El PSOE de Canarias rechaza las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos a 100 kilómetros de las costas del archipiélago

Europa Press.– La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento autonómico de Canarias, Dolores Corujo, ha mostrado el rechazo del PSOE de Canarias por las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos y que se desarrollarán a unos 100 kilómetros de las costas isleñas. La diputada adelantó que los socialistas preguntarán al Gobierno regional por este asunto además de presentar en las distintas instituciones canarias una serie de iniciativas encaminadas a mostrar ese rechazo.

«La amenaza ambiental derivada de los sondeos para la extracción de crudo promovidos por Marruecos es idéntica a la que supusieron los trabajos de Repsol, que generaron una enorme respuesta ciudadana contra la instalación de una industria sucia, contaminante y en las antípodas de nuestro modelo de desarrollo», apuntó. Aquí, añadió que pese a las dificultades para intervenir en una decisión soberana de otro país, existen canales de encuentro y conversación con Marruecos, en el ámbito político y diplomático, que deben ser explorados cuanto antes.

«Nos dirigiremos al Gobierno de Canarias, al Gobierno central, a la Unión Europea y al propio Marruecos si es necesario, para invitarles a reflexionar acerca de los importantes recursos pesqueros, medioambientales y turísticos que se ponen en juego tanto en fase de sondeos como en una potencial extracción de petróleo», expuso. Finalmente, Corujo recordó que la apuesta de las islas y de España por las energías renovables, limpias, y baratas “nos atañe a nivel planetario».

El PSOE pide incluir en los Presupuestos ayudas para facilitar la transición energética en la industria con eficiencia y renovables

Europa Press.- El PSOE reclama al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales del Estado una línea de ayudas a la industria para facilitar la transición energética, al amparo de las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. Así figura en la proposición no de ley registrada por los socialistas en el Congreso, que el PSOE quiere someter a debate y votación en la Comisión de Economía.

La iniciativa reclama al Ejecutivo que impulse estudios medioambientales y trate de adaptarse a las futuras normas que apruebe la Comisión, y contemple ayudas a la industria para la utilización de energía renovable y la captura y almacenamiento de CO2, incluyendo «elementos individuales de la cadena de captura y almacenamiento». Asimismo, también piden ayudas para la adopción de medidas de eficiencia energética, incluyendo la cogeneración y las redes urbanas de calefacción y refrigeración, y el uso eficiente de los recursos.

El PSOE reclama al Gobierno que, una vez incluya esta línea de ayudas en los Presupuestos, publique «a la mayor brevedad posible» las correspondientes órdenes y convocatorias de ayudas. Los socialistas recuerdan en su exposición de motivos que, a pesar de que las Cortes Generales plantearon la necesidad de elaborar una ley de cambio climático hace tres legislaturas (2008-2011), y que la Comisión Europea propuso en 2014 impulsar un marco estratégico en materia de clima y energía, el Gobierno aún no aprobó la ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En este sentido, advierten de que el plazo para aprobar esta ley, en virtud del mencionado marco estratégico, así como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para España, en cumplimiento del Acuerdo de París, vence en el primer semestre de 2018. Por ello, reclaman que la futura ley contemple la necesidad de apoyar a la industria al desarrollar la transformación del modelo energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar la integración de las renovables en el sistema eléctrico.

El PSOE acusa al Gobierno de «empobrecer al país» con su política energética ante las subidas de la luz

Europa Press.– El secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha denunciado que «la política energética del Gobierno empobrece al país” ya que «mientras el ministro Nadal sigue defendiendo su política energética como la única posible para contener los precios y Mariano Rajoy argumenta que no son cosas que se puedan cambiar inmediatamente, las familias españolas siguen sufriendo en sus ajustadas economías el impacto de los progresivos incrementos del recibo de la luz».

Asimismo, ha subrayado que la pobreza energética vuelve otro invierno más a «ocupar el centro de las preocupaciones de los ciudadanos», que ven cómo sus dificultades para cubrir sus necesidades básicas de luz y calefacción no sólo no obtienen soluciones por parte del Ejecutivo, sino que bien al contrario «se cronifican con el paso del tiempo». Para Morán, ni el actual mix energético, «totalmente superado por la realidad tecnológica y absolutamente condicionado por la brutal dependencia exterior, ni el obsoleto mercado de la electricidad heredado del pasado siglo han sido capaces de responder a las necesidades actuales de la sociedad».

Equilibrar justamente costes y precios

Así, ha subrayado que el Gobierno “se erige como el mayor obstáculo para una transición que ya han abordado la mayoría de países de nuestro entorno». Por ello, ha pedido «enfrentar sin dilación» la transición energética que libere a España «de los grilletes de la importación de recursos fósiles y de una cuestionable gestión de mercado que empobrece las economías familiares y castiga la competitividad de las empresas”. De esta manera, ha asegurado que «ya es hora de construir» un nuevo mix basado en recursos autóctonos, convenientemente regulado, que posibilite un mercado que «equilibre de forma justa costes y precios».

Cristina Narbona considera «incomprensible» que España sea uno de los países de la Unión Europea que frena la ambición climática

Europa Press.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lamenta que el Gobierno español sea «uno de los pocos» que están frenando una mayor ambición de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático de forma «totalmente incomprensible teniendo en cuenta las capacidades de España para crear empleo y generar nuevo tejido productivo en este ámbito«.

Con motivo de la publicación del libro Soñando el futuro, escrito por Cristina Narbona y Ana Etchenique, Narbona ha criticado que en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que de momento «no aprecia» un enfoque integrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, «incluso se aprecian contradicciones entre los planteamientos de sendos departamentos».

Por ello espera conocer pronto la propuesta del Gobierno para poder contrastarla con la iniciativa socialista en esta materia. Precisamente, ha explicado que una de las primeras resoluciones aprobadas por la dirección actual del PSOE, que ahora preside, fue la relativa al cambio climático y la transición energética. En ese documento el PSOE expone las cuestiones «imprescindibles» para que España recupere el tiempo perdido desde 2011. Además, Narbona ha recordado que la formación política ha impulsado la creación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica, que preside la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, que prepara «propuestas concretas».

En materia de cambio climático, no cree que la ambición mundial se relaje tras la anunciada posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que Narbona asegura que «afortunadamente» su postura no la comparte «un número muy elevado» de Estados, ciudades y empresas del país. Sin embargo, considera «fundamental» que la Unión Europea «eleve» su nivel de ambición como solicita el Parlamento Europeo y que, al mismo tiempo, impulse fuera de sus fronteras la transición energética y la adaptación al cambio climático, en particular en los países más vulnerables.

Para la exministra de Medio Ambiente, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por el Ejecutivo deberá garantizar los objetivos a 2030 y 2050 que le corresponden a España y, para ello, apuesta por establecer los incentivos adecuados, tanto fiscales como regulatorios, así como por una «reforma en profundidad» del mercado eléctrico con el fin de favorecer el uso «creciente» de renovables.

Asimismo, señala que esto hará necesaria una nueva regulación del autoconsumo «en línea con el resto de países desarrollados» y, en materia de energía nuclear, recuerda la propuesta socialista de cerrar de forma gradual las centrales cuando cumplan los 40 años de funcionamiento. Eso sí, considera necesarias medidas «concretas» para garantizar una «transición justa» en materia de empleo y de precio de la energía sobre todo en las comarcas con minería o centrales térmicas, así como próximas a centrales nucleares.

Fin de ayudas al carbón

En materia de carbón, la presidenta del PSOE niega que haya discursos diferentes sobre esta fuente de energía fósil en Castilla y León y Asturias que a nivel nacional y afirma que el planteamiento del partido es el de las resoluciones de su 39º Congreso Federal, que apoya el carbón autóctono como reserva estratégica, la eliminación de las ayudas al carbón importado y el desarrollo de medidas para una transición justa en las comarcas mineras.

En ese sentido, señala que se ha propuesto al Gobierno que haya incentivos específicos para realizar subastas de energías renovables en dichas comarcas, para promover nuevas actividades industriales y de servicios y recuperar en estos territorios «al menos una parte de los 80.000 empleos» que se perdieron desde 2011 en España por los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables. Sin embargo, ha criticado que esto se lo trasladó al Gobierno como condición a un apoyo del PSOE a una «posible» normativa para condicionar el cierre de centrales térmicas y nucleares, pero «el ministro rechazó estas condiciones» y le acusa de haber pretendido después enfrentar internamente al PSOE.

Respecto a su sucesor en el cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, recién nombrado por el Gobierno, Narbona defiende su nombramiento para relevarle porque «reúne las mejores características» para ocupar su puesto. Eso sí, ha acusado al Gobierno de haber tardado casi seis meses «inexplicablemente» para remitir la propuesta para su preceptivo informe del Parlamento, al que rinde cuentas el regulador. Así, confía en que su incorporación al CSN contribuya a mejorar la transparencia y la independencia del organismo. «Lamentablemente he tenido la experiencia de cambios en sus prácticas y en la normativa sobre seguridad nuclear muy condicionados por decisiones empresariales o políticas», ha apostillado.

De su paso por el CSN cree que el ejemplo «más notable» de esta acusación fue el expediente de evaluación de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha recordado que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que se estaban cambiando las normas para favorecer esta reapertura. Finalmente, la planta burgalesa se cierra por el elevado coste que supondrían las inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Finalmente, Narbona confiesa que está «en esa edad donde ya se tiene mucho más pasado que futuro» pero que vive «con intensidad un presente muy gratificante» tanto en lo personal como en lo político. «He tenido el privilegio de asumir muchos retos a lo largo de mi vida; no tengo más ambición que la de contribuir a consolidar el proyecto socialdemócrata renovado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez», asegura Narbona, que considera este proyecto «crucial» para que en España se reduzcan las «graves desigualdades» sociales y se emprenda una transición ecológica de la economía que garantice un futuro «más seguro, más justo y más duradero».

El PSOE y Cecot critican que el Gobierno «antepuso los intereses privados a los generales» con la indemnización de Castor

Europa Press.- Al igual que organizaciones empresariales e industriales, como la patronal catalana Cecot, el diputado del PSOE por Castellón, Artemi Rallo, expresó su «satisfacción» por el fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto que contemplaba la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, Escal UGS, y asegura que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo «tan urgente» para la indemnización, «antepuso los intereses privados a los generales».

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de «arbitraria e injustificada», pues el decreto ley «hacía que se abonara de forma inmediata, en 30 días, una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años». «Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado», asevera el diputado, quien considera que el Gobierno «ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal». Rallo ha resaltado el papel del Grupo Parlamentario Socialista, que promovió el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional, con el cual adquiere «rango de verdad judicial» lo que el PSOE ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy «no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar«. Como el PSOE puso de manifiesto entonces, estaba «fuera de toda lógica» que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una «despiadada» política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, «a todas luces injusta».

El PSOE ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma «tan rauda y veloz» una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez, que tenía una participación mayoritaria en Escal UGS. «Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica», concluyó.

Entidades industriales celebran la sentencia

Diversas entidades del sector industrial han celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional, así como desde la patronal catalana Cecot, y han garantizado que han seguido de cerca las gestiones del caso por la incidencia en los consumos de determinadas industrias «como resultado de la mala gestión de la administración del Estado», según indicó la patronal. El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha criticado que «no es de recibo que el coste lo tengan que asumir los consumidores» por un problema de planificación y mala gestión.

Catalá ve “ideológica” la oposición de Castilla-La Mancha al ATC nuclear y no basada en fundamentos jurídicos ni científicos

Europa Press.- El ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, aseguró en Cuenca que la oposición que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en torno al proyecto del ATC de Villar de Cañas es una oposición «ideológica» y, a su juicio, «no tiene ningún sentido» ya que no está basada «ni en fundamentos científicos, ni en fundamentos jurídicos y así lo ha declarado el Tribunal Supremo».

En este sentido, Catalá se marca como objetivo “ser capaces de llevar adelante ese gran proyecto de inversión». Por ello, ha recordado que la «garantía y la seguridad nuclear de los residuos es un objetivo, no es un objetivo de unos frente a otros». «Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la seguridad del tratamiento de los residuos nucleares», ha agregado, al tiempo que ha incidido en que el proyecto de Villar de Cañas cuenta con «todas las características técnicas y garantías para poder salir adelante«. El ministro de Justicia y diputado por Cuenca ha defendido que se trata de un proyecto industrial «extraordinario para la provincia, que atraerá inversiones y empleo».

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Teresa Ribera ve a España «muy atrasada» en acción climática y avisa de que hay que descarbonizarse antes de 2050

Europa Press.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera, cree que España está «muy atrasada» respecto a otros países en el debate y acción sobre el cambio climático y recuerda que existe el compromiso de transformar la economía y la sociedad antes de 2050. En este sentido, Ribera cree que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería tener «unos cuantos elementos sistémicos».

Así, ha precisado que se requiere una reforma fiscal en la dirección verde, en la reducción de emisiones e incentivos para el cambio del modelo industrial y energético, un mecanismo de transparencia sobre los riesgos climáticos existentes y un conjunto de estrategias para evitar estos riesgos en toda la economía española. Además, considera que esta ley debería marcar también objetivos de reducción de emisiones tanto para el conjunto de la economía como por sectores y disponer de sistemas para evaluar la adaptación a los cambios que «en todo caso van a ocurrir». «Eso sería el mínimo: cómo abordar los riesgos y convertir nuestra economía en una economía baja en carbono y preparada para lo que significa el siglo XXI», resumió.

En ese contexto, opina que España podría «perfectamente» ir cerrando sus centrales de carbón de forma ordenada en esta próxima década y abrir paso a un modelo eléctrico diferente que pueda absorber otras necesidades para usos térmicos y domésticos. Por ello, cree que «el acento más importante en el que debería empeñarse el Gobierno» es ofrecer alternativas para esas regiones o comunidades de trabajadores en las que toda la riqueza está concentrada en torno a esa mina o central de carbón. Por ello asevera que la sociedad española tiene que demostrar que está «con las personas» y con esos territorios que «necesitan cambiar su planteamiento» para tener un futuro «próspero”.

«Los líderes de los países, de las empresas, del mundo financiero han de abordar con convicción, ambición y realismo un futuro, prácticamente inmediato, que es el futuro en el que debemos salvar nuestro sistema climático. No es un asunto tecnocrático ni que se deba limitar a la voluntad de los activistas. Necesitamos transformar muestro modelo económico, social y de desarrollo y eso no se hace solo», ha reclamado. Precisamente, ve al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un ejemplo a seguir porque ha hecho del cambio climático su «principal bandera».

Es en ese ámbito donde tiene la «impresión» de que España está «muy atrasada» con el nivel de debate respecto de otros países europeos. Ribera insiste en poner a Francia de ejemplo por tener un debate «serio y sofisticado» y forma parte de las conversaciones todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil. «Está muy avanzado en el proceso de interiorización de una forma natural de estos desafíos», subrayó.

Ribera ha puesto de ejemplo que en Francia existen los contratos de transición para aquellas zonas donde el foco industrial está muy concentrado en sectores que se ve claramente que van a transformarse, como el tipo de automóviles o el tipo de agricultura. «Esto en España sigue siendo anecdótico en el panel informativo, en el debate económico, financiero, fiscal. Me parece que es un inmenso error y el reflejo de todo esto es que no hay una política energética pensada para la transición», ha criticado.

A su juicio, en España no se ha entendido que también se tiene que llegar a cero emisiones lo antes posible y que en 2050 se debería haber transformado «completamente» la economía y considera que hay «muy poco tiempo» y que el reto es «muy exigente, aunque lleno de oportunidades». Por eso, ha insistido en que lo inteligente es anticiparse y construir un proceso serio y que el Gobierno pierde una oportunidad si no aprovecha esta transformación para construir un debate en torno al proyecto de sociedad y economía para los próximos años. «Es un debate imprescindible, pero la gente lo entiende porque no le gusta respirar aire contaminado», sentenció.

PP y PSOE convalidan en el Congreso por la vía rápida las nuevas normas para buscar hidrocarburos en el mar

Europa Press.- PP y PSOE han asegurado en el Congreso la convalidación del decreto ley para establecer normas adicionales de seguridad en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el mar: gracias a la mayoría que estas dos formaciones gozan en la Cámara Baja, no será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se podrán incluir enmiendas. Precisamente, el resto de partidos habían solicitado su tramitación parlamentaria para poder realizar aportaciones al mismo vía enmiendas.

Durante su defensa del decreto ley, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, argumentó que el Gobierno se ha limitado a trasponer esta directiva, de carácter «técnico», y de «escasa o nula aplicación en España». «Actúa cuando se tienen al menos 6 yacimientos submarinos. Nosotros tenemos poquísimos», indicó. En todo caso, señaló que se limita a cuestiones de seguridad y permite «trabajar con los mejores estándares mundiales, los del Mar del Norte», para terminar asegurando que «no tiene nada que ver con la exploración en el medio marino, ni con temas relacionados con la explotación o almacenamiento».

A pesar de manifestar que no considera «coherente iniciar nuevas explotaciones si se quieren evitar los efectos del cambio climático», y recordando que otros países están «trabajando en la progresiva retirada de estas actividades», la portavoz energética socialista, Pilar Lucio, ha defendido la «necesaria e ineludible» trasposición de la directiva europea. En todo caso, ha justificado esta posición avanzando que llevarán al Congreso una proposición de ley para prohibir las actividades con hidrocarburos en el medio marino, pues cree necesario dar «más pasos» ya que «las perforaciones no son seguras».

Por su parte, su homólogo popular, Guillermo Mariscal, animó al resto de formaciones, contrarias a la convalidación, a «justificar» por qué se posicionan «a favor del expediente sancionador» que se derivaría por parte de Bruselas en caso de no trasponer la directiva comunitaria y ha defendido la necesidad de conocer los recursos energéticos en su territorio y aumentar la necesidad.

El resto de partidos proponía la tramitación como proyecto de ley para «ir más allá» a través de enmiendas ya que han cuestionado la apuesta por las explotaciones de hidrocarburos ante la lucha contra el cambio climático y la consecuente reducción de emisiones. «No resulta coherente buscar o explorar nuevos yacimientos cuando se quiere evitar el cambio climático», ha argumentado el diputado de Unidos Podemos, Juan López Uralde (Equo), que recordó el reciente veto del Ejecutivo a una proposición de ley del Parlamento balear, impulsada con el voto unánime de todas las formaciones, PP incluido, para prohibir las prospecciones petrolíferas.

Por parte de Ciudadanos, Melisa Rodríguez ha criticado la «dejadez» del Gobierno para trasponer una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español en julio de 2015, y ha reclamado que la nueva Autoridad Competente para la Seguridad de las Operaciones Marinas goce de una independencia real, y no dependa del Ministerio. «Si no, no garantizamos que sus informes sean independientes», ha esgrimido.

Otro de los elementos cuestionados por la oposición ha sido la inclusión, no recogida en la directiva, de las aguas interiores. «¿Qué quieren hacer? ¿Ampararse en la directiva para prospectar en la Bahía de Cádiz, o en la Manga del Mar Menor?», se ha preguntado Enric Bataller, de Compromís, considerando que la directiva que se traspone debería estar «derogada» por «su posicionamiento favorable al fracking«. También lo recordó la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que subrayó la competencia autonómica de estas aguas, incluidas en algunos casos en estatutos de autonomías.

El Congreso, sin el PP, urge al Gobierno a «reformar en profundidad» el mercado eléctrico y auditar los costes

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado una iniciativa por la cual se insta al Gobierno a realizar una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico con el fin, entre otras cuestiones, de impulsar un nuevo sistema de fijación de precios, acorde al coste de generación de cada tecnología, y realizar una auditoría de los costes. La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, encontró la oposición del PP, PNV y UPN, que han votado en contra.

El texto aprobado por el Congreso insta al Gobierno a «reformar en profundidad el mercado eléctrico, en un marco de competencia efectiva y al mínimo coste posible», con el fin de «compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética» con «un mercado de corto plazo que promueva la gestión más eficiente del parque de generación disponible en cada momento». En este punto, el Congreso pide al Gobierno reducir «la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones», en referencia a los cambios de las retribuciones a las renovables, y «avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por renovables».

Nuevo sistema para fijar precios

En este sentido, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a adoptar «las medidas necesarias para evitar la sobreremuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real». Como ejemplo, el Congreso propone «un gravamen para terminar con los beneficios caídos del cielo o excluirlos del mercado como en otros países». Precisamente, la iniciativa también insta al Gobierno a modificar el sistema de fijación del precio de la electricidad, «y del mercado específicamente», para que «refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables».

Así, el Congreso quiere que el sistema «tenga como objetivos básicos facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente, la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas, la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica«.

Asimismo, reclama la realización de una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico «incluyendo un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país«. También llama a «reformar la parte regulada de la tarifa», con el fin de reducir el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, «incentivando la eficiencia y el ahorro energético». Por último, el Congreso pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen «no sea utilizada con fines especulativos». Inicialmente, el texto propuesto por Unidos Podemos abogaba por recuperar la gestión pública de estas centrales.