes esfuerzos adicionales». Para alcanzar esos objetivos en 2030, los auditores consideran que «los esfuerzos anuales de reducción de emisiones tendrán que incrementarse en un 50% en la próxima década». Y advierten que «el cambio más significativo, no obstante, tendrá que venir más allá de 2030», cuando el ratio de reducción de emisiones tendrá que multiplicarse «por tres o cuatro» para alcanzar las metas fijadas para 2050.

«La Unión Europea tiene que recortar las emisiones de gases invernadero y también adaptarse al cambio climático. Las proyecciones actuales muestran que se necesitan más progresos para lograr los objetivos de 2030 y 2050 sobre reducción de emisiones», indicó el auditor responsable del informe del Tribunal de Cuentas sobre el cambio climático, Phil Wynn Owen. Uno de los ámbitos clave que identifican los auditores es la producción energética para el transporte, la industria, los hogares y la agricultura, que es responsable del 79% de las emisiones invernadero de la Unión.

«Una parte importante del plan de la Unión Europea es el establecimiento de un mercado interno que permita el tránsito libre y sin fronteras del gas y la electricidad en la Unión Europea», subrayó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Ese órgano reconoció «progresos significativos en algunas partes de la Unión Europea» pero destacó que «aún no se ha alcanzado un mercado interno energético» porque «los cuellos de botella persisten debido a la inexistencia o la infrautilización de infraestructuras de electricidad y gas«.

«Por ejemplo, las interconexiones de electricidad y, en su caso, las líneas internas todavía tienen que mejorar en el suroeste de Europa, como España y Francia, y en países europeos del norte y el este como Alemania, Polonia y la República Checa», indicaron. En cuanto a las energías renovables, añaden, se detecta una «falta de rendimiento y obstáculos a la inversión», mientras que en la energía nuclear los auditores han hallado un «incremento de los costes y retrasos» y señalan también que no se está produciendo una transición «suficiente» hacia un transporte bajo en emisiones.

Los auditores señalan en su informe que, si bien el Acuerdo de París busca limitar el alza de las temperaturas a final de siglo en menos de 2ºC respecto a los valores preindustriales, se trata de una proyección global, de manera que afectaría de diferente forma a distintos territorios del mundo. Incluso alcanzando esa meta, las temperaturas podría subir «entre 3°C y 4°C en la mayor parte de España«, agrega el Tribunal de Cuentas con datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea.

Por último, el Tribunal de Cuentas europeo ha consultado 269 informes de auditorías. Algunas conclusiones de estos estudios son la falta de efectividad y obstáculos de las inversiones, mientras que ha lamentado el hecho de que la transición a un transporte bajo en carbón no se ha desarrollado lo suficiente y que en el área de la adaptación se han centrado principalmente en las inundaciones.

Bruselas concede más flexibilidad contable para poder invertir en eficiencia energética en los edificios públicos para satisfacción del Gobierno español

Europa Press / EFE.- El Gobierno de España ha mostrado su satisfacción por la nueva metodología publicada por Eurostat para contabilizar las inversiones en eficiencia energética, aclarando así cómo computar los contratos de eficiencia energética en las cuentas públicas de cada país. Así ha sido después de que la Comisión Europea haya decidido introducir una mayor flexibilidad contable para poder invertir en eficiencia energética en los edificios públicos, una de las peticiones que más había reclamado en Europa el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En concreto, Eurostat ha publicado cómo consignar los contratos de rendimiento energético (CRE) en las cuentas públicas. Así aclara las normas contables que se aplican al tratamiento de los contratos de rendimiento energético y aumenta considerablemente las posibilidades de que los organismos públicos utilicen este tipo de contratos, ya que expone y aclara las circunstancias en las que estos contratos pueden consignarse en las finanzas públicas. De esta forma, la nueva metodología está también en consonancia con el tercer pilar del Plan Juncker, cuya finalidad es eliminar los obstáculos reglamentarios a la inversión. Además, según la Comisión Europea, allana el camino para el desarrollo de un mercado más fuerte de proveedores de estos contratos, con la presencia de numerosas pymes.

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, afirmó que gracias a estas orientaciones revisadas será «más fácil» para las escuelas, hospitales y otros edificios públicos, que representan más del 10% del parque inmobiliario de la Unión Europea, invertir para mejorar su eficiencia energética. «Las medidas de eficiencia energética también son un medio importante para combatir la pobreza energética, que esta Comisión se ha propuesto erradicar», señaló Cañete, añadiendo que «eficiencia energética ante todo, de las palabras a la acción».

Mientras, la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Movilidad Laboral y responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, consideró que estas orientaciones muestran de qué modo las administraciones públicas pueden invertir «respetando plenamente los principios de contabilidad pública, ahora también en el sector de la energía«. Según los datos recogidos por el centro europeo de asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC), durante los últimos cinco años se firmaron 345 nuevos proyectos de asociación público-privada relativos a la eficiencia energética en 16 Estados miembros de la Unión Europea, por un valor total de más de 65.000 millones de euros.

Impacto en las finanzas públicas

Esta guía de orientación actualizada “ayudará a los Institutos Nacionales de Estadística (INE) de los Estados miembros a comprender mejor el impacto que tienen las inversiones en eficiencia energética para las finanzas públicas”. Se ofrecen orientaciones a los responsables de estadísticas sobre la interpretación de determinadas disposiciones del SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) en lo relativo a los contratos de rendimiento energético, especialmente aquellos que exigen un gasto inicial de capital para mejorar la eficiencia energética de una instalación. También habrá una guía práctica elaborada conjuntamente por Eurostat y el centro europeo de asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC) del BEI (Banco Europeo de Inversiones), que se publicará a finales de año, agregó Eurostat.

Así, los contratos de rendimiento energético en los que la eficiencia energética se obtiene con medidas de gestión de la energía, sin ninguna inversión en equipos suplementarios o renovación, se consideran simples contratos de servicios o de mantenimiento. Estas orientaciones revisadas se aplican en casos en los que puede considerarse que el contratista es el propietario económico de los activos.

El Gobierno de España, junto al de Francia, Italia y Portugal, habían ratificado el pasado abril ante Bruselas su compromiso para mejorar sustancialmente la eficiencia energética en consonancia con la Unión Europea. En este sentido, reclamaban la necesidad de revisar la legislación europea con el fin de eliminar los obstáculos que frenaban las inversiones en eficiencia energética en los edificios públicos. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones no pueden desarrollar estas inversiones porque generarían un déficit prohibido por la legislación a pesar de que se amorticen a muy corto plazo y así lo exija la normativa comunitaria.

España aplaude el nuevo método

Por su parte, el Ministerio de Energía señala que a partir de ahora las administraciones públicas podrán dar mayor impulso a las inversiones en eficiencia, porque ya no computarán para el déficit en las cuentas del Estado. Actualmente, existía a su juicio una barrera para acometer estas inversiones desde el sector público porque obligaban a computar como déficit todo el coste de la inversión inicial, tanto del sector público como privado. A partir de ahora, se elimina el impacto como déficit de la inversión inicial bajo ciertas condiciones, lo que, según Energía, «supondrá un impulso importante en el cumplimiento de los objetivos de energía y clima de la Unión Europea».

En la legislatura pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya lo planteó en un Consejo Europeo de Energía y Clima (octubre 2014). Este asunto también se ha tratado en la negociación del llamado Paquete de Invierno y en reiteradas reuniones en el Parlamento y en la Comisión Europea. La eficiencia energética permite reducir el coste energético y la dependencia de las importaciones, al tiempo que crea empleos locales. Los contratos de rendimiento energético (CPE) pueden ayudar al sector de la construcción a incrementar las inversiones necesarias en el contexto del creciente interés de los inversores privados y de la experiencia de su rápido desarrollo.

La Eurocámara aprueba nuevas normas para garantizar el suministro de gas en la Unión Europea con solidaridad entre miembros vecinos

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo reglamento comunitario para garantizar el suministro de gas en la Unión Europea que incluye un mecanismo de solidaridad según el cual los países están obligados a ayudar a los Estados miembros vecinos si se enfrentan a una «grave crisis» de abastecimiento.

La Eurocámara ha aprobado estas nuevas normas con 567 votos a favor, 101 en contra y 23 abstenciones y ahora necesita el visto bueno de los Veintiocho. Así, la nueva legislación comunitaria establece cuatro grupos compuestos por diferentes Estados miembros que formarán parte de una «cooperación asociada frente a riesgos» y se encargarán de elaborar tanto análisis conjuntos como medidas conjuntas de prevención y emergencia.

Además, la Comisión Europea también tendrá derecho a solicitar el acceso a cualquier contrato de suministro de gas relevante para la seguridad de abastecimiento, que representen el 28% del consumo de gas anual en un Estado. De la misma forma, Bruselas también podrá reclamar los detalles de otros acuerdos comerciales que sean relevantes para establecer un contrato de suministro de gas, incluyendo contratos de infraestructuras.

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, subrayó que la seguridad energética «es uno de los elementos clave» de la Unión de la Energía, por lo que «la solidaridad, la cooperación regional más cercana y la mayor transparencia de los contratos están en el corazón de la estrategia» de Bruselas. «Con las nuevas normas estamos mejor equipados para prevenir y gestionar crisis potenciales de gas. Esto nos hace más efectivos, asegura nuestro suministro de gas y reduce los costes para los consumidores», destacó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.