Los ministros de Energía reunidos en Luxemburgo aprobaron unas conclusiones con las que pretenden completar la legislación europea existente sobre la materia y que ya afectaba a numerosos productos como lavadoras, lavavajillas y hornos eléctricos.

En concreto, apoyaron que «todos los productos de alumbrado domésticos con menor rendimiento estén prohibidos a la venta a partir de 2010, cuando existan fórmulas de sustitución», reza el texto de conclusiones.

Los ministros dejaron claro, eso sí, que se quiere evitar todo riesgo de ruptura del suministro en el mercado o cualquier pérdida de funcionalidad desde la perspectiva del usuario.

Asimismo, destacaron que quieren que se respeten todos los parámetros del diseño ecológico, en particular la rentabilidad.

En este sentido, invitaron a la Comisión Europea a que presente en 2008 un proyecto de reglamento que permita poner en marcha un proceso gradual que desemboque en la prohibición de todas las bombillas incandescentes y de bajo rendimiento.

La medida ya ha provocado reacciones en los grupos ecologistas como WWF, que la ha considerado «un paso adelante positivo».

Según calcula WWF, el consumo de las bombillas incandescentes es de tres a cinco veces superior al de las bombillas eficientes y su sustitución contribuiría a la reducción del consumo de energía en iluminación un 60%, lo que equivale a unos 30 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Sin embargo esta organización ha lamentado que la UE no haya adoptado aún un objetivo obligatorio de reducción del consumo energético primario en un 20% para 2020.

«Mantener la eficiencia energética como una herramienta opcional no nos conducirá hacia la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% en 2020», aseguró la ONG en un comunicado.

Los ministros sí hicieron mención a esta reducción del consumo anual de energía primaria, que ya figuraba en unas conclusiones anteriores, pero no fueron más allá en la concreción de ese objetivo.

También se mostraron a favor de la adopción de una política integrada en materia de clima y energía basada en tres objetivos fundamentales: la lucha contra el cambio climático, la seguridad del abastecimiento y el mantenimiento de la competitividad de las economías europeas.

La Comisión Europea anunció la imposición de una multa de 676 millones de euros a nueve fabricantes de cera de parafina por fijar el precio de ese producto y repartirse el mercado, entre los que figura Repsol, que tendrá que abonar 19,8 millones.

Por culpa de esta «mafia de la parafina», como la denominó la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, las familias y empresas europeas han tenido que pagar precios más altos por productos tan comunes como velas, papel encerado, vasos y platos de papel, cortezas de cera para quesos, componentes de automóvil y neumáticos, pegamento y chicle.

Bruselas calculó que este mercado mueve al año en Europa alrededor de 500 millones de euros. Ésta es la tercera sanción más alta impuesta por la autoridad europea de competencia a un cártel, tras las recibidas por un grupo de empresas que pactaron los precios de escaleras y ascensores (992,312 millones de euros) y otro de productores de conmutadores eléctricos (750,512 millones).

Entre los fabricantes de parafina, la multa más cuantiosa (318,2 millones) corresponde a la petroquímica sudafricana Sasol, considerada líder del cártel, seguida de la francesa Total, castigada con 128,163 millones.

La holandesa Shell denunció el pacto ante la Comisión, por lo que fue eximida de multa, en tanto que Repsol vio la suya reducida un 25 por ciento por colaborar con la investigación. Las demás compañías que entre 1992 y 2005 participaron en el cártel son la italiana ENI, cuya sanción se incrementó el 60 por ciento por reincidente; la estadounidense ExxonMobil; las alemanas Hansen & Rosenthal, Tudapetrol y RWE, y la austríaca MOL.

La investigación de la Comisión, que empezó con unas inspecciones sorpresa que se llevaron a cabo en abril de 2005, a raíz de la revelación de Shell, demostró que las nueve empresas citadas pactaron los precios de la cera de parafina entre 1992 y 2005. ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol, Shell y Total también participaban en la asignación de mercados para este producto, y ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE y Total fijaban asimismo los precios de la «slack wax» (materia prima utilizada para la fabricación de cera de parafina), que vendían a clientes finales en el mercado alemán.

Las empresas se reunían periódicamente para discutir precios, asignarse mercados o clientes e intercambiar información comercial sensible. En el grupo de Shell, el cártel era conocido como la «mafia de la parafina», y en el grupo de Sasol, como el «Blauer Salon» (el Salón Azul), por el nombre del bar de un hotel de Alemania en el que se habían celebrado las primeras reuniones del grupo. Las siguientes reuniones tuvieron lugar en hoteles de alta categoría de otras ciudades europeas, entre ellas Milán, Viena, Budapest, París, Munich y Estrasburgo.

A la hora de fijar las multas, la Comisión tuvo en cuenta las ventas respectivas de las empresas implicadas, así como la cuota de mercado combinada y el ámbito geográfico de los acuerdos entre las
empresas.

Además de Shell (eximida) y Repsol (reducción del 25 por ciento), también Sasol y ExxonMobil se beneficiaron de reducciones por
colaborar en la investigación (el 50 y 7 por ciento, respectivamente).

La Comisión recordó que toda empresa o persona que se considere perjudicada por este acuerdo puede recurrir a los tribunales de los Estados miembros y reclamar una indemnización por daños y perjuicios, aportando la decisión de Bruselas como prueba.

Las multas finales aplicados los recargos y reducciones correspondientes- a cada una de las compañías son las siguientes, en euros, por orden decreciente:

|Sasol|318.200.000|
|Total|128.163.000|
|ExxonMobil|83.588.400|
|RWE|37.440.000|
|ENI|29.120.000|
|Hansen & Rosenthal|24.000.000|
|MOL|23.700.000|
|Repsol|19.800.000|
|Tudapetrol|12.000.000|
|Shell|0|
|TOTAL|676.011.400|

La Eurocámara defiende «medidas concretas» para recortar la demanda de energía, promover las fuentes renovables y la eficiencia y para diversificar el suministro y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Para los eurodiputados, este cambio hacia una economía baja en carbono es la «respuesta más adecuada» a los altos precios de la energía, para evitar la volatilidad y para obtener beneficios para los consumidores en los próximos años.

A corto plazo, los eurodiputados instan a la UE a «liderar el diálogo energético con los principales suministradores de petróleo y gas» y apoyan la celebración de una gran cumbre entre países productores y consumidores con el fin de impulsar la estabilidad de los precios y una mayor transparencia.

En el debate celebrado previamente, varios grupos instaron además a tomar medidas para evitar la «especulación» con el crudo y urgieron a la Comisión Europea a impulsar normas de transparencia de las reservas energéticas de los Estados miembros, tal y como defiende la Presidencia de turno francesa de la Unión.

El texto, que ahora tendrá que ser votado por el pleno del Parlamento Europeo, aboga además por que se establezcan nuevos objetivos y sanciones a medio plazo, explicó en una rueda de prensa el autor del mismo, el eurodiputado de los Verdes Claude Turmes.

Aprobado con cincuenta votos a favor y dos en contra, también mantiene el objetivo previsto del 10 por ciento en el uso de biocombustibles para el transporte en 2020.

Como novedad, introduce el objetivo intermedio del 5 por ciento de biocombustibles en el transporte por carretera para 2015 y la revisión del porcentaje del 10 por ciento en 2014.

La energía renovable será «la número uno» en la Unión Europea en 2020, lo que «nos dará mucha más independencia política», dijo Turmes tras la votación.

En su opinión, si países como España y Alemania aprovechasen mejor las fuentes de energía eólica en días de viento fuerte las plantas de carbón y petróleo sería innecesarias.

Los eurodiputados, por otra parte, han pedido asimismo que los combustibles procedentes de la biomasa supongan un recorte de al menos el 45 por ciento (60% en 2020) en emisión de gases de efecto invernadero en comparación con los carburantes convencionales.

La utilización de energía procedente de fuentes renovables como el sol, la lluvia o el viento varía mucho de unos países de la UE a otros, pero la media se sitúa en la actualidad en el 8,5 por ciento.

Según datos de la Comisión Europea, si se logra aumentar esa media hasta el 20 por ciento propuesto se podría ahorrar entre seiscientos y novecientos millones de toneladas de CO2 al año.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la directiva comunitaria sobre energías renovables que la Comisión Europea propuso el pasado 23 de enero, en la que se pedía a los estados miembros que presentaran planes de acción a escala nacional.

APPA afirma que la UE pone en peligro al sector

La patronal APPA de Biocarburantes ha mostrado su preocupación por algunas de las propuestas aprobadas por el Comité de Industria del Parlamento Europeo sobre energías renovables por considerar que pueden poner «en serio peligro» la viabilidad del sector.

La industria española de biocarburantes apoya en una nota de prensa el establecimiento de criterios estrictos de sostenibilidad en la citada directiva, pero muestra su preocupación por propuestas como la de plantear para el 2015 un objetivo de carburantes renovables del 5% cuando la directiva de 2003, ya incorporada a los países, fija un objetivo del 5,75%.

Afirma que para cumplir el objetivo del 5,75% la industria española de biocarburantes ha invertido ya varios centenares de millones de euros para poner en marcha cerca de 30 plantas productivas.

También critica el objetivo de llegar al 10% de carburantes renovables en 2010 ya que dos quintas partes de este objetivo y una quinta parte del objetivo del 5% para 2015 deben ser cumplidas con biocarburantes de segunda generación, biohidrógeno y bioelectricidad.

Ecologistas y empresas de bioetanol critican el voto del Parlamento

Asociaciones ecologistas y empresas de bioetanol europeas han criticado el resultado de la votación de un informe sobre energías renovables y biocombustibles en el Parlamento Europeo, pero por razones muy distintas.

Las asociaciones ecologistas europeas –WWF y Greenpeace, entre otras- opinan que el PE está tratando de hundir el sistema europeo de comercio de emisiones y los objetivos fijados para 2020.

‘La comisión de industria ha antepuesto los intereses económicos a corto plazo a la innovación y el desarrollo tecnológico, que conducirían a beneficios a más largo plazo como nuevos empleos y un sistema energético más seguro en Europa’, aseguró Sanjeev Kumer desde WWF.

La patronal europea de bioetanol, por su parte, ha considerado las enmiendas adoptadas por los eurodiputados (destinadas a mejorar el texto inicial de la Comisión Europea) como ‘contraproducentes’ para lograr reducir la dependencia energética europea.

Además, asegura que con esta decisión el Parlamento Europeo pone en riesgo más de 5.000 millones de euros invertidos en la producción de biofueles en la UE y todos los puesto de trabajos vinculados.

Para las empresas, la revisión que la comisión de Industria quiere que se haga del objetivo del 10 por ciento de biocombustibles introduce un factor desestabilizador que desanima la inversión.