De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

El PSOE defiende el carbón nacional y los mineros piden al futuro Gobierno que se acuerde del sector

EFE.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Teruel, Ignacio Urquizu, ha dicho hoy en Ariño que el PSOE «se compromete a poner soluciones sobre la mesa» para el futuro del carbón, como asegurar el mix energético, o la situación de las ayudas.

Urquizu ha hecho estas afirmaciones al termino del encierro de 24 horas llevado a cabo por los mineros en el Ayuntamiento de Ariño para pedir el cumplimiento del Plan del Carbón, acordado entre sindicatos y el Gobierno central.

Este plan recoge una de las propuestas de los socialistas, que es reservar una parte del mix energético para que el carbón que se extrae en Teruel pueda quemarse en las centrales térmicas del país y así las minas «tengan futuro».

Según un comunicado, Urquizu se ha comprometido a «negociar con Bruselas para que las ayudas que se han recibido no se tengan que devolver» en 2018, tal y como es obligatorio ahora, y «garantizar así el futuro de la minería».

Es necesario, a su juicio, apostar por la investigación y el desarrollo para conseguir «un carbón más limpio» y mejorar la situación laboral de muchos trabajadores del sector que están en subcontratas con peores condiciones. «Hay que cambiar el modelo laboral de este país que está permitiendo salarios de miseria y situaciones más indignas» ha sentenciado.

Los mineros de Teruel piden al próximo Gobierno que se acuerde del carbón

Los mineros de Teruel han terminado hoy un encierro en el Ayuntamiento de Ariño (Teruel) para reivindicar de nuevo el cumplimiento del Plan del Carbón y han pedido al futuro Gobierno «que tenga en cuenta el sector». Así lo han expresado en el manifiesto leído a la salida del encierro que han protagonizado representantes sindicales de las minas de Ariño y los miembros del comité de empresa de la central térmica de Andorra (Teruel).

Francisco Montull, responsable minería FICA-UGT, ha defendido que el Plan del Carbón estuvo negociándose «prácticamente un año» y aunque «no nos gustaba ni a unos ni a otros, al final se llegó a un acuerdo». Por este motivo, ha destacado, «no puede ser que una de las partes no lo respete». Uno de los puntos principales de este acuerdo es el que obliga a las centrales térmicas a que al menos el 7,5 por ciento del carbón que queman sea autóctono, algo que no se está cumpliendo.

El dirigente sindical ha rechazado las acusaciones de «electoralistas» que han hecho algunos partidos a los mineros que se están movilizando, y ha recordado que el sector también se movilizó en 2010, con el PSOE en el gobierno. «Lo que hemos hecho este tiempo es aguantar el tirón como hemos podido, pero ya no podemos más».

 

Tarifas eléctricas a la carta: el PSOE la pretende para los grandes consumidores de energía y el BNG para Galicia

EFE.- Mientras los nacionalistas del BNG reiteran que reclamarán en el Congreso, si tras las elecciones generales logran representación en la Cámara baja, una tarifa eléctrica propia para Galicia, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, solicitó el establecimiento de una tarifa eléctrica especial para las empresas grandes consumidoras de energía y se comprometió a que los Presupuestos Generales del Estado asuman una parte del coste.

«La no política energética del PP en estos cuatros años ha supuesto la incertidumbre de las empresas en Asturias», argumentó la candidata, que puso el ejemplo de Alcoa, «que en el año 2014 quedó fuera del paquete del servicio de interrumpibilidad y casi con miedo de cerrar la empresa». Además de cambiar el actual sistema de subasta eléctrica para establecer una tarifa especial, el PSOE se compromete a asumir «algunos de los costes que aparecen ahora en la factura a través de los Presupuestos». Adriana Lastra también defendió la obligatoriedad de las térmicas de quemar carbón autóctono para garantizar la continuidad del sector, dado que de las 20 millones de toneladas que se queman al año, únicamente 3 son nacionales.

Tarifa eléctrica propia para Galicia

Por su parte, el cabeza de lista de la candidatura BNG-NÓS por la provincia de A Coruña, Carlos Callón, aseguró que si las empresas y los ciudadanos gallegos no tuviesen que pagar peaje alguno por la electricidad que se genera en la comunidad autónoma gallega, las facturas se reducirían un 30%. En la misma línea se pronunció la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que denunció el «expolio energético» que desde hace muchos años «sufre» Galicia. Pontón reclamó para los gallegos el beneficio de la energía eléctrica que se produce en su territorio, acabar con los «oligopolios» y con medidas «injustas» como el denominado impuesto al sol, y profundizar en un cambio de modelo de consumo, más eficiente y sostenible.

Por ello, la formación nacionalista gallega exigirán una tarifa propia, según Callón, que consideró a Galicia como la «primera potencia eléctrica» de España. Como ejemplo, dijo que sólo el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, con una población inferior a los 10.000 habitantes, produce más energía eléctrica que toda la Comunidad de Madrid, «y los gallegos no recibimos absolutamente nada y a mayores se nos penaliza«, indicó. «Cuando compramos unas naranjas del Levante peninsular pagamos el transporte por traerlas hasta aquí, sin embargo, cuando hablamos de la energía eléctrica no sólo no somos beneficiados sino que tenemos que pagar los costes del transporte de la energía que producimos aquí», afirmó.

Además, Callón considera que con una tarifa eléctrica propia, Galicia evitará que empresas como la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa, con plantas en las provincias de Lugo y A Coruña, «utilicen para su deslocalización el precio de la energía eléctrica». Según el candidato nacionalista gallego, algunos países europeos tienen actualmente tarifas eléctricas territorializadas y puso como ejemplo a Reino Unido o Alemania, y apuntó que en el Estado español el País Vasco ya posee una tarifa industrial eléctrica. «Simplemente si redujésemos el coste de los peajes hablaríamos de un 30% menos en las facturas de todas las empresas y de todos los gallegos», concluyó Callón.

110 días de Congreso: 11 reclamaciones energéticas de la XI legislatura

La XI legislatura pasará a la Historia de la democracia posterior a 1978 como la legislatura fallida. Esos 110 días en el Congreso de los Diputados se recordarán como un catálogo de reclamaciones de la oposición al Gobierno desde su respectivo espectro ideológico. La tónica general ha sido la del PSOE y Podemos reclamando, Ciudadanos pactando y el PP defendiendo los últimos 4 años. Así que repasemos las votaciones que ha propiciado esta legislatura porque pueden servir para anticipar los próximos pasos de los principales partidos en materia energética.

1- Autoconsumo:

La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluidos los cargos por seguir conectados al sistema, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original fue presentado por el PSOE, se aprobó una iniciativa consensuada con Podemos, Ciudadanos y nacionalistas al que sólo se opuso el PP. Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Asimismo, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las desaladoras de Canarias del pago de peajes hasta 2020.

2- Carbón:

La Comisión de Industria aprobó una proposición presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir medidas al Gobierno para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas y alcanzar el 7,5% previsto en el hueco térmico contemplado en el Plan del Carbón acordado en 2013. La propuesta también pidió la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que ya había sido aprobado en la Comisión de Hacienda por una propuesta del PSOE. En esta iniciativa Podemos sí que se involucró, mientras que los nacionalistas catalanes mostraron su oposición mientras que se abstuvieron Ciudadanos y el PP, que planteó sus dudas de que el céntimo verde pudiera evitar ser declarado como ayuda de Estado y autorizado por Bruselas.

3- Castor:

La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta que, partiendo de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, fue finalmente pactada con el PSOE y con Ciudadanos. La iniciativa cosechó el respaldo de los grupos nacionalistas y el rechazo de los diputados del PP. Podemos proponía que el Gobierno fijara un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación. También pedía estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, Escal UGS, así como buscar la fórmula de recuperar la millonaria indemnización que la empresa recibió. El PP volvió a recordar la clausula firmada por el Gobierno socialista de Zapatero que obligaba al Estado a indemnizar al promotor.

4- Cogeneración:

Resulta llamativo que la única iniciativa energética que no haya encontrado ningún voto en contra fuera la presentada por el independentismo catalán de Democracia y Libertad. Su iniciativa, aprobada en la Comisión de Industria, exigía al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC). Su objetivo era impulsar de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración.

5- CSN:

La lentitud que rodea a procesos como el desarrollo del ATC o la posible reapertura de Garoña ha sido crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en combinación con un Gobierno en funciones. En este sentido, todos los grupos de la Comisión de Industria, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, por su negativa a comparecer ante la Cámara para informar sobre la planta nuclear burgalesa y sobre el ATC. Asimismo, fueron continuas las peticiones de los partidos de la oposición para que no se tomara ninguna decisión hasta constituirse un Gobierno.

6- Fracking:

La Comisión de Industria aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos y los nacionalistas. La iniciativa reclamaba al Ejecutivo que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en toda España y para que suspendiera los permisos ya concedidos durante la pasada legislatura. También se pedía derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que establecían incentivos económicos para favorecer la implantación de esta técnica en España. El PP votó en contra alegando que “cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone” mientras que Ciudadanos se abstuvo ya que se mostró en contra de apoyar una prohibición total de la técnica por “no tener la información suficiente” para ello.

7- Garoña:

La Comisión de Industria respaldó una proposición impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que “aboga por el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento”. Podemos-Equo señaló que Garoña es la planta más antigua del parque español y que lleva cerrada 3 años “sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético”, argumento que compartieron Ciudadanos y el PSOE. El PP reivindicó que es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%.

8- Interrumpibilidad:

La Comisión de Industria aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios “competitivos, estables y predecibles” a la industria electrointensiva. La propuesta original de En Marea reclamaba un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad, pero finalmente la redacción de la propuesta fue mucho más genérica después de la negociación con PSOE y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa. El PP se opuso a la iniciativa y repasó las medidas que impulsó el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector energético así como los beneficios fiscales que estableció para las empresas electrointensivas.

9- Nuclear:

La última Comisión de Industria de esta legislatura aprobó una proposición del PSOE que planteaba el cierre progresivo de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento, lo que culminaría en 2028. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad, el voto en contra de PP, que resaltó que defenderán que estas decisiones las tome el CSN, y la abstención de Podemos, que había presentado otra iniciativa, que no salió adelante, para urgir al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplieran los 40 años de funcionamiento y que se cerraran cuando les toque renovar su permiso de explotación.

10- Pobreza energética:

Aunque no avanzó en su tramitación parlamentaria por el final de la legislatura, la llamada ley 25 de emergencia social de Podemos fue admitida a trámite tras contar con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos y los nacionalistas. Eso sí, todos criticaron duramente la forma en la que está elaborada la iniciativa y su «pésima técnica legislativa». La iniciativa planteaba un nuevo bono social para la electricidad y el gas, financiado por las empresas del sector, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. El PP se opuso y calificó la iniciativa de populista.

11- Prospecciones:

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición del PSOE para instar al Gobierno a declarar al Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos y, por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y los nacionalistas frente a los votos en contra del PP, que criticó que el Gobierno de Zapatero aprobara prospecciones en el Mediterráneo y ahora el PSOE las quiera prohibir, y la abstención de Ciudadanos, que recordó que España es dependiente del petróleo, “actualmente insustituible”.

PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteran al sector que restablecerán la seguridad jurídica a las renovables

Europa Press.- PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteraron en una reunión con las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil su intención de restablecer la seguridad jurídica de las renovables a través de un diálogo constructivo. En la reunión, en la que declinó participar el PP, los partidos políticos presentaron sus propuestas y medidas en el ámbito de la energía y la lucha contra el cambio climático recogidas en sus programas electorales para las elecciones del 26-J.

Las tres fuerzas políticas coincidieron en los objetivos para el sector de la energía a largo plazo, identificando el proceso de transición energética basado en las energías renovables como principal respuesta al cambio climático así como la necesidad y oportunidad de abrir a la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la transición energética entrando en el sector energético en paridad de condiciones con las grandes empresas. A este respecto, y según los acuerdos de la COP21, confirmaron su apuesta por alcanzar el 100% de renovables en el sector eléctrico y el 70-80% en el resto de los sectores, mientras que Ciudadanos ha señalado el 50% de energías renovables como objetivo viable, considerando el 100% como objetivo ideal y deseable.

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos señalaron, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una auditoría de costes del sistema eléctrico como punto de partida para iniciar cualquier reforma del sector. Por otra parte, reiteraron su plan de cierre de las centrales nucleares y coincidieron en los objetivos a corto y medio plazo, como la revisión del modelo de las subastas renovables y el fomento del autoconsumo, “modalidad de producción de energía sostenible y solidaria con el medio ambiente”.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

El PSOE quiere acabar con el diésel y con las centrales nucleares a través de un calendario de eliminación paulatina

Europa Press / Servimedia.- El PSOE recoge en su documento Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible un calendario de eliminación paulatina del diésel que estaría contemplado dentro de una Ley de transición energética y cambio climático. El documento, presentado por su candidato Pedro Sánchez, enumera las promesas para concurrir a las elecciones del próximo 26 de junio en materia de sostenibilidad.

Muchas medidas ya aparecían en el programa electoral para concurrir a las elecciones del 20 de diciembre, aunque más desarrolladas entonces, como la aprobación de la mencionada ley de transición energética y cambio climático que, eso sí, ahora especifica el compromiso para eliminar paulatinamente el diésel. Junto con ello, el calendario marcará también una mejora progresiva de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares, junto con la determinación del sistema de almacenamiento temporal de residuos. Asimismo, plantea nuevamente la prohibición de nuevas explotaciones de hidrocarburos.

El texto socialista recoge también medidas en materia de biodiversidad que ya contemplaba anteriormente, como la prohibición absoluta del cambio del uso del suelo en zonas forestales incendiadas, así como la creación de un estatuto básico para agentes y bomberos forestales, o la consolidación de ciudades sostenibles. Los socialistas plantean asimismo una fiscalidad ambiental que atienda a las emisiones de CO2, óxidos nitrosos, emisiones de vehículos a motor, residuos industriales y peligrosos o tóxicos y los derivados de envases, embalajes y bolsas. Además, quieren introducir progresivamente los sistemas de gestión de Depósito, devolución y retorno, allí donde sea más eficaz.

Abastecer de electricidad con renovables

Asimismo, el PSOE aboga por que todos los edificios públicos se abastezcan con energías renovables en 2025 y por un peso creciente de las mismas para que alcancen el 70% del suministro eléctrico en 2030 y el 100% en 2050. De hecho, una de sus propuestas es incluir altos estándares medioambientales en los criterios de contratación pública o prohibir nuevas explotaciones de hidrocarburos en España.

El PSOE denuncia el trato discriminatorio de la Junta de Castilla y León a una empresa eólica durante 14 años

EFE.- El PSOE de Castilla y León asegura que existen pruebas de que la administración autonómica ha discriminado a algunas empresas para favorecer a otras, como en el caso de Ibervento, que ha tardado 14 años en obtener un permiso que se tramita en un mes.

El parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, portavoz de la comisión que investiga la trama eólica, denuncia el caso de la empresa Ibervento, que recibió en febrero pasado la resolución favorable del Ente Regional de la Energía (EREN) para instalar un parque eólico cuando la solicitud se había entregado en 2002. Según criticó, se ha tardado 14 años en conceder un informe favorable de la primera fase, que normalmente se tarda en dilucidar en un mes, en una actuación que calificó como «abuso de poder» de la administración autonómica.

El socialista comparó este procedimiento administrativo con el que llevaron los expedientes de otras empresas, que a los pocos días obtuvieron los permisos para la adjudicación de diferentes parques. Consideró preciso esclarecer cómo la tardanza en la tramitación de las adjudicaciones obligó a alguna empresa a renunciar en beneficio de otras y cómo, después de las renuncias, se aceleraba la tramitación para concluirse a los pocos días. Izquierdo insistió en pedir la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la comisión parlamentaria que investiga las adjudicaciones.

Lambán (Aragón) no da por perdida la térmica de Andorra aunque critica que el Gobierno no defienda al carbón nacional

EFE.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, no da por perdida la central térmica de Andorra (Teruel) pese a haber comprobado con «estupefacción» en Bruselas que el Gobierno central «no ha hecho absolutamente nada» ante la Unión Europea por buscar soluciones para la minería del carbón.

Lambán asegura que en su viaje a Bruselas comprobó «con bastante asombro» que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho nada por el carbón cuando decía que estaba presentando propuestas para emitir las órdenes oportunas para facilitar las inversiones necesarias en las centrales térmicas, entre ellas la de Andorra, sin las cuales el sector es inviable. El presidente señaló, al respecto, que su Ejecutivo va a seguir luchando para que el carbón de Teruel tenga vida más allá de 2018 y para que el Gobierno central financie un plan de reindustrialización de la zona.

Ha hecho hincapié en que no da por perdida la térmica de Andorra a pesar de que se perdieron unos años «preciosos» y, en su opinión, es «lamentable» que el Gobierno del PP haya dicho que se estaba avanzando con Bruselas en órdenes admisibles por Competencia para las inversiones en las térmicas cuando ha comprobado que esas gestiones eran «falsas». «A mí me lo llegó a decir taxativamente una semana antes de dimitir el propio ministro Soria», aseveró Lambán, quien lamentó que no se hayan encontrado alternativas a la devolución de las subvenciones que tendrán que hacer las empresas mineras que quieran seguir con su actividad a partir de 2018.

El político socialista admitió que es un asunto complicado, pero «lo lamentable es que en 4 años no se ha hecho absolutamente nada» y sería bueno que quienes en Europa toman decisiones respecto al carbón, especialmente desde el ámbito de la Competencia, visitaran las zonas mineras para que tengan un visión «real» de la dimensión «brutalmente negativa» que el cierre de las minas tendría para una parte importante de Aragón.

Por su parte, la consejera de Economía, Marta Gastón, señaló que si los populares no son conscientes de la situación del carbón al menos podrán trasladar una opinión «crítica» después de que Bruselas autorizara la concesión de una ayuda pública de 2.130 millones de euros para contrarrestar el impacto del cierre de 26 minas de carbón en España. En ese sentido, ha reiterado que el Gobierno de Aragón sigue reivindicando el futuro de la minería, y por tanto de la central térmica de Andorra, que es la destinataria del total de la producción del carbón autóctono que se extrae en las minas aragonesas, mientras trabaja por un plan de reindustrialización.

El PSOE se compromete a impulsar una economía verde y un uso «inteligente» de la energía y los recursos naturales

Europa Press.- El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a impulsar la economía verde y circular, el uso «más inteligente posible» de la energía y de los recursos naturales, en caso de ganar las elecciones y gobernar.

Según el documento Compromisos del PSOE para lograr un sí al gobierno del cambio el 26J, Sánchez pretende impulsar la economía verde que, en su opinión, requiere una apuesta «decidida» por el uso «más inteligente posible de la energía«. También indicó que esto supone lograr la «máxima eficiencia, ahorro y un sistema energético de precios estables, predecibles y aceptables. Asimismo, esto requiere sentar las bases de una transición energética que se base en fuentes renovables.

Igualmente considera que este cambio implica impulsar un cambio en los modelos de movilidad y aprovechar estas demandas para generar industria e innovación y combinar las soluciones auxiliares que proporcionan las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. En cuanto a los recursos naturales, el programa de Sánchez buscará la buena gestión y equidad en el acceso a los recursos naturales y los beneficios que generan.