La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una «investigación en profundidad» sobre supuestas prácticas contrarias a la libre competencia en las que habría incurrido la compañía francesa Gaz de France al poner trabas a las importaciones de gas en Francia.

Bruselas investiga si GdF ha incurrido en prácticas restrictivas y abusado de su posición dominante impidiendo la entrada en el mercado francés de otros suministradores energéticos, según ha anunciado el portavoz europeo de Competencia, Jonathan Todd.

El comportamiento cuestionado por la CE tiene que ver, por un lado, con la reserva a largo plazo de la capacidad de transporte y, por otro, con la decisión de no invertir lo suficiente en infraestructuras necesarias para la importación de gas. Según la Comisión, dichas prácticas podrían ser contrarias a los artículos del Tratado 81, que prohíbe las prácticas empresariales restrictivas, y 82, sobre el abuso de posición dominante.

En particular, la Comisión sospecha que GdF ha decidido deliberadamente no realizar determinadas inversiones en infraestructuras con el fin de poner trabas a las importaciones de gas en Francia. El portavoz ha dejado claro que la investigación no parte de la denuncia de ningún competidor, sino que la CE ha actuado por propia iniciativa.

El déficit de inversión no se basa, según Todd, en una «apreciación abstracta, sino en lo descubierto por los funcionarios de la CE que inspeccionaron en 2006 las oficinas de Gaz de France. Lo obtenido entonces probaría que ha habido «una subinversión deliberada para que no aumentaran las importaciones de gas en el mercado francés».

Las inspecciones fueron consecuencia de una investigación más amplia que la CE llevó a cabo sobre las condiciones generales de competencia en el sector europeo de la energía y cuyas conclusiones fueron presentadas el 10 de enero de 2007.

Esa investigación sectorial «ha proporcionado a la Comisión un conocimiento más profundo del funcionamiento, y en algunos casos mal funcionamiento, del sector energético, que tiene una importancia fundamental para la competitividad global de la economía europea», recuerda un comunicado.

«Cuando hay una política deliberada de no invertir puede incurrirse en un abuso de posición dominante», ha comentado el portavoz. La CE ha advertido de que la apertura de una investigación formal no implica que las autoridades europeas de competencia tengan pruebas definitivas de infracción. «Significa sólo que la Comisión llevará a cabo su investigación con carácter prioritario», según la nota.

La CE señala también que la legislación comunitaria no establece un plazo estricto para la resolución de investigaciones como ésta. «Su duración depende de la complejidad de cada caso, del grado de cooperación con la Comisión de las empresas involucradas y del ejercicio del derecho a la defensa».

Bruselas mantiene abierta desde el año pasado otra investigación contra GdF por haberse repartido, supuestamente, con la alemana E.ON el mercado energético franco-alemán.

La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles el segundo paso de un procedimiento de infracción contra España por las condiciones impuestas a la opa que Acciona y Enel lanzaron sobre Endesa, indicaron fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario debatirá enviar a España un dictamen motivado, el segundo y penúltimo paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Las fuentes indicaron que los servicios de la Comisión presentaron con carácter «urgente» la propuesta de decisión para el orden del día de la próxima sesión del colegio de comisarios. Con el envío del dictámen motivado, la Comisión da un plazo de dos meses tras los cuales, si no recibe una respuesta que considere satisfactoria, podría llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo.

Sin embargo, el portavoz de Competencia en la CE, Jonathan Todd, dijo que no podía confirmar que el Ejecutivo comunitario vaya a tratar este asunto en su reunión de la próxima semana.

La decisión de la Comisión se aceleró después de que el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la UE rechazase el recurso presentado por España que pedía la suspensión de una decisión de la CE de diciembre de 2007, que declaraba las condiciones «ilegales» según el derecho comunitario.

Ante la negativa de España a retirar las medidas, la Comisión abrió un procedimiento en enero y congeló la continuación del expediente hasta la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Tras la decisión del presidente del Tribunal, Marc Jaeger, el portavoz Todd señaló que el Ejecutivo comunitario estaba «reflexionando sobre los próximos pasos a dar».

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por las autoridades españolas a la opa de Acciona y Enel sobre Endesa eran ilegales, por lo que pidió su retirada.

Entre las medidas que Bruselas considera ilegales figuran: mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.

Tras la decisión española de no retirar esas medidas, el Ejecutivo comunitario inició en enero pasado un procedimiento de infracción. Según el reglamento europeo de concentraciones, la Comisión tiene competencia exclusiva sobre estas fusiones y los estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia.

La seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales son los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas e incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.

El Gobierno español argumentaba que, con sus restricciones, primero a E.ON y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.

La Comisión Europea (CE) sostuvo que los proyectos de gasoducto South Stream -que conectará la Unión Europea con Rusia– y Nabucco -que lo hará con los países del mar Caspio– no compiten entre sí, sino que son «complementarios».

Así lo indicó el portavoz de Energía de la CE, Ferrán Tarradellas, al ser preguntado por el acuerdo suscrito entre Rusia y Grecia por el que este Estado miembro de la UE abre su territorio al proyecto South Stream.

South Stream, dijo el portavoz, aumentará el bombeo de gas procedente de Rusia, el principal suministrador a Europa, y reforzará así la «garantías del suministro».

En paralelo, Nabucco ofrecerá gas procedente de «suministradores no tradicionales» -como Azerbaiyán y Turkmenistán– y diversificará así las fuentes de que dispone Europa. «No vemos estos proyectos como competidores, sino como complementarios», recalcó Tarradellas.

Grecia se sumó al proyecto del gasoducto South Stream, con lo que se convertirá en un importante país de tránsito para el gas ruso y, previsiblemente, centroasiático con destino a Europa.

El gasoducto bombeará carburante ruso a través del Mar Negro hasta Bulgaria, y después a los Balcanes y a otra zonas de Europa.

En paralelo, la UE promueve la construcción del gasoducto Nabucco a través de Turquía, al objeto de reducir su dependencia del gas ruso. Esta infraestructura conectaría Europa con la zona del Caspio, donde Azerbaiyán y Turkmenistán disponen de enormes reservas de gas.

Un informe oficial francés elaborado por el anterior director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Claude Mandil, defiende la puesta en marcha de «una solidaridad energética» de los estados de la Unión Europea (UE), que debe ir acompañada de la «responsabilidad» de cada uno de ellos.

El primer ministro francés, François Fillon, que recibió este informe, destacó en un comunicado que Mandil ha identificado «varias pistas de reflexión para mejorar la seguridad energética europea», y en primer lugar «un esfuerzo considerable en materia de ahorro», a su juicio «un elemento central todavía demasiado despreciado por la UE«.

El precedente responsable de la AIE también apuesta por «una política de inversiones en infraestructuras energéticas», lo que incluye «interconexiones eléctricas y gasísticas, terminales de gas natural licuado, capacidades de producción eléctrica sin carbono», sobre todo para reducir la dependencia europea de las importaciones de gas.

Otras de sus propuestas son la creación de «dispositivos europeos de urgencia en caso de crisis de aprovisionamiento, con un papel para los reguladores», «una verdadera coordinación entre gestores de redes», o «mejorar el diálogo energético a nivel mundial y aumentar la transparencia, cuya insuficiencia perturba los mercados y reduce la seguridad».

En el informe se pide un cambio de posición en las relaciones energéticas con Rusia, principal exportador de gas a la UE, con una cuota del 25 por ciento, para trabajar con más serenidad. Se pide a la UE que deje de dar lecciones y que asocie Moscú al proyecto de gasoducto Nabucco, que debe permitir el aprovisionamiento de Europa desde los yacimientos del mar Caspio sin pasar por Rusia.

Fillon había encargado este documento a Mandil teniendo en cuenta que la energía «será una de las prioridades de la futura presidencia francesa de la UE» en la segunda mitad del año.

A ese respecto, el Gobierno francés subrayó que, además de las discusiones sobre la mejora del funcionamiento del mercado interior de la energía y la puesta en marcha de lo que se conoce como el «paquete energía-clima», «se tiene que poner particularmente el acento sobre la cuestión de la seguridad energética europea, tema central para numerosos Estados miembros«.