El PSOE critica una política minera de «mucho ruido y pocas nueces» y el PP le acusa de “demagogia”

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EFE.- El alcalde de Bembibre (León), José Manuel Otero (PP), ha pedido al procurador y secretario general del PSOE en León, Celestino Rodríguez, que se deje de «demagogias» en la defensa del carbón, «ya que los socialistas no pueden dar lecciones a ningún cargo público» de la comunidad autónoma. Así se pronunció después de que Rodríguez anunciara la presentación de diversas medidas en las Cortes autonómicas para hacer frente a la política minera de la Junta de «mucho ruido y pocas nueces».

Se trata de unas medidas que apuestan por políticas que garanticen el consumo de carbón autóctono y la necesidad de recuperar los planes complementarios del Plan de Dinamización de Comarcas Mineras. El grupo del PSOE en las Cortes apoyará sus propuestas en el dato de que España es el país del mundo que más incrementó el consumo de carbón para la generación de energía eléctrica en 2015 con una subida que rozó el 25%. A esto se suma que el 40% de la Reserva Estratégica de Carbón de España se encuentra en la provincia leonesa.

A tenor de estos datos, Rodríguez apuntó que «aunque las térmicas están consumiendo más carbón que otros años y hay reserva de mineral las cuencas mineras pierden empleo y se hunden mientras los barcos hacen cola con carbón de importación». A este respecto, ha criticado duramente la política del Gobierno debido a la cual, ha denunciado, sólo tres centrales térmicas en España situadas en la costa son las que están recibiendo ayudas gubernamentales para la adaptación medioambiental de sus instalaciones para la quema de carbón.

El PSOE va a proponer varias medidas en las Cortes, una de ellas ya prevista y enmarcada en el Plan de Dinamización de Comarcas Mineras de la Junta para solicitar al Gobierno que incentive el consumo del carbón autóctono a través del céntimo verde. Rodríguez destacó que después de aprobarse este plan «no se ha tomado ninguna iniciativa a este respecto», por lo que la «política en materia de carbón de la Junta es de mucha foto y pocos hechos».

La iniciativa socialista, que insta al Gobierno a poner en marcha el céntimo de España, también se llevará al Congreso de los Diputados. Una medida que, como ha recordado Rodríguez, ya fue rechazada hace un año en el Congreso pero que «si la oposición se une podría salir adelante ante un Gobierno en minoría, a pesar de que en su momento no contó con el apoyo de Ciudadanos y Podemos».

También en el Plan de Dinamización había un compromiso explícito de la Junta para recurrir, por vía judicial si fuera necesario, la demanda de los Fondos Miner que adeuda el Gobierno a la Junta de Castilla y León entre los años 2006-2012. En este sentido, Rodríguez ha anunciado que preguntara para conocer qué medidas ha tomado la Junta a este respecto.  Por último, el PSOE preguntará sobre los proyectos complementarios que recoge el Plan de Dinamización. Según Rodríguez, «hasta la fecha hay muchos anuncios y pocas realidades ya que no se sabe cuándo se va a acometer la planta de biomasa anunciada para el Bierzo».

El PP critica la demagogia

Precisamente Otero ironizó sobre la fijación de Rodríguez en la defensa del sector. «Tiene una mina; que no produce riqueza sino postureo y que no piensa en la gente de la mina ni en las cuencas», aseveró Otero. En esta línea, ha asegurado que tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como el PP «han defendido ante el Gobierno central las reivindicaciones de los alcaldes mineros». También recordó la reunión entre Herrera y Luis de Guindos, «en la que se trasladó las inquietudes y acuerdos alcanzados en Castilla y León, así como la petición del 7,5% de consumo de carbón nacional en el mix energético y reivindicó la puesta en marcha del céntimo verde«.

En el marco de las actuaciones realizadas por el Gobierno autonómico, Otero ha resaltado la firma del acuerdo entre la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por el que se concedió una ayuda de 150 millones de euros para la creación de empleo en las cuencas mineras. Estas inversiones, según ha resaltado el alcalde, continúan con la aprobación y puesta en marcha del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, aprobado en las Cortes con el voto favorable del PSOE, y por el que se pusieron a disposición de los ayuntamientos otros 2 millones de euros para generar empleo.

Por todo ello, Otero ha defendido la gestión y defensa del sector minero del Gobierno regional y, aún reconociendo las críticas que arrastró el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, ha abogado por «dar tiempo nuevo Gobierno para que se pongan en marcha todas las medidas y ayudas aprobadas». «De lo contrario seremos los primeros en ser críticos», aseguró.

Asimismo, criticó las afirmaciones de Rodríguez sobre la inacción de la Junta para demandar al Gobierno central los Fondos Miner que se le adeudan del periodo 2006-2012. En este sentido, Otero ha apuntado que todas las obras de infraestructuras financiadas con Fondos Miner de ese periodo que se llegaron a firmar y a ejecutar «fueron pagadas por la Junta a pesar de no haberse transferido los fondos mineros desde el Gobierno». Otero también negó que todo el carbón que se quema en las térmicas leonesas sea de importación, tal y como afirma Rodríguez. «En la central de Anllares, el 70% del mineral es nacional y hay acuerdos recientemente firmados para que el consumo de carbón autóctono se incremente», ha concluido.

El plan contra la pobreza energética de Castilla-La Mancha concluye la primera fase con 6.054 ayudas

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EFE.- La primera fase de la aplicación del Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha concluido con un total de 6.054 ayudas de 150 euros cada una que han beneficiado a cerca de 21.000 personas, el 44% de ellas menores y 407 más en situación de emergencia personal. Así lo detalló el diputado regional socialista José Luis Escudero, quien hizo balance de una primera fase que se ha saldado con 216 actuaciones de reposición del suministro.

Unos datos con los que Escudero se ha mostrado «muy satisfecho» porque demuestran que «el ejecutivo de García-Page está cumpliendo con los compromisos que alcanzó con la ciudadanía de la región, pero sobre todo y con especial atención con aquellos que han sido más castigados por la crisis y por el anterior gobierno de Cospedal». «No son anuncios, sino realidades que se han materializado en sólo 15 meses de gestión al frente del Gobierno regional», ha apuntado el diputado regional, quien ha recordado que la primera fase se inició sólo unos meses después de que García-Page tomara posesión de su cargo y aún así, ya se aplicó el pasado invierno.

Así, según Escudero, han resaltado que «eran medidas necesarias, urgentes e imprescindibles para ayudar a las familias que peor lo estaban pasando y tanto habían sufrido en la anterior legislatura». Escudero reivindicó que este mes se reanuda la segunda fase del Plan, «pionero en nuestro país», en la que se pretende conceder alrededor de 4.000 ayudas y cuenta, como novedad, «incluir medidas de ahorro en los hogares para que también gasten menos vía ahorro energético».

Escudero recordó que, al igual que durante la primera fase, se concederán ayudas por importe de 150 euros por familia para los meses de invierno de este año. Con este Plan, insistió, se contemplan cuatro actuaciones: paralización de procesos de corte de suministro, reposición urgente cuando hay un corte en las familias, ayudas contra la pobreza energética y plan de orientación para el ahorro energético».

La Junta de Extremadura confía en que el nuevo mapa político permita un pacto de Estado por la Energía

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EFE.- Al tiempo que el consejero de Economía, Industria e Infraestructuras de Extremadura, José Luis Navarro, asegura que es necesario «poner un poco de orden» en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y transmitir a la sociedad española «seguridad, tranquilidad y confianza», el titular extremeño confía en que el nuevo mapa político que ahora se abre, con el PP en minoría, permita firmar «un gran pacto de Estado sobre energía», que aporte estabilidad y seguridad al sector a largo plazo.

Así se manifestó Navarro en la presentación del Estudio de Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, editado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Navarro destacó este estudio como «una herramienta objetiva para intentar transmitir a la sociedad el auténtico impacto macroeconómico de las energías renovables». Según destacó, el estudio constata que el sector de las energías renovables estuvo «completamente paralizado» en el año 2015 en España, como ha ocurrido desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la moratoria. Así, el año pasado se pusieron en funcionamiento en España nuevas instalaciones de energías renovables con una potencia total de 27 megavatios frente a los 150.000 nuevos megavatios que se instalaron en el mundo.

A juicio del consejero, el estudio de APPA permite «desmontar falsedades» en torno a las renovables. En ese sentido, rechaza que el déficit tarifario tenga que ver con las renovables y pone de manifiesto que éste hubiera sido mucho mayor si no hubiera habido energías limpias. Según APPA, si no hubieran existido energías renovables, el conjunto de lo pagado por la electricidad se hubiera incrementado en 4.180 millones de euros en España. Por ello, Navarro mostró su total convencimiento de que «España necesita evolucionar hacia un modelo energético distinto basado principalmente en las energías renovables»

Tras precisar que el daño que la moratoria ha hecho a Extremadura, en términos de lo que se ha dejado de invertir, «ha sido tremendo», José Luis Navarro ha dicho que muchos de los proyectos que «murieron» tras la moratoria, ya no serán recuperables. Por ello Navarro insiste en es que es necesario un gran pacto de Estado sobre energía, ya que «no podemos estar trabajando con regulaciones que cambian a cada momento» y ahora se debería estar hablando ya «del año 2030, como poco». Navarro, que no cree que España pueda cumplir con los objetivos de 2020, considera un buen sistema la posibilidad de que haya subastas, pero aboga por que éstas se planifiquen correctamente negociando con el sector.

También reclama «una reforma en profundidad del mercado eléctrico», pues considera que «ya está bien de que los consumidores tengamos que soportar un sobreprecio por algunas fuentes de generación eléctrica», como la energía nuclear y la procedente de las grandes centrales hidroeléctricas. Finalmente, José Luis Navarro se ha referido al autoconsumo y criticó el decreto que creó el llamado impuesto al sol. En ese sentido, ha considerado que en la nueva situación política una de las prioridades tendría ser cambiar completamente esa normativa, algo que debería ser «casi un símbolo», ya que se van a abrir «muchas oportunidades para familias y pequeñas y medianas empresas».

Poner orden en el CSN

Respecto a los últimos incidentes conocidos sobre la central nuclear de Almaraz, a su juicio, «se pueden inscribir dentro de la normalidad, siempre que se reaccione en su diagnóstico y en su solución con inmediatez y con exigencia por parte del CSN”. Sí precisó que le preocupan más otras cuestiones «que se han dado este año», como el que tras una inspección del «equivalente» francés al CSN, se detectase «que había habido una falsificación en controles de calidad de fabricación de componente críticos de varias centrales nucleares, entre ellas Almaraz, porque eso es muy serio».

A su juicio, dada la sensibilización social que existe alrededor de la energía nuclear, hay que ser muy serios «y que nos enteremos de que el principal fabricante de componente nucleares del mundo falsificó alguna información sobre los ensayos a componentes críticos, me parece muy preocupante». Por ello, considera que se debería dar una respuesta clara «con independencia de que se explique después que los resultados originales antes de esa falsificación no eran preocupantes». También considera preocupante que dentro del CSN «no haya una voz única, sino que estén apareciendo discrepancias entre asociaciones de técnicos que cuestionan la labor de la dirección técnica mientras luego ésta desautoriza a estos técnicos».

Asturias pide al Gobierno y a las eléctricas la defensa del carbón nacional

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se comprometió a insistir al Gobierno del PP y a las compañías eléctricas sobre la necesidad de defender el sector del carbón, según explicaron los secretarios generales del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, y CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano. Ambos dirigentes sindicales se reunieron con el jefe del Ejecutivo autonómico, en un encuentro en el que participó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, para trasladarles la «grave situación» del sector.

«Creemos que el compromiso político de Javier Fernández está, pero es necesaria más fuerza y contundencia», aseveró Manzano, que advierte que el consumo de carbón nacional se ha reducido a «la mínima expresión» al no existir un mecanismo para garantizar su quema en las centrales térmicas, lo que supone el «incumplimiento» del acuerdo marco 2013-2018. Por ello, considera necesario que el Gobierno del Principado traslade «toda la presión» al Ejecutivo central y a las compañías eléctricas. Alperi agradeció el «compromiso político» del Gobierno asturiano, si bien remarcó que «hay que quebrar la falta de voluntad del PP» ante la crisis del sector. «Lo viene haciendo habitualmente, pero es necesario insistir en el cumplimiento del acuerdo marco», insistió el de SOMA-FITAG-UGT.

Coincidencia entre Ejecutivo y sindicatos

Por su parte, Francisco Blanco resaltó la «coincidencia» del Gobierno regional en el análisis realizado por los sindicatos y por ello reafirmó que va a «seguir reclamando» al Gobierno del PP el cumplimiento del acuerdo marco y la convocatoria de la comisión de seguimiento. Blanco insistió en que «no se está cumpliendo ninguna medida», pese a que el cumplimiento de «lo firmado» permitiría «la solución en el corto y medio plazo de los problemas existentes».

El consejero aseguró que el Gobierno regional ejerce una «reclamación permanente» ante el Ejecutivo central y que lo va a seguir haciendo. Asimismo, el Gobierno del Principado va a ejercer una «interlocución» con las empresas eléctricas para pedirles la compra de carbón nacional, aunque ha reconocido que carece de «instrumentos para persuadir«. «Sería importante para dar viabilidad a empresas que no están funcionando porque son incapaces de colocar su carbón», expuso Blanco, quien advirtió de que «algunas empresas tiene la producción paralizada y otras están al borde de del cierre».

Con motivo de la reunión con Fernández, un centenar de trabajadores se concentró ante la sede de Presidencia para protestar por la situación del sector y reclamar soluciones. Por su parte, el diputado regional de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, expresó su apoyo a un sector que considera «estratégico», a la vez que ha denunciado el «incumplimiento sistemático» del acuerdo marco por parte del Gobierno central.

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

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Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

La Comunidad Valenciana reclama al Gobierno central una apuesta más firme en materia de energías renovables

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EFE.- La consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, reclamó al Gobierno central un mayor esfuerzo en materia de energías renovables con el fin de cumplir con los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París. Entre sus reivindicaciones, Cebrián pidió la eliminación de trabas al autoconsumo y el establecimiento de un marco regulatorio que favorezca su uso, así como el refuerzo de las iniciativas que promuevan las comunidades autónomas.

Así lo manifestó en el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos Comunitarios, donde invitó a hacer desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente «un mensaje de apuesta firme por las energías renovables, como una medida fundamental en el proceso de adaptación y mitigación ante el calentamiento global«. En el consejo se abordó, también, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030.

En el marco de la posición común presentada por las comunidades autónomas, Cebrián subrayó que la Comunidad Valenciana «comparte plenamente» los compromisos del Acuerdo de París, pero «ve con preocupación» que España figure entre los países de la Unión Europea con peores resultados en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta posición, explicó, tiene que ver con el incremento del uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, muy especialmente de carbón, y por el freno a la instalación de energías renovables.

En este sentido, Cebrián ha destacado como uno de los aspectos más negativos para el desarrollo de las energías limpias el denominado impuesto al sol establecido en 2015. Así, la consejera ha recordado que «para compensar en la medida de lo posible las trabas del Gobierno central», el Gobierno de la Comunidad Valenciana propone una nueva deducción para el fomento del autoconsumo energético, de modo que los contribuyentes que apuesten por implantar energías renovables en sus hogares podrían deducirse hasta el 20% de la inversión.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.