El Senado insta al Gobierno a impulsar la economía circular y apostar por la valorización energética de los residuos

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Europa Press.- La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado acordó instar al Gobierno a «impulsar y a colaborar «con todas las administraciones públicas, agentes económicos y sociales el paquete europeo de economía circular y todas las medidas necesarias para que España pueda «llevar a cabo las premisas y objetivos» de este y cumplir los objetivos en gestión de residuos para 2020 y los siguientes años.

La moción del PP sólo ha conseguido el respaldo de los populares, el voto en contra del PNV tras una discusión entre los senadores Cazalis y Pons, y la abstención del resto de grupos. A la iniciativa se habían propuesto dos enmiendas, una del PSOE, para hacer más «explícita» la moción, según ha explicado el senador socialista Félix Montes, y otra del PNV, que pedía la creación de una Comisión Especial de Economía Circular que sirviera, según el senador José María Cazalis, para dar una clara señal del impulso parlamentario a esta aspiración ciudadana. Ambas fueron rechazadas por el grupo parlamentario popular, cuya senadora Juana Francisca Pons ha defendido el «carácter general de la moción».

Así, Pons expuso que la iniciativa destaca que el modelo económico lineal actual es agresivo con el medio y advierte de que agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas, si no hay un cambio en dicho modelo. Precisamente, Pons ha apuntado como alternativa a la economía circular, que define como aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y en la que se reduce la generación de residuos y se aprovecha al máximo los que no se haya podido evitar su generación.

El texto recuerda que, para potenciar la economía circular, en diciembre de 2015 la Comisión europea presentó su plan de acción, que incluye 54 medidas en las que los Estados miembro deben avanzar. La senadora popular considera que este objetivo es «beneficioso» y afecta a todas las etapas del ciclo de vida del producto. Las medidas afectan al diseño y producción, el consumo, la gestión de los residuos, el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y a 5 áreas prioritarias como son los plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas, la biomasa y los productos con base biológica.

Así, insiste en que el nuevo modelo debe concebir los productos para que sean reutilizables, reparables, actualizables, con mayor tiempo de vida útil y reciclables y que reduzcan las sustancias nocivas en los materiales. En cuanto a la etapa de residuo, la senadora cree que el Gobierno debe avanzar en la «correcta separación en origen de los residuos, tanto en los hogares como en el sector servicios y en el sector industrial» para poder aprovechar «adecuadamente» el preciado recurso material.

Para los residuos sin aprovechamiento, la moción ve «preferible» la valorización energética antes que el vertido a través de la combustión convencional en incineradoras con recuperación energética, coincineración en otras instalaciones o mediante tratamiento para obtener combustibles similares a los obtenidos del petróleo. En este contexto recuerda que la propuesta de la Comisión para 2030 es reciclar el 65% de los residuos municipales; el 75% de los envases en 2030 y reducir la eliminación en vertedero hasta un máximo del 10% de todos los residuos generados. «Son optimistas y estamos lejos en este momento pero vale la pena trabajar», indicó.

En España se recogió en 2014 de forma separada el 19% de los residuos municipales; se recicló el 31%; se incineró el 11% y el 58% se destinaron al vertedero. La iniciativa del PP admite el «prácticamente nulo avance» en preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética, lo que supone mantener el vertedero como «opción mayoritaria para los residuos». Ante las conclusiones de la Ponencia parlamentaria de residuos y la nueva propuesta de la Comisión Europea en economía circular, la Comisión de Medio Ambiente ve «indispensable impulsar medidas» para que se avance en materia de economía circular y dar cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos para 2020 y los que puedan establecerse en el futuro.

El PSOE vasco lamenta la decisión del Tribunal Constitucional de anular varios apartados de la ley vasca sobre el fracking

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Europa Press.- Tras anular el Tribunal Constitucional partes de los artículos de la ley vasca antifracking por no tener la comunidad autónoma «competencias en la materia», el sindicato ELA denuncia que la falta de «soberanía energética impone» a Euskadi un modelo «insostenible, favoreciendo el fracking» y el PSOE de Álava ha mostrado su preocupación por la decisión del Constitucional de estimar parcialmente el recurso del Gobierno central.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha anulado varios apartados de la Ley vasca sobre el fracking por considerarlos anticonstitucionales, al entender que «desbordan» las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente y que podrían «vulnerar» el principio de territorialidad. Los socialistas alaveses han considerado que ésta es «un mala noticia ya que puede reabrir la puerta de los fantasmas» que ya se vivieron en el pasado y que daban «por zanjandos».

El secretario de Política Ambiental y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, indicó que «es necesario y urgente derogar todos los puntos de la Ley de hidrocarburos estatal que premian e incentivan el fracking, desprotegiendo el territorio y poniendo en serio riesgo su patrimonio natural y medioambiental», con una técnica que su partido «rechaza por completo y que también rechaza la mayoría social alavesa».

Senderos ha recordado que el grupo parlamentario socialista obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP «hace ahora justo un año, a una proposición no de Ley para prohibir en todo el país la utilización de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) y que el PSOE lo rechaza en su ponencia del último Congreso». Por ello, el PSOE se «compromete a seguir trabajado a nivel político e institucional para que el fracking no sea una alternativa» en territorio alavés.

La falta de «soberanía energética”

Tras recordar que la ley antifracking se aprobó en el Parlamento vasco gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recabó más de 100.000 firmas en apoyo a la misma, ELA aseveró que «esta respuesta del Estado español es una clara evidencia de que se sigue favoreciendo un modelo de energía insostenible, basado en la potenciación de las energías fósiles».

«Este modelo va en contra de la necesaria soberanía energética que tenemos los pueblos para poder decidir qué energía consumimos y cómo queremos que se genere», ha denunciado, para asegurar que la anulación de parte de los artículos de esta ley es «un nuevo golpe a las energías renovables, a la vez que deja la puerta abierta nuevamente a energías que por activa y por pasiva hemos dicho que rechazamos«.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.

Fernández Vara (Extremadura) llama a un gran acuerdo político en España sobre la planificación energética y las energías renovables

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Europa Press.– El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el «desafío» al que debe hacer frente la política actual, además de «resolver los problemas» de los ciudadanos, es crear un «pacto común y estable en el tiempo» en España sobre la planificación energética y las energías renovables.

En este sentido, Fernández Vara ha defendido la «necesidad» de hacer en España un «gran acuerdo» en este sentido ya que la planificación energética es un asunto, según él, que «no se puede hacer a golpe de decisión respecto a una central o un determinado recurso» ni dejarse para el debate «solo» cuando aparece un proyecto de este tipo en la región, lo que ha considerado que «no es bueno».

Asimismo, el presidente de la Junta reiteró su posición de que las energías renovables son un asunto «de una enorme importancia» y ha destacado que los recursos naturales de Extremadura, «donde tenemos mucha agua y muchísimo sol», colocan a la región en una situación «interesante» a este respecto, ya que «hace 10 o 20 años quién iba a decir que iban a valer tanto». «Tengo una cierta sensación de que se están repartiendo las cartas de nuevo en la economía mundial», tras lo que ha confiado en que «en ese nuevo reparto de cartas las que nos toquen jugar como país y como comunidad autónoma sean diferentes a las de hace 40 o 50 años, que no fueron precisamente positivas«.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha sostenido que la experiencia del «boom de las fotovoltaicas y el inicio de las renovables», además de suponer una «carísima burbuja», infló el mercado y produjo «una serie de resistencias» que luego «han retrasado la instalación adecuada» de estas plantas eléctricas, tras lo que ha manifestado que se debe «aprender de todas estas situaciones para que no se vuelvan a repetir».

«Los más de 6.000 megavatios que hay solicitados ahora mismo en la Consejería de Economía e Infraestructuras ponen de manifiesto el enorme interés que vuelven a tener las energías renovables y cómo fijan su posible ubicación en Extremadura», ha sostenido Vara, tras lo que ha reconocido que el Ejecutivo ve «con ilusión este renacer de las renovables» que mejorará la economía de la región, la construcción y el empleo «fundamentalmente».

Por otra parte, Fernández Vara anunció que dentro de la Consejería de Medio Ambiente se va a crear una unidad «específica para llevar todo el tema de las plantas fotovoltaicas», con el objetivo de «no desaprovechar» oportunidades como consecuencia de la «excesiva» burocracia y «agilizar los tiempos de respuesta» de la Administración a estos proyectos. En esta misma línea, Vara ha considerado que es «importante» garantizar la estabilidad política y jurídica. «Los tiempos en los que las empresas se instalaban según el dinero que ofrecía la Administración han pasado», sentenció.

Para concluir, Fernández Vara ha manifestado que tanto si Extremadura como España quieren ser «actores principales» en las energías renovables, se debe «renunciar a una parte de nuestra soberanía» puesto que «sin Europa no somos nada«, por lo que «a pesar de las dificultades» se deben reforzar las ayudas europeas y la cooperación en este sentido. Por otra parte, Vara se ha referido también al proyecto presentado por la Junta en Bruselas que consiste en la construcción en Extremadura de una planta termosolar de torre con una potencia de entre 100 y 200 megavatios, de la que ha explicado que espera que se faciliten los trámites administrativos para que se instale «lo más pronto posible«.

Por su parte, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, Olga García, ha explicado que este proyecto ha sido elaborado por el Partenariado de Energía Solar, creado en mayo de 2017 e incluido en la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía, promovida por la Comisión Europea. En este sentido, la directora general extremeña ha explicado que desde la región se está trabajando en dos proyectos, el primero de ellos es éste con el que la Junta también pretende crear «un lugar donde poder investigar los avances en energía termosolar» y que pudiera tener «un tamaño suficiente para tener un perfil comercial».

«La idea es producir energía eléctrica con esta planta de torre, que la idea es que estuviera ubicada en Extremadura, y vender esa energía a países del centro y del norte de Europa», ha continuado Olga García, tras lo que ha explicado que la Unión Europea establece una obligación de cumplimiento de objetivos de energías renovables por países, por lo que este proyecto pretende «computar» por esos países que «se sabe que no van a llegar a cumplirlos». Así, la directora general ha sostenido que la Junta contempla «diferentes formas» para hacer esa compensación mediante transferencias físicas o estadísticas, tras lo que ha resaltado que, aunque son «de complejidad», en Europa ya existen 4 proyectos de cooperación de este tipo.

Además, ha continuado, el Partenariado está trabajando en otro proyecto que tiene que ver también con solar termoeléctrica, «pero en lugar de alta temperatura este es de media temperatura» y de aplicación «directa a la agroindustria», un sector, bajo su opinión, «estratégico» también para Extremadura. Para concluir, Olga García ha subrayado que los beneficios para la región son «muchos» como la «importancia» de desarrollar este proyecto desde el punto de vista de la innovación y de la investigación en esta energía, y por otra parte la inversión en industria, que «atraería más industria y una mejoría» de la economía regional, tras lo que ha explicado que para financiar este proyecto son «necesarios» fondos europeos, además de estos mecanismos de cooperación.

El PSOE pide un estudio de impacto conjunto del almacén de gas en Doñana y la paralización de las obras

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Europa Press.- El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por parlamentarios, diputados, alcaldes y dirigentes locales del entorno del Parque Nacional de Doñana, ha pedido un estudio de impacto conjunto de los proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona y la paralización de estas obras. De esta forma, los socialistas onubenses han querido “despejar el más mínimo resquicio de duda que pudiera subsistir sobre la postura que el PSOE mantiene en relación al proyecto de gas en Doñana”.

De este modo, el secretario general de la Ejecutiva Provincial, Ignacio Caraballo, criticó el proyecto a las puertas de Marismas Occidental, denominación del primero de los cuatro subproyectos en que ha quedado dividida una actuación que, «a juicio de todos, excepto del Gobierno y de la empresa proponente, requiere un estudio sobre su conjunto y no por separado, para conocer el impacto real, si existe riesgo y si es viable».

Así, la cúpula del PSOE onubense ha querido expresar «su absoluto rechazo» al proyecto y ha pedido que se paralice de manera inmediata «la ejecución de Marismas Occidental, en tanto en cuanto el Gobierno no adopte la decisión de evaluar el impacto ambiental sobre el conjunto de los cuatro subproyectos». «Lo primero es que estamos en contra absolutamente de que Doñana sirva de almacén de gas; lo segundo es que no se puede jugar al engaño permanente, haciendo creer a los ciudadanos que no existe peligro porque la realidad es que el Gobierno no lo sabe con certeza; lo tercero es que es un clamor social, nadie quiere este proyecto, por tanto, el Ejecutivo debe pararse a reflexionar», remarcó Caraballo.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha dicho, en nombre de todos los alcaldes socialistas del entorno, que suscribe la petición de paralización y la exigencia de la declaración conjunta del proyecto. «Pedimos impulsar cuantas acciones legales procedan para detener cautelarmente su ejecución», ha continuado Caraballo. Para los socialistas, «Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, nos hemos negado a ello desde el seno del partido y desde la Junta de Andalucía», ha continuado.

En esta línea, ha pedido al Gobierno del PP que «recapacite y dé su brazo a torcer». «Si al PP no le importa Doñana, a nosotros nos importa, y mucho. Pedimos al Gobierno que se rinda. Es la primera vez que una comunidad autónoma deniega una Autorización Ambiental Unificada (AAU) a un Gobierno que ha emitido ya su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, lo que demuestra la seriedad y contundencia con la que ha actuado la Junta de Andalucía», ha afirmado el dirigente socialista.

Según ha sostenido, «las tesis que defienden tanto el Gobierno andaluz como los socialistas onubenses vienen avaladas por las posturas adoptadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, primero, y por el Defensor del Pueblo Español, después, así como de la Delegación del CSIC». Ha recordado que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido paralizar el proyecto en su conjunto y su impacto, así como estudiar los riesgos sísmicos que podría provocar esta actuación.

Cita al Defensor del Pueblo

Por su parte, relató que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los 4 subproyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, como ha reiterado, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado. Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos.

La emisión de estos informes de estos organismos se produce después de analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la «insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado». Además, este informe también generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos «no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico«. De esta manera, el Defensor ha solicitado al Ministerio de Energía que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.

Por su parte, Caraballo ha subrayado que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ya está dando pasos para emprender acciones legales con que paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. De hecho, ha presentado un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente como paso previo a un futuro recurso contencioso administrativo.

Esta decisión se ha adoptado tras ser «desoída la exigencia de la Junta de que el Gobierno central modifique las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos en que se ha dividido el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana y de que se instase al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización de Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos».

Tras tener conocimiento de que el Instituto Geológico y Minero ha advertido en un informe interno de que Gas Natural «rebajó la peligrosidad por inundaciones al acuífero en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio y se avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto, hemos solicitado oficialmente, desde la Junta, la remisión de dicho informe. Que no se demore más. Celeridad es lo que necesita este asunto», ha concluido.

Salvemos Doñana se reúne con la Junta de Andalucía para impulsar acciones que cancelen el almacén de gas

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Europa Press.- La Plataforma Salvemos Doñana ha mantenido recientemente una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para intercambiar información sobre las diferentes acciones que la administración ambiental y la plataforma ciudadana han realizado y tienen previstas para lograr un objetivo que es «común al 100%» para ambas entidades, que es la cancelación definitiva del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural en Doñana, incluidos todos y cada uno de sus 4 subproyectos.

En esta segunda reunión, ya que la primera fue en 2017 según ha precisado el colectivo, Fiscal ha informado a la plataforma de que la Junta ha elevado un requerimiento al Gobierno central y considera que tiene las herramientas necesarias para abrir la vía contencioso-administrativa, a la cual «el consejero se ha mostrado totalmente convencido de que van a llegar«.

Salvemos Doñana, por su parte, informó al responsable autonómico de que va a seguir apostando por las acciones para informar a la ciudadanía y lograr la movilización tanto de los habitantes de la comarca como de la sociedad en general. Para ello, se han abierto de nuevo las diversas páginas de recogida de firmas digitales, que permiten a todas las personas apoyar de forma «eficaz» la petición a los gobiernos autonómico, central e incluso europeo de que sea cancelado. A primeros de febrero se hará entrega en registro oficial de los «muchos miles» de firmas y apoyos recogidos para proteger Doñana, «que está amenazado de contaminación y deterioro, así como de riesgo sísmico y otros perjuicios ocasionados por este proyecto«.

Asimismo, Salvemos Doñana está organizando una hoja de ruta con acciones participativas, propuestas de movilización y encuentros informativos «para que nadie se quede con la duda sobre la importancia de cancelar el almacén gasista en Doñana, la necesidad de proteger los recursos naturales y que la oportunidad de lograrlo viene de la mano de la unión de todo el mundo para proteger el humedal y el paraíso andaluz que es Doñana». El colectivo ciudadano apoya un cambio de enfoque en esta comarca para impulsar la lucha contra el cambio climático con un modelo energético que cree empleo verde en sus municipios y base el desarrollo local en las energías limpias y renovables, «un enfoque viable, novedoso y de gran potencial».

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

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Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.

Page cree que hay una razón económica muy poderosa para que el Gobierno central quiera seguir construyendo el ATC nuclear

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Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno “prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber «alguna razón económica muy poderosa» para que el Ejecutivo «siga planteándosela», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM).

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró el «compromiso» del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando «muy importante» que salga adelante. García-Page ha reiterado que España «tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos«, al tiempo que se ha mostrado «satisfecho» de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el  POM es «tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar».

El presidente regional ha criticado la «demagogia barata» de «ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque hacían un agujero donde se enterraban residuos nucleares», asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense «se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos». «Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta», ha recordado, manifestando que «hay opciones posibles y alternativas» al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares.

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page considera que «que falte agua para el ATC puede ser hasta conveniente para que no salga adelante», aunque ha reconocido que podría ser malo «para otras inversiones positivas» en la zona.

PP pide soluciones a Page

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha señalado que respeta las decisiones judiciales respecto al ATC de Villar de Cañas, al tiempo que ha pedido a García-Page, que aporte soluciones y no confrontaciones con el Gobierno central. Así ha reaccionado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha recordado que el presidente castellano-manchego dijo «hace tiempo» en relación al ATC que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la capacidad de crear 1.000 puestos de trabajo en Villar de Cañas. «Estamos esperando esos puestos de trabajo que Page prometió, ¿Dónde están?», se ha preguntado la diputada popular.

PSOE pide un debate autonómico

Por otro lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del ATC de Villar de Cañas. Así lo anunció el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quien lamenta que el ATC «sea consecuencia» de una decisión política y no técnica, en donde se prevé una inversión de 700 millones de euros. «Esa inversión daría solución inmediata a la vida de mucha gente en nuestra región, sin embargo nos meten basura nuclear con un cementerio que está teniendo todas las dificultades del mundo, incluso ante los tribunales», ha argumentado Mora.

Bajo su punto de vista, esa es la «consideración» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, con Castilla-La Mancha. «Los ciudadanos no le importaban nada y su único objetivo era quedar bien con Rajoy para ser ministra. Le importa un pito esta región», sentenció. Con todo, y tras la sentencia del TSJCM, Mora se mostró confiado en que el Gobierno de España sea «sensato de una vez».

El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

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Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».

El PSOE pide a Nadal comparecer en el Senado tras el informe del IGME sobre el proyecto gasista en Doñana

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Europa Press.- Al tiempo que los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, expresaron su contrariedad al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y han incidido en que tienen más motivos tras el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), que alerta del «riesgo de inundación en uno de los almacenes», el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado para que dé las explicaciones correspondientes.

Así lo aseguró el parlamentario autonómico andaluz del PSOE por Huelva, Jesús Ferrera, que ha remarcado que el grupo socialista respalda las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que siempre ha incidido en la necesidad de que la evaluación del proyecto se hiciera de manera conjunta y no fraccionada. En esta misma línea, el socialista indicó que quieren que comparezca el ministro para conocer «la situación real que emana de ese informe», al tiempo que subraya que, si se deja claro que «corre un riesgo» el espacio medioambiental, solicitarán la paralización inmediata y espera que el PP se sume a esta defensa de Doñana.

Así, Ferrera ha reiterado su apoyo a la postura del consejero José Fiscal, que aseguró que va a pedir «de inmediato» el informe del IGME, «una institución del propio Estado», en el que, señaló, «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización», apuntó el consejero. Según ha proseguido Ferrera, «querer hacer una evaluación por partes es una chapuza cutre» que busca «intentar hacer negocio en la joya de la corona medioambiental» que es Doñana.

Por todo ello, el parlamentario ha recordado que desde hace casi dos años la administración regional, y en concreto la Consejería de Medio Ambiente, ha mostrado «su total rechazo» a este proyecto «por la forma en la que se está desarrollando». En su opinión, «el Gobierno ha utilizado una estrategia dañina para salvar la cara de la especulación de una empresa», que quiere «convertir el entorno de Doñana en un almacén de gas». Tras remarcar todas las iniciativas impulsadas por el grupo parlamentario socialista sobre esta cuestión, Ferrera ha recordado los informes del Defensor del Pueblo, tanto a nivel estatal como regional, que manifestaban la necesidad de una evaluación conjunta.

Posturas contrarias de los alcaldes

Por su parte, los alcaldes socialistas de Almonte e Hinojos, Rocío Espinosa y Miguel Ángel Curiel, han remarcado que la evaluación del proyecto debe realizarse de manera conjunta y no fraccionada, por lo que han respaldado la postura de la Junta de Andalucía en este sentido. El alcalde hinojero ha demandado «claridad y transparencia» en este asunto, sobre todo con los municipios de la comarca, porque este proyecto de almacenamiento de gas «pone en riesgo un espacio emblemático y el Parque Nacional más importante de Europa«, así como ha subrayado también el riesgo para las poblaciones del entorno de Doñana.

En esta misma línea se ha manifestado Rocío Espinosa, que ha expresado su preocupación ya que «este proyecto se desarrolla, fundamentalmente, en el Almonte», a la par que ha reiterado que, en reiteradas ocasiones, incluso con iniciativas en el pleno, han mostrado desde el Ayuntamiento su rechazo. «Antes nos mostrábamos en contra pero tras el informe del IGME tenemos más motivos», ha proseguido la alcaldesa, que ha pedido al Ministerio de Energía que, si se reafirman los riesgos, paralice el proyecto. «Este proyecto es contradictorio con Doñana y el modelo económico sostenible que se impulsa desde hace 25 años en la comarca», han concluido, por lo que esperan que «se cuente con todas las garantías para la preservación de Doñana».