El plan, que fue objeto de una tensa disputa entre los Estados miembros por el reparto de los fondos que impidió usar el presupuesto no utilizado de 2008, ya obtuvo el respaldo del Parlamento Europeo en mayo pasado.

Se trata de 47 proyectos y el dinero se repartirá de la siguiente manera: 1.440 millones para infraestructuras gasistas, 910 millones para proyectos eléctricos, 1.050 millones para captura y almacenamiento de carbono, 565 millones para iniciativas de energía eólica en alta mar y 15 millones para proyectos en islas.

La aportación comunitaria supondrá la mitad del coste de los proyectos, excepto en los centrados en la obtención y almacenamiento de C02, donde la cofinanciación podrá llegar al ochenta por ciento del monto total.

En cuanto a los tres proyectos a desarrollar en España, se trata de la interconexión eléctrica hispano-francesa entre Baixas y Santa Llogaia (que recibirá 225 millones de euros), una iniciativa para captura y almacenamiento de carbono en la localidad leonesa de Compostilla (180 millones) y el gasoducto de Larrau, entre España y Francia (45 millones).

El plan también prevé destinar 200 millones de euros al desarrollo del gasoducto de Nabucco, para el transporte de gas natural desde el Mar Caspio hasta la UE.

Así lo manifestó en un comunicado Daniel Tews, consejero delegado de la compañía, que aspira a liderar el segmento de gran consumo eléctrico en España, tras captar a más de 500 clientes de alta tensión en su primer año como comercializador en el mercado energético español.

Atel Energía, con sede en Barcelona desde hace tres años, tiene entre sus clientes a grandes y medianas industrias del sector petroquímico, papelero, metalúrgico, automoción o farmacéutico, así como a grandes consumidores del sector servicios, como hoteles, universidades y centros médicos.

El grupo suizo Alpiq está presente en 29 países europeos, con una plantilla global de 10.000 trabajadores y con una facturación anual de más de 10.000 millones de euros.

En el caso de la gasolina sin plomo, los países deben imponer un gravamen mínimo de 359 euros por 1.000 litros y en España, antes de que entraran en vigor las subidas adoptadas por el Gobierno la semana pasada, ya oscilaba entre 395,69 y 426,92 euros, dependiendo de la calidad del carburante.

De los 27 estados miembros de la UE, en 17 la fiscalidad sobre este tipo de gasolina es más elevada que en España.

Holanda es el que aplica un impuesto más alto, 700,68 euros por 1.000 litros, seguido de Alemania, donde varía de 654,5 a 669,8 euros, y Reino Unido, con 661,06 euros.

Varios de los nuevos países socios –Bulgaria, Chipre y Rumanía- no alcanzan aún el nivel mínimo de imposición, aunque deberán ir subiendo de manera gradual en los próximos años.

También la gasolina con plomo tenía antes del último incremento una fiscalidad superior al mínimo comunitario (421 euros por 1.000 litros), de 428,79 euros.

Sólo en siete estados miembros, seis de los nuevos socios y Grecia, este gravamen es más bajo que en España.

En cuanto al gasóleo para automoción, el otro hidrocarburo afectado por la subida impositiva anunciada por el Gobierno, España ya le imponía el nivel mínimo fijado por la normativa comunitaria, 302 euros por 1.000 litros.

Sólo dos países, Chipre y Rumanía, aplican todavía un gravamen inferior, en tanto que Grecia impone, como hacía España, el mínimo exigido por la UE.

El resto de estados miembros tienen una fiscalidad más alta para el gasóleo, hasta un máximo de 661,07 euros por 1.000 litros en Reino Unido.

Fuentes de la Comisión Europea recordaron que el gravamen mínimo sobre el gasóleo de automoción subirá a 330 euros por 1.000 litros el 1 de enero de 2010, aunque España cuenta con un plazo adicional de dos años (hasta el 1 de enero de 2012) para llegar a ese nivel.

La Comisión Europea había propuesto en noviembre que los países de la UE facilitasen datos sobre sus reservas cada semana, pero los Veintisiete no han apoyado la idea al considerar que un esfuerzo así se traduciría en excesivos gastos adicionales para la industria.

Las diferencias entre ambas instituciones sobre la frecuencia de transmisión y publicación de las reservas no han impedido, sin embargo, que los ministros europeos, reunidos en Luxemburgo, aprobasen por unanimidad el presente acuerdo.

La medida forma parte de una propuesta de directiva con la que el Ejecutivo comunitario quiere mejorar la seguridad energética europea y garantizar unas reservas mínimas para reducir el impacto de posibles crisis de suministro.

El objetivo último de la CE es coordinar el sistema comunitario con el de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de la que forman parte la mayoría de los estados miembros de la Unión, para evitar retrasos innecesarios en casos de emergencia relacionadas con las reservas de petróleo.

Para España la aprobación de esta normativa no supone grandes cambios puesto que ya es miembro de la AIE y cuenta con un organismo centralizado -la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores)- que controla sus reservas estratégicas.

La Presidencia checa de turno de la UE informará de los detalles del acuerdo en una rueda de prensa que se celebrará esta tarde.

Los ministros ya mantuvieron un debate de orientación sobre la cuestión en febrero y el Parlamento Europeo aprobó en abril un informe al respecto.

Tras el acuerdo, los Veintisiete adoptarán la medida como punto sin debate en los próximos meses, ya que el procedimiento comunitario de aprobación que se aplica a esta norma es el de consulta con la Eurocámara.